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Normas e Instituciones

República Dominicana destaca por ser un país que no cuenta con una institucionalidad sólida para hacer frente al racismo. De hecho, como se verá en el apartado siguiente, en las situaciones más comunes de prácticas discriminatorias es el propio Estado el que está involucrado. A ello debe sumarse el hecho de que no existe una conciencia de la negritud en el país; esto es, sería supuestamente una postura racista el intentar establecer instituciones o políticas focalizadas en torno a la raza de las personas. Para muchos, ésta es la explicación de por qué los Censos no incluyen variables raciales: además de la postura oficial del Estado dominicano en orden a que no hay ninguna forma de discriminación racial en el país,124 se percibe como un elemento de segregación el levantamiento de información cuyo destinatario sea la población negra. Con este panorama, se comprende que el Estado no incluya en su agenda, el avanzar en los temas sobre lucha contra el racismo a través de políticas, medidas e instituciones destinadas a tal efecto (como sí lo ha hecho, por ejemplo, Brasil en los últimos años y, en menor medida, Colombia).


La Constitución de la República Dominicana no contiene cláusulas que aborden de manera específica la cuestión de la discriminación racial. Sólo existen normas generales que consagran la igualdad ante la ley y la interdicción de toda diferencia que no se base en las capacidades de las personas. En su artículo 8.5, dispone la Constitución dominicana que “[l]a ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica”, agregándose, en el artículo 100, que “[l]a República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y en consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias”.
A pesar de lo enérgico y a la vez solemne que es el constituyente dominicano, estas cláusulas no han tenido un desarrollo normativo ni institucional que materialicen las directrices y derechos que se contemplan a nivel de la Constitución. Como se dijo, contribuye a esta inacción por parte del Estado, el sentimiento arraigado en las elites políticas, económicas y culturales de que no existe una “cuestión negra”, un tipo específico de problemas vinculados al racismo y xenofobia, sino, nada más, conflictos derivados de una invasión pacífica por parte de ciudadanos haitianos, que ocupan los puestos de trabajo de los dominicanos. Para algunos, entre ellos autoridades entrevistadas para la preparación de este Informe, es incluso posible que algunos de los migrantes haitianos estén entrenados militarmente, de modo que el aumento progresivo de extranjeros constituye “una amenaza real a la seguridad del país”, en tanto podrían organizarse en torno a un objetivo común de desestabilizar el régimen dominicano.
Desde que el problema fundamental de racismo en la República Dominicana está asociado al tratamiento de los migrantes haitianos, es pertinente tener una idea sobre la normativa que regula la materia.
La Constitución dominicana contiene una regla de jus solis para la determinación de la nacionalidad (art. 11 Nº1), de modo que toda persona que nazca en territorio de la República Dominicana adquiere dicha nacionalidad. Esta regla sólo contempla dos excepciones: los hijos de extranjeros que residan en el país por representación diplomática y los hijos de las personas que se encuentren “en tránsito”. Como se verá en la sección siguiente, la excepción sobre cuándo una persona está “en tránsito” ha sido (y es) la expresión que ha suscitado los conflictos más representativos que han llegado a los tribunales de justicia.
Por su parte, la Ley de Migraciones vigente (Nº 95, promulgada bajo la dictadura de Trujillo) dispone que se entiende por extranjeros en tránsito quienes “traten de entrar en la República con el propósito principal de proseguir a través del país con destino al exterior”, esto es, aquellas personas que no pretendan residir en el país. Y, por último, es necesario señalar que el Reglamento de Migración (N° 279 de 12 de mayo de 1939, sección V) prescribe que el período de tránsito de las personas extranjeras es de 10 días, como máximo. Estas normas tienen relevancia en tanto se reportan casos de personas que llevan meses, años y, muchos de ellos, décadas residiendo en la República Dominicana, pero, no obstante ello, se encuentran con trabas para legalizar su condición.


El Sistema Judicial y El Racismo
En los siguientes apartados se revisa la forma en que el racismo se manifiesta institucionalmente en el sistema de administración de justicia. Para ello, se examina tanto la situación carcelaria de los haitianos o dominico-haitianos como su posición en tanto justiciables, esto es, como sujetos comparecientes ante la Justicia (cualquiera sea su posición).
Cárcel
En junio de 1984, se aprobó la Ley No. 224, que creó el Sistema Penitenciario Dominicano, estableciéndose una institucionalidad carcelaria encabezada por la Dirección General de Prisiones. Junto con ello, la Reforma Judicial, que comenzó a mediados de los noventa, ha permitido contar con sistemas computarizados para la obtención de información empírica. Lo anterior resulta relevante en tanto permite, a diferencia de otros países estudiados, determinar con algún grado de certeza cuál es la situación de estas personas.
Lo primero que debe considerarse es la sobrepoblación en las cárceles dominicanas. Según un estudio especializado, éstas fueron originalmente construidas para albergar a cerca de 7,800 reclusos, siendo que, en la actualidad, el número de personas privadas de libertad está por sobre las 16 mil.125 Ahora bien, debe señalarse que el número de extranjeros representa no más de un 5 o 6% de la población carcelaria total del país aunque, de éstos, es decir, del total de presos de otra nacionalidad, los haitianos constituyen la mayoría (61%). De este porcentaje, el 91% son hombres y el 9% restante, mujeres.126
Los principales delitos por los que son acusados los reclusos haitianos –hombres y mujeres (no se cuenta con datos desagregados sobre el tipo de delitos según sexo)- son los de tráfico de drogas (22%), homicidio (21%) y los delitos contra la propiedad, típicamente, el robo (31%).
En cuanto a la situación legal en la que se encuentran los reclusos de origen haitiano, el 69% de ellos está en prisión preventiva, el 21% condenados y el 10% con apelación pendiente, siendo una condición en extremo difícil dado que son juzgados en un idioma que no conocen (los haitianos, cabe recordar, hablan francés y créole), no cuentan con recursos económicos para pagar una defensa letrada y, en muchos casos, no tienen familiares ni personas cercanas que los visiten, con lo cual apurar los lentos y engorrosos trámites y diligencias de los procesos. Se establece, además, que el 71% de los haitianos encarcelados no ha sido llevado aún a juicio, característica propia del sistema penitenciario dominicano que, con respecto a los nacionales de Haití, se acentúa en tanto muchas veces han sido llevados a recintos carcelarios ubicados en otras provincias, distintas a aquellas en las que se cometió el delito, simplemente porque no hay vehículos disponibles para su traslado o bien por alguna otra excusa poco justificada.
De acuerdo con algunas personas entrevistadas, uno de los aspectos más importantes que ha de reforzarse en el trabajo del tema carcelario es la concientización de ciertos beneficios penitenciarios a los que pueden acceder las personas privadas de libertad pero que los haitianos desconocen. Ello, se dice, les permitiría en muchas ocasiones recuperar su libertad y no, como ocurre en varios casos, pasar años en prisión acusados de delitos menores como el hurto de un salami, de una gallina o de una “mano de plátano” (como se ve, todas especies comestibles), tal como se verá en el apartado siguiente.
Una última cuestión que debe precisarse, en lo relativo a la situación carcelaria de los haitianos y dominico-haitianos,127 y que fue sostenida por diversas organizaciones consultadas, es que el número de personas de origen haitiano que se encuentra en las cárceles no representa cabalmente el grado de discriminación que sufren por parte del Estado dominicano. Dicho en otras palabras, dado que la discriminación racial que existe en República Dominicana está instalada en la xenofobia en contra de los haitianos, en muchas ocasiones las autoridades a cargo prefieren, en lugar de enviar a la cárcel a las personas acusadas de cometer un delito, simplemente deportarlas. Se sabe que el Estado realiza deportaciones sumarias y masivas y, dentro de ellas, las haitianos y dominico-haitianos sospechosos de estar involucrados en delitos (generalmente, hurtos de poca monta) ocupan un lugar preferente. Esto explica, según algunos, que el porcentaje de haitianos (y dominico-haitianos) encarcelados no sea tan alto en proporción a la fuerte discriminación que sufren.128
Sistema judicial
Desde que la composición racial de la República Dominicana es, como se escuchó reiteradamente durante la visita para la preparación de este Informe, un verdadero mosaico, no se aplica la interrogante acaso existen afrodescendientes en el sistema de administración de justicia. Es posible encontrar tanto jueces como fiscales de dicha ascendencia, lo que no agrega mucho a la cuestión de determinar cómo es que el racismo se muestra en este aspecto. En la propia Suprema Corte, dos magistrados, Luperón Vásquez y Romero Confesor, son negros, lo que equivocadamente podría hacer concluir que no se presenta racismo al interior del Poder Judicial. Sin embargo, cuando se revisan algunos casos en los que ciudadanos haitianos están involucrados la apreciación ha de variar. Por una parte, la estrictez que se ve en algunos procesos penales no resulta proporcional a los ilícitos que se persiguen y, por otra, tampoco es igual a la que reciben los ciudadanos dominicanos.
Antes de analizar algunos casos paradigmáticos sobre racismo, es necesario tener presente que la situación de acceso a la justicia de quienes son discriminados por causa racial en República Dominicana presenta un primer (y muy grave) obstáculo: como muchas personas se encuentran en situación irregular dentro del país, prefieren sufrir los abusos por parte de otras personas o bien del propio Estado antes que acercarse a los tribunales o a la policía pues saben que de seguro pasarán a formar parte de la lista de repatriados (esto es lo que se ha dado en llamar “impedimentos subjetivos”).129 Así las cosas, los haitianos y dominico-haitianos que no han actualizado los trámites de residencia o nacionalidad viven en una constante marginalidad porque, además de no conocer el idioma (en el caso de los primeros), de tener que aceptar trabajos por sueldos miserables, sin que se respete la normativa sobre protección social, tienen que callar cuando son víctimas de algún robo –situación que se da mucho en los sectores urbanos- u otro tipo de delito. Por tales razones, no es extraño que lentamente este colectivo esté haciendo visible parte de sus problemas. Parte, porque, como se verá a continuación, los conflictos cotidianos que normalmente podrían derivarse a la Justicia no llegan siquiera a instancias anteriores, como por ejemplo, la policía.
A lo anterior, debe sumarse la falta de confianza en el sistema judicial que manifiestan las personas en el país, la que, aun cuando ha descendido en los últimos años, sigue estando fuertemente presente en el pensamiento colectivo.130 El Poder Judicial es visto como un estamento lejano a los problemas sociales más apremiantes, el que se ubica más cerca de los que detentan el poder político y económico que de los ciudadanos comunes y corrientes. En pocas palabras, puede decirse que no existe en República Dominicana una conciencia cívica de hacer valer los derechos de que gozan al menos nominalmente los ciudadanos, toda vez que la lentitud de los procesos, el costo de los mismos –en promedio, 320 dólares mensuales-131 es, en el análisis costo-beneficio, siempre mayor que lo que podría reportarle a una persona ejercer sus derechos ciudadanos. A estos problemas, se suma el hecho de que la asistencia jurídica gratuita está restringida únicamente a la defensa de casos penales, no obstante que, según reportan algunos documentos consultados y personas entrevistadas, la gran mayoría de las personas necesita asistencia en materia laboral, civil (reconocimiento de la nacionalidad) y, desde luego, en cuestiones sobre protección de derechos fundamentales, por causa de las discriminaciones y las deportaciones injustificadas.132
Como se adelantó, los primeros casos que han adquirido visibilidad (más allá de las organizaciones que se han dedicado sistemáticamente al tema de los migrantes haitianos) son aquellos en los que el Estado ha negado la inscripción en el Registro Civil de hijos de haitianos nacidos en el territorio nacional de la República Dominicana. Las discriminaciones que sufren las personas de origen o ascendencia haitiana son múltiples y variadas, en diversos aspectos de la vida social pero es ésta, sin duda, la que mayor atención ha concitado debido a las implicaciones que tiene. Quienes no son reconocidos como ciudadanos dominicanos –teniendo derecho a serlo- viven situaciones de vulnerabilidad más complejos, en tanto pasan a formar una suerte de casta que el Estado dominicano, desde hace décadas, ha intentado eliminar. De modo más o menos explícito, y en en algunas épocas con mayor intensidad que en otras.
De acuerdo con el artículo 11 N° 1 de la Constitución dominicana, son nacionales “[t]odas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él”. De esta manera, la Carta Magna dispone la conocida regla del jus solis: sin importar el origen ni condición de los padres, las personas que nacen en territorio dominicano adquieren, por ese solo hecho, dicha nacionalidad (salvo los hijos de diplomáticos y los de aquellas personan que estén en tránsito)133. El problema se produce con la gran cantidad de personas indocumentadas existente en el país. Las causas de esta falta de registro legal van desde “el analfabetismo, a la falta de recursos, el descuido de padres y madres, a trabas impuestas por las instituciones estatales encargadas de garantizar este derecho (...), la falta de información adecuada a madres parturientas al salir de centros hospitalarios”.134 Y, según se explica, no es extraño que los indocumentados sean asociados directamente con personas de la República de Haití –haitianos o dominico-haitianos-, siendo, en consecuencia, deportados.135 136
Cuando se identifican obstáculos por parte de las agencias del Estado dominicano para el registro de sus nacionales se está posiblemente ante el caso más relevante, por su generalidad e implicaciones, que ha llegado hasta los tribunales (internacionales, primero y locales, con posterioridad).137
Se conocen dos casos emblemáticos en los que se ha reclamado ante la negativa por parte del Registro Civil para inscribir como nacionales a personas nacidas en el territorio del país.138 El primero de ellos, fallado en contra de los descendientes de haitianos por el tribunal de primera instancia del Distrito Judicial de la ciudad de Santiago (en noviembre de 2002), fue confirmado por la Corte de Apelación del mismo Distrito (el 25 de febrero de 2003). Para sostener la sentencia, la jueza de instancia argumentó que no se había acreditado que la funcionaria pública se hubiese negado a inscribir a los niños por quienes se reclamaba; que, atendido el principio de la carga de la prueba del Derecho Civil, era deber de éstos acreditar su alegato y que tampoco se había probado que, “al momento de producirse los nacimientos de los menores, su estadía en el país era legal”. En efecto, en este pronunciamiento judicial, el tribunal hace lugar a la tesis de la Junta Central Electoral - de la cual dependen las Oficinas municipales del Registro Civil- en orden a que
el mismo artículo 11 [de la Constitución dominicana] en sus exclusiones de no beneficio de nacionalidad por jus solis, lo condiciona a que se traten (sic) de hijos legítimos, entendiéndose que los transeúntes o hijos de diplomáticos que no sean producto de un matrimonio gozan sólo del derecho a la nacionalidad de uno de los padres (que es la jus sanguini). Al no poder probar la estadía legal de la madre en el momento de los nacimientos –continúa el fallo-, [los hijos de ésta] se asimilan a extranjeros en tránsito.
Entre los argumentos de la Junta Central Electoral, había una alusión a la Constitución haitiana, la que establece una regla de jus sanguinis para la determinación de la nacionalidad (artículo 11).139 Este razonamiento, apoyado por el Estado dominicano –por medio de la Junta Central Electoral y por la confirmación que hiciera la Corte de Apelación– ha sido impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, a través de un recurso de casación.
Por su parte, el caso de que conoció el tribunal de la capital, Santo Domingo, a pesar de tratarse de una idéntica situación, tuvo una sentencia diversa; favorable a los recurrentes, tanto en primera como en segunda instancia (Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional). En él, los padres de dos niños de 7 y 5 años de edad, deducen un amparo dado que la Oficialía del Estado Civil y la Junta Central Electoral se negaban a cursar las inscripciones tardías de nacimiento. Las razones esgrimidas por la agencia estatal eran: i) nuevamente, que las personas recurrentes –esto es, los padres de los niños- estaban en situación de ilegalidad, ii) que éstos eran inmigrantes que transitaban de modo ilegal por el territorio dominicano y iii) que, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución de Haití y el artículo 20 numero 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los menores les correspondía la nacionalidad haitiana.
Como se ve, la argumentación del Estado es similar a la que se esgrimió en Santiago, pero, en esta ocasión, el tribunal aplica prioritariamente el ordenamiento jurídico local, señalando que el principio de jus soli establecido en el artículo 11, numeral 1, de la Constitución dominicana “no hace diferencia en cuanto a la legalidad o ilegalidad de los padres, nacionales o extranjeros, ya que ese es un derecho, no atribuido a los padres, sino a los nacidos en territorios dominicano”, salvo las excepciones que la misma disposición constitucional contempla, pero que ellas no tienen aplicación en este caso. En cuanto a la alegación del Estado de que ha de primar la Constitución haitiana respecto de estas personas, el juez sostiene que “de conformidad con los principios de derecho internacional público (...), es preciso recordar el principio de la nacionalidad efectiva que en la especie queda caracterizada en el vínculo real y efectivo de los menores con el Estado dominicano, en razón a su permanencia y desarrollo de su vida común, incluyendo su educación, en territorio dominicano”. Con relación al alegato del Estado en el que se aduce el artículo 20, numeral 2 de la Convención Americana, el tribunal manifiesta que esta norma “no hace más que consolidad (sic) el jus soli, y, en cuanto a la excepción (si [la persona] no tiene derecho a otra [nacionalidad]), es precisamente de los principios de derechos internacional público que podemos deducir que si ciertamente los Estados son libres de determinar y reglamentar la adquisición y la pérdida de su nacionalidad, no es menos cierto que no corresponde al Estado determinar o valorar las condiciones de adquisición o pérdida de una nacionalidad correspondiente a otro Estado”.
Esta decisión es confirmada posteriormente por la Corte de Apelación, en un fallo que profundiza aún más en interpretación pro homine de la situación, incorporando referencias doctrinarias para sostener las posiciones sobre la aplicación de los principios de derecho internacional público y citando normas de la legislación civil que refuerzan la argumentación de los recurrentes (artículo 9 del Código Civil que establece que son dominicanos todos los nacidos en el territorio dominicano, y el artículo 55 del mismo cuerpo legal, que prescribe que de todo nacimiento ocurrido debe hacerse una declaración).
No obstante la protección que los tribunales dan en este caso particular, el Ejecutivo lisa y llanamente desacata el pronunciamiento, negándose a cursar la inscripción de los niños. Esta situación de desacato a lo prescrito por la Justicia es especialmente grave en tanto contraviene uno de los considerandos de la sentencia de primera instancia (no revocado por el fallo de la Corte), el cual dispone que la decisión es “ejecutoria de pleno derecho, no obstante recurso en su contra, pudiendo el juez ordenarla a la vista de minuta”. En otras palabras, aun cuando se apelara esta sentencia, el juez sentó que la decisión de inscribir a los niños debía materializarse sin más trámite. Pero, como se dijo, el Registro Civil no obedeció. Y, lo más interesante, es que el Estado, por medio de la Junta Central Electoral, ha deducido recurso de casación en contra de la sentencia de la Cámara capitalina, por lo cual será la Suprema Corte la que deberá dirimir esta disparidad de criterios jurisdiccionales, en una decisión que será de extrema relevancia para la situación de los hijos de haitianos nacidos en el país.
Masacre de Guayubín
El 18 de junio de 2000, aproximadamente a las 3 de la madrugada, siete personas –un dominicano y seis haitianos- fueron asesinados a manos de una patrulla del destacamento Operativo e Inteligencia Fronteriza, en la sección de El Guayo, Provincia de Montecristi. Estas personas viajaban ilegalmente en un camión que los llevaba hacia Santiago y, según está reportado y expuesto en el expediente –al que han tenido acceso los autores de este Informe-, la patrulla policial, ante la negativa del conductor de detener el vehículo, disparó en contra de éste, provocando su vuelco. Producto de los disparos, dos personas murieron antes del accidente mientras que los demás fueron acribillados al salir despavoridas del camión pidiendo clemencia. Según la policía, esa noche se había detectado la presencia de numerosos haitianos armados, por lo cual se estaba desarrollando un operativo especial de fiscalización, que fue el que tuvo a su cargo la detención (y posterior muerte) de estas personas. Algunos de los policías implicados aseguran que creían que se trataba de un movimiento de tráfico de drogas y que, bajo ningún respecto, asumían que en el vehículo viajaban haitianos en condición de ilegalidad.
Como en el incidente hay uniformados involucrados, se inició una investigación en la justicia militar, la que después de un largo proceso (que aún continúa) determinó la existencia del crimen y los responsables de él, pero sin que se establezcan condenas efectivas, gracias a resquicios legales que permiten la dilación del proceso. Aun más, de acuerdo con información aportada por uno de los abogados patrocinantes de los familiares de las víctimas de la masacre, Antonio Pol Emil, el militar que comandaba la patrulla responsable de este hecho habría sido enviado a Israel, para labores de capacitación, mientras que los demás miembros habrían sido ascendidos en la jerarquía militar.
Paralelamente a esta investigación radicada en la justicia militar, se dedujeron querellas criminales ante la justicia ordinaria. Según la información recabada, en un primer momento, la causa avanzó sustantivamente (a pesar de que los militares se negaban a comparecer al tribunal, aduciendo que ya lo habían hecho en sede castrense), pero con posterioridad el juez de instrucción penal fue reduciendo la intensidad que había impreso a las primeras diligencias. De acuerdo con el abogado entrevistado, un alto mando militar habría presionado (con éxito) para que la investigación no siguiera avanzando. A pesar de ello, se obtuvo una certificación de que la causa estaba siendo conocida también en jurisdicción común, por lo que los abogados querellantes elevaron una solicitud ante la Suprema Corte a fin de que dirima la contienda de competencia.
Cabe consignar que este caso ha despertado el interés no sólo de las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los haitianos y dominico-haitianos, sino también de aquellas personas que integran una organización de políticos, intelectuales, académicos y destacados profesionales que defienden la soberanía dominicana y el derecho del país a cerrar las fronteras ante la “invasión pacífica” de haitianos, conocida como “Unión Nacionalista”.140 Tanto es así que ésta ha designado abogados que representan a los militares imputados, han concurrido personalmente hasta los tribunales (en evidente señal de presión a los jueces), y han emitido declaraciones justificando la matanza por razones de seguridad nacional.
10 años por tres salamis
Un aspecto recurrente en las entrevistas sostenidas durante la visita que se realizó es el hecho de que los haitianos reciben un tratamiento desproporcionadamente severo en comparación con los dominicanos acusados de cometer los mismos delitos. Si bien no es ésta una práctica extendida y sistemática, sí se conocen casos de personas que han sido condenadas o simplemente enviadas a prisión, como preventivas, por cuestiones menores. Tal es el caso de haitianos que, por orden de sus jefes (dominicanos), talan ciertos árboles que la ley forestal –que ellos desconocen, no así sus empleadores- prohíbe; o, asimismo, varones que por orinar en la vía pública son puestos a disposición de la autoridad migratoria o bien son enviados a la cárcel (en las condiciones que se relató más atrás). A continuación se presenta un caso paradigmático, similar a muchos otros pero que logró concitar la atención de la opinión pública.
El juzgado de instancia de la Provincia de Elías Piña conoció, en 2002, el caso de un joven de origen haitiano acusado de haber robado tres salamis y una radio. A pesar de tratarse de un delito de caracteres menores, el tribunal lo condenó a la pena de 10 años de cárcel. Algunos abogados entrevistados coinciden en que se trató de un procedimiento muy irregular: el imputado había sido detenido por un sereno (comúnmente llamado “wachiman”) que fue hasta la casa del joven y lo acusó del robo de las especies. La policía, se dice, sólo se basó en lo aseverado por el guardia que realizara la detención, sin hacer indagaciones ulteriores, y la jueza de instrucción envió el expediente al tribunal penal con el solo mérito de estos antecedentes. Ante el escándalo producido por esta desproporcionada condena, la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana rebajó la pena a un año de presidio. A pesar de ello, la Asociación de Abogados de San Juan, académicos y políticos de dicha provincia hicieron presente su preocupación y molestia ante esta situación que aparecía, a todas luces, como un abuso de autoridad (y que no era primera vez que acontecía).141
En un sentido similar a éste, se conoce el caso de un hombre haitiano que, en San Juan, fue condenado a la pena de 5 años por “golpes y heridas”, más el pago de una multa. Al no poder cubrir la multa impuesta (habiendo cumplido la pena corporal), su pena fue extendida por otros cinco años, sin que nadie –ni siquiera él mismo- se enterara: se trataba de una persona que no tenía familia en la República Dominicana y que no hablaba español, por lo que ni siquiera tenía conocimiento de las razones por las que estaba preso. Un ex compañero de celda, al recuperar su libertad, da a conocer su situación a un productor de televisión, ante lo cual se interpone a favor del joven haitiano un recuso de hábeas corpus ante el tribunal de Azua. Gracias a esta acción judicial, y dada la extrema arbitrariedad de la situación, la persona recuperó su libertad.142

Violencia intrafamiliar
Los casos en los que se alega el uso de violencia doméstica son otra manifestación de los problemas de falta de tutela judicial, en especial, en perjuicio de personas haitianas o dominicanas de descendencia haitiana.143 Se cuentan casos en que mujeres de comunidades bayetanas no son atendidas por las autoridades policiales, esgrimiéndose motivos tales como la exigencia de que la víctima de la agresión acompañe a la policía en la detención del agresor (lo que naturalmente no tiene factibilidad), hasta la falta de combustible de los vehículos policiales. También se denuncia hostigamiento a las mujeres “que se atreven” a denunciar, así como temor ante la eventualidad de que el agresor, que es sostén de familia, caiga preso y sea la víctima de la violencia la que, ahora además, deba hacerse cargo de su familia.
Según abogados especialistas que fueron consultados, la falta de diligencia que el sistema judicial pone en estos casos se manifiesta en el modo inadecuado en que la policía recoge las posibles pruebas de los delitos y que los jueces, por su parte, en lugar de tramitar las causas como delitos (esto es, en sede de instrucción criminal), los derivan a asuntos correccionales. De esta manera, se reportan casos en que delitos de violencia intrafamiliar pasan a calificarse, por decisión judicial, como “golpes simples”, con las correlativas (menores) sanciones. El Ministerio Público parece no prestar mayor atención a estas causas (no hay seguimiento) y las víctimas, después de tanto obstáculo, suelen abandonar el impulso procesal.
Esto son sólo algunos casos que han alcanzado notoriedad pública. Lo cierto es que, en general, los haitianos y dominico-haitianos siguen siendo un grupo marginado, no sólo de las esferas políticas y económicas, sino también, en el ámbito judicial. Con ello, aun cuando paulatinamente las organizaciones comienzan a utilizar la herramienta judicial para poner en evidencia la discriminación racial, todavía los resultados que allí se obtienen son precarios.


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