Índice resumen 5 introduccióN 6 preámbulo 9 la desmaterialización de los actos 9


Admisibilidad de los D.E. en virtud del debido proceso



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3.3.Admisibilidad de los D.E. en virtud del debido proceso.

La admisibilidad de los D.E., como de los demás medios de prueba no contemplados en nuestra legislación, encuentra apoyo, al fin, en el texto constitucional. Tal es el que se manifiesta en la garantía del debido proceso, contemplada en el articulo 19 Nº3 inciso quinto de la Constitución, que señala: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.


El debido proceso legal debe ser entendido como una garantía en sí mismo, pues su existencia constituye un resguardo frente al juez, la parte contraria y los terceros, quienes se ven obligados a someterse en sus actuaciones al procedimiento establecido con anterioridad en la ley. La Constitución Política de la República garantiza que toda sentencia debe emanar de un proceso previo, el que debe desarrollarse según un racional y justo procedimiento e investigación; esta garantía previa se aplica tanto en materias civiles como penales.
Dentro de las garantías mínimas que contempla un procedimiento racional y justo, se encuentra el derecho a un procedimiento que permita la rendición de pruebas a las partes litigantes en el juicio. Esta garantía se manifestaría para las partes como un “derecho garantizado a la prueba”, derecho que debería asegurar a ellas la posibilidad de valerse de los medios de prueba generalmente reconocidos por el ordenamiento y, al mismo tiempo, impedir al legislador poner obstáculos no razonables a los derechos hechos valer en juicio.
El derecho a la prueba va unido al derecho fundamental a la “defensa” y conlleva la determinación de si un proceso se ha realizado con todas las garantías. El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, ha de proteger a cuantos acuden a los Tribunales. Este derecho se garantiza a los países signatarios del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, vigente en nuestro país, al asegurar la garantía mínima que permita “disponer de los medios adecuados para la preparación de su defensa” (artículo 14.3.b). Si bien, esta declaración está referida a las acusaciones por delito, no habrá razón para no extender esta garantía a todo el ordenamiento, puesto que, si de aceptar como instrumentos jurídicos a los D.E. se trata, en nuestro país, según ya vimos, no está definida legalmente la firma. Es más, el D.F.L. Nº707 sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, preceptúa en su artículo 13 inciso duodécimo, que “para los efectos civiles y penales, la firma estampada mecánicamente se entenderá manuscrita por la persona cuya rúbrica ha sido reproducida”. Si el legislador ha extendido la responsabilidad por este hecho –en la especie, la firma es un elemento de la esencia– al ámbito civil y penal, no se explica la razón de limitar la prueba por esa responsabilidad al sólo espectro del derecho penal y marginar las secuelas civiles. Por otro lado, es posible precisar cuáles son los “medios adecuados” o admisibles si atendemos a la Convención de Viena, también vigente en Chile, que valida el mutuo acuerdo como expresión de voluntad con carácter vinculante, sin imponer la forma escrita a menos que lo preceptúe la legislación nacional (artículos 11 y siguientes).
La garantía del debido proceso, además de permitir la libre producción de la prueba, obliga a interpretar tales pruebas de manera racional, por lo que resulta que lo racional y lógico es aceptar que se puedan aportar medios de prueba que si bien no están consagrados positivamente para todos los casos, tienen existencia y utilidad práctica vigente y, aun más, permiten registrar y reproducir información de una manera más exacta y fidedigna que los medios expresamente establecidos por el legislador y que a su vez no vulneran los otros principios garantizados en la Constitución, que, por cierto, han de ser respetados en toda ocasión: “Si al legislador corresponde siempre establecer las garantías de un procedimiento racional, a contrario sensu un juez nunca podrá dar a una norma adjetiva o procedimental una interpretación, alcance o sentido que la haga irracional por pugnar contra los propósitos ínsitos en el proceso jurisdiccional, esto es, por conducir a una negación consciente de lo que considera verdadero y justo. Tal conducta importaría aceptar que, al menos en esa ocasión, el legislador violó el mandato de los artículos 6 y 19 Nº3 inciso 5º, lo que a ningún juez está permitido”136.
Esta racionalidad preeminente exige la utilización de todos los medios de prueba que puedan dar cuenta de la existencia de un hecho, ya que la exclusión contradice a lo lógico y razonable. En estas circunstancias, al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de los D.E. como medios de prueba válidos en juicio, el juez debe decidir de manera racional y permitir de este modo su uso. Sobre el particular, Couture señala enfáticamente: "Ninguna regla positiva ni ningún principio de lógica jurídica, brindan apoyo a la afirmación de que el juez no puede contar con más elementos de convicción que los que pudo conocer el legislador en el tiempo y lugar en el que redactó sus textos. Por el contrario, lo jurídico, lo lógico y hasta lo humano es lo contrario: que el juez no cierre los ojos a las nuevas formas de observación que la ciencia pone, con imaginación siempre renovada, ante él. El progreso del derecho debe mantener su natural paralelismo con el progreso de la ciencia; negarlo, significa negar el fin de la ciencia y el fin del derecho”137.

4. LOS D.E. EN LOS PRECEPTOS DE NUESTRO ORDENAMIENTO.




4.1.D.S. Nº380 de 4 de agosto de 1982, Ministerio de R.R.E.E.

Promulgó el Convenio sobre Transporte Multimodal de Mercancías y su Anexo, adoptado por las Naciones Unidas el 24 de mayo de 1980. El artículo 5º y a propósito de la emisión de los documentos de transporte multimodal, señala en su numeral 3 que la firma en ellos podrá ser registrada por cualquier medio mecánico o electrónico, siempre que no sea incompatible con las leyes del país en que se emitan.






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