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Conclusiones

En este Informe se ha podido apreciar que el problema de racismo en República Dominicana está relacionado con “lo negro”, siendo ello todo lo que tenga vinculación con lo haitiano. Esto ha provocado respecto de la importante cantidad de personas que migran desde dicho país una grave situación de marginalidad social, siendo el Estado dominicano un actor relativamente pasivo frente a ello.


En efecto, el propio sistema institucional de la República Dominicana no contempla mecanismos ni instituciones tendientes a hacer frente a los problemas derivados de la migración masiva de haitianos hacia República Dominicana o de la situación de aquellos dominicanos, hijos de haitianos, que llevan años y décadas viviendo en el país. A esto contribuye el que la élite política esté fuertemente asociada a los grupos nacionalistas que instalan el tema desde una perspectiva dominada por el sentimiento antihaitiano, fomentando prejuicios y estereotipos raciales.
Todo ello, como se ha visto, redunda en el sistema de administración de justicia. El sistema judicial, efectivamente, ha recibido pocos casos de racismo y, en aquellas situaciones en que ha sido demandada su intervención, no ha mostrado una actitud progresista ni protectora de los derechos de estas personas, salvo contadas excepciones (las que, de todas formas, presentan problemas para materializarse ante la nula cooperación que el Ejecutivo parece estar dispuesto a brindar). En este sentido, pareciera que las organizaciones sociales que se han dedicado a combatir el racismo y la xenofobia, impulsados por una mejor percepción de las instituciones judiciales, comienzan a considerar la herramienta judicial como una vía para avanzar en su agenda de dar tutela a los derechos de estas personas.



SISTEMA JUDICIAL Y RACISMO CONTRA AFRODESCENDIENTES

BRASIL, COLOMBIA, PERÚ

Y REPÚBLICA DOMINICANA

OBSERVACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES



Centro de Estudios de Justicia de las Américas


Marzo 2004

INDICE


OBSERVACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 3

RESÚMENES POR PAÍSES 3




  • Brasil 3




  • Colombia 5




  • Perú 9




  • República Dominicana 12

OBSERVACIONES FINALES 16

ANEXO I: PERSONAS ENTREVISTADAS 25

ANEXO II: BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 27


OBSERVACIONES FINALES



Y RECOMENDACIONES


Si bien, tanto por el hecho de haberse centrado en cuatro países como por la metodología empleada, este Informe no puede aspirar a ser un reflejo exacto del tratamiento de la población afrodescendiente por parte de los sistemas judiciales de la región, las apreciaciones realizadas resultan ilustrativas en una serie de aspectos. A partir de ellas pueden formularse algunas observaciones finales así como revisar algunas líneas de trabajo posibles en la materia. En este capítulo se sintetiza la información acerca de los cuatro países y se intenta acometer las dos tareas recién señaladas.
RESÚMENES POR PAÍSES
Brasil
Históricamente, la visión por lejos predominante en la sociedad y el Estado brasileños era la que en dicho país no existe un problema racial. Sostiene esta tesis que, abolida la esclavitud en 1888, se abrió paso a una suerte de “democracia racial”, caracterizada por un alto nivel de integración entre las diversas razas, incluyendo numerosas relaciones familiares interraciales. Hasta hace pocas décadas esta era también la noción prácticamente unánime en los estudios emprendidos desde las Ciencias Sociales. Si bien el Movimiento Negro venía planteando los problemas de racismo existentes, su quehacer resultaba absolutamente marginal y prácticamente sin influencia en los demás actores públicos.
Estudios estadísticos dan muestras de las graves desigualdades que afectan a la población afrodescendiente en Brasil. Por ejemplo, la renta media de los hogares de población negra alcanza a solo un 43% de la renta media de los hogares de personas blancas. La proporción de pobres entre la población afrodescendiente más que duplica a la existente entre la población blanca (46,8% versus 22,4%). En cuanto a las personas que viven en la indigencia, ellas corresponden al 21,8% de la población negra y al 8,4% de los blancos.
Aunque en 1951 se dictó una legislación contra la discriminación racial, en esa época ésta era vista básicamente como una cuestión aislada, que algunos cientistas sociales atribuían a la influencia del capitalismo extranjero en Brasil y no a un problema estructural de la sociedad brasilera. Por lo mismo, dicha legislación se dirigió a sancionar actos de segregación racial al estilo de los que por esos años existían en EE.UU. y no a las manifestaciones de racismo más típicas de la sociedad brasilera, que, conforme a los padrones de la época, eran vistas como episodios aislados sobre los cuales no era necesaria una intervención jurídica ni política.
Recién en la década de los 80s se reformula la visión del problema desde las Ciencias Sociales, sosteniéndose el carácter de mito de la “democracia racial”, apreciándose a la sociedad y Estado brasileros como altamente jerarquizados, con el elemento racial como un componente discriminatorio específico, adicional a las formas de discriminación económico-sociales existentes. No obstante, este proceso no ha ido acompañado por una transformación de la misma magnitud a nivel de la población brasilera en general.
En los años finales de esa década el cambio comienza a manifestarse en el sistema jurídico, como lo revelan la nueva Constitución Federal (de 1988) y una nueva legislación antirracismo de carácter penal (Ley 7716). No obstante, esta última ha debido ir siendo modificada en sucesivas ocasiones, considerando las dificultades para su implementación.
Desde el Estado –tanto a nivel federal como estadual-, el tratamiento de las prácticas de racismo contra los afrodescendientes comienza a cobrar vigor en la segunda mitad de la década de los noventa y especialmente a partir de la preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo. Este proceso ha continuado fortaleciéndose con posterioridad a dicha Conferencia. Esto ha incluido la creación de una serie de instituciones estatales dedicadas a esta materia, asi como la formulación de políticas públicas al respecto. Se trata, no obstante, de un proceso no exento de obstáculos, como se manifiesta de la fuerte polémica pública levantada a raíz de la adopción de normas que establecen cuotas para el ingreso de la población negra a algunas universidades estatales. Esto ha llevado incluso a numerosas impugnaciones ante los tribunales. Cabe hacer notar que ya desde los años 80s existían normas que establecían cuotas para ciertas funciones para las personas que viven con discapacidades y para las mujeres, sin que hubieran suscitado controversia.
Sin embargo, estos avances se han desarrollado fundamentalmente en el contexto del Poder Ejecutivo y Legislativo, pero no han tenido un correlato similar a nivel del sistema judicial. En este sentido, si bien a nivel judicial también se aprecian algunos cambios tendientes a una mayor consideración de la cuestión del racismo contra las personas afrodescendientes, se trata todavía de una transformación incipiente y asistemática, sin que pueda afirmarse que exista una jurisprudencia consistente en la materia, apreciándose importantes insuficiencias en el acceso a la justicia de los afrodescendientes.
Es asi como si bien en los últimos años comienzan a producirse pronunciamientos judiciales a propósito de cuestiones conectadas a la discriminación contra la población afrodescendiente en varias áreas, incluyendo denuncias penales y civiles y revisión judicial de normas que establecen acciones afirmativas, se carece aun de un desarrollo significativo en la jurisprudencia de los tribunales a este respecto. En este sentido, resulta ilustrativo el hecho de que la consideración de la normativa internacional sobre derechos humanos en la materia por la jurisprudencia brasilera en materia de racismo sea sumamente escasa, a pesar de ser Brasil parte de los más importantes instrumentos internacionales, incluyendo la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Por otra parte, los escasos estudios que existen en la materia, dan cuenta de que la persecución penal es más gravosa sobre las personas afrodescendientes que respecto de las personas blancas. Esto se vuelve especialmente agudo en los casos en que las imputadas son mujeres afrodescendientes.


La literatura jurídica en la materia es escasa y a menudo consiste solo en la recopilación de textos legales. Recién en los últimos dos años se han efectuado algunos intentos por recopilar jurisprudencia al respecto, pero se trata de muestras a título ilustrativo, que están lejos de ser exhaustivas. Las revistas jurídicas que publican jurisprudencia rara vez tienen como categoría en su índice sistemático al racismo, lo que también dificulta la búsqueda. Además, de manera todavía exploratoria, por primera vez comienzan a realizarse estudios acerca del tratamiento judicial de los imputados en procesos penales, así como de la situación de las mujeres negras en este mismo respecto.
Esta precariedad se ve reflejada asimismo en las instituciones que llevan a cabo la representación ante los tribunales de denuncias de racismo. Tanto las instituciones estatales como las ONGs dedicadas a esta tarea son pequeñas, resultando sus esfuerzos notoriamente insuficientes para el tamaño de la población negra brasilera. En otras palabras, existe un serio problema de acceso a la justicia, que ha sido significativo para la falta de posicionamiento del racismo a nivel de los tribunales y de la comunidad jurídica.
A ello se suma el hecho de que los operadores del sistema judicial (jueces, ministerio público, defensorías públicas –allí donde existen estas últimas) carecen de formación en la materia. De acuerdo a lo señalado por diversas instituciones del Movimiento Negro así como por numerosos académicos, esto redundaría en que en la gran mayoría de los operadores del sistema judicial continuaría prevaleciendo el mito de la democracia racial, conforme al cual, como antes se ha señalado, no habría en rigor problema racial en Brasil.

Colombia
Después de Brasil, Colombia es el país latinoamericano con la mayor cantidad de población afrodescendiente. Aun cuando no existen datos oficiales uniformes, se estima que el número de afrocolombianos va de un 16 a un 25% de la población total, esto es, entre seis y 10,5 millones de habitantes. A pesar de la cantidad de personas, los afrodescendientes en Colombia no han concitado la misma atención que otros grupos étnicos, típicamente, los indígenas, quienes, a pesar de representar no más del 2% de la población, han sido objeto de más políticas sectoriales, así como, de parte de la soceidad civil, de estudios y trabajo en promoción de sus derechos.
La población afrocolombiana se asienta a lo largo y ancho de todo el territorio, incluido desde luego el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado a 770 kilómetros del continente, lugar donde vive la población nativa raizal. Este último grupo presenta características que lo hacen especialmente relevante a la hora de analizar tanto la situación general de los afrodescendientes, como el tratamiento judicial que han recibido. Ocurre que a partir de mediados del siglo XX, época en que el Estado colombiano declaró al Archipiélago como “zona o puerto libre”, se ha producido una fuerte migración hacia las islas, con consecuencias no sólo en aspectos etnoculturales sino también judiciales. Si bien mayoritariamente los afrocolombianos se ubican en la zona costeña del Pacífico (departamento del Chocó), en los últimos años la migración hacia los polos urbanos ha aumentado significativamente.
Para la comunidad afrodescendiente de Colombia, el conflicto armado que vive el país desde hace décadas ha sido sinónimo de muerte y desamparo. Las razones de ello son que se trata de una población especialmente vulnerable, por cuanto es, en muchos lugares, la más numerosa y, al mismo tiempo, la más pobre. Además, ocupan territorios considerados estratégicos por los grupos armados, como la costa del Pacífico, donde existen importantes recursos naturales, además de ser la puerta de salida de las mercaderías colombianas, legales e ilegales.
Los indicadores sociales con respecto a los afrocolombianos son elocuentes de su desaventajada situación: “el 80% de las comunidades negras tienen sus necesidades básicas insatisfechas y viven en extrema pobreza, mientras que el ingreso per cápita promedio oscila entre los 500 y 600 dólares frente al promedio nacional de 1500 dólares. Un 74% de la población afrocolombiana recibe salarios inferiores al mínimo legal, y la esperanza de vida es de 55 años frente al 65 promedio nacional”.144 El mismo documento gubernamental informa que cerca del 60% de la población afrocolombiana no tiene acceso a los servicios de salud, y que “mientras a nivel nacional existe[n] 7 médicos por cada 10.000 habitantes, en el Pacífico (lugar en el que se concentra mayoritariamente la población afro) la proporción solo llega a 1.6 médicos, con aproximadamente 10 hospitales y 137 centros de salud con mediana infraestructura”.
Con la Constitución de 1991, Colombia reconoce a los pueblos originarios y estatuye que se trata de un Estado pluriétnico y multicultural, garantizando que en los territorios que ocupan los grupos étnicos la lengua oficial es la de tales grupos. Junto con ello, la Constitución asegura la igualdad de todos los que habitan el territorio y el derecho a no ser objeto de discriminación en base a la raza, entre otros criterios.
Respecto de los afrocolombianos, la Constitución, a diferencia de lo que acontece con las comunidades indígenas, se refiere a aquéllos solo en una disposición transitoria, ordenando al legislador a dictar una ley que regule la propiedad colectiva de las comunidades negras. Esta ley se dictó en 1993 (Ley 70) y, efectivamente, establece un procedimiento de titulación colectiva de la tierra, la que debe ser administrada por consejos comunitarios. Esta ley, además, contiene una norma que busca sancionar expresamente los actos de discriminación, aunque, según muchos, no ha pasado a ser más que una declaración de buena voluntad.

Por otra parte, también por ley se estableció el “día de la Afrocolombianidad” (cada 21 de mayo) y se ha creado, en 1995, la Dirección General para las Comunidades Negras, Minorías Étnicas y Culturales, a cargo del Ministerio del Interior.


En cuanto a la representación política, la Constitución faculta al legislador a establecer circunscripciones especiales a fin de asegurar la participación de los grupos étnicos. Dicha ley, la Nº 649/2001, dispone que las comunidades negras tienen derecho a elegir dos representantes, siendo una regulación que, al lado de la que se hace para las comunidades indígenas, es menos relevante.
De los grupos negros, solo la población raizal ha recibido un tratamiento particular de parte del legislador colombiano. La Constitución de 1991 erigió en departamento lo que era la intendencia del Archipiélago y, además, se han dictado cuerpos normativos cuyo objeto es preservar las costumbres y usos de los raizales, por medio de limitaciones al ingreso a la isla, así como regulaciones específicas en materias fiscales, administrativas, de comercio exterior y otras (Ley Nº 47/93).
En Colombia no existen estudios que hayan abordado de manera sistemática la situación penitenciaria y de tratamiento judicial de los afrodescendientes –mientras sí lo hay, en cambio, referentes a los indígenas. Con todo, un estudio general sobre la situación en las cárceles de Colombia da cuenta de cómo se encuentran en ellas los afrodescendientes. Allí se indica que en centros penitenciarios como la cárcel distrital “La Modelo” [ubicada en Bogotá, los negros] carecen incluso de lugar para dormir y se han visto obligados a ocupar, como los más pobres entre los pobres, un intersticio entre dos pabellones (por donde pasan los tubos de agua y desagüe, y los cables de electricidad) al que llaman ‘túnel’ o ‘socavón’”.145 El informe pone en evidencia cómo la población afrocolombiana recluida en alguna cárcel tiene una mayor invisibilidad incluso que las demás personas o colectivos en tanto hay algunos “sindicados por delitos menores que están en prisión por varios años y su situación revela la falta de una defensa profesional idónea. Sus condiciones de mayor discriminación en la prisión parecen no haber sido objeto de cuestionamiento jurídico, ni observación por los jueces de ejecución de la pena”.
En cuanto a las personas afrodescendientes que se desempeñan en el sistema de administración de justicia, tampoco existen datos estadísticos al respecto (la Defensoría del Pueblo, a octubre de 2003, iniciaba recién un proceso de recolección de dicha información). A título ejemplar, con todo, se puede mencionar que en la isla de San Andrés, de un total de ocho jueces (de competencia común) y seis magistrados (de competencia especial o de apelaciones), sólo en el Juzgado Promiscuo Municipal –que tiene competencia común- se desempeña una “media” nativa (solo de padre). Por su parte, de los siete fiscales que trabajan en la isla, ninguno de ellos es raizal. Y, por último, en el Centro Técnico de Investigación (CTI, rama de la Fiscalía que realiza investigaciones judiciales), de un total aproximado de cinco personas, sólo una de ellas es nativa. Se puede decir que esta muestra es expresión de lo que ocurre a nivel general, en que los afrocolombianos han estado históricamente marginados de los cargos oficiales.
Con relación al tratamiento que la jurisprudencia ha dado a los problemas de los afrodescendientes, debe decirse que existe una disparidad de receptividad entre la Corte Constitucional, la que se ha pronunciado pocas veces pero todas ellas muy relevantes, y los tribunales inferiores. Los casos que se han presentado en el Archipiélago de San Andrés son significativos en relación a este punto.
Como se dijo, la falta de receptividad por parte del Estado en materia judicial queda evidenciada en los casos de la población raizal, en tanto se demuestra cómo la aplicación del Derecho común a una comunidad con usos y costumbres propios, diversos a los de los colombianos continentales puede significar conductas discriminatorias de parte del Estado. En este sentido, existen casos de personas que fueron demandadas por continentales por el no pago de las prestaciones sociales. Ocurre que para los raizales los contratos de trabajo se perfeccionaban nada más con el concurso de voluntades, quedando entregada a la buena fe cuestiones tan sensibles como el valor de las prestaciones; pero las personas venidas del continente reclamaron porque no se les pagaban los derechos previsionales. A pesar de la alegación hecha por los raizales, que para ellos no existía tal obligación y que se habían comprometido de acuerdo con sus costumbres, los tribunales no hicieron lugar a su pretensión.
Esto también ocurrió con la propiedad de las tierras en las islas del Archipiélago: el precario sistema de inscripción territorial que existía se vino abajo cuando se incendió la Oficina en que se encontraban los títulos de las tierras. Después de este hecho, los continentales comenzaron a inscribir tierras que los isleños les habían entregado nada más para que las explotaran, pero sin pretender transferir su dominio. Pero como en muchos casos habían transcurrido más de 20 años, quienes poseían las tierras tenían derecho a inscribirlas a su nombre en tanto el plazo de prescripción adquisitiva estaba cumplido. Naturalmente, para los nativos la institución de la prescripción, por lqa que una persona que no es dueña de un predio se lo apropia por el paso del tiempo era, hasta entonces, completamente desconocida.
Un caso en que se alegó ante los tribunales discriminación racial directamente es el de la “negra Nieves”. Se trata de una popular caricatura de Cali, creada a fines de los sesenta, que representa a una empleada doméstica negra, que hace chistes de la actualidad colombiana. Un abogado, en representación de diversas organizaciones sociales afro, presentó una acción de tutela por considerar que la caricatura desmerecía la raza negra. La acción no prosperó, ni en primera ni en segunda instancia, ya que los jueces estimaron que antes que desacreditar a las personas de raza negra, lo que hacía Nieves era enaltecerlas.
Por último, una situación que da cuenta de la falta de respuesta de los tribunales locales es la denuncia colectiva presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones sistemáticas y reiteradas a diversos derechos fundamentales en la zona del Chocó, producto de los enfrentamientos entre paramilitares y fuerzas insurgentes. Como se dijo, el Chocó es el departamento que concentra la mayor cantidad de afrocolombianos por lo que los efectos del enfrentamiento librado en esta zona se dejan sentir en esta población. Muchos de los casos que han sido denunciados ante la Comisión fueron expuestos ante las autoridades locales, judiciales y no judiciales, y, en todos ellos, el Estado no dio respuesta suficiente a los requerimientos, generándose un cuadro de denegación de justicia que ha sido reclamado ahora ante la instancia internacional de protección de los derechos humanos.

Perú

El movimiento afroperuano, que en algún momento tuvo cohesión y posibilidades de articular un discurso coherente y unitario frente a las demandas y a los problemas de su comunidad se caracteriza hoy por su invisibilidad y falta de unidad que permita que el tratamiento de su situación sea parte de la agenda pública. Se dice que lo anterior no sería sino consecuencia de cómo fueron traídos los esclavos al Perú o, más bien, de quiénes los trajeron: a diferencia de lo ocurrido en otros países del continente americano, no sólo españoles se encargaron de traer, principalmente por el Callao, a esclavos africanos, sino también otros países europeos, lo que determinó una gran heterogeneidad étnica en los africanos llegados al país.

No existen cifras oficiales sobre el número de peruanos de ascendencia africana actualmente en Perú. La última vez que un Censo de población contempló la variable racial fue en 1940. Con todo, hay relativa coincidencia en que los afroperuanos constituyen entre un 8 y un 15% de la población total, comunidad que se asienta preferentemente en la zona central de Lima, el Callao y el litoral cercano (entre el 55 y el 60%).
Perú se destaca por la ausencia casi total de normativa e institucionalidad específicamente referida a los pueblos originarios y a los afrodescendientes. La Constitución de 1993 contempla, en su artículo 2.2, una cláusula de igualdad general que dispone que “toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole” y, en el artículo 2.19 se consagra el derecho “a [la] identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Estos derechos constitucionales están garantizados por la acción de amparo (consagrada en el artículo 200.2 de la Constitución), la cual puede deducirse “contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza” tales derechos.
Ante la falta de normas jurídicas establecidas especialmente a favor de los negros (y demás minorías étnicas), en abril de 2003 las comunidades indígenas y afroperuanas presentaron, de manera conjunta –lo que, para muchos, constituye un hito en las actuaciones de los grupos raciales- una propuesta de reforma constitucional, a fin de que se incorpore una cláusula que dé reconocimiento a estos pueblos. La norma proyectada dispone que “[e]l Estado reconoce a la comunidad afroperuana como persona jurídica de derecho público y garantiza sus derechos colectivos. La comunidad afroperuana cuenta con derechos colectivos propios de su tradición cultural y conocimientos que enriquecen al conjunto de la Nación Peruana. Es obligación del Estado facilitar su desarrollo autónomo y participación en la vida política mediante una incorporación directa en el parlamento nacional. Es obligación del Estado combatir en todas sus formas la discriminación que sufre la comunidad afroperuana y lograr su plena vigencia multicultural”.
Con todo, se aprecia a nivel constitucional una disparidad en el grado de atención que reciben las comunidades nativas frente a la afrodescendiente: para los primeros, se ha establecido existencia legal y personalidad jurídica,146 además de otorgársele la posibilidad de ejercer, de acuerdo a una regulación especial, funciones jurisdiccionales.147 Además de ello, existe normativa que ha desarrollado particularmente aspectos de estas comunidades, como el Decreto Ley 22175/78) que no se encuentra respecto de los afrodescendientes.

Por su parte, el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337) reitera el principio de igualdad dispuesto a nivel constitucional, el que también se manifiesta en la legislación laboral, la que fue modificada en 1997, debido principalmente a la acción del Movimiento Negro Francisco Congo (el que hoy está casi desaparecido). Por último, siempre a nivel de las normas que sancionan la discriminación, en 2000 se instauró el delito de discriminación en el Código Penal (art. 323), cerrando así la protección normativa que se da en el Perú.


En cuanto a las instituciones existentes en Perú referidas a la promoción y tutela de las minorías étnicas y raciales, antes de 2001 no existía ningún organismo que concentrara estas tareas. En octubre de ese año, se crea la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA)148, la que tiene por objetivos “promover y garantizar el  reconocimiento y aplicación, por la sociedad peruana, de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas; asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas vulnerables, especialmente a los pueblos en aislamiento voluntario y en extrema pobreza; fortalecer institucionalmente a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y a la Secretaría Técnica; representar al Estado como la entidad transversal que promueva las  demandas de los pueblos indígenas con los organismos públicos y la sociedad civil y promover el desarrollo autodeterminado, sostenible y con identidad propia de los pueblos indígenas”. Como se dijo, estos fines deben ser extendidos también a los afrodescendientes del Perú, aun cuando no lo señale expresamente.
En los pocos años que lleva de funcionamiento la CONAPA, las personas entrevistadas para el Informe –inclusive miembros de ella- advirtieron sobre las expectativas no cumplidas que ella generó. Lo anterior toda vez que el organismo, junto con realizar e impulsar ciertas iniciativas muy elementales a favor de la promoción de los derechos de los afroperuanos, habría acallado las escasas voces del movimiento negro que intentan llamar la atención, estableciendo posiciones “oficiales” no compartidas por toda la comunidad afroperuana.
En cuanto al sistema de administración de justicia debe señalarse, en primer lugar, que en materia penitenciaria no existen cifras acerca del número de reclusos pertenecientes a la raza negra. No obstante, es coincidente la opinión de que son “clientes del sistema penal”.
Las cárceles peruanas, según ha sido documentado, tienen un importante problema de sobrepoblación (150%), siendo el penal de San Pedro (ex Lurigancho) uno de los que encabeza la lista. En él se concentra una importante población afrodescendiente, la que se encuentra en condiciones muy deplorables y muchas veces sin siquiera saber los motivos de su encierro (el que, en algunas ocasiones, se prolonga por mucho más allá de lo aceptado por los estándares de derechos humanos). Suele decirse que el afroperuano es el sujeto más vulnerable del sistema penal.

En relación con la composición racial del sistema de administración de justicia, tampoco existen datos empíricos, pero, en base a los testimonios de quienes se desempeñan en él, se pudo constatar que, cuando hay funcionarios de raza negra al interior de algún órgano –como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía o el Consejo Nacional de la Magistratura, además de los propios tribunales-, éstos suelen ocupar puestos de muy poca responsabilidad, como, por ejemplo, el encargado de llevar la documentación de un lado a otro o semejantes.



Como consecuencia de la falta de organización en el movimiento negro y sus esfuerzos centrados casi únicamente en intentar llamar la atención acerca de las cotidianas prácticas y actitudes racistas, prácticamente no existen casos sobre discriminación racial que hayan llegado hasta los tribunales. La falta de confianza en un sistema lento, caro y burocrático son serios desincentivos para que las personas se acerquen a él y hagan efectivas sus denuncias. Sólo se conoce el caso denunciado por un ex oficial de la Policía Nacional, quien después de recurrir a diversas instancia nacionales, denunció al Estado peruano ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por la violación de diversos derechos fundamentales, en particular, su derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley, y al trabajo, entre otros. Además de éste, no se conocen otros casos en que afroperuanos hayan demandado actos de racismo y discriminación racial. Muchos consideran que lo ocurrido a fines de los noventa con los clubes y discotecas, que no permitían el ingreso de personas de raza negra, y que fue denunciado por los medios e incluso a través de una acción judicial, es también una muestra del racismo existente en el país (y de la falta de respuesta por parte del sistema judicial a ello). Con todo, este caso no sólo decía relación con los afroperuanos sino con muchas personas de diversas razas y etnias que, de acuerdo con el parecer de los guardias de estos locales nocturnos, no calificaban dentro del perfil requerido.

República Dominicana
El racismo en este país presenta una característica propia, y es que se ha construido (y sigue presente) en todo lo que tenga relación con los haitianos. Con una historia política muy compleja entre los dos países, las condiciones económicas y sociales de República Dominicana han sido y son un fuerte atractivo para emigrar de Haití, no tanto porque allí puedan acceder con facilidad a beneficios o trabajo, sino porque el nivel de inestabilidad social que ofrece es mejor. Así, las migraciones hacia la República Dominicana han significado, además de la importación de mano de obra muy barata, un clima relativo de desconfianza y nacionalismo, ubicando a los haitianos como eventuales amenazas a la seguridad y soberanía nacional.
A pesar de que no existen cifras oficiales –el Censo de 2002 no contempló preguntas sobre raza-, se estima el número de haitianos presentes en el territorio de la República Dominicana con status migratorio irregular asciende a los 650 mil; aquellos regularizados, serían aproximadamente unos 60 mil, mientras que los “dominico-haitianos” (descendientes de haitianos nacidos en el territorio nacional, quienes también son víctima de la discriminación racial) serían unos 10 mil. En total, proyectando estas cifras, puede decirse que la presencia haitiana, todos estos grupos considerados, es de más de 800 mil personas.149 Esto es, representan casi un 10 % del total nacional.
Las condiciones de vida de este grupo de personas son ciertamente desaventajadas. Se indica que los lugares en los que suelen vivir (llamados bateyes) carecen por completo de hospitales; la mayor parte de quienes allí viven no sabe leer ni escribir; casi el 90% de las viviendas no dispone de agua potable150 y las enfermedades, como el VIH/SIDA, están alcanzando niveles muy graves, en una zona geográfica con alta población expuesta, como es el Caribe.151
A todo ello, debe sumarse el que se encuentran con manifestaciones de la discriminación racial (y xenofobia) también en la institucionalidad del Estado, en tanto la sociedad dominicana, en general, no tiene un rechazo hacia los haitianos, sino, como se explica, son las elites quienes se han formado en derredor del antihaitianismo.
Para el Estado dominicano la discriminación por raza sería prácticamente inexistente en el país.152 Además, como se dijo más atrás, las encuestas censales no incluyen variables por raza, lo cual es indicio de que para la Estado no existe, como tal, una “cuestión racial”. No hay instituciones destinadas específicamente a promover políticas basadas en categorías como la raza y, en verdad, para muchos, hacerlo sería constitutivo o manifestación de racismo.
Las normas que protegen la igualdad de las personas en general son las que, de esta manera, pueden esgrimirse como cláusulas de tutela de los haitianos y dominico-haitianos. La Constitución dominicana dispone que “[l]a ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica” (artículo 8.5) y que “[l]a República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y en consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias (artículo 100).
Como el problema de racismo está vinculado a los migrantes haitianos y sus descendientes, es pertinente conocer las normas legales que regulan la categoría de migrantes. A nivel constitucional, se establece una regla de jus solis, vale decir, que toda persona que nazca en territorio dominicano adquiere dicha nacionalidad, con la sola excepción de los hijos de funcionarios diplomáticos en representación de su país y los hijos de personas “en tránsito” (artículo 11 Nº 1). Además, la Ley de Migraciones (Nº 95, dictada bajo el régimen de Rafael Trujillo, gobernante que acentuó el sentimiento antihaitiano) define quiénes se consideran “en tránsito”, señalando que son quienes “traten de entrar en la República con el propósito principal de proseguir a través del país con destino al exterior”, esto es, aquellas personas que no pretendan residir en el país. Esta norma es reglamentada, disponiéndose que el período de tránsito de las personas es de un máximo de 10 días (Reglamento de Migración N° 279 de 12 de mayo de 1939, sección V).
La discriminación racial y xenofobia que se ejerce en contra de todo lo que se asocie a lo negro, que es, como se ha explicado, lo haitiano, tiene manifestaciones también en el ámbito de la institucionalidad judicial.
A diferencia de otros países objeto de este estudio, en República Dominicana sí existen datos oficiales y actualizados permanentemente sobre la población carcelaria, incluso desagregada según nacionalidad. Así, a fines de 2003, los extranjeros en las cárceles dominicanas representaban entre un 5 a 6% de la población total. De estos, el 61% son haitianos, en su gran mayoría hombres (91%), estando por lo general acusados de delitos referidos a drogas, homicidios y delitos contra la propiedad. Además, se indica que el 69% de los haitianos encarcelados se encuentran en prisión preventiva y que alrededor de un 71% no es llevado a juicio.
Para los haitianos, el ser objeto de persecución por parte del sistema penal tiene, junto con los problemas comunes de establecimientos severamente sobrepoblados, el obstáculo de que muchas veces desconocen los cargos por los que son acusados, o bien tienen problemas para entenderse con los abogados, por cuanto no hablan español, sin familiares que los visiten, quedando entregados a su propia suerte.

En República Dominicana se explica que el número de haitianos y dominico-haitianos presos no deja de manifiesto la fuerte discriminación que sufren, por cuanto es común que un ciudadano haitiano acusado de cometer un delito sea sujeto de deportación por parte de las autoridades, antes que de imputación criminal.


En relación con el sistema de administración de justicia, en cuanto la composición racial en República Dominicana es muy variada, no es raro encontrar personas de raza negra trabajando en él. De hecho, dos magistrados de la Suprema Corte son negros. Con todo, lo anterior no es muestra de los problemas que aquejan a los haitianos y dominico-haitianos, en relación al acceso a la justicia y la discriminación que se manifiesta en algunas actuaciones estatales y judiciales.
Aun cuando la confianza en el sistema judicial ha aumentado producto, según indican personas entrevistadas y materiales consultados, de la implementación de la reforma judicial a mediados de los noventa, la situación de marginalidad social en que suelen encontrarse los haitianos y sus hijos los inhibe a acercarse a autoridades del Estado, temiendo ser expulsados del país sin que las denuncias lleguen a destino.
Los primeros casos que han dado visibilidad al problema de los haitianos en sede judicial se refieren a la negativa por parte del Estado dominicano de inscribir como nacionales a hijos de personas haitianas nacidas en el territorio del país. La argumentación de la Junta Central Electoral es que los ciudadanos haitianos en situación de ilegales son asimilables a las personas que se encuentran en tránsito, sin perjuicio del tiempo que lleven en el país (en algunos casos, décadas). Además, argumenta el Ejecutivo, la Constitución haitiana contiene una regla de jus sanguinis, por lo cual debe preferirse su aplicación, de conformidad con la interpretación que hacen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al respecto, se conocen dos casos que, ante la misma situación han tenido respuestas judiciales opuestas. En el primero de ellos, ocurrido en la ciudad de Santiago, el tribunal aceptó la tesis del Gobierno, negando la inscripción solicitada por los recurrentes. La Corte de Apelación del distrito con firmó la sentencia, la cual ha sido impugnada ante la Suprema Corte por vía de casación. El segundo caso es similar al anterior pero se diferencia en su resolución: el tribunal de Santo Domingo, aplicando prioritariamente las normas nacionales, ordenó la inscripción de los niños. La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelación y, a pesar de que mandaba hacerse la inscripción no obstante los recursos en su contra, ha sido desacatada por el Ejecutivo, siendo además impugnada ante la Suprema Corte (también por vía de casación), donde se halla pendiente.
Además de estos casos que son paradigmáticos de una situación más extendida, los ciudadanos haitianos han tenido otros problemas referentes al sistema judicial. Se conocen casos de ciudadanos haitianos que han sido severamente condenados por delitos menores, incluso sin mayores fundamentos, debiendo pasar por largo tiempo en la cárcel sin saber en muchas ocasiones las razones de su encierro.
También se registran casos de violencia intrafamiliar en que la respuesta del sistema es poco enérgica. A pesar de las denuncias que realizan algunas mujeres, éstas tienden a encontrarse con funcionarios policiales que les solicitan diligencias que terminan haciendo impracticable el dar la debida protección a las afectadas.
Además, se relata el caso de la masacre de Guayabín, en el que seis haitianos y un dominicano fueron asesinados por una patrulla militar. Las víctimas se desplazaban hacia Santiago en un camión que no obedeció las órdenes para que detuviera la marcha, ante lo cual los militares dispararon provocando las muertes de quienes viajaban en su interior. En este caso, está pendiente que la Suprema Corte dirima una contienda de competencia que se ha producido en cuanto ha sido tramitado en la justicia militar (sin resultados) y en la justicia ordinaria, donde inicialmente la causa avanzó rápidamente, quedándose posteriormente entrampada.
En síntesis, el tratamiento judicial del racismo (y xenofobia) en República Dominicana se encuentra en una etapa incipiente y muy sensible, en tanto uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos haitianos en el país –la irregular condición en que se encuentran sus hijos- deberá ser resuelto por la Suprema Corte ante las decisiones contradictorias de tribunales de instancia locales. Además de ello, los problemas de xenofobia presentes en la relación entre los países, si bien no está instalada en los ciudadanos comunes, sí ha servido como discurso y bandera de lucha política, por lo que ello se traspasa también al ámbito judicial.

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