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A/HRC/36/4/Add.1




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Distr. general

25 de julio de 2017


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Consejo de Derechos Humanos

36º período de sesiones

11 a 29 de septiembre de 2017

Tema 6 de la agenda

Examen Periódico Universal

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal
*

Ecuador

Adición

Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado

1. El Ecuador presentó, el 1 de mayo de 2017, su III Examen Periódico Universal, con el que dio a conocer a la comunidad internacional los avances del gobierno nacional en su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

2. Durante este proceso el Ecuador reiteró que reconoce al EPU como el principal mecanismo universal de supervisión y evaluación de la situación de los derechos humanos y que considera de fundamental importancia asegurar que este mecanismo mantenga su carácter constructivo, objetivo y no politizado mediante un diálogo interactivo en el que las recomendaciones realizadas sean coherentes con las realidades del Estado bajo examinación. Solo así el EPU podrá mantener su credibilidad y legitimidad.

En relación con las recomendaciones diferidas durante el examen, el Estado ecuatoriano indica lo siguiente:

3. Sobre la recomendación 119.1, para el Ecuador los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles; así lo estipula la Constitución (Art. 80) y el Código Orgánico Integral Penal – COIP – (Art. 16 numeral 4). Cabe señalar que, actualmente, existen dos casos judicializados sobre crímenes de lesa humanidad (Caso Vaca, Cajas, Jarrín y Caso Arturo Jarrín). El Gobierno Nacional acepta la recomendación y en este sentido analizará la pertinencia de adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad.

4. Con relación a la recomendación 119.2, el Estado informa que las normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas han sido incorporadas en los procesos de internalización de dichas normas: el COIP tipifica los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión. A fin de ratificar las Enmiendas de Kampala, la Asamblea Nacional ha llevado a cabo, durante los últimos años, acciones para analizar su pertinencia; adicionalmente, como parte del proceso interno y conforme al dictamen favorable de la Corte Constitucional del Ecuador, se dará continuidad a este proceso con el Gobierno del señor Presidente, Lenín Moreno. En este sentido el Ecuador acepta la recomendación.

5. En cuanto a la recomendación 119.3, el Ecuador considera que el Tratado sobre Comercio de Armas de 2013 no aborda el problema estructural del comercio de armas ya que mantiene un enfoque asimétrico y establece un doble estándar para los países exportadores y los que no lo son. En este sentido, Ecuador considera que no existe una relación directa entre la ratificación del tratado en mención y la protección integral de los derechos humanos. En la parte relativa al comercio internacional de armas ligeras, el Ecuador ha mantenido una posición clara respecto a que es necesario regular el comercio de ese tipo de armas como un mecanismo para salvaguardar la vida de las personas y para reducir los índices de violencia en todo el mundo; dicho control debe aplicarse respetando escrupulosamente las decisiones que adopte un Estado soberano para regular el comercio de ese tipo de armas, así como el derecho que asiste a los Estados para adquirir los medios necesarios para su legítima defensa.

6. El Ecuador no está de acuerdo en otorgar a los estados exportadores de armas ligeras el derecho de calificar la política de protección a los Derechos Humanos de los países compradores de armas ni tampoco establecer condiciones arbitrarias para seleccionar aquellos estados que consideren dignos de adquirir armas ligeras de aquellos que, supuestamente, no lo son. Por los motivos expuestos, Ecuador toma nota de esta recomendación.

7. Se acepta la recomendación 119.4 pues está en proceso de implementación, y al respecto el Ecuador indica que cuenta con el "Plan Nacional para combatir la trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual, laboral y otros modos de explotación, pornografía infantil y corrupción de menores", que es ejecutado, monitoreado y evaluado por una Comisión Interinstitucional conformada por 17 instituciones estatales, entre las cuales constan: el Ministerio de Interior; Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Defensoría del Pueblo; Fiscalía General del Estado, entre otras. Esta Comisión tiene los siguientes ejes de trabajo: a) Protección y reparación, b) Prevención, c) Investigación y sanción. En cuanto al Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre Trabajo Forzoso (029) de 1930 de la OIT, su ratificación se encuentra en análisis de las instituciones nacionales correspondientes a fin de verificar con su concordancia con los altos estándares de protección de los derechos de los trabajadores reconocidos en la legislación nacional.



Sobre varias recomendaciones que el Ecuador tomó nota durante el proceso del examen, el Estado hace las siguientes precisiones:

8. Respecto de la recomendación 120.1, el Ecuador aclara que la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (Art. 86) establece que la “Cédula de Identidad” es el único documento público de identidad que emite el Estado. Adicionalmente, la referida norma (Art. 94) señala que, “al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la persona por autodeterminación podrá sustituir el campo sexo por el de género que puede ser masculino o femenino”.

9. Sobre las recomendaciones 120.2 y 120.3, cabe indicar que todas las personas, nacionales y extranjeras, bajo la jurisdicción ecuatoriana gozan de los mismos derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la Constitución (Art. 9), sin discriminación por pertenencia a grupos étnicos minoritarios. En concordancia, con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se aplican los principios de ciudadanía universal y libre movilidad, garantizando así el pleno goce de derechos de todas las personas en territorio ecuatoriano.

10. Con relación a la recomendación 120.5, el Estado considera importante indicar que la Función Judicial en el Ecuador tuvo una gran transformación a partir de la actualización del sistema de administración de justicia, que inició con la Constitución de 2008 y con las leyes adoptadas para el efecto1. La garantía de una justicia independiente es el proceso de designación de funcionarios judiciales mediante concursos de méritos y oposición que incluyen rigurosas fases de selección y que contemplan el derecho ciudadano de impugnación a las postulaciones, garantizando que los profesionales seleccionados tengan un alto nivel de formación y experiencia y que además, cuentan con legitimidad social para ejercer su cargo. Esto ha permitido que el Ecuador se posicione como uno de los países de la región con los índices más altos de confianza en el sistema judicial.

11. Respecto de las recomendaciones 120.6, 120.7, 120.8, 120.9 y 120.10, el Estado enfatiza que la Constitución (Art. 233) determina que ningún servidor público estará exento de responsabilidades. Así, los servidores judiciales tienen obligaciones y prohibiciones específicas (Arts. 100 y 103 del COFJ), que en caso de incumplimiento dan lugar a responsabilidades administrativas y sanciones (Arts. 107, 108, 109 del COFJ). Conforme a la doctrina, el error inexcusable corresponde a la notoria ineptitud e incongruencia jurídica al momento de aplicar la ley por parte del administrador de justicia. En este sentido, el error judicial constituye un error inexcusable en la medida en que el operador de justicia se separe de toda interpretación razonable, de acuerdo con las reglas de la lógica y la significación jurídica.

12. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha definido en varias sentencias, como en el caso “Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela”, señalando: “(…) el error judicial inexcusable ha sido entendido como aquel que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables, lo cual le confiere el carácter de falta grave que amerita la máxima sanción disciplinaria, esto es, la destitución (…)”. Por lo que, la realidad jurídica del Ecuador comparada con la de otros países no difiere en la apreciación sobre el “error inexcusable”.

13. Sobre las recomendaciones 120.11, 120.13, 120.14, el Estado indica que la Ley Orgánica de Comunicación garantiza el derecho de todas las personas a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio; dicha norma establece, además, responsabilidad por las expresiones emitidas (Art. 17), por difusión de contenido que lesione los derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado (Art. 19). En dichos casos se reconoce la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación por indemnizaciones y compensaciones de carácter civil, previo al debido proceso. En tal virtud, el Estado ecuatoriano es enfático al afirmar que la legislación nacional se encuentra en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13).

14. Con relación a las recomendaciones 120.12 y 120.15, el Ecuador manifiesta que la legislación nacional (Decreto 16 reformado por el Decreto Ejecutivo 739) tiene como objetivo principal incluir y otorgar mayor protagonismo a todas las formas de organización de la sociedad civil. Con estos decretos se reconocen los derechos y obligaciones de las organizaciones sociales, no se coarta derecho alguno de las mismas y son coherentes con la Constitución de la República, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 20), con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 22) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 16).

15. Este compromiso con la libertad de asociación también ha permitido el aumento en el número de organizaciones registradas en el sistema unificado de información sobre organizaciones sociales de 1.270 en 2011 a 90.464 en la actualidad.

16. Sobre la recomendación 120.17, el Ecuador manifiesta que, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (Art. 150), el aborto está despenalizado en dos casos específicos. En consecuencia, el Estado ha adoptado la guía de práctica clínica denominada “Atención del Aborto Terapéutico” que permite brindar un diagnóstico, evaluación, atención y tratamiento oportuno del aborto terapéutico, contribuyendo de esta manera a disminuir la morbi-mortalidad materna y a mejorar la atención de la salud de las mujeres en condiciones de aborto terapéutico.

17. Respecto de la recomendación 120.18, el Código Civil (Art. 140), señala que “cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal (…)”.

18. Finalmente, sobre la recomendación 120.19 el Ecuador enfatiza que la Consulta Previa es una política de Estado y consta en la Constitución (Art. 57 numeral 7) y en otros instrumentos normativos como en la Ley de Participación Ciudadana. Bajo este mandato constitucional, se ha adoptado el “Reglamento de Consulta Previa a la Asignación o Licitación de Áreas o Bloques Petroleros” emitido mediante Decreto Ejecutivo 1247; conforme a dicho reglamento, las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas en el país han participado de manera activa y protagónica en 94 procesos de consulta previos a la autorización o aprobación de un proyecto o actividad petrolera que eventualmente pudiera afectar su territorio o subsistencia.





* * El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

1  Código Orgánico de la Función Judicial – COFJ – (2009)

Código Orgánico Integral Penal – COIP – (2014)



Código Orgánico de Gestión de Procesos – COGEP – (2015)


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