Original: Español Informe Anual de la Comisión



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B. Libertad de Expresión y Proceso de Paz


  1. El 28 de agosto de 2014, la CIDH publicó el informe “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. En este informe, entre otras cosas, se refirió al momento histórico en el que se encuentra Colombia, en relación con la celebración de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. La CIDH valoró y alentó el avance de los diálogos de paz y reiteró su “convicción de que el camino transitable para lograr el objetivo de una paz estable y duradera debe descansar en el pleno respeto a los derechos humanos”479. En este sentido, la CIDH mencionó que el Estado está convencido que “nada contribuiría más a la protección de los derechos humanos que la terminación del conflicto armado”480.




  1. En el marco de las negociaciones que en la actualidad se llevan a cabo en la Habana, Cuba, el Gobierno Nacional y las FARC-EP suscribieron un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Dentro de lo decidido se acordó una Agenda con los siguientes puntos: 1) Política de desarrollo agrario integral; 2) Participación política; 3) Fin del conflicto; 4) Solución al problema de las drogas ilícitas; 5) Víctimas; y 6) Implementación, verificación y refrendación481. El 6 de noviembre de 2013, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP informaron públicamente que llegaron a un acuerdo sobre el punto 2 de la Agenda “Participación Política: Apertura democrática para construir la paz”. En el comunicado conjunto que emitieron ese 6 de noviembre recordaron que “uno de los principios que guían estas conversaciones es que ‘Nada está acordado hasta que todo esté acordado’. Esto quiere decir que los acuerdos que [han] ido construyendo, están condicionados a que llegue[n] a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión, se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos”482.




  1. El 8 de diciembre de 2013, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP presentaron el segundo informe conjunto sobre los avances y acuerdos sobre el punto 2 de la Agenda. En dicho informe consideraron que “la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”483. El punto 2 de la Agenda “está construido sobre tres pilares”: i) “una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política”; ii) “mayor participación ciudadana”; y iii) rompimiento del vínculo entre política y armas484. En este punto de la agenda, entre otros, se plantea la necesidad de revisiones y ajustes institucionales y normativos en materia de libertad de expresión, diversidad y pluralismo.




  1. Dentro de lo acordado, el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, con el objetivo de “proteger la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas”. El sistema “se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia”. Este Sistema deberá contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, y brindar garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición.




  1. Según lo acordado el Gobierno Nacional deberá elaborar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de, entre otros, los siguientes lineamientos: “garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la Constitución y la ley”; “reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional”; “acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones y movimientos sociales”.




  1. Por otra parte, en el acuerdo sobre el punto 2, reconoce que la movilización y la protesta son “formas de acción política” e indica que “son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica”.




  1. Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se acordó que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en, entre otros, los siguientes criterios: “garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades; garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos; garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta; revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social; garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general; fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades; garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta y acompañamiento del Ministerio Público”.




  1. Respecto a la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, se reconoció que dichos medios “contribuirán a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia”. En este sentido, se acordó que el Gobierno de Colombia deberá abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radios comunitarias, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto y así promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible. Asimismo, se acordó que el Estado deberá “promover la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores”; deberá abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales; y deberá financiar “la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitarios”. Asimismo, se acordó que “se habilitará un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para la divulgación de sus plataformas políticas, en el marco del respeto por las ideas y la diferencia”.




  1. Por otra parte, dentro del acuerdo se indicó que como una medida de transparencia “el Gobierno promoverá los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo en cuenta también a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios”485.




  1. Por último, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión considera de especial importancia destacar positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano para garantizar la participación ciudadana y la accesibilidad de la información sobre la mesa de conversaciones, a través de la creación de un sitio Web oficial. Se destaca en particular que los documentos y comunicados conjuntos de la mesa de conversaciones están disponibles al público en: español, inglés, francés, Sikuani, Wayuú, Embera y hay videos para personas con facultades limitadas de habla y escucha. Asimismo, destaca la iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en conjunto con la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (fnpi) de realizar capacitaciones denominadas “Seminario-taller Cobertura de las conversaciones para la terminación del conflicto en Colombia”. Dicha iniciativa busca formar a periodistas en la cobertura de las negociaciones486.




  1. La Relatoría Especial ha indicado que la libertad de expresión es “uno de los derechos individuales que de manera más clara refleja la virtud que acompaña—y caracteriza—a los seres humanos: la virtud única y preciosa de pensar al mundo desde nuestra propia perspectiva y de comunicarnos con los otros para construir, a través de un proceso deliberativo, no sólo el modelo de vida que cada uno tiene derecho a adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir”487. Asimismo, la CIDH y la Corte Interamericana han subrayado en su jurisprudencia que la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de los derechos humanos se deriva también de su relación estructural con la democracia488. Es tan “estrecho” e “indisoluble” el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia que, según ha explicado la CIDH, el objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole489. El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, por su parte, caracteriza la libertad de expresión y la libertad de prensa como “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”. En este sentido, la Corte Interamericana que reiterado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente”490.




  1. En este mismo sentido, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OSCE y la OEA, en su primera Declaración Conjunta en 1999, recordaron que “la libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y componente básico de la sociedad civil basada en los principios democráticos”. En efecto, el ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos. La formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera garantizado491.




  1. Finalmente, la jurisprudencia interamericana ha explicado que la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. En términos de la CIDH, “la carencia de libertad de expresión es una causa que ‘contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos’”492. En suma, la preservación de la libertad de expresión es una condición necesaria para el funcionamiento pacífico y libre de las sociedades democráticas de las Américas. En palabras de la CIDH, “la plena y libre discusión evita que se paralice una sociedad y la prepara para las tensiones y fricciones que destruyen las civilizaciones. Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquélla que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma”493.




  1. Asesinatos




  1. El 19 de febrero, el camarógrafo Yonni [o Jhony] Steven Caicedo fue asesinado en la comuna 12 de la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Según la información recibida, Caicedo se encontraba realizando una visita personal cuando dos sujetos le habrían disparado. Caicedo habría trabajado como camarógrafo para los canales de televisión local TV Noticias y Más Noticias hasta que habría tenido que salir de la ciudad por amenazas de muerte en su contra. Las amenazas se habrían presentado siete meses antes mientras cubría un homicidio en la comuna 12 de esta ciudad. En esa ocasión, el camarógrafo habría sido abordado por unos hombres quienes lo habrían increpado por su trabajo, le habrían exigido dejar de grabar y le habrían prohibido volver a la zona. En esa misma oportunidad, el grupo de hombres habría retenido a Caicedo hasta que él habría logrado escapar con ayuda de la Policía. Por recomendación de los agentes de la Policía, el camarógrafo habría salido de la ciudad. El 21 de febrero la Unidad Nacional de Protección emitió un comunicado en el que condenó el asesinato del camarógrafo e hizo un llamado a la Fiscalía para que investigara los hechos494.




  1. La Relatoría tuvo conocimiento del asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes el 12 de agosto en el municipio de Tarazá, subregión del Bajo Cauca, departamento de Antioquia. De acuerdo con la información recibida, Cervantes se desplazaba como pasajero en una motocicleta cuando habría sido abordado por desconocidos quienes le habrían disparado en varias ocasiones. Cervantes, periodista de la radio comunitaria Morena FM y corresponsal hasta 2013 del canal Teleantioquia Noticias, habría recibido amenazas contra su vida desde el 2010. En su momento, se habría señalado que estas amenazas podrían tener como causa la emisión de informes sobre presuntos casos de corrupción en el gobierno local y que podrían venir por parte de bandas criminales. Las amenazas habrían persistido, la última de ellas la habría recibido el 22 de julio de 2014 en la que le decían que tenía dos horas para irse del municipio luego de que el periodista presuntamente se hubiera negado a transmitir una información sobre bandas criminales en la emisora. Debido a su situación, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) habría aprobado medidas de protección, que consistían en dos escoltas y un vehículo convencional, las cuales habrían sido implementadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde junio de 2012 hasta el 24 de julio de 2014, día en que se hizo el desmonte del esquema de seguridad495.




  1. Sobre este tema, el 12 de agosto la UNP emitió un comunicado en el que señaló que la decisión de levantar el esquema de seguridad se habría tomado el 5 de junio de 2014 en virtud del nivel de riesgo ordinario que habría sido ponderado por el Grupo de Valoración Preliminar y que habría sido ratificado por el CERREM. La UNP agregó que el estudio de riesgo habría señalado que no habría un nexo causal entre las amenazas y el trabajo periodístico, entre otras razones porque Cervantes ya no ejercía el periodismo desde hacía un año y que su trabajo en la emisora era como programador musical496.




  1. Uno de los efectos más preocupantes de la inacción y el retardo prolongado de las investigaciones de muchos casos en Colombia es el vencimiento de los plazos de prescripción de la acción penal497. Según información recibida por la Relatoría, en el 2014 prescribió la acción penal respecto del asesinato del periodista Martín Eduardo Múnera asesinado en Medellín el 3 de septiembre de 1994498.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.




  1. Agresiones, detenciones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación




  1. En febrero la cadena de noticias Univisión reveló que militares de inteligencia habrían espiado a periodistas colombianos y extranjeros que cubren los diálogos de paz en La Habana, Cuba499.




  1. En el mes de marzo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó públicamente las agresiones contra periodistas por parte de agentes de la Policía y denunció que estos agentes se habían convertido en los principales agresores de la prensa. Explicó que el 19 de marzo, el periodista Manuel Sánchez del canal de televisión local C fue detenido por presuntos miembros de la Policía en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. Sánchez fue detenido durante las protestas de transportadores que se realizaron en dicha ciudad cuando registraba la captura de manifestantes por parte de presuntos miembros de la Policía. El periodista denunció que mientras se encontraba detenido fue golpeado reiteradamente, lo que le provocó lesiones que los incapacitaron 10 días. Asimismo, habría sido enviado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) donde habría sido judicializado y retenido por varias horas500. Además, la FLIP informó que el 22 de marzo Francisco Alvarado, fotógrafo del periódico La Calle fue agredido y detenido por presuntos miembros de la Policía. El periodista estaría fotografiando la detención de un ciudadano501.




  1. Diana Giraldo, subdirectora del diario regional Vanguardia Liberal, en la ciudad de Bucaramanga, habría recibido una llamada en la que habría sido amenazada de muerte el 1 de abril. Según lo informado, el hecho se sumaría una campana de desprestigio en contra del diario, presuntamente organizada por personas allegadas al goberno local 502.




  1. El 5 de abril el escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardeazabal, del programa ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio denunció que habría sido víctima de amenazas y ataques503.




  1. El fotógrafo de Q’Hubo y El Colombiano Esteban Venegas habría sido detenido por agentes de la Fuerza de Control Urbano de la Policía mientras cubría la marcha por el Día del Trabajo del 1 de mayo en la ciudad de Medellín504.




  1. El 22 de mayo, el periodista independiente Gonzalo Guillen fue advertido por agentes de la DIJIN y de la Fiscalía de un nuevo plan para asesinarlo. Al respecto, la Unidad Nacional de Protección (UNP), habría reforzado el esquema de seguridad del periodista. La Defensoría del Pueblo “rechazó y condenó de manera enérgica las amenazas”505. En 2013, la Relatoría Especial fue informada de la existencia de un plan para asesinar al periodista Gonzalo Guillén y a los periodistas y analistas Claudia López, León Valencia y Ariel Ávila. A raíz de la amenaza, los periodistas y analistas habrían abandonado el país temporalmente506.




  1. El periodista director del Al Día en el departamento de La Guajira, Francisco De la Hoz, denunció en junio que desde hace tres meses, él y sus compañeros de trabajo vienen siendo objeto de intimidación y seguimiento. El periodista afirmó que sus teléfonos estarían interceptados. El hecho habría sido denunciado a la Policía507.




  1. El periodista Sixto Alonso Rojas Acero, conductor del programa de radio ‘Democracia al Día’, de la emisora La Voz Minera de Colombia, fue amenazado de muerte el 4 de julio en el municipio de Paz de Río, departamento de Boyacá. El gerente de la emisora habría recibido un sobre con una hoja con letras de recortes de periódico que indicaban “sapo lo tenemos, en la mira calle la mula deje la gente en paz o muere [sic]”. Rojas Acero informa en su programa sobre la administración de Paz de Río y su plan de desarrollo508. Según la Federacion Colombiana de Periodistas el hecho habría sido denunciado ante la Fiscalía, “la cual envió una solicitud de medida de protección al comandante de la Estación de Policía”509.




  1. El periodista Jorge López Córdoba, coordinador del periódico Al Día de la casa editorial El Heraldo en el departamento del Magdalena, habría sido agredido por policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) cuando la noche del 14 de julio cubría un accidente de tránsito en el que resultaron muertos dos jóvenes del sector, lo que originó una protesta de la ciudadanía. López Córdoba habría sido golpeado con un escudo, reducido con una llave, arrastrado y finalmente esposado por agentes de la Esmad. A pesar de que el comunicador habría mostrado su identificación de periodista ésta habría sido arrebatada y dañada. Posteriormente habría sido traslado a un comando de la policía en donde un oficial al darse cuenta que era un periodista, le habría quitado las esposas y lo habría pedido disculpas. El periodista habría denunciado el hecho ante la Fiscalía mientras que la Policía habría anunciado una investigación para esclarecer las causas del hecho510.




  1. El periodista Luis Fernando Montoya, director del periódico El Puente de la ciudad de Honda, Tolima, denunció el 14 de agosto que recibió amenazas de muerte. Según el periodista, mediante mensajes de texto lo declararon a él y a sus colegas “objetivo militar”. El periodista indicó que la Unidad Nacional de Protección le brinda un esquema de seguridad511.




  1. El 22 de agosto desconocidos habrían ingresado al domicilio del periodista Javier Osuna, director de la Fundación Fahrenheit 451, y habrían incendiado sus equipos de trabajo. El periodista estaría realizando una investigación sobre las víctimas conflicto armado y desaparición forzada en el departamento de Norte de Santander. La Unidad Nacional de Protección (UNP) habría dispuesto medidas de protección de emergencia al periodista mientras se realiza el análisis de riesgo512.



  1. Según la Unidad Nacional de Protección (UNP) de enero a junio, se evaluaron 82 casos sobre periodistas y comunicadores sociales. De estos casos 55 fueron catalogados con un nivel de riesgo extraordinario513. La UNP, tiene el objetivo de “articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección” a aquellas personas en situación de riesgo extraordinario o extremo en Colombia514. En su respuesta al Informe “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, el Estado informó a la CIDH que en la actualidad “la UNP protege a 104 periodistas, asignándoles más de 150 escoltas, junto con 56 esquemas duros de protección”515.




  1. La periodista Amalfi Rosales de la radio Noticas Uno y del diario Al Día y de El Heraldo de Barranquilla habría salido del departamento de La Guajira debido a que desconocidos dispararan contra su vivienda en el municipio de Barrancas. Rosales denunció el atentado ante las autoridades. La periodista habría recibido al menos tres amenazas desde que informó sobre supuestos vínculos entre un ex gobernador y grupos criminales en 2013516.




  1. El 17 de septiembre de 2014, en el marco del debate sobre paramilitarismo en la Comisión Segunda del Senado de la República, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez señaló que se retiraba transitoriamente del debate “para dirigir[s]e a la Corte Suprema de Justicia a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista de las Farc, sus aliados de siempre; los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, y publicitado por TeleSur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el Presidente de la República”517.




  1. Por lo anterior, el director del Canal Capital, Hollman Morris, interpuso una denuncia contra el senador Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia518. En este contexto, el senador Uribe Vélez fue citado por la Fiscalía para que presentara pruebas que sustenten sus afirmaciones519. El 8 de octubre , el senador fue escuchado por la Fiscalía y habría ratificado sus declaraciones520. La Relatoría Especial toma nota de las declaraciones del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien subrayó que “esta clase de estigmatizaciones y esta clase de saboteos obviamente el gobierno los rechaza […] Es muy importante cuando se hacen esos señalamientos, cuando se trata de descalificar se piense en los efectos posteriores que puede producir esa clase de acciones que pueden resultar peligrosas para la vida de las personas”521.




  1. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha expresado su preocupación por senalamientos de altas autoridades del gobierno en contra del periodista Hollman Morris, actual director de Canal Capital. En efecto, el 3 de febrero de 2009 el entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, señaló en una rueda de prensa que Morris "se [escudaba] en su condición de periodista para ser permisivo cómplice del terrorismo, […], una cosa son aquellos amigos del terrorismo que fungen como periodistas, y otra cosa son los periodistas". El mandatario añadió que Morris, "[se] aprovechó […] de su situación de periodista, […] e hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo al de la liberación del soldado y de los policías, el pasado domingo"522. Estas declaraciones, se habrían realizado debido a que el 2 de febrero de 2009 Morris, en su condición de periodista, asistió a la liberación de cuatro rehenes en un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento del Caquetá. Luego de las declaraciones de las autoridades, Morris habría recibido varias llamadas amenazantes. En anteriores oportunidades, el periodista tuvo que salir del país por la existencia de graves amenazas contra su vida. Al respecto, en 2009 la Relatoría Especial en conjunto con el Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, se refirieron en un comunicado de prensa a dichos señalamientos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez en contra el periodista Hollman Morris523.




  1. La Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos, si bien gozan de un amplio derecho a la libertad de expresión, tienen límites estrictos producto de las particulares obligaciones y responsabilidades que reposan sobre ellos. En este sentido, por las obligaciones estatales de garantía, respeto y promoción de los derechos humanos, es deber de los funcionarios públicos asegurarse de que al ejercer su libertad de expresión no estén causando el desconocimiento de derechos fundamentales. En palabras de la Corte Interamericana, “deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos”524. En consecuencia, los funcionarios públicos no pueden, por ejemplo, “vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios de comunicación o a periodistas, delitos que no han sido investigados y definidos judicialmente”525. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”526.




  1. El 24 de septiembre se difundió un panfleto emitido por el grupo autodenominado “Los Rastrojos”. En el texto se amenazó a 24 personas dentro de las cuales se encontraban dos periodistas: Leiderman Ortiz Berrio, de La Verdad del Pueblo, y Edgar Astudillo, del Noticiero Bajo Cauca527. Leiderman Ortiz Berrio es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2010528. Según la información disponible, en la región del Bajo Cauca antioqueño estarían también amenazados por bandas criminales otros siete periodistas529. Dentro de ese grupo se encontraría Calixto Pérez de Caucasia Estéreo, amenazado por “Los Rastrojos” en 2013. En octubre de 2014, Pérez habría tenido que abandonar la región por nuevas amenazas de muerte esta vez por el grupo autodenominado “Los Urabeños”530.




  1. El 29 de septiembre se tuvo conocimiento de un panfleto emitido “Los Urabeños”. En el texto del panfleto se habría declarado como “objetivo militar” a ocho periodistas de las ciudades de Cali y Buenaventura, en el Departamento del Valle del Cauca: Henry Ramírez, Cristian Abadía, Gildardo Arango, Yesid Toro, Julio César Bonilla, Óscar Gutiérrez, Álvaro Miguel Mina y Darío Gómez. Las amenazas estarían relacionadas con la cobertura que los periodistas realizaron sobre la captura de alias ‘La Chily’, presunta integrante de “Los Urabeños”. Según la información difundida, la Gobernación del Valle del Cauca rechazó “de manera tajante” las amenazas y pidió a las autoridades “aunar esfuerzos” para esclarecer el origen de las amenazas y “brindar todas las garantías necesarias para que el periodismo continúe en su noble tarea de informar a los vallecaucanos”. El Defensor del Pueblo solicitó a las autoridades tomar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad y la vida de los comunicadores531.




  1. El 10 de noviembre, el periodista Oscar Castaño Valencia, director del programa ‘Oriéntese’ del canal Cosmovisión habría sido secuestrado por dos horas y golpeado cuando acudió a una cita que tenía prevista con una de sus fuentes en el municipio de Bello, departamento de Antioquia. Según la información disponible, tres hombres armados y encapuchados abordaron a Castaño Valencia, lo “tiraron al piso, [l]e pusieron un trapo en la boca, que ajustaron con [su] bufanda, [lo] hicieron arrodillar y procedieron a quitar[l]e el celular, [su]s documentos personales, la grabadora y cámara fotográfica, los papeles y llaves del carro, las tarjetas bancarias y demás cosas personales que llevaba en [su] bolso”. El periodista afirmó que lo forzaron a escribir que había violado a una niña de 8 años. Castaño estaría realizando una investigación sobre prostitución infantil y grupos delincuenciales. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección habrían conocido del caso e iniciado sus correspondientes labores532.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.



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