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c) Evaluación de expedientes, integración de nóminas y selección final



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c) Evaluación de expedientes, integración de nóminas y selección final

La Comisión dará una calificación a cada aspirante y luego la Comisión votará sobre cada participante empezando por aquellos que hayan tenido una mayor puntuación.  

Se elabora la nómina según la votación de la Comisión, y se envía al Congreso de la República la nómina con veintiséis (26) aspirantes en el caso de la Corte Suprema de Justicia y la nómina de doscientos cincuenta y dos (252) candidatos en el caso de las Cortes de Apelación, para la elección de 126 Magistrados Titulares y 84 Suplentes.

Las Comisiones de Postulación se desintegrarán hasta que tomen posesión los funcionarios, en este caso los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones, a “efecto de resolver probables impugnaciones legales”.



III. Tercera etapa:

En esta fase del proceso de elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelación, se concluye con la publicación de las nóminas de candidatos por parte de las Comisiones de Postulación. Una vez terminada la fase de elaboración de nóminas, estas son remitidas al Congreso de la República, y de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Comisiones de Postulación, con las nóminas se envían los expedientes y toda la documentación que corresponda.

La Ley de Comisiones de Postulación (Decreto 19-2009) que entró en vigencia el 4 de junio de 2009, es el resultado de un proceso que se inició en el 2005 con la elaboración de una propuesta presentada en enero de 2009. En febrero de este mismo año, la Diputada Nineth Montenegro presentó ante el pleno del Congreso de la República la iniciativa de ley 3997 que en su exposición de motivos plantea la necesidad de “regular el funcionamiento, la integración, los criterios de selección, convocatorias, verificación de datos antecedentes, forma de evaluación e integración final de nóminas” porque de lo contrario “todo queda sujeto a una absoluta discrecionalidad de las comisiones, lo que provoca poca certeza de actuación, pues, en cada oportunidad, las comisiones procederán en forma diferente y con criterios variados”.

De acuerdo al principio de Objetividad, establecido en la Ley de Comisiones de Postulación, todos los procesos de selección de los candidatos las Comisiones de Postulación observarán criterios, requisitos y condiciones concretas y tangibles en los factores de ponderación establecidos, eliminado criterios, requisitos y condiciones subjetivas y discreciones.15

Las Comisiones de Postulación, desarrollan sus actuaciones dentro del proceso con informar a la población de forma actualizada y veraz, de acuerdo al principio de publicidad el cual establece: “Todos los actos que realicen las Comisiones de Postulación son públicos; en dichos actos podrán particular como observadores los interesados y público en general”. Por ello, el 23 de septiembre de 2014 en el Diario de Centro América, -Diario Oficial- la Comisión de Postulación público la nómina de candidatos seleccionados a la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones y presentados al Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de República y la Ley de Comisiones de Postulación.16

El 25 de septiembre, el Congreso de la República eligió a los 13 magistrados que integrarían la nueva Corte Suprema de Justicia, la lista fue publicada en el Diario de Centro América -Diario Oficial-, el 9 de octubre de 2014 a través del Acuerdo número 20-2014 del Congreso de la República.

Un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad ha retrasado la toma de posesión de los magistrados y magistradas que fueron electos y está pendiente de resolver si las denuncias tienen fundamentos. Le corresponde a la Corte ordenar, si declara con lugar las impugnaciones, o la repetición de la elección por el Congreso de la República sobre la base de los candidatos seleccionados por las Comisiones de Postulación, o si deja sin efecto esta selección debiéndose repetir el proceso de selección por las Comisiones de Postulación.17

El 9 de octubre de 2014, la Corte Suprema de Justicia le fue notificada la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, en la que otorgan amparo provisional dentro de los expedientes de acumulados en acciones de amparo, dejó en suspenso temporal los acuerdos emitidos por el Congreso de la República los Acuerdos Legislativos 20-2014, 22-2014 y 23-2014 en los que se declaró la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual Categoría, titulares y suplentes, para el período 2014-2019.

Derivado de lo anterior, la Corte de Constitucionalidad, con fundamento en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial18 resolvió que: “…los abogados que actualmente ejercen los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría, continuaran en ese ejercicio hasta la fecha en la que se concrete la toma de posesión de quienes le sucedan…”.

Los trece magistrados de la Corte Suprema de Justica, por unanimidad, acordaron acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad y seguirán desempeñando los cargos que actualmente ocupan, luego de que el máximo ente constitucional otorgaran un amparo provisional que deja en suspenso la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones 2014-2019. Dicha determinación se basó en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial.

Finalmente el 19 de noviembre de 2014 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, resolvió: Denegar los amparos promovidos por Alma Carolina Aguilar Salguero, Pedro Fernando Cruz Rivera, Enrique Búcaro Batres, Helen Beatriz Mack Chang, Asociación Civil Acción Ciudadana y el Centro para la Defensa de la Constitución “CEDECON”, y en consecuencia ordenó la toma de posesión de los Magistrados electos a Corte Suprema de Justicia y Salas de las Cortes de Apelaciones. Ello porque no se probaron los vicios de arbitrariedad señalados por los postulantes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que “los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura” establece que “la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país”. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole, respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. En tal sentido los Ilustres Relatores Especiales y demás Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, a juicio del Estado de Guatemala deben respetar y acatar la independencia de la judicatura. “La independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas.19

Razón por la cual instamos al Sistema de Naciones Unidas a velar y garantizar conjuntamente con la comunidad regional, nacional e internacional de garantizar la independencia judicial contra presiones externas, y a no consentir o fomentar tales actos que atentan contra la independencia e imparcialidad de las judicaturas ordinarias y constitucionales.

VI. Observaciones y conclusiones del Estado de Guatemala

El Gobierno de Guatemala reafirma su voluntad de cumplir sus compromisos y obligaciones de conformidad con el derecho internacional y los Tratados y Convenios de los que es parte. Afirma enfática y categóricamente que sus decisiones, actuaciones y Políticas son conformes con todos los tratados Internacionales y Regionales de derechos humanos de los que es parte por ratificación o adhesión.

El Gobierno de Guatemala rechaza las acusaciones sobre incumplimiento de obligaciones o compromisos afirmadas por los Relatores de Procedimientos Especiales, fundamentados en interpretaciones sobre el significado y alcance de las disposiciones y contenidos de instrumentos Internacionales, extendiendo o ampliando sus contenidos, más allá de la voluntad expresa de los Estados Parte, que de buena fe han negociado, suscrito, aprobado, ratificado o se han adherido a ellos, llegando en ocasiones a contradecir o ignorar otros contenidos de los mismos instrumentos que invocan y sin tomar en cuenta u obviando interpretaciones legitimas de las jurisdicciones de derechos humanos y Cortes de los Estados Parte.

El Gobierno de Guatemala rechaza y considera contraproducente para el debido cumplimiento y universalización de los Tratados Internacionales, que quienes están llamados a velar por ello, asuman como verdad cierta y probada, alegaciones infundadas, falsas, subjetivas o malintencionadas de supuestas “diversas fuentes” sin la debida comprobación o rigurosa verificación que demandan sus altas responsabilidades.

El Gobierno de Guatemala, sostiene con convencimiento y certeza jurídica que las Amnistías decretadas en 1986 y 1996 son conforme al derecho Internacional y a la Jurisprudencia de derechos humanos, como también lo es la defensa de las garantías procesales contempladas en los principales Tratados Internacionales y Regionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas garantías procesales no pueden ser vulneradas u obviadas dando alcances incompatibles con las mismas a la Justicia transicional.

El Gobierno de Guatemala cree en la Justicia Transicional, y no niega ni elude, que respecto de graves violaciones a los derechos humanos, es obligación el conocimiento pleno de la verdad, la reparación y resarcimiento a las víctimas, que incluye compensación, rehabilitación y satisfacción, así como garantías de no repetición.

Pero la concreción de sanciones Penales, aunque es importante cuando posible, depende de lo que resuelvan las Cortes de Jurisdicción Penal, respetando las garantías procesales, que constituyen derechos humanos fundamentales, como la presunción de inocencia, el principio de legalidad, la irretroactividad de la ley penal y la causa juzgada; así como dando debida consideración a las causas de extinción de la responsabilidad penal, como la Amnistía y la prescripción, que no pueden considerarse de manera absoluta como contrarias al derecho Internacional. Resoluciones como las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de México, en el caso contra el Ex presidente Luis Echeverría por Tlatelolco (1968) y de la Corte Suprema de Justicia Española por casos de la Guerra Civil, entre otras, han interpretado, Jurídica, legítima y correctamente la aplicación de las normas de prescripción, legalidad e irretroactividad de la ley penal, resolviendo su debida interpretación temporalidad, aplicación y vigencia.

Las Cortes Guatemaltecas son respetuosas de los Tratados Internacionales de los que Guatemala es parte y cuyas disposiciones están recogidas en la constitución de la República. El Gobierno de Guatemala reconoce que los mecanismos de Protección y garantía de la vigencia de los derechos humanos son mecanismos importantes y necesarios, siempre que realicen objetiva y cumplidamente sus funciones, pero no deben ni pueden pretender convertirse en instancias supranacionales, ni deseadas, ni pactadas, ni aceptadas por los Estados que de buena fe han decidido ser parte de Tratados Internacionales. Es un despropósito pretender supeditar a los Organismos Estatales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, constituyéndose en fuentes de derecho, gestores de políticas públicas o intérpretes de leyes nacionales o tratados internacionales.



Amnistía

Como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “no existe en el derecho Internacional positivo una norma a través de la cual se haya proscrito explícitamente todo tipo de Amnistía. La única mención explícita a la Amnistía en un tratado multilateral está contenida en el artículo 6 (5) del protocolo adicional II de las convenciones de Ginebra del 12 de Agosto de 1949”. En dicha mención se pide a los Estados la más amplia de las Amnistías en caso de conflictos armados.

Señala también la Corte Interamericana que en el contexto específico de procesos de violencia generalizada y de Conflictos armados, el recurso a la Amnistía puede conducir a rumbos en diversas direcciones, que plantean un abanico de posibles resultados que pueden fijar los márgenes para el ejercicio de la ponderación de los intereses en el propósito de conjugar los propósitos de investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los derechos humanos, de un lado, con los de reconciliación nacional y salida negociada de un conflicto armado no internacional por el otro. No hay solución universalmente aplicable a los dilemas que plantea esta tensión, señala acertadamente la Corte.

La Corte Interamericana aborda anteriores decisiones sobre incompatibilidad de las amnistías, indicando que “más allá de lo resuelto en casos anteriores, la cuestión de las amnistías y su relación con el deber de investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos, requiere un análisis que proporcione criterios adecuados para un juicio de ponderación en contextos en los que pudiera surgir tensiones entre las demandas de justicia con los requerimientos de una paz negociada”.

Recuerda la Corte Interamericana que en el caso emblemático BARRIOS ALTOS de Perú, resolvió inadmisibles las disposiciones de Amnistía, refiriéndose a dos auto amnistías dictadas en 1995. En igual sentido resolvió con posterioridad los casos ALMONACID ARELLANO de Chile, LA CANUTA, de Perú, GOMES LUND Y OTROS de Brasil y GELMAN de Uruguay, pero indica la Corte que todos ellos tenían en común que ninguna de esas normas de amnistía se daba dentro del contexto de un proceso orientado a poner término por la vía negociada a un conflicto armado, recordando la Corte que a través del Acuerdo de Esquipulas II, firmado en agosto de 1987, los Presidentes de cinco países Centroamericanos se pusieron de acuerdo en buscar una salida a los conflictos armados internos. Ese acuerdo se recuerda a los Relatores, señala específicamente el diálogo y la amnistía para la paz negociada.

Los Convenios de Ginebra, llaman a la más amplia amnistía, indudablemente abarcando un sin número de hechos, más allá que aquellos que pudiesen constituir delitos políticos en sentido estricto, no podrá ser de otra manera en un conflicto armado. Cuando en diversos Estados se contempla la amnistía por delitos políticos se hace para que se incluyan en esas conductas que se Amnistían, para que no se dejen de lado. Resultaría un despropósito y un absurdo pensar en que la más amplia amnistía contemplada en el protocolo II de los Convenios de Ginebra se reduzca a delitos políticos, cuando busca terminar guerras internacionales o internas en los que los menos son delitos políticos.

Sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la Justicia y la reparación, entendidas como interdependientes, la Corte Interamericana señala que en cuanto al elemento Justicia, el deber del Estado de sancionar las más graves violaciones de los derechos humanos es, como lo ha dicho reiteradamente la Corte, una obligación de medio y forma parte del deber de garantía estipulando a la Convención. Los Estados deben poner a disposición de las víctimas los remedios adecuados para hacer efectivos sus derechos, sin Embargo un conflicto armado y la solución negociada del mismo abre varios interrogantes y plantea enormes exigencias jurídicas y éticas en la búsqueda de la armonización entre justicia penal y paz negociada.

Esta armonización debe hacerse a través de un juicio de ponderación de estos derechos en el marco propio de una justicia transicional. En ese sentido dice la Corte, pueden plantearse particularidades y especificidades de procesamiento de estas obligaciones en el contexto de una paz negociada. Y por ello los Estados deben ponderar en ese tipo de circunstancias el efecto de la justicia penal tanto sobre los derechos de las victimas como sobre la necesidad de terminar con el conflicto. Concluye la Corte que “Se puede entender, que este deber Estatal se descompone en tres elementos. Primero: Investigar y esclarecer los hechos. Segundo: la identificación de las responsabilidades individuales. Tercero: la aplicación de sanciones.” Precisando la Corte que “Aun cuando la aspiración de la justicia penal debe ser efectivizar satisfactoriamente estos tres ámbitos, si se dificulta la concreción de la sanción penal, los otros componentes no deberían verse afectados o diferidos”.

Afirma la Corte que, “La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contario. Por ello, el derecho Internacional de los derechos humanos debe considerarse a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla”… “En anteriores situaciones de tránsito de un conflicto armado a la paz, pueden ocurrir que un estado no se encuentre en posibilidad de materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos derechos y obligaciones contraídos Internacionalmente. En esas circunstancias, teniendo en consideración que no se le puede conferir a ninguno de esos derechos y obligaciones un carácter absoluto, es legítimo que se pondere de manera tal que la plena satisfacción de unos no afecte de forma desproporcionada la vigencia de los demás. Así, el grado de justicia al que se puede llegar no es un componente aislado, del cual se podrán derivar legitimas frustraciones e insatisfacciones, sino parte de un ambicioso proceso de transición hacia la tolerancia y la paz”

Las amnistías de 1986, decretada en el contexto de la Transición democrática y 1996 contenida en la ley de reconciliación tuvieron por objeto poner fin a la situación de enfrentamiento armado y violencia generalizada en Guatemala, el cual se extendió por más de tres décadas. La determinación de sus contenidos responde a ejercicios de ponderación. En el primer caso por el gobierno que propiciaba el fin del conflicto armado y retorno a la democracia y por ello fue avalada por los constituyentes, electos libremente por más del 72% de los ciudadanos registrados. En el segundo caso, el ejercicio de ponderación sobre los contenidos de la amnistía, contenida en la ley de reconciliación de 1996, se hizo entre las partes de la negociación, Gobierno y URNG en representación de los movimientos guerrilleros. Naciones Unidas moderó el proceso, con el acompañamiento y apoyo de países amigos.

El acuerdo de Paz negociado al efecto, contiene una amplia, amnistía, conforme a los convenios de Ginebra (Protocolo II), contemplando todos los delitos para la Contrainsurgencia y enumerándolos por artículo para insurgencia, calificándolos todos como delitos políticos o comunes conexos. Exceptúa el acuerdo suscrito aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten extinción de la responsabilidad de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados o suscritos por Guatemala.

El Acuerdo tiene una redacción deficiente, limitada a tratados suscritos y ratificados, no a todos aquellos de los que Guatemala fuese parte, pero en todo caso esta excepción no tiene efectos prácticos porque no había en la Legislación Nacional, ni en Tratados de los que Guatemala fuese parte que contemplasen Imprescriptibilidad. Esta excepción fue recogida por el Congreso en la Ley de Reconciliación, con diferente pero igualmente deficiente redacción, refiriéndose solamente a tratados aprobados o ratificados, pero por la misma razón no tiene efecto práctico. El Congreso agregó como excepciones, el genocidio, la desaparición forzada y la tortura, excepciones que no tienen consecuencia para hechos ocurridos durante el enfrentamiento, hasta antes de 1995.



Genocidio

Ningún hecho ocurrido durante el enfrentamiento armado interno constituye delito de genocidio. Dicho tipo delictivo ha sido utilizado para sustraer de la amnistía hechos, que tipificados de otra forma, no podría perseguirse penalmente, por haberse extinguido la responsabilidad penal en virtud de la amnistía o por prescripción.

Los Relatores afirman, como si fuese un hecho cierto y probado, que en Guatemala hubo genocidio, lo que supone afirmar que murieron indígenas o indígenas ixiles por el hecho de serlo y con el propósito de eliminar total o parcialmente a los indígenas o indígenas Ixiles.

Es ofensivo e inaceptable que los señores Relatores hagan dicha afirmación. Ningún tribunal ha resuelto en sentencia firme que en Guatemala se haya cometido genocidio. La mitad de la población del país es indígena, por lo que tanto en el Ejército, como en las fuerzas insurgentes, la mayoría de sus integrantes eran indígenas. Murieron efectivamente gran número de indígenas, por su pertenencia o apoyo a fuerzas insurgentes o contrainsurgentes, no por ser indígenas o indígenas Ixiles, ni para eliminar total o parcialmente etnia alguna. Valga recordarles, sobre todo al Relator del grupo de trabajo, la única descripción que un órgano de Naciones unidas ha hecho del enfrentamiento armado en Guatemala, la hecha por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, en informe presentado al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/4/91/A/MRC/4/41/Add.1) el 20 de febrero de 2007, que ya se ha citado, pero que por su trascendencia se subraya:

El conflicto que marcó el inicio de las desapariciones en Guatemala en 1960 comenzó cuando un pequeño grupo de oficiales del Ejército se rebeló contra el Gobierno Militar, acusándolo de corrupción. La Rebelión fue aplastada, y los jóvenes oficiales huyeron a las montañas de Guatemala, donde iniciaron una guerra de guerrillas. Estas guerrillas se convirtieron en poco tiempo en un movimiento marxista cuyo objetivo era derrocar al Gobierno y tomar el poder. Es importante destacar que el conflicto armado Guatemalteco no se originó como consecuencia de un conflicto inter étnico. Se trata de un conflicto que ocurrió en el marco de la guerra fría”. (Resaltado Propio).

El Juicio por genocidio al que los Relatores hacen referencia fue anulado por la Corte de Constitucionalidad el 21 de mayo de 2013, por haberse vulnerado el debido proceso, el derecho de defensa y otras garantías judiciales consignadas en las convenciones internacionales de Derechos Humanos, garantías recogidas en la Constitución de la República. La protección de garantías judiciales, que constituyen derechos humanos fundamentales, no pueden considerarse, menos aún por Relatores de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, como “causante de incertidumbre en relación con el derecho a la verdad y la Justicia de las víctimas”.

Es un despropósito que los Relatores hagan estas afirmaciones, más aún sobre la base de imprecisas alegaciones de “varias fuentes”. El Gobierno de Guatemala ha sido tolerante frente a declaraciones, cartas y llamamientos anteriores, respetando el derecho de los Relatores a opinar y recomendar, pero no es aceptable acusar al Gobierno y Cortes de Guatemala insinuando mala fe o búsqueda de impunidad. Las actuaciones o resoluciones han sido fundamentadas en derecho y coincidentes con otros Estados parte de los Convenios que invocan.

Las Cortes Penales y la Corte de Constitucionalidad resolverán sobre la validez y vigencia de las amnistías decretadas y su aplicación en casos concretos. Estas amnistías no pueden ni deben cuestionarse por Relatores con la falaz afirmación que toda amnistía es contraria al derecho Internacional o a la jurisprudencia Internacional, pues la incompatibilidad frente a las obligaciones de los Estados de investigar graves violaciones a los derechos humanos, tiene en la jurisprudencia de Derechos Humanos la salvedad de su necesidad y validez para el fin negociado de no conflicto.



Desaparición Forzada

Sobre desaparición forzada los Relatores deben recordar que a partir de la tipificación de la desaparición forzada como delito, es irresponsable referirse a dicha figura sin precisión y claridad, pues su utilización en el marco del respeto a los derechos humanos y búsqueda del paradero de los desaparecidos, no siempre significa o conlleva procesamiento penal por el delito de desaparición forzada, lo que depende de su tipificación en cada país y de cuando ese delito constituye delito de lesa humanidad. El termino desaparición forzada se acuñó mucho antes de que Estado alguno tipificara el delito. El Grupo de Trabajo surgido en 1980 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cumplía una labor humanitaria, frente a familias que buscaban el paradero de víctimas de desaparición.

No fue sino hasta 1992 que se aprobó la declaración que pedía a los Estados tipificar la desaparición forzada como delito y no fue hasta el año 2000 (27 de febrero) en el ámbito americano y hasta el año 2010 (23 de diciembre) en el ámbito universal, que se establece la obligación convencional de tipificar el delito por los Estados que pasen a ser parte de dichas Convenciones. Guatemala tipificó el delito (antes de la entrada en vigor de las Convenciones), es parte de la Convención Americana desde el año 2000 y aún no es parte de la Convención Internacional.

Los Relatores se refieren a la desaparición forzada como delito permanente o continuado, obviando las diferencias entre delito continuado y delito permanente, lo cual no es un error de poca importancia y consecuencias, porque el delito continuado lo constituyen hechos que se siguen cometiendo y por ello el término de prescripción empieza cuando se comete el último hecho, en tanto el delito permanente se comete el hecho en un momento determinado y permanecen sus efectos, no iniciándose el término de prescripción en tanto no cesen los efectos. La desaparición forzada, como el secuestro son delitos permanentes no delitos continuados y no es posible su retipificación retroactiva, que sería en violación de las garantías procesales consignadas en las Convenciones de derechos humanos.

Es conveniente para el respeto de los derechos humanos de todos, tener siempre presente, que no toda desaparición forzada es delito de desaparición forzada, ni toda desaparición forzada que es delito, es delito de lesa humanidad. Será delito de lesa humanidad cuando se cometa en el marco de un ataque generalizado y sistemático a la población civil y con reconocimiento del mismo (Estatuto de Roma la Corte Penal Internacional articulo 7).

Como delito de lesa humanidad puede ser perseguido por la Corte penal Internacional en el ejercicio de Jurisdicción Penal Internacional, de manera supletoria y a partir de que el Estado en el que se cometa pase a ser parte del Estatuto de Roma; también podrá ser perseguido penalmente, de manera supletoria y en ejercicio de jurisdicción penal universal, en las jurisdicciones penales de cualquier Estado que haya incorporado el delito de lesa humanidad en su legislación penal, a partir de dicha incorporación y siempre que en el estado en que se comete se contemple el delito; y podrá ser perseguido por las Jurisdicciones Nacionales cuando hayan incorporado a sus legislaciones tanto los delitos.

La desaparición forzada, solamente cuando es delito de lesa humanidad es imprescriptible, para aquellos Estados que sean parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal o de la convención de imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Ni la Convención Interamericana, ni la Convención Internacional establecen la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, únicamente estableciéndose que se tomen las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la responsabilidad penal sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito.

Guatemala es parte del Estatuto de Roma desde el 12 de abril 2012, no es parte de la Convención de imprescriptibilidad y no ha incorporado a la legislación Penal Nacional el delito de lesa humanidad. El delito de desaparición forzada fue tipificado en Guatemala en 1995, dentro de los delitos contra la libertad personal. Como delito permanente el término de la prescripción empieza cuando cesan los efectos. Este delito al igual que el de tortura, no están tipificados de conformidad con las Convenciones lo cual es de esperar se corrija conforme al proyecto de ley que incorpora los delitos del Estatuto de Roma y regula la cooperación con la Corte Penal Internacional.





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