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115 Según informara el Presidente de ASONEDH, Jorge Ramírez Reyna, hasta la fecha de entrega de este informe no había respuesta aún de parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante la cual se presentó el caso.

116 Uno de los casos más emblemáticos, y que fue llevado hasta los tribunales, es el del club The Edge, ubicado en Miraflores (Lima). A pesar de que no se logró una sentencia favorable, sirvió para colocar el tema de la discriminación (general) en la agenda pública. No analizamos los detalles de este caso por no tratarse de una situación que afectara únicamente a afrodescendientes. Con todo, para su consulta, véase Felipe González y Felipe Viveros (eds.), Defensa Jurídica de Interés Público: enseñanza, estrategias, experiencias, Cuaderno de Análisis Jurídico Serie Publicaciones Especiales Nº9, Universidad Diego Portales, Santiago, 1999, pp. 63 ss.

117 Uno de los abogados entrevistados narró la anécdota, poco graciosa, de un colega suyo, de ascendencia negra, que al estar en el despacho del tribunal fue violentamente conminado por el propio juez a ponerse al lado derecho, ¡ya que en ese lugar debían ubicarse los imputados!

118 Un ejemplo del anti haitianismo impulsado desde las esferas de poder se resume en las siguientes palabras de Balaguer: “[e]l inmigrante haitiano ha sido también en Santo Domingo un generador de pereza. La raza etíope es por naturaleza indolente y no aplica su esfuerzo a ningún objeto útil…el negro que emigra a Santo Domingo es un ser tarado por lacras físicas horrorosas” (citado en Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Solidaridad con la lucha de la minoría dominicana de ascendencia haitiana por la ciudadanía y la justicia, MUDHA, Documento de trabajo, s/f, p. 5).

119 Una manifestación de este anti haitianismo, y que se observa hasta hoy, es que los documentos de identidad de miles de dominicanos, a pesar de sus evidentes rasgos afrodescendientes, contienen la designación “indio”.

120 Proyecciones basadas en la Encuesta de la Oficina Internacional para las Migraciones, 2003.

121 Especie de asentamiento en que suelen ubicarse haitianos y dominico-haitianos y que se encontraban en las afueras de las plantaciones de caña de azúcar.

122 Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, El mercado mundial del azúcar y su impacto en las comunidades bayeteras de la República Dominicana. Resumen Ejecutivo, sin publicar, s/f, p. 10.

123 De acuerdo con cifras oficiales, mientras un 1,5% de la población nacional está infectada de este virus, en los bateyes esta cifra se eleva al 5%. Centro de Estudios Sociales y Demográficos et al., Encuesta Demográfica y de Salud. Informe Preliminar sobre VIH/SIDA, Abril 2003, pp. 12-13. Indicadores generales pueden consultarse, también, en http://www.unicef.org/infobycountry/domrepublic_statistics.html.

124 Ver Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 55o período de sesiones, Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Dominican Republic. 12/04/2001, CERD/C/304/Add.74, párrafo 5.

125 Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH), Los reclusos haitianos en las cárceles dominicanas, CCDH, Santo Domingo, noviembre de 2003, p. 9.

126 Fuente: elaboración propia de los autores de este Informe, en base al documento citado previamente (Los reclusos haitianos…) y a estadísticas oficiales proporcionadas por la Dirección General de Prisiones (“Estadística Carcelaria Diaria”, de 9 de diciembre de 2003) y por la Procuraduría General de la República (“Sistema de Prisiones”, de 10 de diciembre de 2003).

127 Si se examina en detalle el listado que entrega la Procuraduría General de la República, se observa que muchos nombres que aparecen en él, bajo la clasificación de “haitianos”, no tienen la evidente ascendencia francesa que sí se observa en otros casos, lo cual confirma la idea expuesta por diversas organizaciones en orden a que las personas vulnerables no son exclusivamente los haitianos, sino, en rigor, todos aquellos que parecen como tales, incluyendo a nacionales dominicanos.

128 Entre agosto de 2001 y octubre de 2003, el Centro Cultural Dominico-Haitiano reportó más de 25 mil repatriaciones. CCDH, op. cit., p. 25.

129 MUDHA, Solidaridad…, pp. 15-16.

130 De acuerdo con un reciente estudio, en el que se consultó a diversas organizaciones sociales su percepción sobre la Justicia dominicana, cerca del 83% “considera que funciona mal, el 11,54% considera que la justicia funciona bien y [el] 5,77% la considera regular”. Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Las necesidades judiciales desde la Perspectiva de las Organizaciones Comunitarias. Diagnóstico y Consulta, FINJUS, Santo Domingo, noviembre de 2003, p. 15.

131 MUDHA, Solidaridad…, p. 15.

132 Idem.

133 Y de conformidad con el Reglamento de Migración N° 279 de 12 de mayo de 1939 (sección V), el período de tránsito de las personas extranjeras es de 10 días, como máximo, dato que debe tenerse en especial consideración desde que es uno de los aspectos en los que ha habido desacuerdo y que ha permitido negar la inscripción de personas en el Registro Civil.

134 Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL), Los operativos de declaración de nacimientos, s/f. El destacado es nuestro.

135 Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Camino a construir un sueño, MUDHA, 2001, pp. 24-25.

136 Esta es, según algunos entrevistados, una de las principales razones por las que el porcentaje de haitianos encarcelados es bajo: además de ser personas con poca tendencia al delito, que migran para buscar trabajo (y que, por lo barato den su mano de obra, suelen encontrarlo sin problema, aunque en condiciones muy precarias), al ser detenidos, las autoridades estatales prefieren expulsarlos del país.

137 En octubre de 1998, una niña y una joven de ascendencia haitiana presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (habiéndose deducido previamente una solicitud de medidas cautelares –ante la inminencia de una expulsión sumaria del país), por violación de diversos derechos humanos, producidos por la misma situación que aquí se describe. En marzo de 2003, la Comisión emitió un informe sobre el fondo del caso (Comisión IDH, Informe Nº30/03, Caso 12.189, Dilcia Yean y Violeta Bosica con República Dominicana), resolviendo que el Estado dominicano había violado el derecho a la nacionalidad (art. 20), el derecho a la igualdad ante la ley y a la no-discriminación (arts. 1.1 y 24), el derecho a las garantías judiciales (art. 8), el derecho a la protección judicial (art. 25), los derechos de la niñez (art. 19), el derecho a la personalidad jurídica (art. 3) y el derecho a la educación). El caso ha sido sometido a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, Caso 12.189).

No hay relación del procedimiento interno que motivó estas actuaciones internacionales porque toda la tramitación interna se realizó ante agencias administrativas, sin que interviniera el Poder Judicial (aunque la negativa de inscripción sí fue confirmada por el Procurador Fiscal). En esa época, no existía aún la acción de amparo que, como se verá a continuación, sirvió de herramienta procesal para reclamar por la actuación del Estado.



138 Tanto los abogados como las organizaciones sociales y las autoridades entrevistadas durante la visita al país coincidieron en que estos eran los casos sobre discriminación racial en el país.

139 Esto es, dispone que los hijos de haitianos, sin importar el lugar en que nazcan, adquieren esa nacionalidad.

140 Uno de sus miembros, Pedro Manuel Casals Victoria, señaló, en 2002, que sometería a la justicia al canciller dominicano, Hugo Tolentino Dipp, por traición a la patria, ya que, en su concepto, había aceptado las condenas de organismos interamericanos de protección de derechos humanos, sin defender debidamente el derecho a la soberanía y a la seguridad nacional (ver Perspectiva Ciudadana.com, 21 de marzo de 2002, disponible en http://www.perspectivaciudadana.com/020323/gobiernonacional13.html).

141 “En Elías Piña hay una historia de condenas excesivas contra haitianos”, Diario Libre, 17 de marzo de 2003, p. 14; “Critican condenas severas de jueza contra haitianos”, Hoy, 3 de abril de 2003, p 9.

142 Situaciones en que personas de origen haitiano desconocen los motivos por los que se encuentran recluidos son recurrentes. Un abogado entrevistado señaló que conocía el caso de un haitiano que llevaba 12 años preso en Monte Plata, acusado de robar un gallo de pelea. Sin embargo, la causa de su extendida prisión sólo fue conocida cuando abogados que realizaban una visita al penal consiguieron el expediente judicial de la persona, sorprendiéndose de que en él sólo constaba el acta de apresamiento policial, sin rastro de una interrogación judicial, ni de alguna actuación de la Fiscalía. Se presenta, así, un hábeas corpus y el afectado recupera su libertad.

143 De acuerdo con MUDHA, en 2002 se registraron 119 muertes por violencia intrafamiliar, cifra que, a comienzos de diciembre de 2003, se eleva por sobre las 140 víctimas. (dentro de estas cifras, se dice, sólo se consideran las muertes causadas inmediatamente por los excesos físicos, pero no aquellas mujeres que fallecen tres o cuatro días después de la agresión)

144 Ministerio del Interior, Visión, Gestión y Proyección de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras – DACN. Dos años después. 1995-1996, Santa Fe de Bogotá, enero de 1997, p.15.

145 Misión Internacional Derechos Humanos y Situación Carcelaria, Informe: Centros de Reclusión en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos fundamentales, preparado por F. Marcos Martínez, M. Tidball-Binz y R. Yrigoyen Fajardo, octubre 2001, disponible en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/tematicos/informe%20carceles.htm.

146 Capítulo VI de la Constitución.

147 Artículos 89 y 149 de la Constitución.

148 Para muchos la poca receptividad y falta de atención que el Estado tiene hacia la causa afro se ve patente en que el nombre oficial de la Comisión inicialmente no contemplaba a los afroperuanos. Al respecto, debe señalarse que, aun cuando en no todos los documentos oficiales –incluido el sitio web del organismo- aparezcan los Afroperuanos como parte integrante de la CONAPA, ella sí desarrolla programas e impulsa políticas a favor de la comunidad negra del Perú.

149 Proyecciones basadas en la Encuesta de la Oficina Internacional para las Migraciones, 2003.

150 Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, El mercado mundial del azúcar y su impacto en las comunidades bayeteras de la República Dominicana. Resumen Ejecutivo, sin publicar, s/f, p. 10.

151 De acuerdo con cifras oficiales, mientras un 1,5% de la población nacional está infectada de este virus, en los bateyes esta cifra se eleva al 5%. Centro de Estudios Sociales y Demográficos et al., Encuesta Demográfica y de Salud. Informe Preliminar sobre VIH/SIDA, Abril 2003, pp. 12-13. Indicadores generales pueden consultarse, también, en http://www.unicef.org/infobycountry/domrepublic_statistics.html.

152 Ver Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 55o período de sesiones, Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Dominican Republic. 12/04/2001, CERD/C/304/Add.74, párrafo 5.

153 VV. AA., Justicia Social y Sociedad Civil: el papel de la sociedad civil en la reforma judicial: estudios de casos en Argentina, Chile, Perú y Colombia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Buenos Aires, 2003.

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