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CAPÍTULO II ADMISIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN LA LEGISLACIÓN CHILENA



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CAPÍTULO II




ADMISIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN LA LEGISLACIÓN CHILENA




1. SISTEMAS DE APRECIACIÓN O VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

Al valorar la prueba se busca determinar la eficacia de los diversos medios probatorios y la influencia que ejercen sobre la solución de un conflicto de intereses de relevancia jurídica. Con esta finalidad, el juez asume un rol activo en la valoración de la actividad probatoria motivada a instancia de parte o de oficio, para establecer la existencia o inexistencia de los hechos o del Derecho, cuando excepcionalmente deba acreditarse por ser aplicable para decidir la controversia. Este rol del juez, expresado en una declaración o juicio de mérito sobre las probanzas, está determinado por el sistema o criterio de valoración de la prueba imperante en cada ordenamiento, según se exponga anticipadamente el criterio a seguir para la valorización de la prueba rendida o decretada, o según se dé libertad al juez para que, en el mismo proceso, decida y determine el mérito que a la actividad probatoria otorgue. Aunque en la práctica confluyen hacia un sistema mixto o integrador, estos diversos criterios se agrupan en dos grandes categorías que revisaremos a continuación.



1.1.Sistemas de apreciación apriorística o extrajudicial.

Está compuesto por el sistema de las “ordalías”, que solamente tiene interés histórico, y por el sistema de la prueba legal o tasada, que mantiene todavía vigencia y que, en lo sustancial, se aplica de preferencia en nuestro país.


Este último sistema, también llamado de “tarifa legal”, supone una imposición por parte de la ley al Juez, de manera abstracta y preestablecida que se debe atribuir a cada medio probatorio: se enumera los medios de prueba; se establece su procedencia y limitaciones; se fija el desarrollo de la actividad probatoria en el aspecto temporal y formal al prescribir cuándo se propone, admite o decreta y cuándo se ejecuta la prueba o cómo se deben cumplir los requisitos para que el medio probatorio empleado sea relevante; se señala la medida de convencimiento que corresponde a cada probanza y para ello se pormenoriza las exigencias y circunstancias que deben concurrir respecto de la persona o cosa que son el objeto instrumental de la prueba para que sea plena o semiplena. En resumen, la ley le señala al tribunal, a priori, el grado de eficacia justificativa de determinados elementos probatorios que ella misma establece; son pruebas estrictas, por cuanto privan al tribunal de cualquiera intervención personal o subjetiva en la apreciación, y al efectuar ésta, debe sujetarse a normas preestablecidas por la propia ley.

1.2.Sistemas de apreciación a posteriori o judicial.

Pertenecen a esta categoría el sistema de prueba libre o de libre convicción y el sistema de la prueba razonada o de la sana crítica, que es el que se aplica en los Códigos de Procedimiento modernos en materia civil y penal, aunque respecto de ésta en los ordenamientos jurídicos se hable de “valorización libre de la prueba”, sin que sea en el sentido en que se entiende el de la “libre convicción”, según explicaremos.


Los sistemas de prueba libre y razonada, han sido, sin duda, frutos de la crítica adversa a la prueba legal, porque en virtud de ellos se restablece la confianza en la figura del juez al entregarle de lleno la ponderación del material probatorio reunido en el proceso. En estos casos, el tribunal debe asesorarse por sus conocimientos técnicos, su experiencia personal, la lógica, el sentido común, el buen juicio y la recta intención.

1.2.1.Sistema de prueba libre o de libre convicción.

Cuando se aplica la libre convicción, el juez emite su juicio sobre el mérito de la probanza en atención a lo que dicta su conciencia, sin que deba manifestar la razón de su afirmación o negación, puesto que tales probanzas no le vinculan y más aún, puede prescindir totalmente de ellas si su convencimiento así lo recomienda; lo que gráficamente se expresa al decir que juzga y decide por la prueba, contra la prueba o sin ella.



1.2.2.Sistema de prueba razonada o de la sana crítica.

En este caso el Magistrado también está en libertad de estimar el valor de cada prueba según su convicción, pero como esta valoración a posteriori ha de ser razonada, este análisis libre ha de ser fundado y el juez tiene la obligación de declarar por qué estima o desestima una probanza.



1.3.Sistemas mixtos.

Suponen una combinación entre el sistema de prueba legal y los que establecen la valorización judicial; lo que tiene sentido si se tiene presente que, en lo que atañe a la prueba tasada, siempre el juez tiene que emitir un juicio para dar o no mérito a una determinada probanza. En estos casos, se adopta el criterio de prueba legal para determinados medios probatorios, como los instrumentos públicos, y el de prueba razonada para los restantes medios de prueba no excluidos expresamente por la ley.



1.4.Situación en Chile.

Las leyes procedimentales chilenas son tributarias de la legislación española que en materia de prueba se conformaba al régimen “aritmético” de las probanzas tasada por el legislador, lo que queda en evidencia, según explica el profesor Gonzalo Calvo128, por los términos de la Ley de Enjuiciamiento Civil española del año 1855 y, aún más remotamente por las Siete Partidas, que se reflejan en el Código de Procedimiento Civil chileno y también en el de Procedimiento Penal. Así por ejemplo, el artículo 384 del primero de los citados códigos se contiene en un idioma más castizo y en un español más antiguo, pero el mismo en lo sustancial, en SIETE PARTIDAS 3.16.40.


De aquí, entonces, termina por concluir el citado profesor, “que la formación jurídico procesal, que se inició desde la segunda mitad del siglo pasado y que indudablemente ha influido en las actuales generaciones, se haya manifestado en una natural tendencia a la apreciación de la prueba conforme a las reglas preestablecidas por el legislador, que se hace patente ante cualquier intento de cambio, que al ser aplicado, no se traduce en una reforma propiamente tal, al continuarse actuando, en lo esencial, de acuerdo a la normativa anterior, siguiéndose de ese modo la tradición, aunque en lo formal aparezca actuada la nueva ley. Es éste, por lo demás, un fenómeno común en todas partes y cuyas implicancias dependen del grado que alcanza la reforma”129.
El régimen de prueba legal o tasada imperante en nuestro país ha sido objeto de discusión y críticas. Por un lado, se alega la incongruencia del legislador, porque al disminuir el papel discrecional del juez lo considera indigno de confianza, sin reparar en todos los requisitos y calidades que aquél determina para este órgano letrado. Precisamente, la Administración de Justicia es una función privativa del Estado porque, en esta virtud, se atacan las arbitrariedades mediante organismos especialmente facultados para su ejercicio. El desempeño de esta tarea está asegurado por principios como el de la independencia e inamovilidad, que encuentran su contrapeso en el principio general de la responsabilidad, regulado expresamente, como control para el correcto desempeño de la actividad jurisdiccional. Por el otro, las defensas apuntan al aspecto garantizador para los litigantes que inviste toda la normativa que anticipadamente permite conocer la forma de proceder para triunfar o para defenderse en el proceso.




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