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Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.



4. Garantizar una sociedad sin excluidos.
Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.

Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.





    1. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas

Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.


Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

  • Desigualdad

  • Pobreza

  • Desocupación

  • Empleo informal

  • Igualdad de género

  • Trabajo Infantil

  • Índice de desarrollo de género (PNUD)

Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.




Declaración Final de la III Cumbre de los Pueblos de América

Mar del Plata - Argentina, 3 de noviembre del 2005

¡El ALCA debe ser enterrada para siempre! ¡NO al “libre comercio”, la militarización y la deuda!
Para acabar verdaderamente con la pobreza, el desempleo y la exclusión social
Es necesario y posible una integración desde y para los pueblos

Delegados y delegadas de organizaciones sociales de todas las regiones del continente, desde Canadá hasta la Patagonia; trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes y viejos, de todas las razas, mujeres y hombres dignos nos hemos encontrado aquí en Mar del Plata, Argentina, para hacer oír la voz, excluida por los poderosos, de todos los pueblos de nuestra América.


Como antes en Santiago de Chile y en Québec, nos hemos encontrado nuevamente frente a la Cumbre de las Américas que reúne a los presidentes de todo el continente, con la exclusión de Cuba, porque aunque los discursos oficiales siguen llenándose de palabras sobre la democracia y la lucha contra la pobreza, los pueblos seguimos sin ser tomados en cuenta a la hora de decidir sobre nuestros destinos. También nos encontramos aquí, en esta III Cumbre de los Pueblos, para profundizar nuestra resistencia a las calamidades neoliberales orquestadas por el imperio del norte y seguir construyendo alternativas. Venimos demostrando que es posible cambiar el curso de la historia y nos comprometemos a continuar avanzando por ese camino.
En el año de 2001, en la cumbre oficial de Québec, cuando todavía la absoluta mayoría de los gobiernos se inclinaban ciegamente a la ortodoxia neoliberal y a los dictados de Washington, con la honrosa excepción de Venezuela, Estados Unidos logró que se fijara el primero de enero del 2005 como la fecha fatal para que entrara en vigor su nuevo proyecto de dominación llamado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y que la Cuarta Cumbre de las Américas a realizarse previamente en Argentina fuera la culminación de las negociaciones de este proyecto perverso. Pero el primero de Enero del 2005 amanecimos sin ALCA y la cumbre oficial de Argentina ha llegado finalmente con las negociaciones del ALCA estancadas. ¡Hoy estamos también aquí para celebrarlo!
Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su estrategia de afirmar su hegemonía en el continente por medio de tratados de libre comercio bilaterales o regionales, como es el que por un margen estrecho se ha aprobado para Centroamérica y el que buscan imponer ahora a los países andinos. Además, ahora Washington esta lanzando el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). No obstante las evidencias incontestables de las desastrosas consecuencias de más de diez años de Tratado de Libre Comercio, ahora este TLC plus pretende incluso imponer la política de “seguridad” de los Estados Unidos a toda la región.
Pero el gobierno de Estados Unidos no se conforma con avanzar las piezas del rompecabezas de su dominación en el continente. Insiste en acomodarlas en un marco hegemónico único y no ha renunciado al proyecto del ALCA. Ahora, junto con sus gobiernos incondicionales, viene a Mar del Plata con la pretensión de revivir el cadáver del ALCA, cuando los pueblos han expresado claramente su rechazo a una integración subordinada a Estados Unidos.
Y si su estrategia a favor de las corporaciones norteamericanas ha venido siendo acompañada de una creciente militarización del continente y de bases militares estadounidenses, ahora para rematar el genocida George W. Bush ha venido a la cumbre de Mar del Plata para intentar elevar su política de seguridad a compromiso continental con el pretexto del combate al terrorismo, cuando la mejor forma de acabar con él sería el revertir su política intervencionista y colonialista.
En la declaración oficial que está siendo discutida por los gobiernos existe la amenaza real de que puedan pasar, aún matizadas, las peores intenciones de los Estados Unidos. La misma está llena de palabras vacías y propuestas demagógicas para combatir la pobreza y generar empleo decente; lo concreto es que sus ofrecimientos perpetúan un modelo que ha hecho cada vez más miserable e injusto a nuestro continente que posee la peor distribución de la riqueza en el mundo. Modelo que favorece a unos pocos, que deteriora las condiciones laborales, profundiza la migración, la destrucción de las comunidades indígenas, el deterioro del medio ambiente, la privatización de la seguridad social y la educación, la implementación de normas que protegen los derechos de las corporaciones y no de los ciudadanos, como es el caso de la propiedad intelectual.

Además del ALCA, se insiste en avanzar en la Ronda de Doha, que busca otorgar más poderes a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para imponer reglas económicas inequitativas a los países menos desarrollados y hacer prevalecer la agenda corporativa. Se sigue exponiendo al saqueo nuestros bienes naturales, nuestros yacimientos energéticos; se privatiza la distribución y comercialización del agua potable; se estimula la apropiación y privatización de nuestras reservas acuíferas e hidrográficas, convirtiendo un derecho humano como es el acceso al agua en una mercancía de interés de las transnacionales.

Para imponer estas políticas, el imperio y sus cómplices cuentan con el chantaje de la deuda externa, impidiendo el desarrollo de los pueblos en violación de todos nuestros derechos humanos. La declaración de los presidentes no ofrece ninguna salida concreta, como sería la anulación y no pago de la deuda ilegítima, la restitución de lo que se ha cobrado de más y el resarcimiento de las deudas históricas, sociales y ecológicas adeudadas a los pueblos de nuestra América.
Las y los delegados de los distintos pueblos de América estamos aquí no sólo para denunciar, estamos acá porque venimos resistiendo las políticas del imperio y sus aliados. Pero también venimos construyendo alternativas populares, a partir de la solidaridad y la unidad de nuestros pueblos, construyendo tejido social desde abajo, desde la autonomía y diversidad de nuestros movimientos con el propósito de alcanzar una sociedad inclusiva, justa y digna.
Desde esta III Cumbre de los Pueblos de América declaramos:
1) Las negociaciones para crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) deben ser SUSPENDIDAS INMEDIATA Y DEFINITIVAMENTE, lo mismo que todo tratado de libre comercio bilateral o regional. Asumimos la resistencia de los pueblos andinos y de Costa Rica contra el Tratado de Libre Comercio, la de los pueblos del Caribe porque los EPAs no signifiquen una nueva era de colonialismo disfrazado y la lucha de los pueblos de América del Norte, Chile y Centroamérica por echar atrás los tratados de esta naturaleza que ya pesan sobre ellos.
2) Todo acuerdo entre las naciones debe partir de principios basados en el respeto de los derechos humanos, la dimensión social, el respeto a la soberanía, la complementariedad, la cooperación, la solidaridad, la consideración de las asimetrías económicas favoreciendo a los países menos desarrollados. Por eso rechazamos el Tratado de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con los Estados Unidos.
3) Nos empeñamos en favorecer e impulsar procesos alternativos de integración regional, como la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).
4) Asumimos las conclusiones y las acciones nacidas en los foros, talleres, encuentros de esta Cumbre y nos comprometemos a seguir profundizando nuestro proceso de construcción de alternativas.

5) Hay que anular toda la deuda externa ilegítima, injusta e impagable del Sur, de manera inmediata y sin condiciones. Nos asumimos como acreedores para cobrar la deuda social, ecológica e histórica con nuestros pueblos.


6) Asumimos la lucha de nuestros pueblos por la distribución equitativa de la riqueza, con trabajo digno y justicia social, para erradicar la pobreza, el desempleo y la exclusión social.

7) Acordamos promover la diversificación de la producción, la protección de las semillas criollas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, la soberanía alimentaría de los pueblos, la agricultura sostenible y una reforma agraria integral.


8) Rechazamos enérgicamente la militarización del continente promovida por el imperio del norte. Denunciamos la doctrina de la llamada cooperación para la seguridad hemisférica como un mecanismo para la represión de las luchas populares. Rechazamos la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro continente, no queremos bases ni enclaves militares. Condenamos el terrorismo de estado mundial de la Administración Bush, que pretende regar de sangre las legítimas rebeldías de nuestros pueblos. Nos comprometemos en la defensa de nuestra soberanía en la Triple Frontera, corazón del Acuífero Guaraní. Por esto, exigimos el retiro de las tropas estadounidenses de la República del Paraguay. Exigimos poner fin a la intervención militar extranjera en Haití.
9) Condenamos la inmoralidad del gobierno de Estados Unidos, que mientras habla de luchar contra el terrorismo protege al terrorista Posada Carriles y mantiene en la cárcel a cinco luchadores patriotas cubanos. Exigimos su inmediata libertad!
10) Repudiamos la presencia en estas dignas tierras latinoamericanas de George W. Bush, principal promotor de la guerra en el mundo y cabecilla del credo neoliberal que afecta incluso los intereses de su propio pueblo. Desde aquí mandamos un mensaje de solidaridad a los dignos hombres y mujeres estadounidenses que sienten vergüenza por tener un gobierno condenado por la humanidad y lo resisten contra viento y marea.
Después de Québec construimos una gran campaña y consulta popular continentales contra el ALCA y logramos frenarla. Hoy, ante la pretensión de revivir las negociaciones del ALCA y sumarle los objetivos militaristas de Estados Unidos, en esta III Cumbre de los Pueblos de América asumimos el compromiso de redoblar nuestra resistencia, fortalecer nuestra unidad en la diversidad y convocar a una nueva y más grande movilización continental para enterrar el ALCA para siempre y construir al mismo tiempo bajo su impulso, nuestra alternativa de una América justa, libre y solidaria.


Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos pela Soberanía y la Integración de los Pueblos de las Américas

Córdoba – Argentina, 21 de julio de 2006
Las Delegadas y Delegados de las organizaciones sociales, de trabajadoras y trabajadores, campesinas, de los Pueblos Originarios, de todas las razas y credos, mujeres y hombres dignos, nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Córdoba, Argentina para celebrar la Cumbre de los Pueblos de nuestra América del Sur.
Venimos desde la resistencia contra las políticas neoliberales imperialistas, expresadas en el libre comercio, la militarización, la dependencia financiera y la desigualdad socioeconómica que genera hambre y empobrecimiento a nuestros Pueblos. Lucha de resistencia que derrotó en Mar del Plata en noviembre de 2005, la intención del Presidente Bush de los Estados Unidos de avanzar en la consolidación del proyecto ALCA y del Acuerdo de Seguridad Continental.
Además, en este nuevo tiempo que transita nuestra Sudamérica, venimos construyendo alternativas populares a las políticas que resistimos, como aquí en Córdoba la articulación de los movimientos por el agua, la tierra y el ambiente.
Por esto, todas y todos los aquí reunidos no somos meros denunciantes de las políticas del imperio y sus aliados, sino que nos construimos desde nuestra autonomía y diversidad con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, fraterna y digna.
Desde esta Cumbre de los Pueblos de Sudamérica
RATIFICAMOS:
- No a los Tratados de Libre Comercio
- SI a la integración desde y para los Pueblos
- NO a la deuda externa y la injerencia de las instituciones financieras internacionales. SI a la independencia económica con soberanía financiera
- NO a la militarización y a la doctrina de Seguridad Continental. SI a la Soberanía Popular y la Autodeterminación de los Pueblos
- NO a la desigualdad del hambre y la pobreza
- SI a la distribución de la riqueza, por la universalidad del derecho a la vida y la soberanía alimentaria
En ese sentido, DECLARAMOS:
Denunciamos la política de militarización llevada a cabo por el imperialismo, que es integral e impregna todas las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. De ahí que los tratados comerciales, como el ALCA y los TLC bilaterales, tienen como sustento a los pactos militares. En América Latina todos los yacimientos estratégicos, minerales, energéticos, alimentarios y acuíferos son objeto de tratados para la instalación de bases para su control y dominio.
Denunciamos y rechazamos la expresión del militarismo al interior de cada país, que se traduce en control social preventivo y represión abierta contra el reclamo popular, además de autoritarismo e impunidad en todas las esferas de la vida.
Reclamamos la denuncia de todos los pactos militares y el retiro de las tropas de Estados Unidos del Paraguay, así como de las tropas de ocupación de la MINUSTAH de Haití.
Exigimos el cese de la agresión y el inmediato retiro de las tropas de EE UU de Irak, y de las de Israel del Líbano y Palestina.
Exigimos la no ratificación - y consecuente anulación - del tratado de libre comercio del MERCOSUR con Israel.
Demandamos a los gobiernos políticas que respeten los espacios comunes de los pueblos originarios en nuestras fronteras, sin dividir sus territorios ancestrales, y que retomen las recomendaciones del III Informe sobre Cuestiones Indígenas, para que los temas de los pueblos originarios sean transversalizados en el Mercosur.
Repudiamos la abstención de la Argentina el 29 de junio en la votación sobre la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, en la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Exigimos que se reconozca el principio de la autodeterminación política, cultural, territorial e identitaria de los Pueblos Originarios y comunidades urbanas y rurales. Exigimos la liberación de los presos políticos de los pueblos originarios en Chile.
Exigimos la realización de auditorias integrales y participativas de las deudas así como la suspensión de todo pago hasta tanto no se haya concluido con las mismas. Así podemos establecer con fundamentos quiénes realmente deben a quienes y avanzar en la identificación y sanción de los responsables del endeudamiento y cobranza ilegítimos y la restitución de lo saqueado.
Reconocemos en esta lucha contra la impunidad de los grandes capitales, mercados e instituciones financieras, una base necesaria para la generación de alternativas de soberanía e independencia financiera, incluyendo la implementación de sistemas tributarios progresivos y la coordinación de acciones e iniciativas a nivel regional que permite aprovechar y compartir solidariamente la riqueza generada por nuestros Pueblos.
Rechazamos la extranjerización de la tierra, el monocultivo y los transgénicos que dañan la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos.
Rechazamos cualquier intento de privatización en el área educativa en todos los niveles.
Exigimos la difusión, cumplimiento y aplicación -con un mayor presupuesto para su eficacia- de las leyes de no violencia contra la mujer y de educación sexual y reproductiva.
Exigimos que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay suscriban la Declaración de Agua de México, firmada por Bolivia, Venezuela, Cuba y Uruguay. Reclamamos la sanción de códigos de agua nacionales que sean abarcativos de todas las dimensiones del recurso, y de un código de agua de las Américas en el que deben insertarse los códigos nacionales, prestando especial atención a las reservas de agua dulce, y específicamente al Acuífero Guaraní.
Denunciamos que siendo esta región una de las más ricas del mundo en recursos naturales, capaz de producir alimentos y condiciones de vida digna al conjunto de su población, hoy posee más de la mitad de sus habitantes bajo la línea de pobreza, en especial las mujeres, los niños y los ancianos. Los Pueblos organizados exigimos a los poderes de los Estados que se ataquen las causas de la pobreza implementando políticas universales de redistribución de los bienes económicos, sociales y culturales.
Denunciamos la inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Postulamos la declaración de su nulidad, tanto por vía legislativa como judicial, y. rechazamos enfáticamente las demandas allí planteadas.
Exigimos la anulación inmediata de los Tratados Bilaterales de Inversión que los estados nacionales renuevan periódicamente. Denunciamos las facilidades y concesiones por parte de los gobiernos hacia empresas transnacionales, responsables de la explotación y el saqueo de nuestros recursos naturales. No queremos industrias sucias en nuestros países. Exigimos el cese de la construcción de las plantas de celulosa sobre las márgenes del río Uruguay, así como la prosecución de otros proyectos similares en la región.
Rechazamos toda reforma judicial que conlleve a la privatización de la Justicia.
Exigimos un aumento sustancial de los presupuestos educativos y la profunda democratización de los sistemas educativos en todos los órdenes sin dilaciones. Exigimos la participación y el respeto de los plazos que ésta requiere para la discusión de las leyes vinculadas a la educación.
Rechazamos los canjes de deuda por educación, exigiendo en este sentido una actitud de escucha a los reiterados pedidos elevados a los gobiernos por parte de organizaciones, personalidades y expertos del área de educación de intachable trayectoria.
Denunciamos la continuidad de la ronda de negociaciones actual en la OMC y reclamamos su cierre. Rechazamos en particular la oferta de sectores esenciales como canje por promesas de cambios en las políticas proteccionistas de los países del norte.
Reclamamos que el trabajo autogestionado sea reconocido como una relación económica, social y cultural a partir de un régimen jurídico, económico, laboral, social y fiscal adecuado a sus necesidades para crecer y cumplir un rol fundamental en la construcción de un proyecto de Justicia Social y de Independencia Económica de los Pueblos. En este espíritu, nos solidarizamos con la lucha llevada adelante por los trabajadores gráficos uruguayos de Coprograf, reclamando una rápida solución que haga efectiva la entrega de la planta a los trabajadores a un año de su ocupación.
Exigimos, sin desmedro para otros países, la salida al mar de Bolivia y la construcción de un puerto operado libremente por ese país hermano.
Exigir el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales, como el Convenio 143 de la OIT contra la discriminación y la explotación y por la igualdad de oportunidades
MANIFESTAMOS nuestro compromiso por:
Avanzar en la construcción de instituciones y mecanismos de integración de los Pueblos con la participación ciudadana democrática y solidaria, ejercitando nuestro derecho a conocer y controlar los actos de gobierno.
Bregar por la libre circulación de los y las ciudadanas sudamericanas entre todos los países de la región.
Unificar las acciones y articulaciones organizativas de las y los trabajadores migrantes en la región, para defender los derechos sociales y laborales de los mismos. Establecer un plan de lucha contra el tráfico de personas incluyendo el tráfico infantil. Promover la propuesta de Carta de Ciudadanía Sudamericana.
Profundizar la acción de lucha contra las causas que generan el hambre y la pobreza de nuestros pueblos.
Asumirnos como Pueblos Acreedores, puesto que la deuda reclamada a nuestros países es ilegítima fraudulenta, devastadora y genocida, violadora de todos los derechos humanos y ambientales. No necesitamos de los créditos de las instituciones financieras internacionales y los mercados internacionales de capitales para desarrollarnos.
Convocarnos como Pueblos Americanos a unirnos y articular acciones continentales para confrontar y derrotar al militarismo, además de generar políticas populares y mecanismos regionales de defensa común para impedir la agresión militar del imperialismo.
Reivindicar la Seguridad Social como un derecho humano fundamental de los y las trabajadores, quienes deben participar en la administración de los sistemas de previsión social sobre bases solidarias, universales y redistributivas. Los sistemas de capitalización individual obligatorios, caracterizados por el lucro e impulsados desde los organismos financieros multilaterales, no forman parte de la seguridad social.
Promover la organización de los trabajadores de la salud con las comunidades, barrios y organizaciones de pacientes, transgrediendo los límites de la función asistencial y articulando con otras áreas como educación, cuidado y preservación del medio ambiente, fortaleciendo el cambio de modelo hacia la promoción y prevención de la salud. Promover el uso racional de medicamentos y vacunas, y garantizar por parte de los países de la región, la cobertura de todos los tratamientos integrales de enfermedades como el VIH-SIDA, oncológicas y endémicas a los y las habitantes de la región.
Construir una toma de conciencia del sistema patriarcal imperante, desde lo individual hacia lo social, así como a transformar el lenguaje desde la perspectiva de género y luchar por la despenalización y legalización el aborto.
Reconocer que la violencia no es un problema personal sino social y que juntos, organizadamente lo podemos superar.
Luchar por la distribución equitativa del agua y tierra, priorizando su función social, y la Soberanía Alimentaria como derecho de los Pueblos a decidir qué y cómo producir y alimentarse.
Garantizar los derechos humanos y sociales a la salud, la vivienda, el acceso a la justicia y a una educación que respete la identidad cultural para permitir una vida digna en el campo y la permanencia

y desarrollo de las y los jóvenes campesinos.


Considerar el acceso a la tierra urbana como derecho y no como mercancía. Asegurar la gestión democrática de la ciudad, promoviendo la participación de la sociedad en la formulación, implementación y fiscalización de las políticas públicas.
Ratificar que el agua es un derecho humano esencial, tal la declaración de las Naciones Unidas. Acompañamos, en particular, la lucha del pueblo cordobés por lograr la estatización inmediata de Aguas Cordobesas, convirtiéndola en una empresa de saneamiento estatal, de gestión pública, con participación directa y democrática de usuarios y trabajadores. Denunciamos la persistente actitud del gobernador de la provincia de mantener el modelo privatizador que ha fracasado de la mano del grupo Suez y su socio Benito Roggio, y denunciamos ante la comunidad internacional que continúa vigente la ley 9279 (diciembre de 2005) que intenta dar continuidad a la privatización, esta vez con el pulpo de Benito Roggio.
Construir poder desde las y los trabajadores y el Pueblo para empujar a los gobiernos nacionales a diseñar políticas de recuperación de nuestros recursos energéticos y naturales. Apoyar las distintas iniciativas tendientes a ese fin, incluyendo la campaña en Argentina para recoger un millón de firmas para la recuperación del petróleo. Potestad soberana de las naciones sobre el subsuelo. Por una integración energética latinoamericana a partir de empresas estatales en beneficio de los pueblos para avanzar en la independencia económica y política.
Bregar por la democratización de la sociedad en su conjunto, por la libertad y democracia sindical, la incorporación de mecanismos de participación popular en la designación de los magistrados y por la democratización de las relaciones laborales en la justicia. Ratificamos una vez más nuestro objetivo de construir una Justicia para todas y todos, y no una Justicia para el mercado.
Defender el derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad para todos los y las habitantes y en todos los niveles, que contemple la diversidad cultural y los saberes ancestrales de todos los pueblos. La educación permanente debe ser considerada como eje para la formación de ciudadanos críticos, participativos en una lógica emancipadora. Reapropiarnos del conocimiento y de su producción, de la investigación científica y tecnológica, revirtiendo el proceso dependiente de transnacionalización de los mismos.
Impulsar la estrategia del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y de los Tratados Comerciales de los Pueblos (TCP), ya en marcha por los acuerdos entre Venezuela, Cuba y Bolivia.
Trabajar por la unidad de nuestros pueblos, que lejos de generar climas belicosos tienden a unirnos, siguiendo el camino de la segunda independencia que hemos recogido de Artigas, San Martín, Simón Bolívar y el Che.
Asumir como propios las declaraciones, propuestas y acciones reflejadas en los documentos finales del conjunto de los foros, encuentros, talleres y asambleas que formaron parte de esta Cumbre de los Pueblos.
Con estos compromisos nos convocamos a continuar fortaleciendo nuestras luchas de resistencia y la construcción popular de alternativas desde y para los Pueblos, en un nuevo encuentro en la Cumbre Social por la Integración en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en ocasión de la reunión de los Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones.
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