Original: Español Informe Anual de la Comisión



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Responsabilidades ulteriores




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la denuncia interpuesta en contra de la periodista Martha Isabel Cifuentes Moreno, de la emisora Violeta Stereo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia. La querella habría sido hecha por un asesor de la alcaldía de la ciudad de Yopal, departamento de Casanare. La denuncia tendría su origen una entrevista realizada por la periodista el 18 de febrero de 2014 al ingeniero residente de la construcción de la Planta Modular de la ciudad quien le habría hablado de presuntos casos de corrupción en la contratación de dicha planta que posteriormente habría colapsado. En la entrevista, el ingeniero afirmó en dichos actos de corrupción estaría vinculado, entre otras personas, el asesor de la alcaldía533.




  1. Mediante sentencia de fecha 25 de junio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación interpuesto por la defensa de Gonzalo López. López fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cali a 18 meses y 20 días de cárcel y a pagar 9.500.000 pesos (unos US$ 4.500) por haber injuriado a una funcionaria pública en el área de comentarios del sitio web de noticias de ElPaís.com.co. El 26 de noviembre del 2008 el usuario escribió en en el blog abierto para comentarios de los usuarios del artículo titulado “Siguen capturas por cartel becas en Emcali” el siguiente texto: “Y con semejante rata como es Escalante que hasta del Club Colombia y Comfenalco la han echado por malos manejos que [sic] se puede esperar… el ladrón descubriendo ladrones? bah!”. Según la sentencia de la Corte Suprema, este comentario estaría dirigido a la entonces gerente administrativa de Recurso Humano de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) que se desempeñó como gerente del Club Colombia y de Comfenalco-Seccional Valle534. De acuerdo con la información disponible, el usuario realizó el comentario bajo un seudónimo y desde una cuenta de correo electrónico anónima, por lo que la Fiscalía rastreó la dirección IP desde el cual fue enviado y determinó la identidad de Gonzalo López535.




  1. La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda presentada debido a que no cumplía con los requisitos formales y sustanciales necesarios para la sede de casación. Asimismo, señaló que dicha decisión se tomaba porque del estudio de la actuación no se observaba una violación de derechos fundamentales o garantías de los sujetos procesales que ameritaran un pronunciamiento de fondo y tampoco consideró que del contexto presentado en la demanda se necesitara de “un fallo para cumplir con alguna de las finalidades del recurso (Artículo 184 de la Ley 906 de 2004)”536.




  1. La Relatoría Especial recuerda que la protección de la honra y la reputación, cuando se alega una afectación mediante el uso de Internet, debe responder en general a criterios de ponderación similares a los que se utilizan en otros ámbitos de la comunicación. En particular, como lo ha sostenido de manera reiterada la CIDH, resulta desproporcionada la aplicación del derecho penal cuando se trata de discursos especialmente protegidos, esto es, informaciones o expresiones sobre asuntos de interés público, funcionarios públicos o personas voluntariamente comprometidas en asuntos de interés público537. En este sentido, el Principio 11 de la Declaración de Principios establece que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.




  1. Cabe recordar, en este sentido, que la rectificación de información errónea es la forma menos costosa desde el punto de vista de la libertad de expresión para reparar daños vinculados a ella. En este sentido, esta Relatoría ha dicho que sólo cuando la rectificación “sea insuficiente para reparar el daño que se ha causado, podrá apelarse a la imposición de responsabilidades jurídicas más costosas para quien abusó de su derecho a la libertad de expresión, y con ello generó un daño cierto y grave sobre derechos de otras personas o bienes jurídicos especialmente tutelados por la Convención Americana”538. Desde este punto de vista, la rectificación debería excluir otro tipo de responsabilidad, especialmente cuando se trata de discursos especialmente protegidos, que sólo pueden habilitar responsabilidad si se demuestra que el emisor tuvo “real malicia” al momento de publicar la información falsa que produjo el daño539. También cabe recordar los estándares de la CIDH, que desincentivan el uso del derecho penal como respuesta a daños causados en el ejercicio de la libertad de expresión540 y recomiendan que –en caso de no ser suficiente la rectificación— se recurra a responsabilidades civiles proporcionadas541.




  1. La Relatoría Especial recuerda que “la participación del debate público sin revelar la identidad del emisor es una práctica usual en las democracias modernas. La protección del discurso anónimo favorece la participación de la personas en el debate público ya que –al no revelar su identidad— pueden evitar ser objeto de represalias injustas por el ejercicio de un derecho fundamental. En efecto, quienes ejercen el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión participan del debate público y de la vida política de una comunidad542.




  1. Otras situaciones relevantes




  1. El 28 de octubre la revista Semana reveló que la Central de Inteligencia Militar (CIME) tendría en su poder una lista con centenares de correos electrónicos personales y oficiales de periodistas nacionales y extranjeros, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, embajadores y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros. Algunas de las personas serían comunicadores de la BBC, New York Times, Oglobo de Brasil, NRK (Norwegian Broadcasting Corporation) de Noruega, Liberation de Francia, TVE (Televisión Española), Telesur, Aljazzera, RCN Radio, El Tiempo, Caracol Radio y TV, Noticias Uno, CM&, La Silla Vacía, El País de Cali, RCN Radio Radio y TV, El Espectador, Semana, así como miembros de agencias de noticias como Reuters, AFP y AP. Según lo denunciado, los y las periodistas de la lista habrían cubierto de alguna manera el proceso de paz que lleva el gobierno nacional en La Habana, Cuba543.




  1. El 28 de octubre el Comando del Ejército Nacional emitió un comunicado en el que indicó que las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional “no toleran este tipo de acciones y de haberse presentado, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para buscar la verdad”. Asimismo, indicó que al tener conocimiento (dos semanas antes) de la base de datos se ordenó la apertura de una investigación preliminar y que la Inspección General del Ejército realizó una auditoría especial a la CIME “sin que hasta el momento se hayan encontrado evidencias de la existencia de los citados correos”. De igual forma, aseguraron que “se han tomado acciones correctivas y preventivas con el fin de mejorar el control del proceso del manejo y uso de la información, lo cual incluye gestión documental, hardware, software y el manejo del talento humano, para evitar que si eventualmente se registraron incidentes fuera de las políticas institucionales no vuelvan a ocurrir”544. Asimismo, el 30 de octubre la Fiscalía informó que abrió una investigación para aclarar las denuncias sobre la existencia de bases de datos y registros de periodistas en poder de la inteligencia militar545.




  1. En septiembre se hizo pública la existencia de un déficit del sistema nacional de protección cercano a los 70 mil millones de pesos (unos US$ 30,6 millones)546. El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el Director de la UNP, Andrés Villamizar, anunciaron un plan para reducir costos “sin afectar la seguridad, de quienes según los estudios de riesgo, necesitan protección a través de esquemas de seguridad”. En este sentido, también indicaron que “estas medidas no afectarán a poblaciones como defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierras, víctimas, periodistas, minorías étnicas”547. El 6 de noviembre, el director de la UNP indicó que si no recibían “en las próximas horas los recursos necesarios de MinHacienda, en los próximos 8 días se levantarían todos los esquemas”548. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que el Ministerio de Hacienda habría girado una suma cercana a 30 mil millones, a lo que el Director de la UNP respondió que dicho dinero solucionaba parcialmente el problema de presupuesto549.




  1. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización que participa en calidad de invitado permanente en el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM)550, indicó que desde “mediados del mes de septiembre las medidas de austeridad que fueron implementadas por la UNP han obstruido gravemente las labores de reportería de los periodistas en riesgo. Deben escoger entre hacer periodismo sin la protección a la que tienen derecho, o no hacer su trabajo. En algunos casos los periodistas deben pagar los gastos para que operen los esquemas de protección asignados por el Estado, en otros, se niegan las solicitudes de autorización para los desplazamientos de un lugar a otro”. Asimismo, la FLIP indicó “[l]os esquemas no se han retirado y esta es la premisa que tienen las autoridades de protección para argumentar que están garantizada la seguridad de los periodistas. Sin embargo, los esquemas de protección no están funcionando y esta es la razón por la cual la UNP no está garantizando plenamente la actividad periodística”. En relación con los intercambios del Ministerio de Hacienda y la UNP, la FLIP indicó que “[p]or encima de las posturas de las carteras de Hacienda, Interior y la UNP está el deber de brindar protección a personas a las que el mismo Estado les ha diagnosticado una condición de riesgo. El Gobierno puso a los protegidos en el medio de su tensión interna, provocó una zozobra innecesaria en los protegidos y develó la fragilidad en la sostenibilidad del programa de protección”551.




  1. La CIDH y su Relatoría Especial han definido algunos de los requisitos para que los mecanismos de protección sean efectivos. Por ejemplo, la Relatoría Especial ha recomendado hacer hincapié en: 1) la importancia de garantizar los recursos financieros y de personal necesarios para la implementación adecuada del mecanismo; 2) la necesidad de asegurar una efectiva coordinación entre las entidades responsables de la implementación de medidas de prevención, protección y procuración de justicia; 3) la necesidad de definir adecuadamente las medidas de protección contempladas por el mecanismo y el procedimiento para su adopción; 4) la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas, la sociedad civil y los beneficiarios en la implementación y el funcionamiento del mecanismo; y 5) la conveniencia de buscar apoyo de la comunidad internacional para el funcionamiento del mecanismo552.


10. Costa Rica
A. Avances


  1. El 17 de enero, la Sala Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia 00531 en la que se ordena al Estado a garantizar el acceso a internet y a las telecomunicaciones, incluyendo con ello la obligación de llevar a cabo la valoración de la infraestructura necesaria para la prestación de dichos servicios, así como su asignación a proyectos financiados del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). Este fallo es el resultado de una denuncia realizada por un habitante de la localidad de Santa Ana de Nicoya que denunció no tener acceso a la telefonía celular ni a internet553. En 2010, la Sala Constitucional declaró el acceso a internet como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar554.




  1. El 21 de marzo la Sala Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho de los periodistas a mantener el resguardo de sus fuentes mediante la sentencia número 2014-4035. El recurso de amparo habría sido presentado por el Diario Extra a raíz de los rastreos telefónicos al periodista de ese diario, Manuel Rodríguez Estrada, que habrían sido solicitados y ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ordenados por la Fiscalía Adjunta Contra la Delincuencia Organizada. La resolución argumenta que aunque el rastreo telefónico puede ser ordenado por el Ministerio Público sin necesidad de orden judicial en el marco de una investigación de un ilícito penal, solo podrá ordenarse en relación con los sujetos sospechosos, sin embargo, nunca respecto de un tercero ajeno a dicha investigación. De igual forma, la Sala IV consideró como agravante que el tercero era un periodista, situación que habría afectado su derecho a la libertad de expresión y a la reserva de sus fuentes. La Magistrada Hernández López señaló que la libertad de expresión, la libertad de prensa y la protección del secreto de la fuente constituyen “un derecho neurálgico para la vigencia democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión”. Asimismo, la Sala Constitucional habría ordenado anular todos los rastreos telefónicos vinculados con el periodista y habría prevenido a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial de abstenerse en incurrir nuevamente en dichas conductas. Aunque el recurso fue presentado por los presuntos rastreos telefónicos a varios periodistas del diario, la Sala solo se pronunció respecto al periodista Rodríguez Estrada a quien se pudo comprobar el rastreo.555




  1. El 21 de marzo la Sala Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia habría resuelto que el salario de las y los funcionarios públicos constituye un elemento trascendental del derecho de acceso a la información pública. Esta resolución fue dictada ante el recurso de amparo interpuesto en septiembre de 2013 por el periodista Alejandro Fernández contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En dicha ocasión Fernández habría solicitado a la CCSS el registro histórico de los salarios de todos los funcionarios públicos del país entre 1990 y 2013 en formato digital. En ese entonces, la entidad habría condicionado su entrega a la necesidad de crear una base de datos digitalizada debido a que todos sus registros los habría tenido en papel. En su resolución, la Sala Constitucional habría establecido que en el caso de los salarios de los servidores públicos prevalece el derecho a la información y al acceso a la información sobre el derecho a la intimidad. No obstante lo anterior, la Sala Constitucional resolvió que el Estado habría de transferir el costo de la digitalización a quien realizó la solicitud de acceso a la información pública, lo que se habría considerado como un componente negativo del fallo556.




  1. El 26 de marzo la Sala Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia habría declarado inconstitucional el carácter secreto de las sesiones legislativas en que se conoce y resuelve el levantamiento de inmunidad de un miembro perteneciente a cualquiera de los poderes del Estado557.




  1. En julio, un Tribunal de Justicia habría absuelto al empresario Alberto Rodríguez Baldí, quien habría sido demandado por la ex presidenta del país, Laura Chinchilla, por difamación. Rodríguez Baldí habría publicado un comentario en la red social Facebook en el cual se habría referido a la expresidenta como “la presidenta millonaria”. El tribunal habría establecido que la publicación realizada por el empresario no habría constituido una ofensa explícita hacia la ex presidenta Chinchilla debido a que el texto se prestaría a distintas interpretaciones558.


B. Reformas Legales


  1. El 20 de agosto la Asamblea Legislativa habría considerado un proyecto de ley para garantizar el respeto a la libertad de prensa de los periodistas. Según la información recibida, la ley incluiría, entre otras cosas, un artículo que consideraría como prácticas laborales ilícitas de las empresas periodísticas “prohibir o impedir al periodista investigar o informar sobre determinados hechos noticiosos o asuntos de interés público” lo cual sería determinado por el propio criterio del profesional de la información. Asimismo, la nueva ley permitiría al trabajador dar por terminado su contrato de trabajo con responsabilidad patronal cuando, entre otras causales, la orientación editorial del medio de prensa vaya en contra de los valores o creencias del periodista559. El 11 de septiembre, se habría presentado al Plenario Legislativo un dictamen negativo de minoría sobre este proyecto560.



  1. En respuesta a una comunicación enviada por la Relatoría Especial, el Estado informó que el proyecto de ley fue presentado el 7 de abril de 2008 y conforme con su “principio democrático” en sesión del 15 de junio de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó moción de consulta a las siguientes instituciones: Procuraduría General de la República, Colegio de Periodistas, Corte Suprema de Justicia y Defensoría de los Habitantes. Según informó el Estado, las únicas entidades en contestar fueron la Procuraduría General y el Colegio de Periodistas. Tras los dictámenes del 20 de agosto y del 11 de septiembre, el expediente legislativo ingresó al Orden del Día del Plenario Legislativo el 18 de septiembre donde ocupaba el lugar 166 del Capítulo de Primeros Debates561. Al cierre de este informe, el proyecto no habría tenido más trámites562. En su comunicación, la Relatoría resaltó la importancia de fortalecer las garantías del derecho a la libertad de prensa y de expresión, y la necesidad de tomar en cuenta el proceso comunicativo de la prensa profesional, con el objetivo de no debilitar los derechos de todas las personas que participan en la cadena informativa de un medio563.




  1. El 27 de agosto de 2014 la Asamblea Legislativa del país le dio el primer debate a la reforma constitucional que indicaría en su artículo 1 que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.” De acuerdo a la información recibida, esta reforma pretende disminuir la discriminación y promover los derechos de los distintos grupos que habitan el territorio así como también reconocer la integración multiétnica de la nación. Si bien la Ley N° 7426 en su artículo 1° reconoce “el carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense” en el marco de la celebración del 12 de octubre en tanto Día de las Culturas, las autoridades de este país entendieron que es necesario que éste reconocimiento se profundice mediante la vía constitucional. La reforma propuesta fue enviada a consulta preceptiva a la Sala Constitucional para continuar con el trámite legislativo de conformidad con el artículo 195 de la Constitución costarricense564.


11. Cuba565


  1. En la audiencia sobre la “Situación de Derechos Humanos de los Periodista en Cuba” realizada en el marco del 150 Periodo de Sesiones de la CIDH el 25 de marzo, la Comisión recibió información sobre las constantes afectaciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y libertad de circulación de los periodistas independientes en este país. Lo anterior se manifiesta en detenciones arbitrarias, agresiones, persecuciones, hostigamientos, vigilancia, incautación de equipos de trabajo y amenazas por parte de agentes estatales566. En este sentido, los peticionarios señalaron que en los primeros meses del año, las autoridades habrían detenido a 1817 miembros de la sociedad civil de los cuales 31 eran periodistas independientes. Asimismo, señalaron que para ese momento, habría en el país al menos 68 activistas de derechos humanos en prisión, tres de ellos periodistas, cuyas detenciones tenían relación con haberse expresado libremente. Los solicitantes, destacaron los casos de los periodistas Ángel Santiesteban Prats, bloguero y novelista quien está condenado a cinco años de cárcel. Yoennis de Jesús Guerra García corresponsal de la agencia Yayabo Press condenado a ocho años de cárcel. Juan Antonio Torres corresponsal del Órgano Oficial del Partido Comunista condenado a 14 años de cárcel por espionaje.




  1. De acuerdo con los solicitantes, en el país existe un marco jurídico que permite la encarcelación y la represión contra los periodistas567. En virtud de la Ley 88 de 1999, ningún cubano podría expresar y difundir sus opiniones acerca de la gestión política, económica y social del actual gobierno. El país tendría tipificados diferentes delitos que se utilizarían para criminalizar a los periodistas y defender a los funcionarios públicos como el desacato, atentado, resistencia, estado peligroso, desobediencia, asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas, clandestinidad de impresos, actividad económica ilícita, entre otras. De acuerdo con los solicitantes, se habrían identificado al menos 60 detenciones arbitrarias relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión.




  1. Para los solicitantes estos problemas serían aún más graves para los periodistas de las provincias en donde sería más difícil hacer las denuncias. Señalaron los casos de tres medios específicamente: Arabescos de Guantánamo, en la provincia de Guantánamo; El Bayamés, en la provincia de Granma; y el mensuario Fernandina de Jagua, provincia de Cienfuegos. De acuerdo con los solicitantes, estos medios además de las medidas represivas, legales y penales que enfrentan los medios en la capital, se ven sometidos a medidas de tipo administrativas. Así por ejemplo, en el caso de Arabescos de Guantánamo a su director le habrían retirado su licencia de abogado y habría sido expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). Uno de sus colaboradores habría sido detenido camino a la redacción y en otra ocasión visitado por la Policía Política. Uno de sus reporteros, quien también funge como albacea de la obra literaria de un poeta cubano, habría sido amenazado con la destrucción del archivo que se encuentra en la biblioteca y que contienen “la más enjundiosa información sobre esa ciudad”. En el caso de El Bayamés en donde la mayoría de los colaboradores practican el protestantismo habrían recibido llamadas de atención por parte del departamento de asuntos religiosos del partido comunista. Por su parte, los colaboradores de Fernandina de Jagua habrían sufrido incautación de sus equipos así como presión sobre personas con discapacidades a quienes se les quitarían las ayudas con las que cuentan568.




  1. Asimismo, los solicitantes informaron sobre el control estatal de los medios de comunicación radioeléctricos y las dificultades para el acceso de la población cubana a Internet. No obstante, agregaron que son las nuevas tecnologías las que han permitido el desarrollo de algunos espacios para el ejercicio del periodismo independiente. En el país se habría desarrollado una comunidad de blogueros que informan desde sus experiencias cotidianas, 40 sería el número de blogs críticos todos manejados desde servidores desde el extranjero. De igual forma, se habrían asociado y creado agencias de noticias569.




  1. Finalmente, los peticionarios solicitaron a la Comisión instar al Estado a (i) derogar los delitos del Código Penal que afectan la libertad de expresión en el país; (ii) derogar la Ley 88 que reprime la libre información; (iii) crear una ley que regule el libre ejercicio de la libertad de expresión; (iv) atender la propuesta de modificación de la Ley de Asociaciones de 1977 de manera que permita a los comunicadores sociales unirse para la creación de los medios de comunicación y como un gremio profesional; (v) a la CIDH invitar al Gobierno cubano a participar en el sistema interamericano de derechos humanos para facilitar la discusión de todos los temas referidos a la libertad de información; y (vi) a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión un informe específico sobre la libertad de expresión en Cuba.




  1. Al respecto, la CIDH ha manifestado en reiteradas oportunidades preocupación frente a los hechos reportados y pone de presente, como lo ha indicado en otras ocasiones, que en Cuba no existen garantías de ninguna naturaleza para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.




  1. Sobre el caso del escritor y periodista Ángel Santiesteban Prats la CIDH otorgó medidas cautelares el 26 de septiembre de 2014, las cuales fueron solicitados el 13 de junio de 2013570. Santiesteban Prats, autor del blog ‘Los hijos que nadie quiso’, estaría en prisión desde el 28 de febrero de 2013, después de ser sentenciado a inicios de diciembre de 2012 por un tribunal provincial de La Habana a cinco años de prisión por los supuestos delitos de “allanamiento de morada y violencia”. El 28 de enero de 2013 el Tribunal Supremo Popular habría desestimado la apelación y ratificado la sentencia condenatoria contra el escritor. Santiesteban sostuvo que los cargos en su contra han sido fabricados por motivos políticos571. Según la información recibida por la CIDH, Santiesteban sería víctima de diferentes agresiones, amenazas y hostigamientos por parte de las autoridades carcelarias. En julio de 2014 los familiares del escritor y bloguero habrían estado incomunicados con él y desconocerían su paradero. Las autoridades en un primer momento habrían dicho que se habría fugado, posteriormente, los familiares tuvieron conocimiento de que se encontraría en una comisaría de policía. Dicho periodo de incomunicación habría ocurrido después de una entrevista concedida por su hijo el 15 de julio a Televisión Martí donde señaló que había sido obligado a corroborar las falsas acusaciones contra su padre. Las medidas cautelares otorgadas a Santiesteban Prats también se otorgaron en favor de su hijo572.




  1. La Comisión Interamericana recibió con preocupación información sobre la detención del director y periodista del Centro de Información Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra, en el aeropuerto internacional José Martí cuando regresaba de su presentación en la audiencia “Situación de derechos humanos de los periodistas en Cuba” en el 150 Periodo de Sesiones de la CIDH y de un encuentro periodístico en México. Según lo informado, el periodista habría sido detenido por varias horas y las autoridades le habrían decomisado documentos y libros de trabajo573.



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