Negri, Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari



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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de septiembre de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 101.538, "Eduardo Beraza S.A. contra Carlos Becker Metalúrgica Ltda. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual. Cobro de pesos".



A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes modificó la sentencia de fs. 1626/1653 (y su aclaratoria de fs. 1663 y vta.) sólo en cuanto al monto de la indemnización por "fletes", el cual elevó, y a la tasa de interés aplicable, estableciendo la "activa" que para sus operaciones de descuento a treinta días cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 1868 y vta.).

Se interpuso, por la empresa demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente



C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?



V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

1. La Cámara departamental de Mercedes modificó la sentencia de fs. 1626/1653 (y su aclaratoria de fs. 1663 y vta.) elevó la cuantía de la indemnización por "fletes" y en relación a la tasa de interés dispuso aplicar la "activa" que para sus operaciones de descuento a treinta días percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 1868 y vta.).

2. Contra esta decisión se alza la firma "Carlos Becker Metalúrgica Limitada", por apoderado, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia la violación de los arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 655 del Código Civil. Alega, además, absurdo valorativo (v. fs. 1876 y 1878 vta.).

a. Inicialmente se agravia de la responsabilidad que le ha sido atribuida.

Aduce que la Cámara al afirmar que la sede de la empresa en Argentina estaba en el domicilio de Metalúrgica Priotti y que Hugo Enrique Priotti era su representante, omitió aplicar los requisitos que el art. 118 de la Ley de Sociedades establece para la constitución del domicilio social(v. fs. 1876 vta.).

Sostiene que se han interpretado de manera absurda las pruebas rendidas y que no se ha indagado la verdadera naturaleza del negocio, soslayando la búsqueda de la verdad objetiva.

Insiste, como lo hizo en su expresión de agravios (v. fs. 1791/1795 vta.), en que la empresa "Metalúrgica Priotti" es la única responsable del montaje y puesta en marcha de la planta, y en que su mandante se limitó al acompañamiento de los primeros pasos de la obra.

b. Considera que el Tribunal conculcó los arts. 655 y 656 del Código Civil al acumular el pago de la cláusula penal a la indemnización por daños y perjuicios, como así también al no reducir la primera ante la evidente desproporcionalidad de la multa acordada. Por tal motivo, sostiene que ello provoca un enriquecimiento sin causa para el accionante (v. fs. 1879/1880.).

c. Para finalizar, peticiona la aplicación de la tasa pasiva, tal como establece la doctrina legal que cita a fs. 1881 vta.

3. El recurso prospera parcialmente.

a. La alzada, en lo sustancial, confirmó la sentencia dictada en primera instancia que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Hugo Enrique Priotti y acogió favorablemente la demanda interpuesta por la actora contra la coaccionada "Carlos Becker Metalúrgica Industrial".

Modificó sólo la sentencia de origen en cuanto al monto de indemnización por "fletes" y estableció que los intereses debían liquidarse conforme a la tasa "activa" del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En la sentencia recurrida, el tribunal dejó constancia de las particularidades del expediente: los planteos relativos a la tramitación de la prueba anticipada, la constitución de domicilio de la demandada, la forma en que fuera contestada la demanda y demás circunstancias conexas.

b. En relación al planteo efectuado por la accionada por ante esa instancia, luego de evaluar la prueba producida en autos, concluyó en que la actuación del señor Priotti lo fue en representación de la firma "Carlos Becker Metalúrgica Industrial Ltda."(v. fs. 1859 vta.).

Sobre la base de la "buena fe- creencia" que tuvo la actora al contratar, destacó que no tenían relevancia para esa parte las alegaciones formuladas por la empresa demandada respecto de que el señor Priotti carecía de facultades para obligar a ésta última.

Para ello tuvo en cuenta el carácter del mandato, la denominación que fuera atribuida al codemandado, la inspección de la obra llevada a cabo y las manifestaciones vertidas en la audiencia obrante a fs. 24/26 de las actuaciones de prueba anticipada (conf. arts. 386 y 456, C.P.C.C.; v. fs. 1860 y vta.).

Sumó a ello, que la cláusula primera del contrato celebrado el 5 de diciembre de 1997 (v. fs. 7), dice textualmente: "... ambas partes tienen convenido la compraventa y realización según factura proforma n° 2601/97 del 21 de octubre de 1997, un negocio instrumentado por el que la firma 'Carlos Becker Metalúrgica Limitada', representada por el Sr. Hugo Priotti, construirá una planta de silos en Alberti, cuyos detalles surgen de la mencionada factura proforma y demás documentación suscripta entre las partes aquí firmantes..." (v. dictamen pericial de fs. 1385 vta.).

Además, puso de relieve que de la documentación obrante a fs. 44/46, surgía una clara admisión por parte de la firma demandada del poder y representación conferidos al señor Priotti (v. fs. 1862/1863 vta.).

c. Seguidamente, repelió los agravios direc-cionados a cuestionar la multa impuesta.

Destacó la falta de legitimación para viabilizar el pedido de extensión de la condena a Priotti, al no ser éste el responsable (tal como había quedado establecido) y, además, reputó inidóneos el resto de los agravios en orden a los puntos o tópicos que abarca la condena (fs. 1863 vta./1864).

d. Por último, desestimó la protesta sobre la cantidad de días que debe abarcar la mencionada condena (v. fs. 1866), y estableció la aplicación de la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (activa), en sus operaciones de descuento a treinta días (v. fs. 1867).

4. i. Entiendo que los sólidos fundamentos esgrimidos por la Cámara sobre la responsabilidad que corresponde endilgarle a la firma "Carlos Becker Metalúrgica Limitada" reflejan la sinrazón de la protesta en este aspecto (conf. art. 279, C.P.C.C.).

En efecto, en el recurso se realiza un análisis paralelo de la prueba, que resulta insuficiente para demostrar el absurdo endilgado, toda vez que se constituye en una mera discrepancia personal inhábil para abrir la tarea de esta Corte en la revisión de los hechos y la prueba, sustituyendo con ello el criterio de los jueces de mérito (conf. Ac. 92.771, sent. del 8-III-2007; C. 91.233, sent. del l0-X-2007; entre muchas).

Es más, ha dicho esta Corte que discrepar con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia. Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. Ac. 79.759, sent. del 4-VI-2003; Ac. 84.317, sent. del 18-II-2004; Ac. 86.372, sent. del 20-IV-2005).

En definitiva, considero lo dicho bastante para propiciar el rechazo de esta parcela recursiva (conf. art. 279, C.P.C.C.).

ii. En cuanto al planteo esgrimido a fs. 1878 vta./1881, referido a la violación de los arts. 655 y 656 del Código Civil, entiendo que tampoco puede atenderse.

Esta cuestión no fue llevada a conocimiento de la alzada en la expresión de agravios obrante a fs. 1791/1795 vta. y al ser introducida de manera novedosa en esta sede resulta inatendible (arg. art. 272, C.P.C.C.; Ac. 81.938, sent. del 29-XII-2003; Ac. 90.419, sent. del 18-VII-2007).

iii. En cambio, sí le asiste razón en la restante protesta que formula en torno a la temática de los accesorios aplicables a la condena dispuesta, porque como recordara en la causa Ac. 78.860 (sent. del 30-VI-2004), criterio que fuera reiterado por este Tribunal en el pronunciamiento recaído en la causa C. 94.239 (sent. del 30-VI-2010), el art. 565 del Código de comercio no impone que a todas las obligaciones comerciales les sea aplicada forzosamente la denominada tasa activa.

En efecto, la citada disposición -en su párafo inicial- es supletoria de la voluntad de las partes con relación a la estipulación de intereses cuando en ésta falte la indicación de su cantidad o tiempo de inicio del curso. En tal situación, que supone necesariamente el pacto de intereses, remite a la tasa activa bancaria.

Y en el último -ratificando el carácter complementario del precepto respecto de la convención o de la ley- expresa que cuando en ellas se habla de intereses corrientes o de plaza, se entiende los que cobra el Banco nacional.

El segundo párrafo, agregado por el decreto 4777/1963 (ratif. ley 16.478), se refiere a una cuestión ajena al tema.

Por tal motivo, toda vez que la inaplicabilidad de la norma viene sellada por la señalada ausencia de cláusula al respecto, conforme lo que surge del texto del acuerdo contractual que dio sustento a la controversia (ver fs. 7/vta.), considero que resulta de aplicación en autos la doctrina de esta Corte reiterada en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sentencias del 21-X-2009) donde se decidió -por mayoría- ratificar la doctrina que sostiene que a partir del 1 de abril de 1991, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Código Civil) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 modificada por ley 25.561; 622, Código Civil; causas Ac. 43.448, "Cuadern", sent. del 21-V-1991; Ac. 49.439, "Cardozo", sent. del 31-VIII-1993; Ac. 68.681, "Mena de Benítez", sent. del 5-IV-2000; L. 80.710, sent. del 7-IX-2005, entre otras).

Ello autoriza a declarar procedente el agravio planteado y revocar la sentencia en cuanto a la tasa de interés aplicable, correspondiendo liquidar dichos accesorios según la alícuota que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación, conforme ha sido decidido por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5827).

Con el alcance indicado, doy mi voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto del doctor Negri, excepto punto 4 iii.

Para apartarme del distinguido colega en lo que refiere al agravio por la tasa de interés aplicada por el a quo, tomo en consideración que el recurrente denuncia violada la doctrina legal de esta Suprema Corte sobre la hermenéutica que cabe efectuar del art. 622 del Código Civil y las facultades del juez en la determinación de la tasa de interés moratorio aplicable, no haciéndose cargo en su impugnación de la norma actuada por la Cámara, esto es el art. 565 1er. párrafo del Código de Comercio que en criterio de la misma desplaza a la norma antes citada en casos como el que nos ocupa, lo que sella la suerte adversa del recurso en esta parcela (art. 279, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Costas al recurrente (art. 289 del C.P.C.C.).

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

Adhiero al voto del doctor Negri.

En lo que respecta al agravio vinculado con la tasa de interés, he sostenido recientemente (a partir de la causa L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", ambas sents. del 21-X-2009), que el art. 622 del Código Civil otorga a los jueces la facultad de determinar, si no los hubieran convenido las partes ni se hubiese fijado uno legal, los intereses -o la tasa según la cual se han de calcular- que habrá de producir cierto capital.

Agregué que esa discrecionalidad que se autoriza debe ser ejercida prudentemente, atendiéndose -antes que a criterios bancarios o mercantiles- al armónico juego de diversos principios: la compensación que debe recibir el acreedor, el peligro de provocar un enriquecimiento sin causa, las reglas de moral y buenas costumbres, y el plexo de valores implícito en los arts. 953 y 954 del Código Civil, etc. A la vez, con la fijación de los intereses no se intentará corregir la depreciación monetaria o subsanar los efectos de la crisis económica (causa B. 49.193 bis, "Fabiano", sent. int. del 2-X-2002), ni tampoco se establecerán tasas tan excesivas o tan escasas que la función de los intereses quede desnaturalizada, porque ello resultaría un absurdo en los términos en que lo ha definido desde siempre esta Corte y, eventualmente, una arbitrariedad en la concepción de la Corte Suprema de la Nación.

En esos precedentes también admití que mi postura implicaba un apartamiento de la doctrina fijada por esta Suprema Corte (a partir de la causa Ac. 43.448, "Cuadern", sent. del 21-V-1991) según la cual los intereses compensatorios deben ser calculados a la tasa pasiva usada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundando tal apartamiento en que, de seguir sosteniéndose aquel criterio, se incurriría en notoria contradicción: no puede declararse que los jueces tienen la facultad de fijar las tasas con que se calcularán los intereses y, al mismo tiempo, disponer que deben acatamiento al tipo que usa este Tribunal. Ante ello, como también lo hiciera el doctor Hitters en las causas ya señaladas, consideré necesario modificar la doctrina legal vigente, recalcando que la determinación de la tasa de interés es propia de los jueces de grado, quienes deberán ejercer prudentemente y dentro de los límites señalados, la discrecionalidad que les ha sido autorizada.

La postura que sustenté ha resultado minoritaria, ratificándose por la mayoría de esta Suprema Corte la doctrina según la cual los intereses moratorios deben ser calculados a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcance a cubrir el lapso señalado, el calculado será diario con igual tasa.

Ante ello, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no sólo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5827 (y dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), corresponde revocar lo decidido por la Cámara al respecto.

En mérito a lo expuesto, corresponde declarar procedente el agravio planteado y revocar la sentencia en lo concerniente a la tasa de interés aplicable, correspondiendo liquidar dichos accesorios según la alícuota que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación.

Por lo expuesto, y reiterando la adhesión formulada al voto del doctor Negri, doy el mío por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente



S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocándose la sentencia de Cámara, únicamente, en lo concerniente a la tasa de interés aplicable, correspondiendo liquidar dichos accesorios según la alícuota que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 289, C.P.C.C.).

Las costas de esta instancia se imponen en un 20% a la actora vencida y en un 80% a la recurrente, atento a la forma en que ha prosperado el recurso interpuesto (art. 68, 2do. párr., C.P.C.C.).

Restitúyase el depósito previo efectuado a fs. 1872 al interesado.

Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI HECTOR NEGRI


LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN



CARLOS E. CAMPS

Secretario


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