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Maher Abbas Ahmed Youssef Al-Khabbaz (case No. 201392377)



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6. Maher Abbas Ahmed Youssef Al-Khabbaz (case No. 201392377)

He was arrested on 19 February 2013 pursuant to a warrant issued by the Department of Public Prosecution after evidence indicated that he and others were involved in an attack on a police post in which one of its personnel was killed. On 21 February 2013, he was interrogated by the Department of Public Prosecution, which charged him with the premeditated homicide and attempted homicide of police officers and with the procurement and possession of incendiary devices and a shotgun without a permit and for the purpose of achieving a terrorist objective, and ordered his remand in custody pending further investigation.

The case was heard before the High Criminal Court which, on 19 February 2014, sentenced the defendant to death. He appealed against the sentence but the appeal was rejected by the High Court of Appeal, which upheld the original sentence. A further appeal was lodged before the Court of Cassation but no ruling has yet been issued thereon.

7. Taleb Ali Mohammed (case No. 07201300177)

He was arrested on 14 November 2012 on charges of establishing, in association with others, a terrorist group and procuring and possessing explosives without a permit in order to achieve a terrorist objective. The case was referred to the High Criminal Court, which sentenced him to 15 years’ imprisonment. He lodged an appeal before the High Court of Appeal but it was rejected. He has also been convicted in other cases.



8. Ebrahim Abdulla al-Sharqui (case No. 07201300177)

He was charged in the aforementioned case with membership of a terrorist group and procurement and possession of explosives without a permit in order to achieve a terrorist objective. The case was referred to the High Criminal Court, which sentenced him to 10 years’ imprisonment. He lodged an appeal before the High Court of Appeal but it was rejected. He has also been convicted in other cases.



9. Sadeq Jaffar Ali Al-Asfoor (case No. 07201407880)

He was arrested on 8 January 2014 during an ambush set up by the police to intercept a delivery of arms and explosives. He was interrogated by the Department of Public Prosecution on 14 January 2014. The interrogation took place in hospital because he had been injured by gunfire while resisting arrest during the police operation.

He was charged with possessing firearms. The Department ordered that his remand in custody pending further investigation and his examination by a forensic physician.

The Department of Public Prosecution also notified the special investigation unit, which is conducting thorough investigations into the circumstances of the defendant’s gunshot injuries in order to determine responsibilities.



10. Ahmed Abdulla Ebrahim (case No. 07201307137)

The Department of Public Prosecution charged him and others with the procurement and possession of incendiary devices (Molotov cocktails) in order to use them to endanger life and property and with participation in an unauthorized public gathering with a view to committing unlawful acts. He was sent for trial before the High Criminal Court, which sentenced him to 10 years’ imprisonment. He appealed against the sentence and his appeal is still being examined before the Court of Appeal. He has also been convicted in other cases.



11. Salah Abbas Habib

On 21 April 2012, the body of Salah Abbas Habib, showing signs of shotgun wounds, was found on the roof of a dwelling in the Shakhoura neighbourhood. The special investigation unit promptly initiated inquiries into the incident and a police officer was eventually sent for trial on charges of intentional homicide. The officer was acquitted by the criminal court of first instance. The special investigation unit lodged an appeal against the sentence but the appeal was rejected by the Court of Appeal, which upheld the original sentence.



12. Jassim Al-Banna, Yusuf Al-Nashmi and Mohamed Ahmed

Additional personal information is required in order to identify these individuals.



Annex II

[Spanish only]

Contestación del Estado de Guatemala a la Subdivisión de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra Suiza.

Asunto: “Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales enviada por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y el Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.”

Llamamiento Urgente: “Alegaciones recibidas en relación a la posible aplicación del Decreto 8-86 y posible aplicación de una amnistía al ex Jefe de Estado José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. (…) también alegaciones sobre la falta de garantías en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, para el período 2014-2019 y las posibles consecuencias que podría conllevar en la lucha contra la impunidad, incluyendo en los casos de violaciones graves cometidas durante el conflicto armado.”

Miguel de la Lama

Oficial a cargo

Subdivisión de los Procedimientos Especiales

OACDH

Clasificación: DIGRIME/DDHH No. 170-000-074-14

Ref. P-12-2015/AFAF/hm

Guatemala 09 de Enero de 2015
I. Antecedentes.

El Gobierno de la República del Ilustrado Estado de Guatemala, fue requerido el 22 de diciembre de 2014, por la Subdivisión de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la cual se adjunta la comunicación conjunta enviada por los Procedimientos Especiales indicados ut supra de conformidad con las resoluciones 27/1, 25/18, 26/7, 25/13, y 27/3 del Consejo de Derechos Humanos, sobre el llamamiento o atención urgente al gobierno guatemalteco “SIC”:

Alegaciones recibidas en relación a la posible aplicación del Decreto 8-86 y posible aplicación de una amnistía al ex Jefe de Estado José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. (…) también alegaciones sobre la falta de garantías en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, para el período 2014-2019 y las posibles consecuencias que podría conllevar en la lucha contra la impunidad, incluyendo en los casos de violaciones graves cometidas durante el conflicto armado.

El Estado de Guatemala, a través de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, ante el Secretario General de Naciones Unidas, respetuosamente comparece y expone:



II. Observación estatal sobre el término “conflicto armado” en Guatemala definido por Naciones Unidas.

El Estado de Guatemala, desea que los Procedimientos Especiales del Sistema de Naciones Unidas, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, observen la definición del conflicto presentada en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias:

9. El conflicto que marcó el inicio de las desapariciones en Guatemala en 1960 comenzó cuando un pequeño grupo de oficiales del ejército se rebeló contra el gobierno militar, acusándolo de corrupción. La rebelión fue aplastada, y los jóvenes oficiales huyeron a las montañas de Guatemala oriental, donde iniciaron una guerra de guerrillas. Estas guerrillas se convirtieron en poco tiempo en un movimiento marxista cuyo objetivo era derrocar al Gobierno y tomar el poder. Es importante destacar que el conflicto armado guatemalteco no se originó como consecuencia de un conflicto interétnico. Se trata de un conflicto que ocurrió en el marco de la guerra fría1.” (Resaltado propio).

Por lo tanto y de acuerdo con la definición del conflicto antes descrita, es claro que lo que ocurrió en Guatemala durante el enfrentamiento armado interno, no encuadra en la figura tipo de genocidio como delito internacional, por cuanto este es definido como: «cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal» estos actos comprenden la «matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo».

“Se entenderá por “genocidio2” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

A) Matanza de miembros del grupo;

B) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

E) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

III. Respuesta estatal sobre contexto, antecedentes, anulación de una fase del debate y dilación del proceso judicial por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad

El Estado de Guatemala no abordará por respeto a los principios de legalidad, independencia de poderes, independencia judicial y objetividad los elementos fácticos de la acusación, sino las incidencias procesales de la causa penal promovida en contra de los ex generales en situación retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montt.

Han sido diversas y numerosas las acciones procesales y constitucionales presentadas por la defensa técnica de los acusados, Ministerio Público y querellantes adhesivos, lo que ha provocado la dilación del proceso judicial, sin dejar de mencionar, la actitud del Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo “A”, cuyos jueces en pleno desconocimiento y negación de los principios fundamentales del debido proceso y derecho de defensa, en transgresión a la máxima “Iura novit curia” que concluyó con una sentencia condenatoria el 10 de mayo de 2013 en contra de José Efraín Ríos Montt y absolvió a José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Por lo anterior, la Corte de Constitucionalidad en observancia del derecho de defensa y debido proceso, anuló el 19 de mayo de 2013, por vicios de procedimiento, la sentencia condenatoria emitida el 10 de mayo de 2013 por Tribunal Primero A de Mayor Riesgo contra el general retirado José Efraín Ríos Montt, por los delitos genocidio y deberes contra la humanidad. Así como todo lo actuado durante el debate hasta antes del 19 de abril de 2013, momento en el cual ocurrió la violación al derecho de defensa y debido proceso, en contra del acusado Ríos Montt.

El 27 de mayo de 2013, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad, ordena al Tribunal de Mayor Riesgo A, que le dé trámite a la recusación interpuesta por la defensa en contra de los juzgadores. El 4 de junio de 2013, esta Sala designó al Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B, para que continúe conociendo de las diligencias procesales, decidiendo aquél tribunal proseguir el proceso en abril de 2014. Este mismo tribunal posteriormente dio a conocer que podrá reanudar el proceso 5 de enero de 2015.

José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, presentaron amparo, contra el Juez Primero de Mayor Riesgo “B”, porque el juzgador el 4 de febrero de 2013, emitió auto rechazando medios probatorios ofrecidos por la defensa de los procesados, de esa cuenta la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituido en Tribunal de Amparo, otorgó amparo provisional, y la Corte de Constitucionalidad en expediente 1097-2013, confirmó la protección constitucional interina reclamada, el 3 de abril de 2013.

El 4 de abril de 2013 el Juez de Primera Instancia de Mayor Riesgo “B”, informó a la Corte de Constitucionalidad, que ante los Resuelto por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, carecía de competencia para seguir conociendo, por lo que el 9 de abril de 2013, la Corte de Constitucionalidad, resolvió que el Tribunal de Primera Instancia de Mayor Riesgo “B”, remitiera las actuaciones al funcionario judicial que adquirió competencia para conocer las actuaciones y concluir la etapa intermedia de la causa penal identificada como 0176-2011-00015.

Es importante que los Procedimientos Especiales del Sistema de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, observen la Sentencia de Amparo emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en los expedientes acumulados de apelaciones de amparo 154-2014, 155-2014, 183-2014 y 239-2014, resolvió: a) Revocó la sentencia del 26 de septiembre de 2013 de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo; b) Otorgó con lugar los recursos de apelación interpuestos por la Asociación para la Justicia y Reconciliación, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y el Ministerio Público; c) Otorga el amparo solicitado por los postulantes, d) Deja en suspenso el auto del 18 de abril del 2013, por el que resolvió los recursos de reposición, instados por la decisión de dejar sin efecto todo lo actuado a partir del 23 de noviembre de 2011, y e) Restaura la situación jurídica de los amparistas. En ningún momento la Corte de Constitucionalidad indica, que el debate debe continuar el 5 de enero de 2015.

El Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo “B”, tal y como lo programó, inició el Debate Oral y Público, el 5 de enero de 2015, en ese momento la Defensa Técnica, de los acusados José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montt, presentaron un Recurso de Recusación en contra de la Presidenta del Tribunal de Sentencia. Por mayoría de dos votos contra uno, el Tribunal decidió trasladar el expediente a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo para que determine si separa del debate a la jueza Irma Jeannette Valdés. La defensa duda de la imparcialidad de la juzgadora, quienes a su parecer la Jueza de Sentencia, ya emitió opinión sobre el caso, en un trabajo académico, argumento que fue aceptado por dos de los tres juzgadores.

IV. Respuesta estatal sobre la aplicación de la ley de Amnistía Decreto Ley 8-86

La invocación de la amnistía contenida en el Decreto Ley Número 8-86, dentro del proceso expediente único 1076-2011-00015, a cargo del Juez Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “B” se interpuso la excepción de extinción de la persecución penal por amnistía durante la etapa preparatoria e intermedia, el juez contralor declaró sin lugar la excepción.

En la excepción interpuesta, se invocó el motivo contenido en el artículo 32, numeral 2 del Código Procesal Penal –amnistía–, fundándola en el Decreto Ley 8-86, cuyo artículo. 1 confirió amnistía a toda persona sindicada de haber cometido delitos políticos y comunes conexos. El recurso adujo que esa amnistía se decretó sin ninguna excepción, para el período comprendido entre el 23 de marzo de 1982 y el 14 de enero de 1986, y que además tenía la particularidad que se concedía sin necesidad de trámite alguno por quien quisiera beneficiarse de ella; es decir, se concedió por ministerio de la ley, a diferencia de otras amnistías que se habían otorgado con anterioridad o que se dieron posteriormente. En el recurso también se argumentó que la ley no tiene efectos retroactivos, no modifica derechos adquiridos y la condición jurídica constituida bajo una ley anterior se conserva bajo el imperio de una ley posterior.

El juez contralor expresó que la ley aplicable es la LRN, que en 1996 proscribió la amnistía para el caso de genocidio, e hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Apelada tal decisión, en el expediente único 1076-2011-00015, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dictó el auto de 15 de junio de 2013, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por José Efraín Ríos Montt y, en consecuencia, confirmó la decisión del juez a quo, de desestimar la excepción de extinción de la persecución penal. La Sala consideró que:

(...) no le asiste razón legal, toda vez que la resolución emitida por el Juez Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “B” se encuentra ajustada a derecho, […] de conformidad con el art. 8 del Decreto número 145-96 del Congreso de la República de Guatemala [Ley de Reconciliación Nacional] (…) y en el presente caso, el proceso que se instruye en contra del procesado JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT, es por los delitos de Genocidio y Deberes de Humanidad, (…) además el juzgador explica de manera clara las razones por las cuales declaró sin lugar el incidente de extinción de la persecución penal por amnistía. Razón por la cual deviene declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto.”

La Defensa de José Efraín Ríos Montt, ante lo resuelto por la Sala, interpuso acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia el 16 de abril de 2013. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, dictó sentencia en la acción constitucional de amparo promovida por José Efraín Ríos Montt, por haber violado su derecho de defensa en la resolución citada. En el recurso se argumentó que se debió aplicar el Decreto 8-86 y no la LRN. Al respecto, la Corte Suprema consideró:

La disyuntiva a dirimir en el presente caso, consiste en determinar si la Sala causó agravios al postulante al haber aplicado la Ley de Reconciliación Nacional, Decreto Número 145-96 del Congreso de la República, y no el Decreto Ley 8-86, que fue el que invocó como fundamento para el planteamiento de la excepción de extinción de la persecución penal, aduciendo que ese Decreto Ley confirió amnistía general a toda persona responsable o sindicada de haber cometido delitos políticos y comunes conexos durante el período comprendido del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986 (…). En el auto reclamado, la Sala declaró sin lugar la apelación del ahora postulante, según la siguiente argumentación (…) La propia Sala reconoce que el entonces apelante señaló como agravios el hecho de que el juez a quo no consideró sus argumentos y que goza de amnistía derivada del Decreto Ley 8-86, (…) No obstante lo anterior, la autoridad impugnada no explica las razones por la que dicha disposición no rige en el presente caso, sino que optó por citar únicamente el art. 8 de la posterior Ley de Reconciliación Nacional (…), el cual establece exclusiones a la extinción de la responsabilidad penal. El art. 11 bis del Código Procesal Penal obliga a que los autos contengan una clara y precisa fundamentación de la decisión constituyendo su ausencia un defecto absoluto de forma. Tal fundamentación deberá expresar los motivos de hecho y derecho en que la decisión se basare y, si fuere el caso, el valor asignado a los medios de prueba (en este caso, claro, se trata de un punto de derecho). Finalmente, dicho artículo resalta que toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho de defensa y de la acción penal. Luego, la cuestión jurídica sometida a la autoridad impugnada fue eludida, lo cual es violatorio del derecho de defensa y debido proceso del postulante. Por tanto, para reparar el agravio derivado de la falta de fundamentación, la Sala debe indicar con precisión por qué al postulante no le es aplicable el Decreto Ley anteriormente mencionado y, si así lo estimare, por qué la normativa aplicable sería la de la Ley de Reconciliación Nacional, teniendo presente los principios jurídicos que inspiran el Derecho Penal y regulan la aplicación de las leyes en el tiempo, tales como la irretroactividad, ultractividad y extractividad (sic) de la ley penal. Naturalmente, también tendrá en consideración los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. En cualesquiera de los casos, la Sala deberá analizar la naturaleza jurídica de los delitos imputados y el alcance de las amnistías decretadas.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de Amparos y Antejuicio, constituido en Tribunal de Amparo otorgó el amparo solicitado, y dejó en suspenso el acto reclamado -auto del 15 de junio de 2012-, dictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 22 de octubre de 2013, en los expedientes acumulados 1523-2013 y 1543-2013, resolvió la apelación interpuesta en contra de la sentencia del 16 de abril de 2013 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la acción constitucional de amparo promovida por José Efraín Ríos Montt contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La apelación fue planteada por la Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR-, como tercera interesada –querellante adhesiva-, así como por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición personal. La AJR, indicó que: el Decreto Ley 8-86 no está vigente, ya que la Ley de Reconciliación Nacional dispuso expresamente su derogatoria, de ahí que sea notoria la imposibilidad de aplicar la norma invocada por el amparista. El Ministerio Público y el Querellante Adhesivo como partes apelantes indicaron que el Decreto Ley 8-86 no está vigente.



José Efraín Ríos Montt, como accionante del amparo, por medio de su abogado defensor Francisco José Palomo Tejeda argumentó en los alegatos de la vista:

(...) la ley no tiene efectos retroactivos, no modifica derechos adquiridos y la posición jurídica constituida bajo una ley anterior se conserva bajo el imperio de una ley posterior; sobre estos principios es que se versa el presente amparo, que fue otorgado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, y cuya sentencia fue apelada por el Ministerio Público y por los querellantes adhesivos. (...) indicó que promovió excepción de extinción de la persecución penal como obstáculo, invocando el motivo contenido en el artículo 32, numeral 2) del Código Procesal Penal-amnistía-, planteamiento que tiene como base el Decreto Ley 8-86, en cuyo artículo 1º. confirió amnistía a toda persona sindicada de haber cometido delitos políticos y comunes conexos con éstos, sin ninguna excepción, durante el periodo comprendido entre el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y dos al catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis, la cual tenía la particularidad que se concedía sin necesidad de trámite alguno porque quien quisiera beneficiarse de ella, es decir, se concedió por ministerio de la ley, a diferencia de otras amnistías que se habían otorgado con anterioridad o que se fueron dando con posterioridad, en las cuales se requería algún trámite –administrativo o judicial- de la persona que quería beneficiarse de ésta; los hechos por los que se confirió la amnistía fueron por los sucesos acaecidos en el conflicto armado interno y no otros. (...) La norma en la que basó su petición fue reconocida por la Constitución Política de la República de Guatemala, vía del artículo 16 transitorio, que claramente indica que se reconoce la validez de todos los decretos emitidos durante el gobierno militar, entre los cuales se encuentra el Decreto Ley 8-86, el cual nunca fue impugnado de inconstitucionalidad. Con la firma de la Paz, se emitió la Ley de Reconciliación Nacional, en la que se otorgó una nueva amnistía, en otras condiciones, con otros requisitos, y con un listado, numerosos clausus de los delitos por los que se podría beneficiar el requiriente; sin embargo, el espíritu de esta última amnistía naturalmente, era otorgarla a los hechos acaecidos en los últimos diez años del conflicto, es decir, entre mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos noventa y seis, cuando se firmó la paz; es esa última la que contiene excepciones de delitos para otorgarse la amnistía por el Juez Contralor al resolver la excepción planteada, la declaró sin lugar, afirmando que la única ley aplicable era la Ley de Reconciliación Nacional por estar vigente y que no se podía entrar a considerar el Decreto 8-86, por lo que se apeló esa resolución y la autoridad impugnada la confirmó, señalando que no podía invocarse al referido decreto por estar derogado, lo que resulta agraviante, ya que se ignoró la que fundaba su petición, es decir, se omitió aplicar los principios mencionados, puesto que pretenden aplicar el Decreto 145-96 del Congreso de la República, en forma retroactiva y sin tomar en cuenta la posición jurídica de amnistiado que le otorgó el Decreto Ley 8-86, el cual conserva el amparo de aquel. Adicionó que la discusión del proceso, antecedente del amparo, se argumentado por el ente acusador que los Tratados sobre Derechos Humanos tienen prevalencia sobre el derecho interno, y que se trata de un caso de ius cogens y que, por lo tanto, no es aplicable amnistía alguna; sin embargo, si bien los tratados de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno, éstos no prevalecen sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el cuerpo legal que claramente establece que la ley no tiene efectos retroactivos, motivo por el que existe agravio en su contra al pretender aplicar, con la resolución que constituye el acto reclamado, exclusiones de amnistía de una ley posterior a la época en la que había quedado amnistiado, por ello el Tribunal de Amparo de primer grado, otorgó la protección constitucional, puesto que la Sala eludió resolver sobre el punto jurídico sometido a su conocimiento. Es importante señalar que la sentencia impugnada ordenó dictar nueva resolución tomando en cuenta los principios jurídicos que inspiran el derecho penal que regulan la aplicación de las leyes en el tiempo y que analizara también la irretroactividad, la ultractividad y extractividad de la ley penal; es decir, que será la autoridad impugnada cuando dicte esa nueva resolución, en la que entren a resolver el fondo del asunto, lo que debe hacer la jurisdicción ordinaria y no mediante el presente amparo(…)3.



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