Índice resumen 5 introduccióN 6 preámbulo 9 la desmaterialización de los actos 9


Aproximación al concepto jurídico



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1.2.Aproximación al concepto jurídico.

Los documentos inundan todas las parcelas del derecho. En atención al campo jurídico donde parten los estudios sobre la materia, se esbozan diversos conceptos. En sede penal se estudia el documento como objeto material de la falsedad documental; el derecho procesal lo considera como medio de prueba; para el derecho civil interesa el aspecto sustantivo, o sea, las declaraciones que contiene las solemnidades, etcétera. Sin atender a una procedencia específica, revisaremos algunos aspectos generales que se han pensado como básicos o esenciales en relación al concepto.


Según explica Guasp –citado por Alsina14– la doctrina había fijado el concepto de documento sobre la base de su estructura, al considerar como tal la escritura, pero una posterior tendencia lo hace sobre la base de su representación, es decir que el documento es todo lo que representa una idea. Este concepto, agrega, es muy vago y puede aplicarse a todos los medios de prueba, porque todos los objetos tienen una misma significación procesal. El concepto sólo podremos lograrlo, termina, examinado los objetos que para el derecho procesal son documentos, y se llega así a la conclusión de que sólo es aplicable a todos los objetos susceptibles de ser llevados ante la presencia judicial. Es decir, que no debe tenerse en cuenta la estructura ni el carácter representativo, sino la función probatoria y la circunstancia de que pueda ser trasladado ante el tribunal, o sea que debe ser una cosa mueble. Se ha criticado que esta concepción restringida del documento es consecuencia de considerarlo sólo desde el punto de vista de la prueba, cuando éste es nada más que un aspecto de su múltiple función, en la que puede señalarse especialmente la creación o transformación de situaciones jurídicas (ad solemnitatem), sin embargo, creemos que este último ejemplo sirve para caracterizar a los actos jurídicos (por vía de solemnidad, de publicidad, etcétera), mas no así al documento que, en la especie, sólo es el receptáculo de determinados efectos sustantivos.
Otro argumento para concebir el documento como una cosa corporal mueble viene dado por la utilidad para diferenciarlo del monumento, que es inmueble. Esta distinción parece surgir por la extrañeza que causa considerar al monumento como un tipo de documento, sobre todo desde la perspectiva usual. Sin embargo, desde antiguo datan ciertas inscripciones que por el hecho de estar adheridas al suelo –como cosas inmuebles– corren el riesgo de no ser consideras documentos, por lo que nos parece que la mayor o menor movilidad de la cosa no debiera relacionarse con el significado jurídico de documento. Si este significado se vincula a la exigencia de ser mueble, se dificulta la concepción del documento electrónico como tal, especialmente en su aspecto circulatorio, es decir, cuando estamos en presencia de datos transitivos, o sea, en tránsito a través de redes de comunicación, lo que ha motivado el replanteamiento del concepto jurídico de cosa mueble.
Silva Melero15 define documento como una cosa corporal mueble –diferente del monumento– con aptitudes representativas de un hecho jurídicamente relevante y que refleja gráficamente una o varias declaraciones, siempre que sea capaz de representar de un modo permanente a quien le interese un hecho que esté fuera de él. Este autor agrega una condición relevante: que la representación sea permanente, o sea, que se mantenga sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad, sin embargo, se inclina más hacia el contenido que al continente, lo que conlleva el riesgo de no señalar la importancia directa del tema de estudio, en tanto el valor jurídico del documento está regulado desde el plano procesal, por las normas de derecho probatorio.
Considerado sobre el ambiente jurídico, el documento opera como prueba. Su teoría se encuadra en la de la prueba. El Derecho regula la forma de su utilización, tutela y regula su valoración, le considera en determinados casos como prueba legal, gradúa su eficacia y garantiza, por otra parte, la verdad. Así, el Diccionario de Derecho Privado16 define el documento como el “escrito con que se prueba, acredita o hace constar alguna cosa”. Con todo, esta definición tampoco parece suficiente puesto que los diccionarios citados –uno de uso general, el otro especializado– restringen el concepto de documento a lo que está o aparece escrito, con lo que la noción amplia –expuesta supra– parece desdibujarse.
Es innegable que entre los medios documentales más antiguos se encuentra la escritura, y naturalmente que cualquier materia apta para contener un escrito, o mejor dicho información, puede servir para el documento: papel, tela, cera, metal, piedra, etcétera; sin embargo, existen otras formas con aptitudes representativas que prescinden de la actividad de la escritura y del escrito. Hoy en día aquellos materiales –la cosa– pueden ser reemplazados por soportes magnéticos y fotoeléctricos –más ampliamente, digitales, en atención al aspecto computacional que los vincula–.
A la luz de esta crítica, además de integrar el aspecto sustantivo, Couture17 señala que “documento es todo objeto normalmente escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos”. Si obviamos el vocablo “texto” que reitera la alusión a lo escrito y aparta otros medios con aptitud representativa –como los audiovisuales–, esta definición podría acercarse a la materialización jurídica de la noción formulada por Chiovenda.
Procesalmente, el documento hace referencia, habitualmente, a un escrito que sirve para demostrar la verdad de un hecho; la distinción entre acto y documento es precisamente de origen procesal. Ahora bien, cabe preguntarse ¿el aspecto probatorio debe ser un elemento del concepto jurídico de documento? La respuesta parece ser negativa si se considera que no todos los documentos tienen el mismo valor ante el Derecho, sin perjuicio de que sean aceptados jurídicamente. Mas, si pensamos que el documento siempre da cuenta de algo, no cabe duda que sirve como demostración y en este sentido, el aspecto probatorio es esencial al concepto.
Desde el punto de vista sustantivo, el valor jurídico de los documentos no está determinado por su contenido, pero se relaciona directamente con él. Aunque cualquier hecho puede ser representado documentalmente, el contenido esencial del documento es, sin lugar a dudas, la manifestación de voluntad, que, como expresión de un comportamiento de trascendencia jurídica, separa netamente el acto negocial y el no negocial; la forma del contenido. Aquélla se identifica con la declaración, y éste, con el contenido de la declaración. Así, se dice que el documento es el equivalente del acto, ya que si falta el acto no puede haber documento, salvo el supuesto de falsedad, mas si falta el documento el acto puede subsistir.
El valor jurídico de los documentos está determinado por el continente, pero se trata de un continente con importancia jurídica, antes que fáctica. Esto es, un continente que permite la realización de consecuencias jurídicas a su propósito. A este respecto, Pelosi18 señala que la doctrina está conforme en reconocer que la indicación del autor del cual proviene el documento, es un elemento esencial de éste. De esta manera, jurídicamente se ha entendido que la corporalidad del documento está dada por la cosa misma y por la grafía19, y se admite como modo de expresión la escritura y la fotografía, en tanto ofrezcan garantía de recognoscibilidad de su autor, identidad que estaría ausente, según algunos, en los documentos perceptibles por el tacto o por el oído, para lo cual no se encuentra el equivalente funcional de la firma20.
Por consiguiente, el valor jurídico del documento –concluimos– está dado por un aspecto de forma en apariencia, pero que obedece a un ínsito afán del Derecho. Gracias al documento es posible velar por la fe pública; por ello interesa que el documento permita establecer la inamovilidad, fijeza o no-mutabilidad de los hechos o declaraciones una vez vertidos en él, vale decir, que el documento sea confiable, lo que permitirá aceptar con seguridad las consecuencias que genera –para el autor y para todos– una vez establecido que de la inalterabilidad obtenida emana certeza. Acto seguido, el documento también importa para que se verifique el principio de responsabilidad –en cuya virtud una persona ha de asumir las consecuencias de los actos que se le imputen– cuando el contenido del mismo pueda ser vinculado a un autor determinado.
En resumen, existe una noción de documento, que podríamos denominar legal, y otra de ámbito más dilatado. Lo que es cierto es que no cabe negarles el carácter de documento a los que desbordan por sus características la órbita legal estricta; lo que ocurrirá, sin embargo, es que el procedimiento de control, en relación a su autenticidad, será distinto del previsto expresamente por la ley para los documentos estrictu sensu, y por ende, distintas las consecuencias de su valoración por el órgano judicial.
El documento, como invención jurídica, está y ha de estar naturalmente destinado a proporcionar las mejores condiciones para pronunciarse sobre lo justo. En tanto no incide directamente en la interdicción de la arbitrariedad –el rechazo de lo contrario a lo justo y a lo racional–, el documento es un medio jurídico, no una finalidad en sí. Es una herramienta, un instrumento –aunque este vocablo genera alguna confusión según veremos–. Cada vez que se desconoce su carácter adjetivo, es porque se lo relaciona con determinados efectos sustantivos o ha sido previamente dotado de ellos. Así ocurre, por ejemplo, al establecer el valor de plena prueba de ciertos documentos. Estos condicionamientos importan la presencia de cuestiones formales con importante sustento, el interés general del Derecho, la obtención de seguridad jurídica.




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