Índice resumen 5 introduccióN 6 preámbulo 9 la desmaterialización de los actos 9


REGULACIÓN NACIONAL. 6.1. Trámite prelegislativo



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6. REGULACIÓN NACIONAL.




6.1. Trámite prelegislativo.

La primera iniciativa legal en el país que planteó los problemas jurídicos de las Nuevas Tecnologías de la Información se remonta a comienzos del año 1986, aunque ya en 1984 el Ministerio de Justicia había recopilado antecedentes sobre la legislación vigente y comparada. El primer borrador fue elaborado por una comisión ad hoc y establecía una regulación de carácter general y extensivo abordando una pluralidad de temas como la libertad informática y los derechos individuales, las bases de datos, el procedimiento judicial, los medios de prueba e incluso los delitos informáticos. A propósito de esta iniciativa legal, quedó planteada la inquietud que posteriormente daría origen a la Ley Nº19.223, que tipificó algunas figuras penales relativas a la informatica; y a la Ley Nº19.628, sobre protección de datos de carácter personal


Sustentado en aquel borrador, surgió un primer anteproyecto en abril de 1986, el cual otorgaba por primera vez valor probatorio a productos informáticos como los impresos en papel con membrete de la base –entiéndase, con el respaldo del sistema elaborador–, los que se tendrían como instrumento privado reconocido, si no se alegare falsedad o falta de integridad, respecto del impreso emanado de una base de datos puesto en conocimiento del emisor; considerando expresamente la posibilidad de decretar la inspección personal del tribunal. No existía la necesidad de que el documento estuviese firmado por una persona para que se pudiere tener por reconocido, bastaba que llevase el membrete de la base de datos.
Le siguió un segundo proyecto, de febrero de 1987, que mantuvo la estructura general de su predecesor, pero con algunas modificaciones: respecto a la prueba se contemplaba una formula general con el objeto de incorporar los sistemas de archivo que pudieran ser inventados en el futuro, y que admitirían su análisis por el juez, pero limitados a las reglas generales de la prueba documental. También se establecía que un D.E. podía ser un instrumento público si cumplía con los requisitos preestablecidos en los respectivos cuerpos legales. Además, se mencionaba que el responsable del archivo o base de datos debía permitir el acceso a todos los elementos físicos, magnéticos o de cualquier otra naturaleza. Por último, en un tercer anteproyecto, de noviembre de 1987, se introducen nuevas modificaciones y se hace referencia al concepto de instrumento autentico en vez de instrumento público y de especificaciones en vez de características. Asimismo se trataba el informe de peritos y la inspección personal del tribunal, regulando como se enfrentan los gastos de la pericia y refiriéndose al responsable o administrador del archivo

6.2. Algunos antecedentes normativos sobre firma electrónica en Chile.

En nuestro país, la firma electrónica es conocida y se utiliza hace varios años. La norma que ha servido de modelo introductorio para la formalización de sucesivas relaciones telemáticas, es el Decreto Nº1.015 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 11 de febrero de 1995, mediante el cual se habilita, previa autorización del Director Nacional de Aduanas, la transmisión electrónica de datos entre despachadores. Este Decreto define firma electrónica como el “sustituto digital de la firma manuscrita que, en el marco del intercambio electrónico de datos, permite al receptor de un mensaje electrónico verificar con certeza la identidad proclamada por el transmisor, impidiendo a este último desconocer la autoría del mensaje en forma posterior” (artículo 2). El sistema a implementar considerará el uso de mecanismos estandarizados y normalizados internacionalmente (artículo 7). Asimismo, el Servicio de Aduanas desarrolla la función de conservar ciertos documentos electrónicos, preservando su “integridad e inviolabilidad”, para efecto de las revisiones y/o fiscalizaciones que procedan (artículo 14).


Casi un año después, mediante la Circular Nº914, que entró en vigencia el 1º de febrero de 1996, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones autorizó su utilización para el “Pago De Cotizaciones Previsionales Mediante Transmisión Electrónica De Información y Fondos”. En el Título IV (del Pago) de esta Circular se expresa que la firma electrónica reemplaza, para todos los efectos, a la firma manuscrita del representante legal del empleador o del trabajador independiente en el caso de un pago de cotizaciones previsionales efectuado mediante el procedimiento tradicional (Nº5). La Circular Nº914 alude, además, al sistema de “llave privada y pública” como referencia a mecanismos de seguridad de la firma electrónica, específicamente a lo que denomina las “claves de seguridad de los agentes participantes” (Nº7). En general, se obliga a los intervinientes a resguardar que los pagos de cotizaciones previsionales realizados por vía electrónica se efectúen en forma segura, integra y confidencial, de acuerdo a las normas establecidas en la Circular Nº847, de 30 de noviembre de 1994. En el Título III (De la certificación del pago) se destaca que la Administradora será responsable en forma administrativa, civil y penal por el uso indebido de la clave (password o PIN), ya sea por omisión, negligencia o dolo, hasta por la culpa leve (Nº4).
Otro ejemplo lo constituye la Circular Nº20 de 16 de abril de 1996, del Servicio de Impuestos Internos, que habilita la emisión, transmisión y recepción de documentos tributarios mediante un sistema electrónico, se entiende por firma electrónica el “sustituto digital de la firma manuscrita que, en el marco de intercambio electrónico de datos, permite al receptor de un mensaje electrónico verificar con certeza la identidad proclamada por el transmisor, impidiendo a este último desconocer la autoría del mensaje en forma posterior”.
A esta evolución se suma la Circular Nº32 de 22 de enero de 1997 de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) sobre comunicaciones mediante transmisión electrónica de datos. Explícitamente se establece que el intercambio de los mensajes referidos a información, órdenes generales y órdenes que generen transferencia de fondos deberán realizarse cifrados, con el objeto de garantizar su confidencialidad; La Superintendencia deberá tener acceso en todo momento al contenido de los mensajes en su estado original, siendo responsabilidad de las ISAPRE que esta disposición se cumpla en forma estricta.
Ciertamente existen más ejemplos que los abordados, por lo que a nuestro propósito sólo interesa resaltar cómo se ha regulado, aunque con escaso rango legal y en forma sectorial, sobre la misma necesidad de certeza en las actuaciones realizadas por vía telemática.




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