Original: Español Informe Anual de la Comisión



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5. Informe anual y producción de conocimiento experto


  1. Una de las principales tareas de la Relatoría Especial es la elaboración del informe sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio. Cada año, este informe analiza la situación de dicho derecho en la región, lo que incluye señalar las principales amenazas para asegurar su ejercicio y los progresos que se han logrado en esta materia.




  1. Además de sus informes anuales, la Relatoría Especial produce periódicamente informes específicos sobre países determinados. Por ejemplo, la Relatoría Especial ha elaborado y publicado informes sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Paraguay (2001), Panamá (2003), Haití (2003), Guatemala (2004), Venezuela (2004), Colombia (2005), Honduras (2009 y 2010), Venezuela (2009 y 2010) y México (2010).




  1. La Relatoría Especial elabora informes temáticos que han dado lugar a importantes procesos de discusión en la región y a la implementación de reformas legislativas y administrativas en muchos Estados de las Américas. Durante 2013, la Relatoría Especial trabajó en los informes temáticos que se incluyen como capítulos temáticos de este informe.




  1. Durante el 2014, la Relatoría Especial elaboró un informe sobre estándares de libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva. El contenido de este estudio se incluye en el capítulo III de este informe.




  1. Igualmente, dentro de este período, la Relatoría Especial elaboró un informe sobre el derecho de acceso a la información, especialmente referido a los modelos institucionales de los órganos garantes de acceso a la información que se encuentran operando en las Américas. El contenido de este estudio se incluye en el capítulo IV de este informe.




  1. En el 2014, la Relatoría Especial trabajó de manera conjunta con las Relatorías sobre los Derechos de las Mujeres, sobre los Derechos de la Niñez, sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en la producción de conocimiento experto sobre el ejercicio de la libertad de expresión de estos grupos y comunidades.


6. Pronunciamientos y declaraciones especiales


  1. Por medio del monitoreo diario del estado de la libertad de expresión en la región, el cual se realiza a través de una amplia red de contactos y de fuentes, la Relatoría Especial emite declaraciones tales como comunicados de prensa, informes y opiniones sobre casos o situaciones específicas que son relevantes para el ejercicio de esta libertad fundamental. Los comunicados de prensa de la Relatoría Especial reciben amplia difusión y constituyen uno de sus más importantes mecanismos de trabajo.

  2. La Relatoría Especial recibe gran cantidad de correos electrónicos (en el último año 1,000 por mes), de los cuales, 75% se refieren a alertas, comunicados de prensa, solicitudes de información y consultas sobre libertad de expresión en la región, las que son respondidas de manera oportuna; 10% se refieren a peticiones formales al sistema de casos individuales de la CIDH; y el otro 15% se refieren a temas que no son de su competencia. La Relatoría Especial hace un trabajo de revisión, depuración y clasificación de la información recibida, para determinar el curso de acción a tomar.




  1. Por otra parte, desde su creación la Relatoría Especial ha participado en la elaboración de declaraciones con las otras relatorías regionales y de la ONU para la libertad de expresión. Las declaraciones conjuntas son usualmente firmadas por los relatores de la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la OEA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Cuando se trata de asuntos regionales, las declaraciones son firmadas por los relatores de la ONU y de la OEA.




  1. Las declaraciones conjuntas constituyen una herramienta de trabajo fundamental para la Relatoría Especial. En años anteriores, estas declaraciones han tratado temas tales como: la importancia de la libertad de expresión (1999); los asesinatos de periodistas y las leyes de difamación (2000); los desafíos para la libertad de expresión en el nuevo siglo, en áreas tales como terrorismo, Internet y radio (2001); libertad de expresión y administración de justicia, comercialización y libertad de expresión, y difamación penal (2002); la regulación de los medios de comunicación, las restricciones a los periodistas y las investigaciones sobre corrupción (2003); el acceso a la información y la legislación sobre el secreto (2004); el Internet y las medidas contra el terrorismo (2005); la publicación de información confidencial, la apertura de organismos nacionales e internacionales, la libertad de expresión y las tensiones culturales y religiosas, y la impunidad en los casos de ataques contra periodistas (2006); la diversidad en el acceso, propiedad y contenido de los medios de comunicación, en particular la radio y la televisión (2007); la difamación de religiones y legislación antiterrorista y antiextremista (2008); medios de comunicación y elecciones (2009), los desafíos para la libertad de expresión en la próxima década (2010); Wikileaks (2010); libertad de expresión en Internet (2011); y Delitos contra la Libertad de Expresión (2012); protección de la libertad de expresión y la diversidad en la transición digital terrestre(2013); programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión (2013) 33.




  1. El 6 de mayo de 2014, la Relatora Especial, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), emitieron una declaración conjunta sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión34.




  1. El 1 de septiembre de 2014, la Relatoría Especial produjo un comunicado conjunto con el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión David Kaye, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) Dunja Mijatović, y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula, sobre la obligación de los Estados de proteger a los periodistas que cubren conflictos armados35.

  2. Durante 2014, la Relatoría Especial emitió veintiocho (28) comunicados de prensa36 para llamar la atención sobre hechos relacionados con la libertad de pensamiento y de expresión. Estos pronunciamientos destacan hechos de especial preocupación y las mejores prácticas locales, y explican los estándares regionales respectivos. Los comunicados de prensa emitidos durante 2014 pueden ser consultados en el sitio web de la Relatoría Especial, disponible en: http://www.cidh.org/relatoria.


D. Financiamiento


  1. La Relatoría Especial para la libertad de Expresión fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 1997, durante su 97º Período de Sesiones. La CIDH consideró fundamental la creación de esta oficina teniendo en cuenta el papel que el derecho a la libertad de expresión tiene en la consolidación y desarrollo del sistema democrático, y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos. Como se explicó al inicio de este capítulo, la creación de la Relatoría Especial como una oficina de carácter permanente encontró pleno respaldo en los Estados Miembros de la OEA37.




  1. En marzo de 1998, en su 98º Período de Sesiones, la CIDH definió las características y funciones de la Relatoría Especial. Dada la carencia de recursos, con el apoyo de algunos Estados como Brasil y Argentina, la CIDH estableció un fondo separado y voluntario que permitiera que la oficina pudiera operar sin causar problemas financieros para la propia Comisión. En efecto, el fondo de asistencia voluntaria ha sido un mecanismo fundamental para no aumentar los gastos de la Comisión, ni imponerle la carga de buscar los recursos para financiar el funcionamiento de la Relatoría Especial. En esa medida, esta oficina no recibe recursos del Fondo Regular de la OEA ni de la CIDH, ni le impone a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH la tarea de conseguir los recursos para su funcionamiento. Así las cosas, desde su creación, la Relatoría Especial cuenta exclusivamente con los fondos que ella misma obtiene, bien mediante donaciones de Estados que como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos de América, México o Perú han contribuido al fondo voluntario, o bien mediante la participación en procesos concursables de cooperación internacional.




  1. En cuanto a los proyectos de cooperación internacional, es importante mencionar que la Relatoría Especial los elabora en estricta sujeción a la agenda o plan de trabajo que ha sido aprobado por la CIDH. Con fundamento en ese plan de trabajo, la Relatoría Especial elabora proyectos específicos que son sometidos a un riguroso trámite al interior de la OEA. Una vez el proyecto ha sido exitosamente sometido a estos procesos, se presenta a las competencias públicas abiertas por las agencias de cooperación. De esta manera, se asegura que los recursos de cooperación se correspondan exactamente con las prioridades definidas por la propia Relatoría Especial. Por medio de este mecanismo técnico de procuración de recursos, la Relatoría Especial ha logrado aumentar sus ingresos en más de un 50% en los últimos años. Sobre este mismo asunto, resulta relevante añadir que el 12% de los recursos que obtiene la Relatoría Especial (13.6% de todos los recursos ejecutados por la oficina) deben ser destinados a la administración central de la OEA por concepto de costos indirectos o ICR38.




  1. La Relatoría Especial desea agradecer muy especialmente las contribuciones de los Estados miembros de la OEA, los países observadores y los organismos de cooperación internacional. En 2014, la Relatoría Especial destaca los proyectos ejecutados satisfactoriamente gracias a las contribuciones de la República de Costa Rica, Chile, Estados Unidos de América, la Agencia de Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional, la Confederación Suiza, Finlandia y Francia. Este financiamiento ha permitido que la Relatoría Especial cumpla con su mandato y siga adelante con su labor de promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión. Una vez expedidas las cifras oficiales de la OEA sobre los recursos recibidos y ejecutados por esta oficina, son publicadas en los estados financieros auditados y disponibles en la página electrónica de la organización39.


E. Equipo de Trabajo


  1. La Relatoría Especial ha funcionado bajo la coordinación del Relator o Relatora Especial, con un equipo de dos o tres abogados expertos en temas de libertad de expresión, un periodista encargado del monitoreo de la situación de la libertad de expresión en la región y una persona que realiza tareas de asistencia administrativa. A partir de julio de 2009, la Relatoría ha contado con una persona encargada de la gestión de proyectos y movilización de recursos. Los recursos adicionales obtenidos han servido para dar mayor estabilidad y mejores condiciones laborales a los miembros de este equipo. La Relatoría Especial también se ha beneficiado de la presencia de pasantes, quienes han constituido una parte fundamental del equipo de trabajo. En distintos momentos de 2014 aportaron de manera muy constructiva su trabajo y entusiasmo a la Relatoría Especial, Beatriz Mallea (Chile), German Parra (Colombia) y Pilar Galván (México).


F. Plan de Trabajo 2015-2018


  1. En atención a la elección de un nuevo Relator Especial en julio del presente año, y a los desafíos y problemas que persisten en el hemisferio, la Relatoría Especial, bajo la dirección de Edison Lanza, elaboró un plan de trabajo tri-anual que fue presentado y aprobado en el pleno de la CIDH durante su 153 Período Ordinario de Sesiones40. El programa de trabajo de la Relatoría Especial pondrá énfasis en los siguientes ejes temáticos:




  1. Protección de periodistas, comunicadores sociales y activistas. La violencia y los atentados contra la vida de los comunicadores sigue presentándose como un problema alarmante, e incluso su gravedad se ha visto incrementada durante los últimos años en varios países de la región, debido a diversos contextos. Esta es la forma más extrema de silenciar y censurar a la prensa, los activistas, los disidentes y defensoras y defensores de derechos humanos. Por la gravedad de sus efectos y por el potencial que tiene este tipo de violencia para silenciar a regiones enteras, que quedan a merced de la arbitrariedad estatal, los conflictos, los actores privados vinculados a las industrias extractivas o la delincuencia organizada, este sigue siendo un problema grave al que la Relatoría Especial le seguirá prestando toda su atención. El espectro de agresiones contra periodistas y comunicadores sigue siendo variado y de diversa intensidad (agresiones físicas y verbales, amenazas, restricciones de acceso a las fuentes), que ocurren muchas veces ante la pasividad del Estado o incluso por la acción de agentes estatales. La Relatoría Especial realiza un permanente seguimiento de la situación, expide comunicaciones ante ataques a la integridad y la vida de los comunicadores, promueve el establecimiento de estándares para construir sistemas de protección que consideren el ejercicio profesional como una variable de ineludible consideración e impulsa de forma permanente el estudio de peticiones individuales relacionadas con el asesinato o agresiones a periodistas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el actual período la Relatoría dará continuidad a estas acciones y buscará incrementar la capacitación de autoridades estatales para prevenir o actuar ante estas situaciones, promover la aprobación y/o fortalecimiento de mecanismos de protección, impulsar la pronta resolución de peticiones individuales en esta materia y ampliar la denuncia de situaciones de indefensión.




  1. Impunidad. La situación de impunidad de los delitos contra la libertad de expresión y la presunta falta de voluntad en algunos países para abordar estas violaciones redunda en que una cantidad importante de estos hechos no sean esclarecidos, lo que termina por infundir mayor confianza a sus responsables e instigadores e incrementar significativamente la incidencia de esta forma de censura. Concretamente, la Corte IDH ha expresado en reiteradas oportunidades que la impunidad, entendida como la “falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena”, favorece la repetición crónica de violaciones de derechos humanos41. Aun cuando algunos tribunales han conseguido individualizar a los autores materiales de estos crímenes, decenas de casos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión permanecen impunes en la región. Los altos niveles de violencia contra periodistas pueden explicarse, al menos en parte, por la impunidad de que han gozado los responsables de estos ataques. La Relatoría tiene el mandato y el compromiso ético de trabajar para que estos hechos se investiguen, se lleven a juicio imparcial, con todas las garantías a sus responsables, y se apliquen las condenas sin interferencia u obstáculos. Además de trabajar por la memoria y la justicia de estos delitos, esta oficina continuará promoviendo el principio de garantía de no repetición de los hechos violentos contra comunicadores y defensoras y defensores de derechos humanos. En este periodo, la Relatoría Especial continuará desarrollando programas capacitación dirigido a jueces, fiscalías u órganos investigativos con el propósito de que este tipo de investigaciones criminales incluyan la perspectiva de libertad de expresión.




  1. Criminalización de la expresión y responsabilidades ulteriores. En muchos países de la región el derecho penal sigue siendo utilizado de modo injustificado y desproporcionado para penalizar expresiones en el marco de una sociedad democrática. La aplicación del poder punitivo en muchos países, se traduce en la criminalización de comunicadores, dirigentes políticos o sociales, disidentes y activistas por los derechos humanos en el marco de expresiones de crítica, protesta o interés público. El uso del derecho penal en forma desproporcionada para proteger el honor de funcionarios o personas públicas tiene efectos silenciadores para quienes participan del espacio público, y en general sobre el debate de interés público. Lo que también se traduce en una limitación al derecho de participación de distintos colectivos. En esta materia, la Relatoría Especial continuará impulsando el estudio adecuado de casos por parte de la CIDH, que permita establecer estándares aplicables tanto por el propio sistema interamericano de derechos humanos como por las autoridades nacionales. En esta línea, la oficina también ha incluido este tema en el programa de capacitación con jueces y fiscales de la región, para la diseminación de los estándares y la jurisprudencia aplicable en distintas situaciones vinculadas a la libertad de expresión, Es importante insistir en que los tribunales internos incorporen en sus decisiones el control de convencionalidad y que tengan las herramientas para resolver los conflictos que surjan entre la libertad de expresión y otros derechos a la luz de los estándares del SIDH en esta materia.




  1. Censura indirecta. La CIDH ha desarrollado estándares para prevenir la censura por medios indirectos, a partir de la interpretación del artículo 13.3 de la Convención. Sin embargo, algunos Estados siguen utilizando el poder público para incidir en el ejercicio de la libertad de expresión y premiar o castigar a los medios de comunicación de acuerdo a su línea editorial o informativa. La Relatoría Especial se propone alentar el conocimiento y aplicación de los Principios sobre regulación de la publicidad oficial, – aprobados por la CIDH en 201142 – para asignar estos recursos bajo criterios objetivos, no discriminatorios y en un marco de transparencia. Se hará a través del impulso de peticiones vinculadas a esta vulneración de la libertad de expresión y el trabajo con los Estados para que adopten regulaciones legales sobre la materia. El ejercicio de la potestad regulatoria de los Estados en materia de radiodifusión es otro asunto relevante en la región. Las frecuencias radioeléctricas son un patrimonio común de la humanidad y la facultad de otorgamiento, asignación o revocación, cuando se ejerce en forma arbitraria, interfiere en la libertad de expresión. Los procesos de asignación de frecuencias, las condiciones de uso y la transición de la comunicación analógica a la digital, debe ser objeto de promoción y seguimiento por parte de la CIDH. En este periodo, la oficina continuará promoviendo el establecimiento y aplicación de estándares en la materia. Por ejemplo, en este informe se influye un capítulo sobre estándares de libertad de expresión para aplicar a la transición de la televisión abierta del entorno analógico al digital, promoviendo a la vez la diversidad, el pluralismo y la inclusión de toda la población en el acceso a esta nueva tecnología.




  1. Diversidad y pluralismo. El hemisferio asiste a un debate sobre la necesidad de garantizar la diversidad y el pluralismo en la comunicación sin interferir en los discursos protegidos por la libertad de expresión. Nos referimos de este modo a que las personas tengan la capacidad de acceder a medios para expresarse libremente, pero también que tengan acceso a una diversidad de fuentes de información y opinión. En este sentido, desde hace más de veinte años el SIDH viene construyendo y reafirmando estándares en dos sentidos: a) los Estados tienen la obligación de garantizar la existencia de medios de comunicación libres independientes y plurales; b) los monopolios u oligopolios en la propiedad o control de los medios de comunicación conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información. Cuando la omisión del Estado conduce a la existencia de monopolios u oligopolios o impide el libre flujo de las ideas, da lugar a una forma de restricción indirecta. Los Estados tienen la obligación de intervenir ante la concentración excesiva, bajo los medios autorizados por la propia Convención y adecuar el funcionamiento de los medios de comunicación social que utilizan frecuencias a los requerimientos de la libertad de expresión. En ese sentido, la existencia de un sector comercial en la comunicación no alcanza, per se, para tener un sistema democrático con diversidad y pluralidad de voces, por ello es necesario promover la convivencia de medios de comunicación de distinto tipo de propiedad y naturaleza. El reconocimiento e igualdad de oportunidad para el funcionamiento de las radios y televisión comunitarias y otras sin fines de lucro, como las que tienen derecho a acceder los pueblos indígenas, sigue siendo una asignatura pendiente en varios países de la región. Del mismo modo, la discusión sobre los mecanismos para evitar la concentración en los medios de comunicación requiere de mayores desarrollos por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, algo que la Relatoría se propone abordar en el actual mandato.




  1. Libertad de expresión de grupos específicos. La situación de la libertad de expresión de distintos grupos vulnerados siempre ha sido un eje transversal de la Relatoría Especial desde su creación. El plan de trabajo de este nuevo periodo, requiere profundizar en esta materia e impulsar nuevos estudios sobre el vínculo de la libertad de expresión y la protección y promoción de los derechos de distintos grupos que sufren o han sufrido discriminación (niñas y niños, mujeres, pueblos originarios, población LGBTI, personas con discapacidad, etc.). En este caso la Relatoría Especial promoverá que los Estados adopten obligaciones positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes y que estos grupos puedan ejercer de manera plena la libertad de expresión y la protección de sus derechos frente a expresiones abiertamente discriminatorias.




  1. Libertad de expresión e Internet. La vigencia y protección de la libertad de expresión en el mundo on line es una precondición que concierne y beneficia a todas las personas. La Relatoría Especial ha incorporado el fenómeno de Internet desde la perspectiva de los derechos humanos. Entre esas prioridades, es clave velar y promover el acceso universal a este notable espacio para la educación, el acceso a la información, la expresión personal y el entretenimiento. Dado que la Internet aumentó dramáticamente la posibilidad de recibir, investigar e impartir información, el acceso a Internet es un desafío que guarda relación también con la igualdad y la equidad. La Relatoría Especial ha respondido en su reciente informe sobre Libertad de Expresión e Internet43 a la pregunta sobre cómo garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información en el espacio on line frente a nuevas formas de censura que se diseminan en la web, el papel de los intermediarios en la diseminación de información, la gobernanza de la red, las garantías a la privacidad como contracara de las libertades informativas, los riesgos del fenómeno de la vigilancia masiva a través de Internet y otros medios digitales y la vinculación entre derecho a la información y los derechos de la propiedad intelectual. La Relatoría Especial requerirá aumentar sus capacidades para profundizar en los temas abordados en el primer informe, al tiempo de promover en el sistema los primeros casos que involucran situaciones conflictivas vinculadas a la libertad de expresión en Internet.




  1. Acceso a la información pública. Buena parte de los Estados de América Latina y el Caribe han adoptado leyes de acceso a la información pública, pero aún no está garantizada ni implementada plenamente una cultura de la transparencia. La Relatoría Especial puede jugar un papel importante en el seguimiento de los procesos de implementación de las leyes de acceso a la información, al tiempo de explorar nuevos campos para este derecho, como el de las obligaciones de los Estados en materia de información para garantizar derechos. Corresponde promover el uso del derecho de acceso a la información pública como mecanismo para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales con el fin de extender su utilización en la región y vincular la información pública con el cumplimiento de los derechos sociales.

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