Índice resumen 5 introduccióN 6 preámbulo 9 la desmaterialización de los actos 9


D.S. Nº 81 de 26 de junio de 1999, Ministerio Secretaría General de la Presidencia



Descargar 0.81 Mb.
Página36/42
Fecha de conversión01.07.2017
Tamaño0.81 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   42

6.3. D.S. Nº 81 de 26 de junio de 1999, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Regula el uso de firmas digitales y documentos electrónicos al interior de la Administración del Estado. Esta iniciativa reglamentaria, sin lugar a dudas constituye un aporte y un paso adelante para la modernización de la gestión del Estado chileno. Este Decreto obedece a uno de los compromisos adoptados por una Comisión Presidencial de Nuevas Tecnologías que sesionó durante 1998, en orden a dotar a los órganos estatales del marco legal que permita el uso de la informática y de las telecomunicaciones en reemplazo de sus procedimientos manuales, específicamente en lo relacionado con el uso de firmas y de documentos digitales o electrónicos, pero sólo al interior de la Administración del Estado y no en las relaciones con los administrados.


Desde el punto de vista de la técnica legislativa, los tan sólo 10 artículos que conforman el Decreto se agrupan en tres Títulos, sobre “Disposiciones Generales” el primero, acerca “Del Documento Electrónico”, el segundo, y sobre la “Regulación de la Firma Digital”, el tercero.
De los ocho Considerandos que introducen al articulado, vale mencionar el Considerando cuarto que, en su primera parte, establece acertadamente que los documentos “escritos en soportes informáticos” no se diferencian en esencia de los escritos en soportes tradicionales como el papel, y que en la actualidad existen tecnologías que generan firmas digitales sobre la base de conjuntos de claves que aseguran inequívocamente la autoría e integridad de un documento electrónico, mejor aún o con más seguridad que cuando la firma es ológrafa o soportada en papel. La segunda parte de este Considerando, empero, erradamente y por lo complejo del tema vincula dos materias diversas, a saber, la confidencialidad o reserva de un mensaje –que se logra con la criptografía– y la identificación digital de emisores y receptores –que se logra con las firmas digitales–. En efecto, agrega que "dichas claves" permiten cifrar los datos, esto es, transformarlos en formatos que sólo resultan legibles para quien posea una clave determinada que los descifre y los vuelva a su estado original, afirmación que requiere precisarse, porque una operación o transacción electrónica puede ser cifrada sin necesidad de firmar electrónicamente un mensaje, y viceversa. Consecuencialmente, veremos que el artículo segundo letras d) y e) y el inciso segundo del artículo séptimo adolecen de errores respecto a cuestiones tecnológicas.
En las disposiciones generales se señala el objeto del Decreto, algunas definiciones y una declaración de principios.
Según el artículo primero, el objeto de la norma es la regulación del uso de la firma digital y los documentos electrónicos “como soporte alternativo” –es una opción para los entes estatales– a la instrumentalización en papel de sus actuaciones. Agrega el artículo que el Decreto establece además las condiciones en que los datos contenidos en un soporte electrónico se considerarán emanados de una persona determinada.
El inciso segundo del artículo primero delimita el ámbito de aplicación, esto es, los órganos estatales mencionados en el artículo primero de la Ley Orgánica Constitucional de Bases, salvo la Contraloría General de la República, el Banco Central y las Municipalidades, los que, empero, pueden acogerse voluntariamente al Decreto enviando al efecto una comunicación por escrito a la Secretaría General de la Presidencia.
Del artículo segundo se desprende claramente –aunque no se dice– que se optó por un criptosistema asimétrico o de clave pública. En efecto, este artículo contiene las siguientes definiciones:

a) Documento electrónico: Toda representación informática que da testimonio de un hecho.

b) Firma electrónica: Código informático que permite determinar la autenticidad de un documento electrónico y su integridad, impidiendo a su transmisor desconocer la autoría del mensaje en forma posterior.

c) Firma digital: Especie de firma electrónica que resulta de un proceso informático validado, implementado a través de un sistema criptográfico de claves públicas y privadas.

d) Clave privada: Es aquella que sólo es conocida por el titular del par de claves, y que es usada para añadir una firma digital a un documento electrónico, o para descifrar un documento electrónico previamente cifrado por medio de la correspondiente clave pública.

e) Clave pública: La que registra en el sistema el ministro de fe del servicio respectivo y que es empleada para verificar la firma digital añadida a un documento electrónico por el titular, o para encriptar documentos destinados a ser transmitidos a él.

f) Integridad: Cualidad de un documento electrónico que consiste en no carecer de ninguna de sus partes ni haber sido alterado después de su firma.

g) Certificado de firma digital: Documento electrónico emitido por el ministro de fe del servicio respectivo que acredita la correspondencia entre una clave pública y la persona que es titular de la misma.


En las letras d) y e) de este artículo segundo, el Decreto es poco claro tecnológicamente (cuestión perfectamente comprensible porque no se trata de temas fáciles de entender y traducir en normas legales), tanto al definir los conceptos de claves privadas y públicas como al señalar que una “clave privada” sirve para “encriptar” un documento y que la “clave pública” sirve para “desencriptarlo”, respectivamente .
El artículo tercero, a manera de declaración de principios, establece que para utilizar soportes, medios y aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas en las actuaciones administrativas deberán adoptarse las medidas técnicas y administrativas –“o de organización” dice la norma– que sean necesarias para garantizar las propiedades de las firmas digitales; estas propiedades son la autenticidad de las partes, la integridad y conservación de la información, y la no repudiación de un mensaje.
El inciso segundo del artículo tercero establece imperativamente que las autoridades de cada servicio deberán adoptar medidas de seguridad para que los soportes, medios y aplicaciones informáticas “cumplan con estándares internacionalmente reconocidos”, y para que se garantice su uso restringido, se prevengan alteraciones o pérdida de información y se eviten operaciones no autorizadas.
El Título II alude al documento electrónico, para ser más precisos, al documento electrónico que es firmado digitalmente.
El artículo cuarto sienta los principios de una total homologación entre los documentos soportados en papel y los soportados magnéticamente. Primero señala que los documentos de los órganos señalados en el artículo primero escritos en soporte electrónico producirán los mismos efectos que los escritos en soporte papel; y luego establece que en dichos documentos la firma digital sustituirá a la firma ológrafa del funcionario que lo emite y producirá los mismos efectos que aquella.
La segunda parte del inciso segundo establece una consecuencia lógica: cuando un documento electrónico sea firmado digitalmente se entenderá que emana del funcionario titular de dicha firma digital, y producirá los mismos efectos jurídicos que el documento escrito y firmado manualmente y soportado en papel.
El inciso tercero del artículo cuarto se refiere a un tema distinto, cuando establece que una firma digital sustituirá el uso de cualquier sello, timbre, visto bueno u otra marca distinta que fuere necesaria para la validez del documento si se hubiese escriturado en papel.
Los artículos quinto y sexto son, en nuestra opinión un gran aporte, toda vez que al abordarse el tema de la impresión en papel de los documentos electrónicos se definen claramente como “originales” los soportados magnéticamente y como “copias” las impresiones, exigiendo siempre la debida “certificación” manual o electrónica.
El artículo quinto –preocupado del tema de la relación con los ciudadanos– establece que los documentos electrónicos firmados digitalmente y que deban ser publicados o notificados a un particular, deberán ser “traspasados a soporte de papel”, y su correspondencia con “el original electrónico” será certificada por el respectivo ministro de fe de cada Servicio. El inciso segundo, pero del artículo sexto, agrega que la impresión en papel de un documento electrónico firmado digitalmente se entenderá copia autorizada del mismo, siempre que el ministro de fe del servicio acredite su correspondencia con el electrónico mediante su firma ológrafa y en conformidad a las reglas generales.
El inciso primero del artículo sexto se plantea desde la perspectiva contraria y exige certificación “electrónica”, esto es, de lo que ocurre cuando se digitalizan o “escanean” (del verbo inglés to scan: explorar, examinar) documentos soportados en papel. Para todos los documentos regidos por el Decreto, la norma establece que las copias informáticas de documentos originalmente producidos en papel “o en otro medio no electrónico” se entenderán copias autorizadas, con la condición que el ministro de fe del servicio respectivo acredite su correspondencia con éste mediante su firma digital debidamente certificada.
El título III , de la “Regulación de la Firma Digital”, aborda en cuatro artículos los procedimientos que deben realizarse para generar o elaborar la firma digital, para verificarla o validarla y para certificarla o establecer un vínculo entre una persona determinada y un sistema de validación.
Los artículos séptimo y octavo establecen que las firmas digitales se generarán a través de un sistema criptográfico que constará de un par de claves correlativas, una privada y otra pública. Es errado en parte y quizás podría aclararse –desde un punto de vista tecnológico– el inciso que señala que “la clave privada del emisor asegurará la autoría e integridad del documento electrónico que se envía mientras que la pública del receptor asegura la encriptación del mismo” y que “mediante la clave pública del emisor del documento se verificará lo anterior y podrá desencriptarse el documento”. Ocurre que para “encriptar” un mensaje un emisor puede utilizar la llave pública del eventual receptor o destinatario, y para “desencriptar” es necesario usar la llave privada de ese mismo receptor.
El artículo octavo establece que mediante un sistema informático criptográfico denominado sistema de validación se crearán las claves que den origen a una firma digital; que dicho sistema servirá también para verificar la validez de una firma digital ya existente; y que las características técnicas del sistema de validación serán definidas por cada servicio.
El artículo noveno es el resultado de haberse descartado la opción de legislar en materia de Entidades Certificadoras al interior de la Administración Estatal. En síntesis, lo más importante es que se establece que el ministro de fe mantendrá una nómina actualizada de las claves públicas de los funcionarios del servicio respectivo que tengan una firma digital, cuya clave pública se acreditará mediante un certificado de firma digital, misma que podrá ser suspendida (cuando un funcionario no ejerza temporalmente sus funciones) o revocada (cuando un funcionario cese en sus funciones).
El artículo décimo, por último, determinó que la Secretaría General de la Presidencia, dentro del ámbito de competencia que le fijó la Ley Nº18.993, será la encargada de asesorar a los órganos estatales en la implementación de sistemas de firma digital y diseñará y coordinará planes pilotos para emplear –debiera decir “implementar”– la firma digital en servicios determinados. Nada dice el Decreto, por cierto, respecto a quién desempeñará la función de Certificador Raíz, dicho de otra forma, respecto a quién certificará la llave pública de los Ministros de Fe de cada servicio, por lo que se entiende que, por definición, se “auto-certifican”.




Compartir con tus amigos:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   42


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2019
enviar mensaje

    Página principal