Índice resumen 5 introduccióN 6 preámbulo 9 la desmaterialización de los actos 9


D.S. Nº313 de 30 de Mayo de 1997, Subsecretaría de Transportes



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4.7.D.S. Nº313 de 30 de Mayo de 1997, Subsecretaría de Transportes.

Dispuso normas sobre facilitación y simplificación de la documentación en el transporte marítimo, cuyo artículo 3º señaló que tanto el “Manifiesto de Carga” como sus documentos anexos o adicionales pueden ser presentados mediante medios magnéticos o transmisión electrónica de datos, y cuyo artículo 15 obliga a que los Servicios Públicos lo acepten cuando sea recibido magnética o electrónicamente139.



4.8.Ley Nº19.506 de 30 de julio de 1997.

Facultó a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos para sustituir los libros contables por registros computacionales, con tal de consultar las garantías necesarias para el resguardo de los intereses fiscales. Mediante esta reforma legal, el artículo 30 inciso segundo del referido código estableció que “la Dirección podrá autorizar a los contribuyentes para que presenten los informes y declaraciones en medios distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante medios tecnológicos”. De este modo, la autoridad fiscalizadora avanzó en temas como el envío electrónico de facturas digitales y la presentación de formularios o declaraciones vía Internet, y ha dictado normas legales que aluden expresamente al valor probatorio de los documentos tributarios soportados digitalmente. Valga consignar que en materia de Derecho Tributario, desde hace bastante tiempo el Código del ramo acoge la presentación de documentos en soporte digital, en un principio, “hojas o planillas electrónicas”140.



4.9. Ley Nº19.578 de 20 de julio de 1998.

Es una ley miscelánea modificatoria de diversas normas de carácter tributario, que introduce el siguiente artículo 92 bis del Código del ramo: “La Dirección podrá disponer que los documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo, se archiven en medios distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas tecnológicos. El Director también podrá autorizar a los contribuyentes a mantener su documentación en medios distintos al papel. La impresión en papel de los documentos contenidos en los referidos medios, tendrá el valor probatorio de instrumento público o privado, según la naturaleza del original. En caso de disconformidad de la impresión de un documento archivado tecnológicamente con el original o una copia auténtica del mismo, prevalecerán estos últimos sin necesidad de otro cotejo”.



4.10.D.S. Nº81 de 26 de junio de 1999, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Regula el uso de firmas digitales y documentos electrónicos al interior de la Administración del Estado. Esta iniciativa reglamentaria, sin lugar a dudas, constituye un aporte y un paso adelante para la modernización de la gestión del Estado chileno. Dada su trascendencia esta normativa será analizada en un capítulo posterior.



5. VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Los D.E. adscriben al género de los documentos y su incorporación como medios de prueba válidos en el proceso podría ser el resultado de la aplicación de cualquiera de las vías de admisibilidad estudiadas anteriormente, sea por la existencia de una norma expresa, por medio de la interpretación o por aplicación de la garantía del debido proceso.


La validez expresa del D.E. surgirá en tanto sea aportado en tiempo y forma141 y haya sido aceptado como legítimo por la otra parte al fijar los hechos en los escritos de contestación, réplica o dúplica. También gozará de legitimidad si posteriormente, mediante prueba de confesión, se ha determinado su autenticidad.

4.1.Convenciones sobre la prueba.

Si bien no existen problemas en la valoración de la prueba en cuanto de documentos electrónicos cuando son reconocidos y validados por la parte contra la cual se hacen valer, puede haber muchas dificultades cuando son impugnados, por la falta de normativa legal para su valoración.


Ya vimos, al examinar lo referente a la firma, que en virtud del principio de autonomía de la voluntad, en derecho privado las partes pueden realizar cierto tipo de acuerdos en materia probatoria, siempre que ellos sean lícitos y no expresamente prohibidos.
En virtud del principio fundamental de la fuerza vinculante de los contratos, contenido en el artículo 1545 del Código Civil –“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”– también es posible configurar, mediante estipulaciones particulares, una verdadera ley que deroga, amplía o delimita el régimen de prueba.
De aquí, entonces, el valor que se ha dado a los “preacuerdos” como forma privada de resolver los problemas de falta de regulación estatal. En esta virtud, todo acuerdo previamente aceptado por los interesados o contratantes, haría presumir la autenticidad de un determinado tipo de registro informático, o bien, importaría su admisibilidad, para permitir su utilización en sede judicial. Una cláusula ilustrativa a este respecto diría: “Las partes se comprometen a aceptar pacíficamente y a no impugnar los sistemas implantados y el valor probatorio de los mensajes electrónicos y de la firma digital, dándoles valor como si se tratara de un documento escrito y firmado en soporte papel”.
Las finalidades que persiguen estas convenciones pueden referirse a:

  1. Los medios de prueba, para superar las normas rígidas y apremiantes, y se deja al juez la libertad de apreciación en el campo del valor probatorio.

  2. Los medios y la apreciación de la prueba. Se trata de una finalidad más compleja que impone al juez, no solamente el medio de prueba sino también la vía a tomar para apreciar los elementos de prueba tenidos en cuenta en la convicción.

Como bien lo advierte Devis142, no debe confundirse el pacto privado entre las partes para aceptar determinados documentos, con aquellos pactos que recaen sobre la prueba entendida como instrumento para la correcta administración de justicia. En este evento, las partes no pueden pactar válidamente sobre su conducencia, antes o en el curso del proceso, bien sea para otorgarle a un medio determinado (testimonios, por ejemplo) una eficacia probatoria que legalmente (si existe la tarifa legal) o de acuerdo con el criterio del juez (si goza de libertad de apreciación) no le corresponde, o para privarle de la que aquélla o éste le reconocen. Este tipo de pactos serían nulos, por cuanto el derecho procesal es derecho público y de conformidad al artículo 1462 del Código Civil, “hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno”.


Por otro lado, con esta alternativa al sistema probatorio, existen ciertos riesgos en relación con el equilibrio de las partes y en relación con la carga de la prueba. Según Carrascosa143, se puede hacer la siguiente distinción:

4.1.1.Convención entre partes profesionales.

Al tratarse de contratantes profesionales, éstas no implican un riesgo para el equilibrio de las partes. Por el contrario, ellas aseguran la distribución y la carga de la prueba. El solo inconveniente que presentan este tipo de convenciones para el sistema probatorio es el caos que puede provocar por la diversidad de medios probatorios sin unidad y coherencia jurídica.



4.1.2.Convención entre profesionales y no profesionales.

En este caso, las convenciones y todas las estipulaciones contractuales sobre la prueba se realizan en detrimento del equilibrio de las partes. Es la parte no profesional quien soporta “el riesgo de la prueba”, ya que la otra parte se exonera previamente de toda responsabilidad y obligación en materia de pruebas. Así, la convención sobre pruebas se convierte en un contrato de adhesión y una renunciación pura y simple a un derecho.


El derecho a la acción –que para algunos constituye uno de los pilares del Estado de Derecho– es una garantía resguardada constitucionalmente por la vía del derecho a la defensa (artículo 19 Nº3 de la Constitución Política), por lo que la renuncia a un determinado tipo de prueba que sea fundamental para asegurar el resultado de dicha acción, en el hecho y para el caso particular, incide en la negación de aquel derecho.
Por consiguiente, estimamos que no es dable aceptar este tipo de renuncia toda vez que aquella a que alude el artículo 12 del Código Civil, no puede extenderse a los derechos protegidos por normas de orden público que miran a un valor o interés superior y exceden al ámbito estrictamente privado. En conclusión, habría que restar validez a este tipo de cláusulas, en la medida que puedan conculcar alguno de estos principios144.




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