Original: Español Informe Anual de la Comisión



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C. Agresiones y amenazas contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento que durante las manifestaciones que se habrían presentado en diferentes ciudades del país por parte de policías que reclamaban un aumento salarial, a inicios de diciembre de 2013, se habrían presentado robos, agresiones y/o amenazas contra los periodistas que realizaban la cobertura de estas. Algunos de estos habrían sido los casos del fotorreportero Carlos Sánchez, del diario digital La Voz de Jujuy; Ángel Díaz, periodista de RadioVisión de Jujuy; Luis Lettier y Gonzalo Rodríguez, del Canal 4 Noticias, en la provincia de Jujuy91. También se habría conocido los casos de la periodista Belén Salvañá, el camarógrafo Cristian Ponce y el técnico Miguel Debiassi, del equipo periodístico del Canal 5 de Rosario92; y Leo Botta, del canal de cable del diario El Litoral93, en la provincia Santa Fe. En la provincia Tucumán se habrían presentado los casos del fotógrafo Jorge Olmos Grosso y de la corresponsal Luis María Ruiz ambos del diario La Gaceta; Daniel Gollán, periodista independiente; Gianni Bulacio, del diario El Tribuno de Tucumán; Sebastián Lorenzo Pisarello, de la agencia APA!94; Marcelo Cuello, periodista de la televisora estatal Canal 10; Sol Iriarte, del canal CCC; Eduardo Paul, del Canal 895.




  1. Brian Palacio, fotógrafo ‘freelance’, habría sido secuestrado, golpeado y amenazado por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional mientras cubría una manifestación en un municipio de la provincia de Buenos Aires. Según la información recibida, luego de que Palacio tomara fotografías de cuando agentes de seguridad supuestamente golpeaban a manifestantes, miembros de la policía habrían subido a Palacio a la fuerza a una camioneta en donde lo habrían tenido dando vueltas mientras lo golpeaban y lo amenazaban con “tirarlo al Riachuelo”. Los efectivos lo habrían obligado a borrar las imágenes, le habrían quitado todo su equipo de trabajo; le habrían tomado sus datos y cuando lo bajaron de la camioneta lo habrían amenazado con buscarlo si llegaba a denunciar lo sucedido. La madre de Palacio habría presentado la denuncia ante la Fiscalía, y el 3 de enero el fotorreportero habría ido a declarar en donde reconoció que no cuenta con testigos del hecho96.

  2. El 12 de enero, dos comunicadores indígenas habrían sido reprimidos de manera violenta por parte de la policía de la provincia de Jujuy quienes los habrían amenazado, agredido física y verbalmente y posteriormente detenido. Según la información recibida, Sergio González, de radio Luna Azul de Humahuaca, y Armando Quispe (o Kispe), de FM Pachakuty de Abra Pampa, habrían estado filmando y registrando una protesta de una comunidad aborigen por el paso del Rally Dakar por la zona. Durante la supuesta agresión a los comunicadores, los policías habrían intentado quitarles sus celulares y filmaciones. Finalmente habrían sido detenidos por “resistencia a la autoridad”97. Días después, la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina (CCAIA) habría publicado un comunicado en el que habría denunciado que Quispe estaría siendo “hostigado por las fuerzas de seguridad provincial” luego de que presuntamente hubiera sido detenido nuevamente en la madrugada del 20 de enero. Ese día, tras la culminación de un festival folclórico la policía provincial habría sujetado a Quispe, lo habría tirado al suelo, lo habría esposado y habría sido trasladado a una comisaría para “averiguación de antecedentes”98.




  1. El 20 de mayo, en el inicio del juicio contra el ex fiscal José María Campagnoli manifestantes que presuntamente respaldaban al funcionario, habrían agredido, insultado e intentado golpear a algunos de los periodistas que se encontraban en el lugar cubriendo el hecho, entre ellos a la periodista de radio Continental Marcela Ojeda.99 El 4 de junio, Mónica Kreibohm, periodista del diario Norte, habría sido herida por una bala de goma mientras cubría las movilizaciones realizadas por diferentes grupos civiles en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. La periodista habría intentado interceder para evitar la detención de una manifestante quien se habría encontrado descompensada cuando un policía le habría disparado en una de sus piernas. La periodista habría anunciado que denunciaría al supuesto agresor100.




  1. Los periodistas Ariel Lima, del noticiero de Canal 7, y Jennifer di Serio, de CN23, de la ciudad de Buenos Aires, habrían sido golpeados por efectivos de la Gendarmería Nacional mientras cubrían la protesta en la Ruta Panamericana, sobre el límite con la provincia de Buenos Aires, de manifestantes que reclamaban la reincorporación de los trabajadores despedidos en la empresa multinacional Lear101.




  1. En la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de información “es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad”102. Por esta razón, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función. En ese sentido, deben garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información103.


D. Adecuación a Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual


  1. La Ley 26.522 que regula “los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina” fue promulgada el 10 de octubre de 2009. El Grupo Clarín interpuso una acción de inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la ley en 2010. En diciembre de 2012 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y lo Comercial Federal No. 1 rechazó la acción de inconstitucionalidad. El Grupo apeló la decisión y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial dictó sentencia acogiendo parcialmente el reclamo. El tema fue sometido ante la Corte Suprema de Justicia que dictó sentencia el 29 de octubre de 2013. En ella se pronunció a favor de la constitucionalidad de los artículos de la ley cuestionados y concluyó que en el caso no se encontraba afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín104.




  1. El Estado informó a la Relatoría Especial que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) recibió 40 propuestas de adecuación voluntaria a los nuevos límites de concentración de licencias para prestadores de servicios de comunicación audiovisual que estableció la Ley 26.522, de las cuales 21 fueron declaradas formalmente admisibles, 16 fueron rechazadas por no requerir adecuación y 3 se encuentran encontraban pendientes de resolución. Asimismo, que se ha dado inicio a dos procedimientos de adecuación de oficio sobre propuestas que habían sido declaradas formalmente admisibles, uno que recae sobre Grupo Clarín, S.A. y otro sobre Cadena 3. Respecto de éste último, el Estado señaló que quedaba pendiente de discusión la aprobación parcial de la ejecución de la propuesta declarada formalmente admisible que conllevaría a ordenar la transferencia de oficio de dos licencias105. Con posterioridad a la información recibida, se aprobaron otras dos propuestas de adecuación de las tres que quedaban pendientes, quedando sólo una pendiente106.




  1. En el marco del proceso de adecuación a la nueva ley, varios grupos empresariales presentaron planes de adecuación, entre ellos los siguientes: el Grupo Clarín, el Grupo Uno Medios, Telefé –perteneciente a Telefónica de España–, el grupo español Prisa, el Grupo Indalo y Directv, de origen estadounidense107.




  1. El Grupo Uno Medios contaba con licencias de televisión por abonados, canales de televisión de aire y canales de contenido para televisión para abonados y emisoras de radio. Su propuesta de adecuación, que fue aceptada por la AFSCA en febrero de 2014, consistió en repartir las licencias entre empresas más pequeñas presuntamente creadas por los socios y sus familiares108. La propuesta del Grupo Indalo, propietario de un canal de televisión por cable, una licencia UHF y diversas radios, consistió en la venta de dos emisoras de FM de Buenos Aires y la señal UHF109. Directv, por su parte, debía adecuar la propiedad de una señal local, por lo que decidió que inscribiría a Golf Channel como parte de su subsidiaria argentina110. Todas estas propuestas de adecuación fueron aprobadas por el organismo regulador.




  1. En diciembre de 2014, otros dos grupos obtuvieron la aprobación de sus planes de adecuación a la ley de servicios de comunicación audiovisual: Telefé –que poseía nueve licencias de televisión abierta, superaba el tope de 35 por ciento de audiencia potencial en el país y estaba vinculada a una empresa telefónica extranjera con presencia en el país (Telefónica de España)– y Prisa, dueño de la radio AM Continental y otras emisoras, con más del 30 por ciento del paquete accionario en manos extranjeras y con una mayor cantidad de licencias de radio que las permitidas. La AFSCA aprobó la propuesta de Telefé (Televisión Federal Sociedad Anónima) basado en que sus vínculos con Telefónica de Argentina, una de las dos compañías de telefonía fija del país, que además presta servicios de telefonía móvil, serían indirectos. De acuerdo con la ley vigente, no puede ser titular o accionista de servicios de comunicación audiovisual quien “posea el diez por ciento (10%) o más” de acciones de una “prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal” (Art. 25). La AFSCA validó el plan de adecuación de Telefé bajo el entendido de que “no existe impedimento” porque tanto la compañía de televisión como la telefónica pertenecen de forma independiente a la casa matriz en España111. Telefé por su parte asumió el compromiso de vender dos canales en el interior del país. En diciembre la AFSCA también aprobó el plan del grupo Prisa (Radio Continental y otras emisoras en el interior), mediante un acuerdo de reciprocidad con España que la exime de cumplir con el máximo de propiedad extranjera y la cesión de algunas licencias112.




  1. En relación con Grupo Clarín, el 8 de octubre, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) rechazó su propuesta de adecuación mediante la Resolución 1121/14 y decidió iniciar la adecuación de oficio113. La propuesta rechazada había sido declarada formalmente admisible el 18 de febrero, mediante resolución 193/14, en el entendido de que “divid[ía] la estructura del Grupo Clarín en seis (6) Unidades de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyos accionistas directos o indirectos no deb[ían] tener vinculación societaria entre sí”114. El 16 de mayo, el Grupo habría presentado ante la AFSCA, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio los nombres de los empresarios que quedarían a cargo de dos unidades de negocios en las que se dividiría para poder adecuarse esta ley115. Según un análisis realizado por los equipos técnicos de la AFSCA, el Grupo Clarín habría tratado de “hacer trampa para burlar la ley”116 a través de “sociedades cruzadas”117. El titular de la referida entidad, Martín Sabbatella, señaló que a través del plan de adecuación, el Grupo habría pretendido “fingir una venta que era apenas un maquillaje que escondía, en definitiva, que los mismos dueños de hoy siguieran manejando la empresa como una gran sociedad”118 y que las dos unidades de negocios independientes, “mant[endrían] vínculos comerciales en sociedades armadas en Panamá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Argentina” 119. El 31 de octubre, el juez federal en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, dictó una medida precautelar que suspendió la adecuación de oficio hasta tanto resuelva la cautelar que presentó el multimedios. Según el juez, “dada la importancia del tema a tratar, como así también el estado de los hechos en la causa” “corresponde ordenar” a la AFSCA y otros organismos “se abstengan de ejecutar, por sí o por terceros, acto alguno con relación a la transferencia de oficio dispuesta hasta que se dicte la resolución que trata la cautelar solicitada”120.




  1. El Grupo Clarín, por su parte, argumentó que su plan se ajusta rigurosamente a la Ley, ya que la división y venta de sus unidades no exhibe ningún tipo de incompatibilidad con las exigencias de ésta. En distintos pronunciamientos los responsables del Grupo Clarín indicaron que con la adecuación de oficio el gobierno violaría su derecho al debido proceso al no haberle notificado con anticipación que se iniciaría una adecuación de oficio y que se violentarían los principios del fallo de la Corte Suprema de 2013, ya que la decisión gubernamental implica un trato desigual frente a otros grupos de medios121. En diciembre de 2014, el juez Horacio Alfonso dictaminó la suspensión durante seis meses de la adecuación del Grupo Clarín a la norma, medida que habría sido apelada por la AFSCA122.


E. Responsabilidades ulteriores


  1. En diciembre de 2013, el director del medio digital Última Hora, Juan Pablo Suárez, habría sido detenido en la ciudad de Santiago del Estero, luego de ser acusado de "instigación a cometer delito de sedición, tras cubrir la supuesta represión a un policía que exigía mejores salarios. El periodista habría pasado diez días en prisión. El 13 de mayo, el juez federal Pedro Simón habría incrementado el peso de la denuncia al acusar a Suárez del delito de incitación a la violencia colectiva agravado por finalidad de aterrorizar a la población, lo que significaría aplicar la Ley Antiterrorista123. El caso se remonta al 9 de diciembre de 2013 cuando Suárez habría grabado un video de una supuesta represión en contra de un policía que habría estado protestando en busca de un incremento salarial. Horas después, una jueza del Crimen de 5ta. Nominación de la justicia ordinaria provincial habría ordenado un allanamiento de la sede de Última Hora. Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron varias computadoras y otros aparatos electrónicos de la redacción, entre estos, la filmación de la supuesta represión. La detención de Suárez habría ocurrido durante este allanamiento124. El 27 de mayo, el juez Molinari habría dejado sin efecto la acusación de sedición y la aplicación de la ley antiterrorista contra el periodista, pero lo habría procesado por incitación a la violencia. Según la información disponible, el juez se habría basado en mensajes encontrados en los teléfonos móviles del periodista y del policía (de quien se habrían hecho las imágenes de la supuesta represión) en donde el periodista supuestamente le pedía “más gente en la marcha”, lo que el juez habría considerado “instigaba a los policías a acuartelarse” como habría sucedido en el resto del país. El delito de incitación a la violencia prevé una pena de tres a seis años125. El 15 de octubre, el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, habría pedido el sobreseimiento del procedimiento seguido en contra del periodista por ausencia de delito126, lo que finalmente sucedería al declarar el Tribunal el sobreseimiento de culpa y cargo127.




  1. La CIDH observa que la jurisprudencia y doctrina interamericana en la materia128 determinan que la imposición de sanciones por el abuso de la libertad de expresión bajo el cargo de incitación a la violencia (entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la seguridad nacional) debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión (por dura, injusta o perturbadora que ésta sea), sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos. Si no fuera así, se estaría admitiendo la posibilidad de sancionar opiniones, y todos los Estados estarían habilitados para suprimir cualquier pensamiento u expresión crítica de las autoridades que, como el anarquismo o las opiniones radicalmente contrarias al orden establecido, cuestionan incluso, la propia existencia de las instituciones vigentes.




  1. Asimismo, la jurisprudencia y doctrina interamericana ha precisado que las leyes que establecen las limitaciones a la libertad de expresión deben estar redactadas en los términos más claros y precisos posibles, ya que el marco legal debe proveer seguridad jurídica a los ciudadanos129. Este requisito adquiere mayor importancia cuando se trata de limitaciones a la libertad de expresión impuestas por el derecho penal. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que este tipo de limitaciones deben satisfacer adicionalmente las exigencias propias del principio de estricta legalidad, conforme al artículo 9 de la Convención Americana: “si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad”130. Lo anterior se concreta en la necesidad de “utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles”131, lo cual implica “una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales”132.




  1. El periodista Agustín Bottinelli habría sido procesado por el juez Sergio Torres por el delito de coacción como consecuencia de una publicación ocurrida en el año de 1979. Esto convertiría al comunicador en el primero de su profesión en ser sometido a un juicio por delitos de lesa humanidad a nivel nacional. El 10 de septiembre de 1979, se habría publicado en la revista Para Ti un artículo intitulado “Habla la madre de un subversivo muerto”, donde la señora Thelma Jara de Cabezas sería presentada como una arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a su hijo para que se volcara a la lucha armada. En ese entonces, la entrevistada se habría encontrado cautiva en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y su hijo estaría desaparecido desde el año 1976, hecho que se había denunciado ante distintos organismos de derechos humanos. El auto dictado por la autoridad judicial señalaría que “[e]l objeto del reportaje habría sido poner en duda u ocultar la práctica de detenciones ilegales y desapariciones forzadas, incluida la de la propia entrevistada, y de difundir la idea de que la existencia de las desapariciones era una mentira sembrada por las organizaciones de derechos humanos […]”133.


F. Internet y libertad de expresión


  1. En octubre, el secretario de Comunicaciones, el jefe de Gabinete, y los ministros de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de Economía presentaron el proyecto de la Ley Argentina Digital, que tiene por objeto ordenar y regular las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Durante la presentación, el jefe de Gabinete señaló que el derecho a la comunicación “es un derecho humano y que por ello todos deberán recibirlo en igualdad de condiciones”. Resaltó que la norma “es de orden público” y que “excluye de su objeto cualquier tipo de regulación de sus contenidos”. El ministro aseguró que a través de la iniciativa se permitirá “el acceso de la totalidad de los habitantes a los servicios de información y comunicación en condiciones equitativas con los más altos parámetros de calidad”134. El proyecto de Ley comenzaría a debatirse desde el 4 de noviembre en la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación del Senado de la Nación135.




  1. Entre otras cosas, el proyecto original136 habilitaba a las empresas telefónicas a prestar servicios de comunicación audiovisual, al permitirles acceder a licencias para brindar el denominado “cuádruple play” (televisión por satélite, prestación de servicios de internet, telefonía por 4G y telefonía fija). Esta posibilidad había sido especialmente vedada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada el 10 de octubre de 2009 y cuya constitucionalidad fue declarada por la Suprema Corte Argentina137. Durante todo el tratamiento del proyecto de ley, la Relatoría Especial recibió información de diversas organizaciones de la sociedad civil que mostraron su preocupación por ciertos contenidos de la Ley y la celeridad de su tratamiento por parte del congreso. Dichas inquietudes se centraron en: i) la falta de precisión de la disposición que recoge el principio central de “neutralidad de la red”; ii) la obligación del Estado de no interferir en la capa de contenidos de la red; iii) la presunta falta de autonomía e independencia del gobierno en el diseño del organismo de aplicación de la normativa destinada a regular ciertos aspectos de las tecnologías vinculadas a internet; iv) la falta de precisión para definir los “servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones”, lo cual podría provocar confusión respecto de quienes quedarían sujetos a la Ley; v) la insuficiente protección al derecho a la privacidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la necesidad de establecer la garantía de inviolabilidad de los llamados metadatos, incluyendo los datos de tráfico y los de geolocalización; vi) la ausencia de reglas claras y procedimientos para la determinación de poder significativo de mercado de los prestadores de estos servicios y la progresión de medidas destinadas a corregir los efectos de distorsión que ello causa; vi) la indefinición del régimen sancionador, cuya la reglamentación del régimen sancionatorio que se encargaría a la autoridad de aplicación138.




  1. Conforme a la información oficial, el 19 de noviembre, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación Argentina emitió dictamen favorable de la Ley. De acuerdo con este dictamen, las telefónicas no podrían prestar servicios de televisión satelital y su incorporación al mercado de servicios de comunicación audiovisual sería gradual139. En esa oportunidad también se agregó al proyecto un capítulo entero referido a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios, como el acceso a las TICs en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”. Asimismo, se estableció que la autoridad de aplicación de la ley deberá garantizar la “competencia y desarrollo de mercados regionales, evitando asimetrías con las grandes empresas”. El texto del proyecto excluiría explícitamente cualquier regulación de los contenidos en la red140.




  1. El 16 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto final de la Ley Argentina Digital. La versión aprobada por el Senado el 10 de diciembre, contiene modificaciones que buscarían contemplar algunas de las críticas realizadas por expertos, académicos y la sociedad civil. El poder ejecutivo promulgó la Ley Argentina Digital el 18 de diciembre141. En este sentido, la Ley 27.078 crea la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como autoridad de aplicación de la ley, la cual “será continuadora a todos los fines y de conformidad con lo fijado en la presente ley, de la Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones”142. También determina las competencias, presupuesto y directorio de la autoridad de aplicación, compuesto por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional143. Asimismo, la Ley crea el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, compuesto por representantes del Estado, de compañías de telefonía fija y móvil, de servicios de telecomunicación sin fines de lucro, prestadores de servicios de conectividad, entidades sindicales, el Consejo Interuniversitario, asociaciones de usuarios, entre otros, designados por el Poder Ejecutivo Nacional144. Sus atribuciones incluyen colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de telecomunicaciones y tecnologías digitales; convocar anualmente a los integrantes de la Autoridad Federal, a efectos de recibir un informe pormenorizado de gestión; realizar un informe anual sobre el estado de cumplimiento de la ley y del desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones y digitales en Argentina y asesorar a la Autoridad de Aplicación145. Adicionalmente, la Ley incluye entre las atribuciones de la entonces Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, creada en el ámbito del Congreso Nacional, las funciones de evaluar el desempeño de los miembros del directorio de la autoridad de aplicación y proponer al Poder Ejecutivo los candidatos para la designación de tres miembros de dicho órgano, entre otras atribuciones146. Finalmente, la Ley cuenta con una definición más acotada de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones147 y contiene disposiciones que buscan proteger el principio de la neutralidad de la red148. La Relatoría Especial anima al Estado Argentino para que continúe el diálogo con los representantes de la sociedad civil que permite una sana retroalimentación y mejora en la implementación de la iniciativa.




  1. La Relatoría Especial recuerda que Internet se ha desarrollado a partir de determinados principios de diseño, cuya aplicación ha propiciado y permitido que el ambiente en línea sea un espacio descentralizado, abierto y neutral. Varios de los temas tratados por la ley “Argentina Digital”, se refieren a cuestiones centrales del funcionamiento de Internet. La Relatoría reitera que, como ha observado en el informe “Libertad de Expresión e Internet”, la neutralidad de la red es fundamental para garantizar la pluralidad y diversidad del flujo informativo. También ha reconocido que el derecho a la libertad de expresión se ve favorecido cuando los Estados protegen la privacidad de las comunicaciones digitales, así como la confidencialidad e integridad de los datos personales que circulan en línea. Asimismo, para establecer cualquier restricción a la libertad de expresión en Internet se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de esta plataforma para garantizar y promover la libertad de expresión, y cualquier sanción debería ser aplicada por órganos autónomos y especializados de manera que tengan la capacidad técnica y las garantías suficientes para resguardar posibles amenazas estructurales respecto a Internet o de la integridad de las comunicaciones149. De cara a la implementación de la normativa, es importante que en las distintas instancias se mantenga el diálogo y la participación reforzada de todos los actores y no se desvirtúen las características básicas del entorno original.

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