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CAPÍTULO II

EVALUACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL HEMISFERIO

A. Introducción y metodología


  1. Este capítulo describe algunos de los aspectos más relevantes vinculados con la situación del derecho a la libertad de expresión durante 2014 en el hemisferio. Su propósito es entablar un diálogo constructivo con los Estados miembros de la OEA que visibilice los avances reportados, pero también los problemas y los desafíos afrontados durante el período. La Relatoría Especial confía en la voluntad de los Estados miembros de la OEA para promover decididamente el derecho a la libertad de expresión y por ello difunde sus buenas prácticas, reporta algunos problemas advertidos y formula recomendaciones viables y factibles fundadas en la Declaración de Principios.




  1. Al igual que en otros informes anuales, este capítulo expone los aspectos del derecho a la libertad de expresión que merecen mayor atención y que han sido reportados a la Relatoría Especial durante el año. Siguiendo la metodología de los informes anuales anteriores, este capítulo se nutre de los datos recibidos por la Relatoría Especial a través de distintas fuentes estatales, intergubernamentales y no gubernamentales. Es de particular relevancia para la oficina la información enviada por los Estados, aquella que es aportada durante las audiencias celebradas ante la CIDH, la que es remitida por las organizaciones no gubernamentales de la región y las alertas enviadas por los medios y comunicadores. En todos los casos, la información es contrastada y verificada de forma tal que solo se publica aquella que sirva para ayudar a los Estados a identificar problemas preocupantes o tendencias que deben ser atendidas antes de que puedan llegar a generar eventuales efectos irreparables.




  1. La información seleccionada se ordena y sistematiza de manera tal que presenta los avances, retrocesos y desafíos en diversos aspectos del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Así, este capítulo presenta los progresos en materia legislativa, administrativa o jurisprudencial, pero también muestra los problemas afrontados durante el año, tales como los asesinatos, las amenazas y las agresiones contra periodistas y comunicadores que hubieren podido tener origen en el ejercicio de su labor, la aplicación de responsabilidades ulteriores que podrían resultar desproporcionadas, los avances y desafíos del derecho de acceso a la información, las situaciones que podrían afectar la diversidad y el pluralismo en la difusión de información e ideas, las amenazas al ejercicio de la libertad de expresión en internet, entre otros.



  1. Los casos seleccionados para cada tema sirven como ejemplo en relación con el respeto y ejercicio de la libertad de expresión. En todos los casos se citan las fuentes utilizadas. Es pertinente aclarar que la información sobre los casos cuyo análisis se ha omitido responde a que la Relatoría Especial no ha recibido suficiente información confirmada sobre los mismos. Por lo tanto, cualquier omisión debe ser interpretada solamente en ese sentido. En la mayoría de los casos, la Relatoría Especial remite a la fuente directa de la información citando la dirección electrónica del sitio Web correspondiente. Cuando la información no es publicada directamente por la fuente, se menciona la fecha en la cual fue recibida en la casilla de correo electrónico de la oficina. Este reporte no incluye la información remitida a la Relatoría Especial a través de solicitudes de medidas cautelares que no se han hecho públicas.




  1. Para la elaboración de este capítulo del Informe Anual 2014, la Relatoría Especial tuvo en cuenta, en general, los datos disponibles al primero de diciembre de 2014. La información relacionada con aquellos casos ocurridos con posterioridad a la fecha de cierre del Informe Anual 2014 puede ser verificada en la sección de comunicados de prensa de los sitios Web de la Relatoría Especial (http://www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp) y de la CIDH (http://www.oas.org/es/cidh/).




  1. Por último, la Relatoría Especial desea agradecer la colaboración de los Estados miembros de la OEA y de las organizaciones de la sociedad civil que siguiendo la práctica existente, entregaron información sobre la situación del ejercicio de la libertad de expresión en el hemisferio. Como todos los años, la Relatoría Especial invita a que se continúe esta práctica, fundamental para el enriquecimiento de futuros informes.


B. Evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en los Estados miembros
1. Antigua y Barbuda


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento del anuncio hecho en junio por el nuevo gobierno del país sobre el proyecto de ley en el que estarían trabajando que tendría por finalidad despenalizar el delito de difamación. Según lo informado, el Fiscal General, Steadroy Benjamin, habría señalado que el tema sería de gran importancia para el nuevo gobierno del primer Ministro Gaston Browne. El anuncio se habría realizado luego de que el Instituto de Prensa Internacional (IPI) hubiera recordado al nuevo gobierno sobre el compromiso adquirido en una reunión sostenida en abril de 2013 en donde el actual primer Ministro se habría comprometido a derogar esta ley de llegar a ser elegido44.


2. Argentina
A. Avances


  1. El 11 de febrero, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo que ordena al Gobierno incluir al grupo Artear – Canal 13 en el reparto de la publicidad oficial45. El caso inició por una acción de amparo que promovió la empresa Arte Radiotelevisivo Argentino SA (Artear – Canal 13), contra el Estado Nacional (en particular contra la Jefatura de Gabinete a cargo del entonces ministro Juan Abal Medina y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro) con el objeto de que “cese la asignación arbitraria y discriminatoria de la pauta oficial con respecto” a esa empresa. La acción de amparo habría sido rechazada en primera instancia. En junio la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habría fallado a favor y habría ordenado al Estado para que en 30 días elaborara y presentara al juzgado “un esquema de distribución de publicidad oficial” que “se ajuste fielmente [a] las pautas de proporcionalidad y equidad establecidas” por la sentencia. El Estado habría presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que ratificó este fallo y ordenó al Estado a presentar este esquema publicitario equitativo. La Corte Suprema cuestionó que no se hubiera respetado “la doctrina” de los fallos precedentes como Editorial Río Negro contra el gobierno de esa provincia y Editorial Perfil contra el Estado nacional. “La conducta estatal encaminada a no aplicar estos criterios constituye una clara violación de principios constitucionales”46.




  1. Mediante sentencia de 24 de febrero, la jueza civil María Gloria Albores resolvió favorablemente el amparo promovido por el diario La Arena, de la ciudad de Santa Rosa, condenando a la Provincia de la Pampa para que le permita “el pleno acceso a los datos existentes en la causa judicial en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Minería 5”, en la cual el Estado Provincial demandó a funcionarios del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda por un supuesto desvío de dinero47.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que el 26 de marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó una sentencia que obliga al Estado Nacional a garantizar el acceso a la información pública al favorecer una acción de amparo solicitada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) que había pedido al Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, información sobre padrones de beneficiarios y transferencias en gastos corrientes al sector privado en ayudas sociales48. Dicha información habría sido requerida por Cippec en julio de 2008 a este ministerio que se habría negado a suministrarla con el argumento de que era información sensible que afectaba a los grupos vulnerables. Ante la negativa, Cippec habría presentado una acción de amparo ante la cual la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habría ordenado al Estado Nacional suministrar dicha información. En la ratificación de la sentencia, la Corte Suprema señaló que la información solicitada está “vinculada a cuestiones públicas” y que “el acceso a estos datos posee un claro interés público [ya que] para realizar un exhaustivo control social sobre el modo en que los funcionarios competentes han asignado estos subsidios resulta necesario acceder al listado de los distintos beneficiarios y receptores de los planes sociales”. Por último, la Corte Suprema llamó la atención sobre “la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que regule esta trascendente materia” y agregó que es “indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo este derecho […]”. Señaló que la ley de acceso a la información pública “constituye un verdadero reclamo social en nuestro país” y que “para garantizar en forma efectiva el derecho a la información, el Estado debe dictar urgentemente una ley que […] regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho”49.




  1. En el mes de mayo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual habría resuelto la obligatoriedad de incluir la señal digital producida por la Universidad Nacional de Córdoba en la programación de todos los cableoperadores de la providencia50.




  1. Mediante sentencia del 8 de agosto, la periodista Raquel Garruchaga de Radio La Bomba habría sido absuelta en una causa en la que había sido acusada por calumnias e injurias por la ex directora de Desarrollo Social y Comunitario Liliana Ortelio. La funcionaria habría denunciado a la periodista por haber dicho en su programa de radio que aquélla habría utilizado fondos públicos para realizar gastos personales51.




  1. El 14 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en dos casos que involucran el derecho de acceso a la información en poder del Estado. En el primer asunto, dicho tribunal dejó firme la sentencia por la que se había condenado a la Inspección General de Justicia a informar al demandante si las sociedades Ciccone Calcográfica S.A., luego transformada en Compañía de Valores Sudamericana S.A., y The Old Fund, se encontraban inscriptas y, en tal caso, en que carácter, y que suministrara copia de sus estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, domicilios y demás datos que pudieran ser relevantes. En el segundo, la Corte desestimó el recurso extraordinario deducido por el Estado Nacional contra la sentencia que obligaba al titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a poner a disposición de los demandantes determinada información y documentación vinculada al procedimiento de licitación pública para la construcción de las represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”52.




  1. El 21 de octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó una demanda por daños y perjuicios entablada contra los periodistas Jorge Berri, Mariano Obarrio, Gustavo Ybarra, Graciela Mochkofsky y María Villosio, cuyo origen se relaciona con la cobertura de un supuesto pedido de soborno ocurrido en noviembre de 2002 para frenar un proyecto de ley. Entre el 19 de septiembre y el 16 de noviembre de 2002, se publicaron una serie de notas en La Nación, donde se hablaba del rol que habría tenido el consultor Carlos Bercún, jefe del estudio CB & Asociados, quien aparecía como lobbysta e intermediario de esos sobornos. En 2011, se determinó judicialmente que el hecho denunciado en los artículos periodísticos no existió y que el rol de Bercún consistía en elaborar informes parlamentarios para el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Citibank y la Asociación de Bancos Argentinos (bancos internacionales). En respuesta, Bercún demandó a Julio César Saguier, Bartolomé Mitre y José Escribano, así como a los periodistas por “real malicia” y “desinterés por la verdad en la información publicada”. En su decisión, los jueces determinaron la inexistencia de responsabilidad con base en los tres primeros artículos de la Ley 26.522, señalando que las notas estaban fundadas en “gravedad institucional” y que en la causa “no se acreditó que los accionados conocieran de antemano la falsedad de los hechos”53.




  1. El 28 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que determinó que “no corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los “motores de búsqueda” de acuerdo a las normas que establecen una responsabilidad objetiva”, sino “a la luz de la responsabilidad subjetiva”. Dicha decisión tendría su origen en la demanda de daños y perjuicios entablada en contra de Google Inc. y Yahoo de Argentina SRL, en la que se les reclamaba el uso comercial y no autorizado de la imagen de la parte actora, quien además sostenía que se habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsele vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. En primera instancia, las demandadas habrían sido condenadas, mientras que en segunda, sólo se habría condenado parcialmente a una de ellas. En su fallo, la Corte Suprema exoneró en definitiva de cualquier responsabilidad a las empresas. La Corte dijo que, según deduce del derecho comparado, los “buscadores no tienen la obligación general de monitorear (supervisar, vigilar) los contenidos que se suben a la red y que son proveídos por los responsables de cada una de las páginas de la red” y que “sobre esa base son irresponsables por esos contenidos que no han creado”. La Corte dijo que el “buscador” podría llegar a responder por un contenido que le es ajeno “cuando haya tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido, si tal conocimiento no fue seguido de un actuar diligente”. En su decisión, la Corte señaló que tratándose de ilicitudes manifiestas respecto de contenidos dañosos, cuya naturaleza ilícita -civil o penal- sea palmaria y resulte directamente de consultar la página señalada, bastará una comunicación fehaciente del damnificado o, según sea el caso, de cualquier persona, sin requerir ninguna otra valoración ni esclarecimiento. En cambio, en los casos en que el contenido dañoso exija un esclarecimiento que deba debatirse o resarcirse en sede judicial o administrativa para su efectiva determinación, corresponde exigir la notificación judicial o administrativa competente. La Corte Suprema aplicó este mismo razonamiento a los denominados thumbnails, ya que aquí los buscadores también enlazarían a un contenido que no han creado. Finalmente, La Corte Suprema resolvió que no es posible obligar a los buscadores a fijar filtros o bloqueos de vinculación para el futuro, en atención a que ello equivaldría a una censura previa proscrita por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principio que sólo podría ceder en “supuestos absolutamente excepcionales”54.


B. Agresiones, amenazas, intimidaciones y ataques contra periodistas y medios de comunicación


  1. El automóvil de Darío Zarco, director y periodista del diario Primera Línea, habría sido incendiado de manera intencional por desconocidos en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, el 12 de diciembre de 2013. El hecho se habría presentado días después de que el periodista denunciara haber sido atacado presuntamente por una comisión policial por unos cuarenta efectivos mientras cubría los episodios violentos y hubiera sido testigo de un episodio que los propios policías habrían admitido como irregular. En esta ocasión habría sido acosado, amenazado, insultado y su teléfono celular habría sido arrebatado por los funcionarios quienes habrían borrado las imágenes grabadas. El periodista también se encontraría realizando investigaciones de bandas criminales que operan en la zona55.




  1. La Relatoría Especial recibió información sobre las amenazas y posteriores ataques de los que habría sido víctima Omar Reinoso, propietario de FM Belgrano, en la capital provincial de San Luis. Según lo informado, el 6 de diciembre de 2013 el periodista habría sido amenazado por el ex senador provincial Alberto Leyes quien le habría reclamado por la línea editorial de la emisora y le habría dicho “ya vas a ver quién soy yo”. El 22 de diciembre desconocidos habrían robado los equipos de transmisión de la emisora instalados en la localidad de Villa de la Quebrada, en la provincia de San Luis. Tres días después, en los estudios de la radio en la ciudad de San Luis desconocidos habrían robado elementos relacionados con la actividad periodística. El periodista habría puesto la denuncia de los hechos56.




  1. Un equipo periodístico del canal Todo Noticias (TN) habría sido agredido por presuntos familiares y amigos del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, quienes intentaban entrevistar al funcionario en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, Brasil, el 1 de enero. Según la información recibida, el equipo conformado por el periodista Ignacio Otero, el camarógrafo Marcelo Funes y el asistente de cámara Martín Magaldi, habrían recibido puños, patadas, intentos de ahorcamiento, insultos y amenazas ante la supuesta mirada del funcionario. Las autoridades brasileñas no se habrían presentado en el lugar. Los comunicadores habrían sido amenazados con tener problemas con el AFIP así como que tendría problemas al regresar al país. El equipo periodístico habría publicado un informe sobre unas “vacaciones de lujo” del funcionario57. Posteriormente, el 3 de enero, en rueda de prensa destinada para hablar de los resultados de la recaudación fiscal realizada el 3 de enero, el funcionario habría acusado al grupo Clarín y a su CEO, Héctor Magnetto, de una operación de “amedrentamiento” y “linchamiento mediático”. Las declaraciones habrían tenido origen en la polémica que habría causado la publicación de dicho informe y la presunta agresión contra el grupo periodístico de TN58.




  1. La periodista Susana Arriéguez de la ciudad San Salvador de la provincia de Jujuy habría denunciado que el 18 de enero habría recibido una llamada a su casa en la que un hombre desconocido la habría amenazado con matarla a ella, su hijo, su madre y familiares si seguía “hablando” de Milagro Sala (diputada provincial y dirigente del movimiento social Túpac Amaru) y del movimiento político CCC (Corriente Clasista y Combativa). Según lo informado, en sus programas la periodista habría realizado críticas a este movimiento, razón por la que la comunicadora habría vinculado este episodio al proceso de amedrentamiento del que vendría siendo víctima desde 2012. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) habría pedido que se restituyera el esquema de protección con el que contaba Arriéguez y que habría sido retirado. El hecho habría sido denunciado ante la Brigada de Investigaciones de la policía de Jujuy59.




  1. En la madrugada del 26 de enero, desconocidos habrían derribado la antena de transmisión de Radio 7 de la localidad de Villa Unión en la provincia de La Rioja. Las pericias de la policía habrían indicado que los alambres que sostenían la antena habrían sido cortados con una herramienta especial. El hecho habría dejado fuera del aire a la emisora razón por la que estarían transmitiendo solo por Internet60.




  1. La Relatoría documentó presuntas agresiones, amenazas y/o atentados contra periodistas por parte de supuestos miembros de las fuerzas de seguridad o por desconocidos. Tales serían los casos de Claudia Peralta y el camarógrafo Tomás Foster, de Canal 5, quienes habrían sido amenazados y agredidos el 26 de enero por vecinos del barrio La Granada cuando intentaban realizar una nota sobre el mural de Claudio Ariel ‘Pájaro’ Cantero, el asesinado líder de la banda de narcotraficantes ‘Los Monos’61. Otros caso es el de César Ríos, director del periódico Síntesis, cuya vivienda habría sido atacada por una bomba casera el 15 de febrero luego de que el periodista publicara información sobre el narcotráfico en la ciudad de San Lorenzo62. El 18 de febrero Ríos habría dado una entrevista a un medio televisivo de Buenos Aires junto a Claudio Martínez, director y propietario de Radio Máxima FM 91.5, quien también habría denunciado el tema del narcotráfico y corrupción política. Al día siguiente, Martínez habría recibido amenazas a través de su teléfono celular en la que entre otras expresiones le habrían dicho “cortala, te vamos a liquidar, elegí qué tipo de bala querés que usemos”63. El 28 de febrero, un fotógrafo y un periodista del diario La Capital habrían sido atacados con piedras y disparos por parte de desconocidos cuando realizaban la cobertura de un tema relacionado con inseguridad en la localidad de Villa Gobernador Gálvez al sur de Rosario64. Andrés Mendieta, periodista del diario digita Jujuy al Momento, habría sido golpeado por la espalda mientras realizaba una entrevista por el legislador Guillermo Snopek, vicepresidente primero de la Legislatura de Jujuy, el 16 de abril65. En la madrugada del 20 de abril, la vivienda del periodista Carlos Fornés en la ciudad de Santa Fe habría sido abalada por desconocidos en la ciudad de Santa Fe66. El 5 de mayo, Freddy Páez, presentador del noticiero del Canal 5, habría sido golpeado por un oficial de la policía de la provincia de Santa Cruz en la localidad de Pico Truncado quien lo habría estado esperando a que terminara su trabajo. El comunicador habría puesto la denuncia ante la Fiscalía67.




  1. La señalada jefa de una banda de narcotráfico, Sandra Yaquelina Vargas alías ‘La Yaqui’, habría ordenado asesinar a algunos periodistas del diario El Sol de la ciudad de Mendoza en presunta represalia por las investigaciones que el medio habría realizado desde mediados de 2012. Según la información disponible, la División de Análisis Criminal habría tenido conocimiento de la reunión que sostuvo la presunta jefa con su grupo de jóvenes – conocidos como ‘Los Angelitos de la Yaqui’ – a quienes habría ordenado asesinar a los periodistas que desde el 2012 habrían mostrado cómo era el movimiento de su banda. La fiscal Especial Claudia Ríos habría ordenado la custodia policial para tres periodistas de dicho diario. Por su parte, el ministro de Seguridad de Mendoza, Leonardo Comperatore, se habría comprometido a trabajar con la Fiscalía para preservar la integridad de los periodistas68. El 15 de febrero, desconocidos armados habrían entrado a las instalaciones del diario tras burlar la custodia policial, habrían amenazado al personal de seguridad y se habrían llevado algunos elementos de la redacción69.




  1. A inicios del mes de abril, en el marco de una conferencia de prensa, personal policial habría mostrado un falso video que incrimina a algunos periodistas en un hecho de corrupción. De forma intimidatoria a los comunicadores, las imágenes montadas habrían sido puestas como un ejemplo de cómo se puede manipular la información70.




  1. La Relatoría Especial fue informada de los posibles hechos de intimidación en contra del diario MDZ Online en la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza. De acuerdo con lo informado, en el ingreso principal del medio habrían aparecido dos balas calibre 9 mm sin accionar. La primera de ellas se habría encontrado el 10 de abril, mientras que la segunda habría aparecido el 17 de abril. Los directivos del diario habrían realizado una denuncia ante la Oficina Fiscal 8 de Guaymallén en donde habrían relacionado una serie de publicaciones e investigaciones sobre hechos de corrupción y juicios en marcha que podrían estar relacionados con la intimidación. La justicia habría ordenado medidas de seguridad pública alrededor del diario71.




  1. El 14 de mayo, Ezequiel Oslé, periodista del portal laplataYA.com habría sido increpado de manera violenta por el concejal Guillermo Renna quien también lo habría amenazado con perder su trabajo y le habría dicho “vos no sabes con quién te estás metiendo”. El hecho se habría producido por una nota publicada por el comunicador el día anterior. A la amenaza se habría sumado un intento de agresión por parte de uno de los asesores del funcionario, la cual habría sido impedida por los presentes72.




  1. El 19 de mayo, los diputados de la provincia de Jujuy Milagro Sala y Germán Noro habrían encabezado una movilización frente a las instalaciones del diario Pregón en rechazo a una nota publicada por el rotativo que Sala habría catalogado como de “mentira” y que habría reportado sobre los incidentes presentados en el barrio Túpac Amaru donde la diputada Sala tiene una organización con el mismo nombre. Durante la movilización, se habría impedido el tránsito por la vía en donde se ubica el diario. El medio habría ofrecido a los dirigentes la posibilidad de replicar lo que ellos consideraban equivocado de la publicación. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) lo habría catalogado como un hecho “con tintes intimidatorios”73. El 22 de mayo, algunos diputados habrían propuesto sancionar a los diputados Sala y Noro por lo que habrían considerado actos de intimidación contra el diario, ataques a la libertad de expresión así como por los incidentes de violencia (que habrían originado la nota periodística). La propuesta no habría sido aceptada74.

  2. El 9 de julio, los periodistas Carolina Ponce de León, de Radio Universidad, Marisa Suárez, de FM Láser y Sergio Silva, de Canal 26, habrían sido agredidos por custodios y personal cercano al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, cuando se encontraban cubriendo su visita a Tucumán75




  1. El 18 de julio, la FM Radio San Jorge, ubicada en Caleta Oliva, provincia de Santa Cruz, habría sido atacada mediante piedras que serían arrojadas a los ventanales de la emisora. Los hechos sucederían mientras se emitía el programa informativo “El último que apague la luz”, conducido por el periodista Ricardo Duarte, quien días antes habría sido amenazado por personas que se movilizaban en un automóvil mostrándole un arma de fuego76.




  1. El 26 de julio, el periodista misionero Martín Sereno habría sido agredido por el intendente de la localidad de Andresito, Bruno Beck, mientras el comunicador se encontraba en el Polideportivo de esa municipalidad realizando una nota periodística relativa a personas evacuadas por inundaciones77.




  1. El 31 de julio, en la ciudad de Santa Fe, tres periodistas de Radio Sol, habrían sido primero amenazados y luego uno de ellos víctima de agresiones. Aparentemente, durante su emisión en directo, mientras hacían criticas al accionar de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), los periodistas Jorge Cantero, Ignacio Herraez y Alejandro Paganelli habrían recibido una amenaza telefónica en la que les habrían advertido que dejaran de criticar y que los esperarían al final del programa. Más tarde, cuando los periodistas dejaban la estación, unos hombres encapuchados los habrían estado esperando en un auto negro con vidrios polarizados. Uno de los agresores persiguió al periodista Alejandro Paganelli, pateó violentamente su automóvil, y luego huyó con los demás al divisar otros integrantes del programa78.




  1. El reportero gráfico Maximiliano Huyema del diario Tiempo de San Juan habría recibido amenazas cuando trabajaba en una nota sobre irregularidades en la construcción de un barrio privado en la ciudad de Rivadavia. Al parecer, mientras el periodista realizaba su trabajo, se le acercó una persona que lo amedrentó diciéndole que le ocurriría como al reportero gráfico José Luis Cabezas79, quien fuera violentamente asesinado en el año 199780.




  1. El 15 de agosto, el periodista Dante Leguizamón habría sido amenazado por el Jefe de Policía de la Provincia de Córdoba, Comisario Julio César Suárez, en forma personal y pública por el tratamiento de noticias vinculadas con el accionar policial. Al parecer, el Jefe de Policía le habría dicho al comunicador “[y]o mismo me voy a encargar de vos”81. Derivado de este hecho, el 22 de octubre, un fiscal penal habría imputado al citado funcionario por el delito de coacción82.




  1. El 11 de septiembre, un desconocido habría incendiado el automóvil del periodista Gustavo Sylvestre, estacionado frente a su domicilio. El afectado, conductor del programa radial ‘Mañana Sylvestre’, habría declarado que el acto fue intencional83.




  1. El 11 de septiembre, el equipo ‘Periodismo Para Todos’, encabezado por Rodrigo Alegre y Paula Bernini habría sido interceptado en la provincia de Formosa cuando trataba de llegar en una escuela wichi. Al parecer, un grupo de aproximadamente 20 personas habrían obligado a los periodistas a bajar de la camioneta en la que viajaban para ser interrogados por alrededor de dos horas por el grupo agresor, entre cuyos lideres se encontraría el diputado provincial Roberto Vizcaino84.




  1. El 8 de noviembre, en Santiago del Estero, desconocidos habrían pintado de negro el portón del garaje y colocarían un ataúd en miniatura en la casa de los padres del periodista Leonel Rodríguez, corresponsal del diario La Nación. El periodista relacionaría esta amenaza con la cobertura que ha hecho de una causa judicial que se le sigue al ex intendente de La Banda, Héctor “Chabay” Ruiz, quien está imputado en una causa por abuso sexual. El comunicador habría recibido amenazas a través de Facebook, donde se le amedrentaría diciéndole: “dejá de joder con Chabay”, y expresiones similares85. Asimismo, en el mes de agosto, mientras Leonel Rodríguez estaba cubriendo el cierre de campaña de las elecciones municipales en La Banda, se le habría acercado el hijo menor de “Chabay” para amenazarlo86. En el mismo contexto de amenazas, en el mes de octubre, el director de la prensa de La Banda, Gustavo Pavón, habría citado al hermano del periodista, Luciano Rodríguez, quien tiene un programa deportivo, y le habría dicho: “con vos está todo bien, pero tengo que retirarte la pauta porque Chabay está caliente con tu hermano”87.




  1. El 13 de noviembre, el periodista Germán de los Santos, corresponsal del diario La Nación en Rosario recibió varias llamadas telefónicas en las que se amenazaría su vida. Aparentemente, las amenazas se vincularían con el trabajo periodístico del comunicador sobre actividades de narcotráfico en Rosario y alrededores, los cuales lleva cubriendo desde hace tiempo88. La Cámara de Diputados expresó su repudio en contra de estos hechos, manifestando su solidaridad al periodista89. La Relatoría Especial hizo saber al Estado su preocupación por esta y otras amenazas en contra de periodistas que investigan el crimen organizado. Por su parte, el Estado informó a la Relatoría, que la investigación está radicada bajo número 23.303/14 (Fiscalnet 126.412/14) ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nro. 3 de Rosario, con carátula “Srio. Av. s/Amenazas con armas o anónimas. Dte.: German Guillermo De Los Santos” y que el Fiscal y la Procuraduría General de la Nación habían adoptado todas “las medidas necesarias para garantizar la integridad física del señor de los Santos y su núcleo familiar”.90




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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