Original: Español Informe Anual de la Comisión



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F. Censura previa


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la denuncia hecha por los escritores cubanos disidentes Wendy Guerra y William Navarrete, quienes desde un blog alojado en el periódico español El Mundo, señalaron que el sábado 8 de noviembre fueron censurados por orden del Gobierno de Bolivia cuando se aprestaban a ofrecer una conferencia titulada "Cuba por dentro y por fuera”, en el marco de la clausura del Primer Festival Literario realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los escritores señalarían también que William Navarrete escuchó de boca de Cecilia Kenning, directora de la privada Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) -organizadora del evento- que el funcionario municipal de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Homero Carvalho, recibió órdenes del Gobierno de Evo Morales de evitar a toda costa la conferencia o, de realizarla, bajar entonces el tono con respecto al tema cubano218. En una entrevista con la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia, Homero Carvalho habría negado el acto de censura, explicando que el tema que pretendían abordar los conferencistas no formaba parte del encuentro, por lo que Cecilia Kenning les habría hecho ver esta circunstancia, siendo los propios escritores quienes tomaron la decisión de no llevar a cabo la conferencia219.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que durante el año 2013, la fundación UNIR habría desarrollado una investigación sobre la censura y autocensura periodística en Bolivia, a partir de una encuesta anónima realizada en la ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, cuyo propósito sería conocer la percepción y evaluar el grado de (auto)censura de los periodistas al respecto. Según el estudio, el 54% de los encuestados admitiría haber sido víctima en su carrera profesional de censura, mientras que el 59% diría haber recurrido a la práctica de autocensura. Asimismo, el 83% admitiría que tiene conocimiento de algún colega que ha sufrido censura. La encuesta habría señalado que el 28% de los periodistas consultados dirían haber sido censurados por temas que podrían generar conflictos con autoridades y 26% por temas que afectarían los intereses de los anunciantes. Además, el 85% de los encuestados se habría quejado de la dificultad de obtener acceso a fuentes públicas, especialmente a la policía y fuerzas armadas220.


G. Libertad de expresión en contextos electorales


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la resolución aprobada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 2 de enero que establecería sanciones económicas para empresas y medios de comunicación que realicen o difundan estudios de opinión, o encuestas preelectorales, de organizaciones que no cuenten con la autorización del TSE. En mayo, la presidente de la entidad habría vuelto a advertir sobre este aspecto y habría agregado que los medios de comunicación recibirían el 1 de junio la lista de las organizaciones que se encuentran avaladas para realizar encuestas221. El 17 de julio de 2014, el TSE habría informado que las personas u organizaciones que obstaculizaran las campañas electorales con miras a las elecciones generales del 12 de octubre habrían de ser sancionadas económicamente.




  1. El 20 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral habría emitido la Resolución 347 por la que se prohibiría a todos los medios de comunicación la difusión de spots y/o mensajes publicitarios con la imagen, fotografía y/o voz de los candidatos a las elecciones de 12 de octubre, desde 90 días antes hasta 30 días antes de dichos comicios222. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) habría afirmado que dicha Resolución vulneraría el derecho a expresar ideas223.




  1. El 26 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habría resuelto sancionar a la organización política Movimiento al Socialismo (MAS) y al canal estatal Bolivia TV con una multa por la presentación de candidatos a diputados y senadores por la Paz, hecha por el presidente Evo Morales durante un acto de inicio de obras que fuera transmitido por cuatro redes de televisión. La sanción encontraría su fundamento en la Resolución 347224, por lo que el primer mandatario habría reconocido su falta y afirmado que pagaría la multa que impusiese el TSE225.




  1. El 9 de octubre, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca habría sancionado a dos organizaciones políticas y a tres medios de comunicación por infringir el Reglamento para la Difusión de Propaganda Electoral226.


H. Otras situaciones relevantes


  1. El 12 de marzo, cooperativistas mineros habrían advertido que cerrarían las oficinas del diario La Razón, en la ciudad de Oruro, como una medida para obtener una disculpa pública por parte del rotativo luego de la difusión de una caricatura que habría ironizado sobre las personas fallecidas durante un accidente registrado en el Carnaval de Oruro. El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Oruro habría hecho su anuncio en el que habría dado al diario 24 horas para la disculpa227. A través de una nota publicada a los días de este incidente, el diario habría ofrecido sus disculpas a quienes se hubiesen sentido ofendidos por la referida comunicación228.




  1. El 1 de agosto fue promulgada la Ley 315 y la Ley 554 del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidente de Enfermedades en General u Otras Causas para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia “Hermanos Peñasco Layme”, la cual establece la creación de un Fondo de Financiamiento del Seguro constituido -principalmente- por aporte estatal y de los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Estos recursos permitirán la contratación de una entidad aseguradora privada que, en el caso de ser necesario, otorgue a los beneficiarios un monto de dinero que será definido por el Reglamento de la Ley229. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia habría calificado a la referida Ley como un “atropello a las libertades de empresa y de expresión”, ya que la carga financiera afectaría a la economía de las empresas y no garantizaría el seguro de vida por “el alto potencial para convertirse en fuente de corrupción”230.




  1. Los primero días de septiembre, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) habría reclamado al Ministerio Público una explicación sobre la denuncia del periódico El Día de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra acerca de la suplantación de un periodista por un presunto investigador de la Fiscalía durante una audiencia judicial. Aparentemente un funcionario del Ministerio de Gobierno que trabajaría como encargado de la seguridad de uno de los fiscales habría estado presente en la audiencia judicial portando el uniforme oficial y de uso exclusivo del medio de comunicación231.




  1. El 21 de septiembre, el canal estatal Bolivia TV habría dejado de transmitir el debate de candidatos a la Vicepresidencia organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)232. Esta omisión se repetiría una semana después, al declinarse a transmitir el único debate de los candidatos a la presidencia, celebrado el 28 de septiembre. Este hecho llamaría la atención, debido a que el referido medio de comunicación había ofrecido cobertura informativa de cada debate presidencial desde finales de la década de los ochenta233. El vicepresidente de la APLP, Raúl Peñaranda, habría dicho que "[l]a televisión estatal siempre [habría] favorec[ido] al gobierno pero Bolivia TV nunca ha[bría] sido tan sumisa como ahora"234.




  1. El 11 de octubre, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia ANP habría emitido un comunicado condenado el “atropello” sufrido por el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por el uso indebido de su sello periodístico para la difusión en Internet de una noticia falsa en la que se afirmaba que el candidato Jorge Quiroga Ramírez se retiraba de la carrera presidencial, lo cual habría ocurrido el 9 de octubre235.


6. Brasil
A. Avances


  1. El 4 de febrero, un panel de jurados en el estado de Maranhão condenó a dos personas acusadas de actuar como autor material y partícipe, respectivamente, en el asesinato del periodista Décio Sá, ocurrido en la ciudad de São Luis. Los acusados fueron condenados a 25 años y tres meses y a 18 años y tres meses de prisión, respectivamente236. Según lo informado, el 23 de abril de 2012, el periodista se encontraba en un restaurante cuando un pistolero habría ingresado al local y le disparó varias veces por la espalda. Sá trabajaba como periodista de asuntos políticos en el diario O Estado do Maranhão y escribía en un blog de su autoría llamado Blog do Décio, a través del cual denunciaba hechos de corrupción237. Según la información recibida, el crimen habría sido cometido en razón de reportajes publicados en el blog del periodista sobre el asesinato de un empresario, el cual involucraría a integrantes de un grupo de usureros238. Las dos personas condenadas por el asesinato de Sá habrían apelado la decisión del tribunal de jurados [Tribunal do Júri]. Otras nueve personas – incluidos agentes de las fuerzas policiales y los presuntos autores intelectuales – también estarían siendo procesadas por el crimen239.




  1. La Relatoría Especial toma nota de los avances en el proceso penal por el asesinato del periodista deportivo Valério Luiz de Oliveira. Según lo informado, el 12 de agosto de 2014, el 2º Juzgado de Crímenes Dolosos [2ª Vara dos Crimes Dolosos] de Goiânia decidió someter cinco personas a un proceso ante un tribunal de jurados [Tribunal do Júri], entre las cuales se encontrarían dos policías y un ex-dirigente deportivo240. Por otra parte, la Relatoría Especial también fue informada de que en la madrugada del 10 de septiembre, la cerradura de la puerta de una oficina del Ministerio Público del Estado de Goiás habría sido rota. En la sala se encontrarían carpetas del expediente del proceso penal por el asesinato de Luiz de Oliveira. El Ministerio Público habría denunciado lo ocurrido e informado que el incidente sería investigado241. Luiz de Oliveira trabajaba en Rádio Jornal 820 AM y en el canal PUC-TV, de la ciudad de Goiânia y fue asesinado el 5 de julio de 2012 en esta ciudad. Debido a sus comentarios críticos a un equipo de fútbol del estado de Goiás, el periodista habría recibido amenazas de muerte y se le habría prohibido la entrada a las instalaciones del club242.

  2. Según la información recibida, el 28 de agosto de 2014, un ex policía civil fue condenado por un tribunal de jurados [Tribunal do Júri] del Juzgado de Ipatinga a 12 años de cárcel por el asesinato del periodista Rodrigo Neto de Faria. La decisión habría sido apelada. El 1 de agosto, el acusado también habría sido destituido de la Policía Civil por infracciones disciplinares que incluyen su presunta participación en el crimen243. Neto de Faria era conductor del programa de radio ‘Plantão Policial’ en la Rádio Vanguarda y reportero policial del diario Vale do Aço, en la ciudad de Ipatinga, estado de Minas Gerais. El periodista fue asesinado el 8 de marzo de 2013 por dos desconocidos, quienes le dispararon al menos en dos oportunidades. Previamente, habría recibido varias amenazas vinculadas a sus reportes sobre corrupción policial y crímenes ocurridos en la región244. Según la información recibida, otra persona también estaría siendo procesada por el asesinato de Neto de Faria e investigaciones adicionales seguirían en curso para determinar la autoría intelectual del crimen y el presunto grupo de sicarios o “exterminio” al cual pertenecerían los acusados245. Asimismo, según lo informado, el 17 de septiembre de 2014, el Juzgado Penal [Vara Criminal] de Coronel Fabriciano decidió someter a juicio ante un tribunal de jurados a una de las personas acusadas del asesinato de Neto de Faria, ello por el asesinato de Walgney Carvalho ocurrido el 14 de abril de 2013. Carvalho era fotógrafo freelance y colaboraba con el diario Vale do Aço. La policía habría concluido que el camarógrafo habría sido asesinado por tener conocimiento de hechos relacionados con el asesinato de Neto de Faria246.




  1. En marzo de 2014, el “Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de los Profesionales de la Comunicación en Brasil” [Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos dos Profissionais de Comunicação no Brasil] presentó su informe final. El Grupo – compuesto por autoridades del gobierno federal, del Ministerio Público Federal y representantes de organizaciones y asociaciones de periodistas – había sido creado en 2012 y tenía entre sus atribuciones proponer el establecimiento de un sistema de monitoreo de denuncias de violencia contra comunicadores, el perfeccionamiento de las políticas públicas destinadas a este fin y la adopción de directrices para la seguridad de comunicadores ante las situaciones de riesgo ocasionadas por el ejercicio de su profesión. El Grupo presentó su informe final tras cesar sus actividades llevadas a cabo durante 2013 y 2014, las cuales incluyeron reuniones y audiencias públicas con el objetivo de recibir información sobre la situación de la violencia en contra de los y las periodistas en los estados de la federación. También asistieron a reuniones del Grupo de Trabajo autoridades de UNESCO, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y personas expertas que trabajan con el tema de protección a periodistas en México y Colombia247. En su informe, el Grupo hizo un análisis del contexto brasileño de la violencia contra periodistas y documentó 321 casos de crímenes cometidos contra comunicadores relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión entre 2009 y febrero de 2014. Ante este escenario, el Grupo recomendó a los distintos órganos del Estado, entre otras cosas: ampliar el Sistema Nacional de Protección para incluir a periodistas que sufren amenazas, a través de un Mecanismo de Protección a Comunicadores, considerando eventuales especificidades necesarias en su protección, e incluir periodistas y organizaciones de la sociedad civil en la Coordinación Nacional del Programa de Protección; crear un observatorio de violencia contra comunicadores [Observatório da Violência contra Comunicadores] para registrar y monitorear los casos de violencia y su status, integrado al flujo del Sistema Nacional de Protección; elaborar un protocolo estandarizado de actuación de la fuerza pública en manifestaciones; y aprobar las iniciativas de ley que buscan la mejora del sistema de federalización de las investigaciones de delitos contra la libertad de expresión en casos de omisión, ineficiencia, incumplimiento de plazos razonables o sospecha de involucramiento de autoridades locales en los delitos248.




  1. El 23 de abril de 2014 fue promulgada la ley 12.965/2014, también conocida como “Marco Civil da Internet”. La ley es producto de una iniciativa liderada por el Ministerio de Justicia y el Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas [Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas], en el marco de la cual se realizaron consultas amplias y públicas con la sociedad brasileña249. La ley establece la libertad de expresión y la protección de la privacidad como principios de la regulación en materia de Internet y contiene importantes garantías para salvaguardar dichos derechos, así como el acceso de las personas a Internet250. En este sentido, la ley garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones en línea, las cuales solamente podrán ser reveladas a terceros mediante una orden judicial y prohíbe la suspensión de la conexión de usuarios, salvo por falta de pago del servicio251. La ley también garantiza el principio de la neutralidad de la red252 y determina que los intermediarios, en general, no podrán ser responsabilizados por daños causados por el contenido generado por terceros siempre y cuando tomen las providencias necesarias dentro de sus capacidades técnicas para tornar indisponible el contenido considerado dañoso por una orden judicial específica253. Asimismo, la ley contiene disposiciones sobre la promoción del acceso a Internet y la alfabetización digital y determina que el desarrollo de Internet en el país debe ser regido por una gobernanza multiparticipativa, transparente, con la participación del Estado, de las empresas, de la sociedad civil y de la comunidad académica254.




  1. El 5 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia [Superior Tribunal de Justiça] (STJ) determinó que los proveedores de servicios de búsqueda no pueden ser obligados a eliminar de su sistema resultados específicos respecto a una determinada palabra, aún cuando se indique al proveedor la dirección exacta de la página que se busca eliminar. En este sentido, el Tribunal señaló que los servicios de búsqueda, por su naturaleza, no incluyen el filtrado previo de contenidos. El caso fue decidido en el marco de una solicitud de un juez que había sido absuelto en un proceso administrativo disciplinario y solicitaba que las noticias sobre el tema fueran excluidas de los resultados de búsqueda vinculados a su nombre255. El Superior Tribunal de Justicia también decidió de manera similar en sentencia publicada el 4 de junio, dictada en un caso en que un magistrado había demandado a Google por no haber suspendido en su servicio de búsqueda la asociación entre el nombre del juez y reportes sobre su presunto involucramiento en hechos delictivos. En la ocasión, el STJ encontró que los servicios de búsqueda no pueden ser responsabilizados por el contenido de los resultados de la búsqueda, aún cuando estos pueden resultar ilegales. Según el Tribunal, este tipo de censura impuesta a los servicios de búsqueda “dificulta demasiado la ubicación de cualquier página web con la palabra o expresión prohibida, independientemente de su contenido ser o no ilegal, lo que viola el derecho a la información”256.




  1. El 17 de septiembre de 2014, el Supremo Tribunal Federal [Supremo Tribunal Federal] (STF) dejó sin efecto una medida cautelar que prohibía la publicación de una edición de la revista IstoÉ. Según lo informado, la decisión fue adoptada en el marco de un recurso interpuesto por la editorial de la revista contra una medida cautelar del Juzgado de la Comarca de Fortaleza, que determinaba que la editorial debería dejar de distribuir, comercializar y publicar cualquier noticia relacionada con el gobernador de Ceará y una operación policial que investigaba casos de blanqueo de dinero y evasión fiscal. La cautelar imponía una multa diaria de R$ 5 millones de reales (unos US$ 2 millones) en caso de incumplimiento. El 17 de septiembre de 2014, el STF suspendió los efectos de la medida de primera instancia. La decisión se basó en su sentencia del 30 de abril de 2009 que declaró la incompatibilidad de la Ley de Prensa de 1967 con la Constitución Federal y reafirmó la prohibición de la censura previa. El tribunal consideró, entre otros aspectos, que la información trataba de la actuación de un funcionario público; que no estaría siendo publicada con manifiesta negligencia ni con conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas; y que, no obstante la información se refería a una investigación que se encontraba bajo reserva, los periodistas que recibieron dicha información no habrían violado dicha obligación de secreto, la cual corresponde a quienes eventualmente la filtraron257. En una decisión similar dictada el 3 de octubre de 2014, el Supremo Tribunal Federal dejó sin efecto una medida cautelar que prohibía la Rede Globo publicar reportes sobre presuntas irregularidades cometidas en procesos de adopción por un juez del estado de Paraíba, las cuales eran objeto de investigación por una investigación parlamentaria. En la decisión, el Supremo Tribunal se basó, entre otros, en su decisión del 17 de septiembre y reiteró la prohibición general de la censura previa en el marco jurídico brasileño258.




  1. En diciembre, la Comisión Nacional de la Verdad [Comissão Nacional da Verdade] (CNV) publicó su informe final sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre 1946 y 1988. La Comisión reconoció el carácter generalizado y sistemático de las detenciones arbitrarias, actos de tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por el Estado, en contra de opositores políticos del régimen, incluyendo a periodistas, especialmente en los 21 años del régimen dictatorial instaurado en 1964. La CNV reconoció dichos crímenes como delitos de lesa humanidad y recomendó a los órganos competentes juzgar en el ámbito penal, civil y administrativo a los agentes públicos responsables, sin que fueran aplicadas disposiciones de amnistía. Asimismo, la CNV recomendó la continuidad y el fortalecimiento de la política de ubicación y apertura de los archivos de la dictadura militar, especialmente aquellos en manos de los órganos de represión, los cuales deberán ser llevados a los archivos públicos para recibir tratamiento técnico y ser publicados en un banco de datos en el Archivo Nacional. La CNV señala especialmente que “deben ser considerados de interés público y social los archivos privados de empresas y personas naturales que puedan contribuir a profundizar la investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Brasil”259.


B. Asesinatos


  1. El 10 de febrero de 2014 falleció el periodista Santiago Ilídio Andrade, camarógrafo de la cadena de televisión Rede Bandeirantes, como consecuencia de agresiones recibidas durante la cobertura de manifestaciones realizadas en Río de Janeiro. Según lo informado, el 6 de febrero, mientras cubría una protesta contra el aumento de pasaje de autobús en esta ciudad, el periodista recibió el impacto de un artefacto explosivo que le habría causado hundimiento craneal. Desde su ingreso al hospital, Andrade se encontraba en un coma inducido, sin embargo, la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro informó días después que Andrade había sido diagnosticado con muerte encefálica. Posteriormente, el periodista falleció. La presidenta Dilma Rousseff condenó fuertemente el ataque y determinó que la Policía Federal brindara apoyo en la investigación del caso. Según lo informado, la Policía habría capturado a dos personas presuntamente involucradas en los hechos260.




  1. El 13 de febrero el periodista Pedro Palma, propietario del semanario local Panorama Regional, fue asesinado en el municipio de Miguel Pereira, estado de Río de Janeiro. De acuerdo con la información recibida, en la noche del 13 de febrero Palma habría sido asesinado frente a su casa por dos desconocidos que le dispararon al menos tres veces desde una motocicleta. El periodista era dueño del semanario Panorama Regional que circulaba en diversos municipios de la región, en el cual solía denunciar presuntas irregularidades de los gobiernos locales. Personas próximas a Palma habían indicado que el periodista habría recibido amenazas antes de su muerte261.




  1. Según lo informado, en la noche del 27 de febrero fue asesinado Geolino Lopes Xavier, director del portal N3 y presentador de un noticiero, en la ciudad Teixeira de Freitas, estado de Bahia. Según la información disponible, Lopes se encontraba en el auto del portal N3 después de dejar a un colega en su casa cuando desconocidos le habrían disparado desde otro vehículo262. Según lo informado, el periodista estaría investigando irregularidades sobre empresas que prestan servicios a la alcaldía del municipio263.




  1. De acuerdo con la información recibida, en la noche del 23 de diciembre, el periodista y bloguero Marcos de Barros Leopoldo Guerra habría sido asesinado en su casa por dos desconocidos, quienes le habrían disparado y posteriormente huido en una motocicleta, en la ciudad de Ubatuba, estado de São Paulo. El periodista escribía en su blog Ubatuba Cobra, en el cual denunciaba casos de corrupción y hacía críticas a las autoridades locales. Según lo informado por personas cercanas a Leopoldo Guerra, el bloguero venía recibiendo amenazas de muerte en razón de las publicaciones en su blog264.




  1. Con respecto a la violencia contra periodistas y otras personas en razón del ejercicio de la libertad de expresión, la Relatoría Especial ha destacado, con base en la doctrina y jurisprudencia interamericana, la importancia de tres obligaciones positivas que emanan de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión. A saber: la obligación de prevenir, la obligación de proteger y la obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes265. Tal como lo ha señalado la Relatoría Especial, estas obligaciones se complementan recíprocamente: para que exista un debate democrático libre, robusto y sin restricciones, es necesario combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia266.




  1. Además, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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