Original: Español Informe Anual de la Comisión



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G. Declaraciones estigmatizantes


  1. Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habría acusado al diario La Nación y su periodista Hugo Alconada Mon de montar “un proceso sistemático” de “maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado Nacional y sus instituciones”. Según la información recibida, el comunicado habría sido publicado desmintiendo una nota publicada por dicho diario en la que señalaba que la Inspección General de Justicia (IGJ) supuestamente había protegido a una empresa anónima relacionada con la familia presidencial150.



  1. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, habría señalado a los diarios La Nación y Clarín de realizar operaciones en su contra, luego del supuesto allanamiento a la UIF por sospechas de encubrimiento de un empresario acusado de lavado de dinero. El funcionario habría señalado que esto haría parte de una campaña para impedir su continuidad frente a este organismo151.




  1. La Relatoría Especial documentó críticas descalificantes hacia la prensa por parte de funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales afines al gobierno. Así por ejemplo, se habría acusado falsamente a un medio de tener en su poder kilos de cocaína152, de generar “sensación de catástrofe económica”153, de “mentirle a sus lectores”154, de ser “más peligrosos” que los militares155. También se habrían presentado estigmatizaciones contra periodistas por el medio en el que trabajan156.




  1. El secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, habría acusado al diario La Nación y al grupo de medios Clarín de “difamar y mentir”, y habría anunciado que pediría a las entidades periodísticas y facultades de periodismo del país a investigarlos por lo que “podría ser una falta grave a la ética y el ejercicio de la profesión del periodismo”. Según el funcionario, La Nación no habría esperado la respuesta oficial en una nota relacionada con la Casa Rosada y posteriormente un medio del grupo Clarín habría hecho un informe con base en la nota de La Nación157.




  1. El 14 de noviembre, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en lo que sería una aparente confusión, habría llamado irónicamente “marmota” al periodista Fernando Carnota. El funcionario público habría declarado que “hay un periodista, creo de apellido Marmota, que a la mañana permanentemente critica”; asimismo, habría dicho que el periodista “hace muy bien su trabajo, el de la oposición”. Este incidente habría tenido lugar en una rueda de prensa cuando Capitanich respondía sobre el costo de los vuelos que trasladaron a los ministros Axel Kicillof y Héctor Timerman a la reunión del G-20 en Australia158.




  1. La existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta. En estos casos, es tarea del Estado, dadas sus responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras.




  1. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”159.


H. Interceptaciones y espionaje


  1. El 21 de diciembre de 2013, el presidente del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, habría denunciado que el jefe del Ejército, César Milani, habría realizado tareas ilegales de espionaje en contra de él, otros políticos y periodistas, entre los cuales estaría Daniel Santoro del diario Clarín. Según la información recibida, el abogado Ricardo Monner Sans habría radicado una denuncia penal ante el juzgado Criminal y Correccional Federal No. 10 para la investigación del caso y habría pedido el allanamiento del edificio del Ejército desde donde se suponía se habrían realizado las tareas de espionaje160. El 27 de diciembre de 2013, el periodista se habría presentado ante el juez federal Julián Ercolini quien lo habría citado en el marco de dicha investigación. El periodista se habría comprometido a entregar el nombre del suboficial del que sospechaba habría estado a cargo de espiarlo161.

I. Acceso a información y lugares públicos


  1. La Relatoría Especial observa que aún no se ha aprobado en Argentina una ley que garantice el acceso a la información pública en poder del Estado. Sin embargo, la Relatoría fue informada de la creación el 8 de abril de la Red Federal de Acceso a la Información Pública que tiene por objetivo promover prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública que contribuyan con la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la gestión pública162. La Red está conformada por la Dirección general de Seguimiento de organismos de control y acceso a la información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia de Santa Fe; la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia de Chaco; la Oficina de acceso a la información pública de la Municipalidad de Córdoba; la Dirección de Transparencia y control de gestión de la Municipalidad de Morón; la Dirección general de Investigaciones, Ética pública y transparencia de la Municipalidad de Rosario; y la Oficina de información parlamentaria y acceso a la información del Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. El 4 de septiembre se realizó la firma de los estatutos de dicha organización163.




  1. El 20 de mayo, en el inicio del juicio contra el ex fiscal José María Campagnoli, suspendido y enviado a juicio político por presunto mal desempeño por intervenir sin tener competencia en una causa penal contra el empresario Lázaro Báez, se habrían presentado incidentes para el ingreso de medios de comunicación y sociedad civil. Cuando los medios habrían sido autorizados de ingresar, personal de seguridad les habría retirado celulares, cámaras y otros elementos de grabación. Solo se les habría permitido ingresar libretas y bolígrafos164.




  1. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.


J. Censura de material periodístico


  1. El empresario Lázaro Báez habría pedido el 17 de diciembre de 2013 a la justicia federal de Río Gallegos, provincia Santa Cruz, una medida cautelar urgente para que “se ordene a los organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada” de las empresas de su propiedad. El pedido se habría originado luego de que el diario La Nación publicara una investigación sobre los presuntos vínculos societarios y económicos entre las empresas de Báez y la familia presidencial, y de que el diario anunciara la publicación de más investigaciones. De acuerdo con la información del diario, Baéz habría alquilado habitaciones en los complejos hoteleros que compraron los Kirchner a cambio de millonarios ingresos165.

  2. El 17 de junio, la jueza Mónica Liliana Preisz habría dictado una medida cautelar por la que se prohibiría a “la totalidad de los medios públicos de información (televisivos, radiales, informáticos, revistas, periódicos, etc.)” publicar declaraciones de Rocío Oliva sobre la vida privada del ex futbolista Diego Maradona hasta después de finalizado el mundial de Brasil166.




  1. El 19 de junio, la Gendarmería Nacional habría retenido en el control de peaje de Hudson, provincia de Buenos Aires, la camioneta que trasladaba la edición de la revista La Tecla. Aparentemente, los efectivos increparon al chofer, lo aprehendieron sin motivo y le retiraron el carnet de conducir. Según se tiene conocimiento, el vehículo debía repartir los ejemplares del medio, cuya noticia de tapa era una investigación sobre los funcionarios públicos, el senador Mario Ishii, así como el intendente Carlos Urquiaga167.




  1. El Principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que: “[l]a censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.


K. Reservas de fuentes de información


  1. El 28 de octubre, la policía, mediante una orden judicial firmada por el juez federal Santiago Ulpiano Martínez, habría allanado las oficinas ubicadas en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, de la emisora de radio y sitio web La Brújula 24, y habría confiscado material periodístico relacionado con escuchas telefónicas que involucran al empresario Juan Ignacio Suris, quien está preso acusado de supuestos delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, mismas que la emisora radial habría obtenido. A través de un comunicado, el juez Martínez habría afirmado que la orden para llevar a cabo la operación se originó en el Ministerio Público Fiscal y buscaba investigar la fuente de las grabaciones filtradas168. El 5 de noviembre, el periodista y uno de los directores del medio, Germán Sasso, habría sido procesado por “encubrimiento agravado” luego de que se negara a revelar las fuentes que lo habrían llevado a las escuchas telefónicas. Sasso había sido requerido por el mismo juez federal a prestar declaración indagatoria el 31 de octubre, pero se negó a declarar169. El 10 de noviembre el periodista habría presentado un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Bahía Blanca170.



  1. El Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que: “[t]odo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.


L. Publicidad oficial


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la investigación que se habría abierto en contra de cuatro funcionarios por supuestas irregularidades en el programa ‘Fútbol para Todos’ luego de la emisión de un spot político que habría criticado la gestión de un jefe de gobierno local. Según lo informado, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete; Alfredo Scoccimarro, secretario de Comunicación Pública; Gustavo Fernández Russo, subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión; y Rodrigo Rodríguez, ex subsecretario de Comunicación Pública estarían acusados del delito de “malversación de caudales públicos” por la supuesta utilización de fondos oficiales para fines políticos y no para la difusión de actos de gobierno mediante la publicidad oficial. El 11 de agosto de 2012, se habría emitido un spot en el entretiempo entre el partido de River Plate vs. Estudiantes de la Plata en el que se habría responsabilizado a Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una huelga de trabajadores y en donde se habría asegurado que era responsabilidad de la administración local solucionar el conflicto. Los legisladores Cristian Ritondo y Daniel Presti habrían instaurado una denuncia, la cual habría sido desechada por el fiscal Federico Delgado quien habría dictaminado que la emisión de dicho spot consistía en un hecho político no judiciable. Sin embargo, el juez federal Claudio Bonadio habría impulsado la investigación por la que habría llamado a indagatoria a los cuatro funcionarios171. El 19 de marzo, la Sala Uno de la Cámara Federal de Buenos Aires habría anulado todo lo actuado por el juez Claudio Bonadio tras un recurso de apelación presentado por la defensa de Abal Medina y Scoccimarro. En la decisión habrían apartado del caso al juez Bonadio por no haber aclarado si el hecho denunciado constitutía o no delito antes de tomar declaraciones indagatorias a los imputados, y habría adjudicado el caso al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi172.




  1. El 25 de febrero de 2014 la Corte Suprema de la Provincia de Salta decidió declararse “incompetente” para conocer un recurso de amparo presentado en agosto de 2013 por el periodista Juan Guillermo Gonza, director del Semanario Nueva Propuesta, y su hijo Juan Guillermo Gonza, director de Viaje de Pesca Radio, Televisión y Revista (GG Producciones), por la suspensión, reducción y posterior retiro total de la publicidad oficial a sus medios de presunta forma arbitraria y discriminatoria, excluyéndolos de la distribución que de estos recursos hace el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta173.




  1. En el recurso de amparo, cuya tramitación se encontraría demorada hace más de un año, el periodista denuncia además la omisión de la mencionada Provincia en legislar en esta materia, contar con recursos efectivos y adoptar medidas idóneas para proteger el derecho a la libertad de expresión. Según la información recibida, pese a que el gobierno provincial habría reconocido la discriminación de que es objeto el semanario del señor Gonza en audiencias conciliatorias, hasta la fecha la situación no se habría revertido ni se habrían establecido mecanismos legales para la asignación objetiva y reglada de la pauta oficial174.




  1. La Relatoría recuerda que en el artículo 13.3 de la Convención Americana se establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, también la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el principio 13 indica que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.


M. Otras situaciones relevantes


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de los despidos masivos que se habrían presentado en diferentes medios de comunicación del país, los cuales habrían sido anunciados como parte de reorganizaciones internas, pero que podrían tratarse de represalias. La alerta fue hecha por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) el cual hizo referencia específicamente a los casos del Grupo Indalo Media y de la Editorial Perfil175. El primer grupo habría despedido a 25 empleados, entre ellos a Antonio Laje, del canal C5N y de Radio 10, quien habría dicho que lo despidieron por haber criticado al gobierno durante los apagones de diciembre. También habría sido despedido Gustavo Mura, de Radio 10, quien habría realizado una entrevista crítica al Secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni176. Por su parte la Editorial Perfil habría despedido a periodistas que habrían participado en una reunión sindical y posteriormente a 12 más que habrían protestado por los primeros despidos177.



  1. La gerencia de la empresa Arteargentina SA, a cargo de la ex Radio Chaco, habría prohibido a los periodistas y locutores de la emisora nombrar o aludir a otros “marcas/diarios/diarios digitales, etc.” del que hubieran extraído la información con la amenaza de descontarle 1.000 pesos (unos US$ 123) de su sueldo178.




  1. El 8 de abril, la presidente Cristina Fernández de Kirchner habría hecho uso de una cadena nacional para inaugurar el Encuentro Federal de la Palabra. Además de las palabras de la mandataria, también fue de obligatoria transmisión por televisión y radio la lectura de poemas, un show de hip-hop, palabras de un actor y un show de stand up179. El hecho habría generado polémica debido a que representantes de la oposición habrían señalado que el uso de esta cadena estaría violando la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual180. Fernández de Kirchner habría contestado a través de su cuenta de Twitter con mensajes como “Vieron que no tienen sentido del humor? Tanto lío por un poco de hip hop y un stand up?”181.




  1. El martes 1 de julio, la radio FM Cosmos 100.1 Mhz habría sido clausurada por una disposición de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), bajo el argumento de que la señal interfería con el espacio de frecuencia asignada al Servicio Móvil Aeronáutico de la Fuerza Aérea Argentina. Ello, a pesar, de que la emisora se encontraría operando desde hace un año y estaría inscrita ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual desde 2010. La clausura habría ocurrido tres días después de una crítica hecha al Subsecretario de Comunicación local y al Intendente Gustavo Arrieta por el reparto discrecional de publicidad oficial, excluyendo a Cosmos182.




  1. Mediante una misiva fechada el 14 de julio, quien se ostentara como apoderado de Francisco Zamora, hijo del Gobernador Gerardo Zamora, habría intimado al portal de noticias Última Hora, de Santiago del Estero, a bajar de su página web una artículo sobre escuchas de Juan Suris, imputado en una causa por narcotráfico, que lo vinculan con su representado183.




  1. El 28 de octubre, la Corte Suprema habría resuelto reponer una medida cautelar que había sido dejada sin efecto por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal a favor de varias empresas periodísticas. Como resultado de la medida, mientras se prolongue el litigio judicial entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, La Nación y otros medios impresos, el organismo recaudador no podrá intentar cobrar una deuda impositiva por más de trescientos millones de pesos, que podría causar graves daños a estas empresas. El pleito habría tenido su origen en una demanda promovida por los medios cuando perdieron vigencia los beneficios que les permitía computar las contribuciones patronales como impuestos. En su fallo, la Corte señaló que “la política fiscal no puede ser utilizada como un instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que se otorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirecto afectar la libertad de expresión”184.


3. Bahamas














































































































































































  1. La Relatoría Especial recibió información sobre el anuncio hecho por el director del Banco de Bahamas de iniciar una demanda penal en contra del periódico The Punch por lo que él considera “una combinación de mentiras descaradas y numerosas falsedades e inexactitudes”. El anuncio habría sido realizado a través de un comunicado de prensa y se produjo después de que el medio publicara el 20 de febrero una historia sobre el presunto intento de parte del banco de conseguir de manera fraudulenta un préstamo por US$ 8 millones. Al cierre del Informe anual aún no habría sido presentada la demanda185.




  1. El Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: [l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

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