Original: Español Informe Anual de la Comisión



Descargar 6.76 Mb.
Página9/82
Fecha de conversión11.12.2017
Tamaño6.76 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   82

4. Barbados


















































































































































































  1. El 11 de marzo tres periodistas del diario The Nation se habrían presentado ante una corte para una audiencia preliminar acusados por presunta violación de la ley de protección al menor [Protection of Children Act]. Vivian-Anne Gittens, directora de ese periódico; Roy Morris, editor en jefe; y Sanka Price, periodista, habrían sido acusados de este delito tras la publicación en octubre de 2013 de una fotografía en la que presuntamente se mostraba a dos menores de edad manteniendo relaciones sexuales en un salón de clases. En la fotografía publicada, que habría sido tomada de la red social Facebook, los menores aparecerían completamente vestidos y sus rostros habrían sido desdibujados. La imagen habría acompañado un artículo que señalaba cómo el incidente se habría producido en presencia de otros menores quienes habrían circulado un video por Internet. Por estos delitos los periodistas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión. La audiencia habría sido aplazada para el 21 de julio por solicitud de la Fiscalía186. Al cierre de este informe, el caso continuaría pendiente de resolución187.




  1. El gobernador del Banco Central de Barbados [Governor of the Central Bank of Barbado], DeLisle Worrell, habría prohibido al diario The Nation y a todos sus periodistas asistir a las ruedas de prensa o a cualquier otro evento mediático realizado por la entidad. La decisión se la habría dado a conocer a los directores del diario a través de un carta en la que habría señalado que debido a “la falta de integridad profesional” [the lack of professional integrity] que habría mostrado el diario en el titular de una nota publicada el 8 de mayo. La nota a la que hacia referencia hablaba sobre el supuesto despido de 60 empleados del banco188. Posteriormente, el Banco Central de Barbados emitió un comunicado afirmando que “respeta y se compromete con la libertad de prensa y la importancia de la difusión de información oportuna y precisa y, como tal, no le ha prohibido a The Nation Corporation [que reciba los comunicados emitidos por el Banco Central, así como a tener acceso libre a la página web del Banco]”189.




  1. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.


5. Bolivia
A. Avances
























































































































































































  1. Según información divulgada en el mes de marzo, la investigación por el asesinato del periodista Carlos Quispe Quispe, ocurrida en 2008, habría sido reabierta por las nuevas fiscales asignadas al caso, Verónica Marca y Lizeth Zarco. En la investigación se encontrarían cuatro personas formalmente acusadas190. Quispe, habría sido declarado muerto el 29 de marzo de 2008, tras recibir una golpiza por presuntos manifestantes opositores del entonces alcalde de Pucarani, Alejandro Mamani, quienes habrían entrado a las instalaciones de Radio Municipal Pucarani donde Quispe trabajaba. Los manifestantes habrían atacado la radio y habrían dejado al reportero inconsciente quien murió dos días después por la gravedad de sus heridas191. El proceso judicial contra los presuntos autores del crimen habría sido aplazado en tres oportunidades y se habría quedado suspendido por tiempo indefinido192.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la resolución dictada por el Tribunal Supremo de Justicia el 28 de abril, mediante la cual anularía la pena de dos años y medio de prisión que enfrentaba el periodista Rogelio Peláez, quien fuera acusado de calumnia por el abogado Waldo Molina, tras haber revelado un caso de desvío de fondos públicos en la publicación del semanario Larga Vista de la ciudad de la Paz193.




  1. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.


B. Agresiones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación


  1. La Relatoría Especial fue informada de la desaparición en el mes de enero de Cristian Osvaldo Mariscal Calvimontes, periodista de la red televisiva Plus TV en el departamento de Tarjia, desde el 19 de enero. El comunicador habría sido visto por última vez al salir de una discoteca194. Hasta la fecha de cierre de este informe no existiría una clara conexión del crimen con el ejercicio de la labor informativa. No obstante, la Relatoría Especial considera fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.




  1. Paolo Alcoba, periodista de Radio Suprema en la ciudad de Monteagudo, habría sido agredido el 14 de marzo por un dirigente cívico de la zona y su hijo. Según lo informado, el dirigente habría llegado a las instalaciones de la emisora a reclamar por una entrevista que se les habrían realizado a dos asambleístas departamentales quienes habrían criticado un acuerdo realizado por el Comité Cívico de Monteagudo. El dirigente habría increpado, empujado y golpeado al periodista, quien no habría respondido a los golpes debido a la edad del dirigente. Éste le habría sugerido al periodista enfrentarse con su hijo. El caso habría sido denunciado a la Policía y el Ministerio Público195.




  1. Un periodista y un reportero gráfico del periódico Correo del Sur en la ciudad Sucre, departamento Chuquisaca, habrían sido agredidos verbalmente por transportadores que bloqueaban una avenida el 20 de marzo. El reportero gráfico habría sido despojado de su cámara. De acuerdo con la información recibida, Gonzalo Sánchez habría estado tomando fotografías del bloqueo cuando algunos transportadores lo habrían insultado y le habrían quitado su cámara a pesar de que el comunicador les habría mostrado su credencial periodística. El periodista Henry Aira habría intervenido para pedir devuelta el instrumento de trabajo, pero habría recibido insultos. Personas que se encontraban en el lugar habrían defendido a los comunicadores y tras unos minutos Sánchez habría recuperado su cámara. La Federación de la Prensa de Chuquisaca habría presentado una querella penal contra un grupo de transportadores196.

  2. El 1 de mayo, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, habría acosado a una periodista que se habría acercado a él para entrevistarlo durante un evento público. Mercedes Guzmán, periodista de la Red UNO, se habría sentado al lado del funcionario cuando él le habría puesto su mano en la pierna. La comunicadora habría intentado quitarla, pero él se habría resistido. Ante la polémica que se habría generado, Fernández habría pedido disculpas públicas. Algunos miembros de la oposición habrían interpuesto una denuncia contra el alcalde ante el Ministerio Público197.




  1. El 17 de junio en La Paz, los estudios de Canal 33 Paceñísima de Televisión, habrían sufrido un atentado con una granada de gas lacrimógeno durante la transmisión de un programa periodístico. La información disponible señala que en horas de la mañana se habría arrojado la granada a las puertas del medio de comunicación cuyo humo tóxico habría invadido el lugar obligando a la interrupción del programa, lo que habría impedido la realización de una entrevista con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle. Antes del hecho, el canal habría recibido llamadas anónimas que habrían exigido el corte de una entrevista con un ex dirigente cívico recientemente liberado tras cumplir cinco años de prisión como medida preventiva198.




  1. El 27 de agosto, en la población Riberalta, un grupo enardecido de personas habría destruido la infraestructura del canal de Televisión Amazónica, saqueado equipos, agredido a periodistas y quemado la casa de uno de ellos. Aparentemente, el percance habría sido una represalia por el desalojo policial de unas cincuenta familias de un predio perteneciente a Wigberto Rivero Pinto, quien también sería propietario del canal televisivo. Dada la violencia ocurrida, los trabajadores de la prensa de Riberalta habrían optado por no trabajar en la cobertura de este hecho, como medida de seguridad199.




  1. El 12 de agosto, la radio Cruz Andina, localizada en la población de Uyuni, habría sido desmantelada por al menos 20 personas que ingresaron a la infraestructura del medio de comunicación de manera violenta. De acuerdo con la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), el cierre de la emisora se habría debido a que la misma no cuenta con licencia de funcionamiento. La emisora aparentemente realizaba la cobertura periodística del conflicto que enfrentan pobladores de la zona con el alcalde Froilán Condori, a quien cuestionan por la construcción de una terminal de autobuses en una zona de difícil acceso para vehículos200.




  1. El 28 de agosto, dos efectivos policiales del Ministerio de Gobierno habrían obligado a un reportero de la Agencia de Noticias Fides (ANF) a borrar el material gráfico que fuera obtenido afuera de las instalaciones de esta dependencia estatal. El reportero habría tomado imágenes de una camioneta que, según una denuncia de Unidad Demócrata (UD), había sido utilizada por funcionarios del referido ministerio para destrozar una gigantografía del candidato de dicho partido político, Samuel Doria Medina, en la ciudad de la Paz. De acuerdo con la información disponible, el reportero gráfico habría señalado que un agente civil que no se identificó, se le acercó para decirle que no podía sacar las fotografías y lo llevó hasta donde estaba un uniformado para obligarle a borrar las imágenes captadas201.




  1. El 6 de septiembre, el vidrio de un ventanal del quinquenario El Chuquisaqueño, editado en la ciudad de Sucre, habría sido apedreado tras la publicación de una serie de notas de opinión críticas contra partidos políticos opositores según el periodista Jhonny Moscoso202.




  1. El 9 de septiembre, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alberto Suárez, habría amenazado a la periodista Escarley Pacheco Pardo cuando en una entrevista la comunicadora le preguntaba sobre una denuncia de violencia doméstica que habría sido presentada en su contra. Ante el cuestionamiento, el policía habría advertido: “te voy a seguir los pasos Pacheco, Cuídate”. En días posteriores, el coronel Alberto Suárez habría presentado una carta haciendo llegar sus disculpas por lo que habría calificado como un “impasse involuntario”203.




  1. El 29 de octubre, el reportero gráfico Juan Quisbert se encontraría cubriendo una protesta en las afueras de las oficinas de la Fuerza Anticrimen de La Paz, hecha por trabajadoras sexuales con el apoyo de una agrupación feminista, cuando habría sido agredido por personas que tenían su rostro cubierto y quienes habrían roto un flash de su equipo fotográfico, obligándolo a borrar los archivos digitales de su cámara fotográfica204.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


C. Reserva de fuentes de información


  1. La Relatoría Especial fue informada de que el juez 11 de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado, habría ordenado a Ricardo Aguilar, periodista del diario La Razón, el “levantamiento del secreto de fuente” de un reportaje hecho sobre la demanda que Bolivia presentó ante Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Chile por una salida al Océano Pacífico. Según la información recibida, la decisión se habría tomado en el marco de una demanda interpuesta el 22 de abril por la Procuraduría General del Estado en contra del periodista por los delitos de espionaje y revelación de secretos, y en contra de la directora del diario, Claudia Benavente, por complicidad205. La demanda habría tenido su origen en la publicación del artículo ‘De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales’ habría sido publicado el 13 de abril en el suplemento Animal Político dos días antes de que Bolivia presentara la memoria con los alegatos jurídicos e históricos de la demanda en la Corte206. Los periodistas habrían sido notificados el 7 de mayo. El periódico habría reclamado la incompetencia del juez 11 de Instrucción en lo Penal y la aplicación de un proceso en un Tribunal de Imprenta, pero el pedido habría sido rechazado en un principio. El 4 de junio, periodistas del país se habrían movilizado en diferentes ciudades en defensa del artículo 8 de la Ley de Imprenta que establece el secreto a la fuente207. Finalmente, el 5 de agosto, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, habría resuelto derivar el juicio ordinario a un tribunal especializado de imprenta208.




  1. El principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “[t]odo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.


D. Publicidad oficial


  1. El gobierno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra habría retirado la publicidad oficial del diario El Deber como presunta represalia por la publicación de un video que mostraría al alcalde de esta ciudad en actitud irrespetuosa hacia una periodista de televisión durante un acto público. El hecho habría sido denunciado por el mismo diario, el cual habría dicho también ser víctima de amenazas por parte de funcionarios cercanos al alcalde de esta ciudad, Percy Fernández209.




  1. El 18 de junio, durante una rueda de prensa el presidente Evo Morales habría declarado no entender el concepto de veto publicitario y habría agregado que cada quien, incluidas las autoridades del Estado pueden hacer su publicidad o propaganda en el medio de comunicación que quiera. El mandatario habría dicho “(Uno) no está obligado a hacer su propaganda en algún medio de comunicación” al responder una pregunta sobre el supuesto veto publicitario de su gobierno con medios de comunicación independientes. El mandatario también habría cuestionado la independencia de los medios de comunicación del país al señalar que no se podría ser tan “ingenuos” al creer que existen “medios independientes” porque sería una equivocación. “Cada medio tiene su propia alineación” habría agregado. El presidente Morales también habría atribuido a varios medios de comunicación ataques a su investidura y les habría recordado informar la verdad210.




  1. La Relatoría recuerda que en el artículo 13.3 de la Convención Americana se establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, también la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el principio 13 indica que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.


E. Declaraciones estigmatizantes


  1. Durante una rueda de prensa del 8 de abril, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, habría señalado al periodista Raúl Peñaranda de tener una vinculación a intereses conservadores chilenos a raíz de la doble nacionalidad con la que cuenta el comunicador. La funcionaria habría dicho que mientras se desempañaba como director del periódico Página Siete el periodista “desarrolló una campaña en contra de los intereses nacionales y en contra de la demanda marítima boliviana”. El comunicador habría aclarado el porqué de su doble nacionalidad, pero habría relacionado estas acusaciones con la presentación el 10 de abril de su libro ‘Control remoto’ en donde denuncia el presunto control del gobierno a “medios paraestatales” con el objetivo de definir la agenda y la opinión pública211. El 10 de abril el periodista Raúl Peñaranda publicó el libro ‘Control Remoto’ en el que habría señalado que el presidente Evo Morales se habría dedicado a construir una red de medios “paraestatales” con el objetivo de dominar la opinión pública del país. El libro detallaría la supuesta compra de medios por parte de empresarios que simpatizan con el gobierno quienes luego habrían “cedido a éste el control editorial e informativo” y supuestamente son manejados directamente desde la oficina del vicepresidente Álvaro García Linera212.




  1. El 20 de junio, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández Añez, calificaría al diario El Deber como “mentiroso y ridículo” durante el acto de entrega de una escuela al que también acudirían el presidente Evo Morales, el ministro de Gobierno Carlos Romero y autoridades municipales. Durante dicho acto, el alcalde utilizaría expresiones ofensivas como “marica” en contra de un reportero gráfico, al tiempo que este le aclaraba que no trabajaba para El Deber213.




  1. Durante una conferencia de prensa ocurrida el 13 de octubre, el presidente Evo Morales habría calificado a las emisoras radiales Erbol y Fides como sus “primero enemigos”, señalando que las dos son administradas por la iglesia católica. El presidente habría dicho “[c]reo que están Erbol, Fides por allí […] Hay dos medios de comunicación radial que son administrados por los padres de la Iglesia Católica. Son los primeros enemigos de Evo Morales”214.




  1. Como en sus informes anuales anteriores, la Relatoría Especial reitera la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones. La Relatoría Especial recuerda que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. Asimismo, el deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente, a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación215. Igualmente, la Relatoría recuerda que la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población216.




  1. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”217.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   82


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal