Paper La Renta Básica Universal y el hombre olvidado



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Anexo I - La opinión de algunos grandes bonetes “nobelados”, ciertos mediáticos “noveleros”, e influyentes illuminatis “comprometidos” (a favor o en contra)

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Del Instituto Juan de Mariana

- Renta básica: infinanciable y egoísta (Instituto Juan de Mariana - 29/5/14)

(Por Juan Ramón Rallo)

La renta básica universal (RBU) vuelve a estar de moda a partir de su inclusión en el programa electoral de Podemos. Y, ciertamente, la devastada situación económica y social de un país como España parece conducir a la inexorable necesidad de adoptar alguna medida de este cariz. Por desgracia, y cómo voy a tratar de probar en los próximos párrafos, la RBU dista de ser una solución satisfactoria, muy en especial tal como la está impulsando Podemos: habrá que plantearse, pues, la conveniencia de otras alternativas.

Qué es y qué no es la renta básica universal

Antes de comenzar, conviene definir exactamente qué entendemos por renta básica universal: se trata de una renta que perciben incondicionalmente todos los ciudadanos de un país por el mero hecho de ser ciudadanos. La renta básica universal no distingue entre ciudadanos ricos o ciudadanos pobres, ciudadanos con empleo o ciudadanos sin empleo, ciudadanos socialmente comprometidos o ciudadanos huraños y aislados. Todos reciben el mismo importe por la mera circunstancia de existir. Las únicas limitaciones parciales que suelen plantearse afectan a los extranjeros, a los menores de edad y a los criminales (si bien la limitación del importe de la renta no tiene por qué ser total). La propuesta de Podemos es justamente ésa (ver su propuesta 1.12).

¿Cuánto costaría?



A mediados de 2013, en España residían 41,7 millones de españoles, de los cuales 34,2 millones eran mayores de edad. Asumiendo una remuneración igual al umbral de pobreza nacional (8.114 euros) para los adultos y del 50% de ese umbral de pobreza para los menores de edad, el coste de la aplicación de la renta básica universal sería de 308.000 millones de euros, alrededor del 30% del PIB. Si extendiéramos su aplicación a todos los residentes legales, el coste se incrementaría hasta los 344.000 millones de euros.

Dado que a pensionistas y desempleados no se les abonaría la RBU en adición de sus prestaciones actuales, habría que deducir del coste bruto de la RBU las actuales prestaciones estatales de hasta 8.114 euros. Así, en 2013 había alrededor de nueve millones de pensiones con un importe medio de 11.600 euros: asumiendo que esas pensiones se eliminaran en la parte abonada por la RBU, el gasto en pensiones se reduciría en alrededor de 73.000 millones de euros. Asumiendo, además, una reducción de 27.000 millones de euros adicionales en materia de desempleo y otras prestaciones sociales, tendríamos que el coste neto de la renta básica universal oscilaría entre el 20% (si sólo se reconociera a nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos los residentes legales) del PIB.

Una suma absolutamente infinanciable en los términos en que plantea Podemos: a saber, no como una alternativa al Estado de Bienestar sino como un complemento. Si actualmente el gasto público asciende al 44% del PIB, habría que elevarlo al 65%-70%, lo que equivaldría prácticamente a duplicar la presión fiscal que ahora mismo padecemos. Distinto sería el caso de que, a cambio de recibir la RBU, se privatizaran totalmente la sanidad y la educación públicas: en tal caso, el tamaño del Estado sólo aumentaría hasta el 52-56% del PIB, un porcentaje muy alto pero no imposible. Claro que no parece que Podemos y muchos defensores de la RBU estén por la labor de privatizar totalmente la sanidad, la educación y las pensiones a cambio de proporcionar a cada persona una renta anual de 8.114 euros.

El profundo egoísmo de la RBU



Contra la RBU se han dirigido numerosas críticas: que supone un ataque contra los derechos individuales, que es infinanciable o que distorsiona gravemente el comportamiento de los individuos. Lo que no se suele mencionar es que, asimismo, resulta profundamente insolidaria. No en vano, la principal virtud que suele asignársele a la RBU es que instituye una solidaridad estructural entre los ciudadanos de una comunidad política. Sin embargo, la realidad es más bien la opuesta.

Toda sociedad se asienta sobre la cooperación de sus miembros en muy distintos órdenes: defensivo, cultural, afectivo, asistencial o productivo. Afortunadamente, los beneficios de vivir en sociedad exceden con mucho los beneficios de aislarse de la sociedad cual ermitaño huraño. No obstante, que vivir en sociedad sea más provechoso que vivir aislado no significa que cada individuo no trate de aprovecharse del resto de la sociedad: es decir, que intente extraer más de los demás de lo que él aporta a los demás.

El libre mercado, empero, fuerza a los individuos a establecer una cooperación estructural de carácter económico: si una persona desea acceder a los bienes o servicios que han producido otras personas deberá ofrecerles bienes o servicios que esas otras personas valoren. A través de los intercambios voluntarios, nadie puede extraer más valor al prójimo de aquel que el prójimo extrae de él y, gracias a ello, cada uno de nosotros debemos dedicar parte de nuestro tiempo a satisfacer las necesidades ajenas y no a satisfacer las necesidades propias.

Evidentemente, todos desearíamos que los demás trabajaran para nosotros (que produjeran todos aquellos bienes y servicios que necesitamos y que no fabricamos por nosotros mismos) y que, en cambio, nosotros pudiéramos dedicarnos exclusivamente a aquellas actividades que satisfacen nuestras necesidades aun cuando no satisfagan las necesidades ajenas. Sin embargo, es fácil comprender que si todos adoptáramos esa actitud netamente egoísta, la cooperación económica se disolvería como un azucarillo: todos nos dedicaríamos a fabricar lo que nosotros queremos y no lo que quieren los demás (esto es, la división del trabajo desaparecería). Por ese motivo, romper unilateralmente esta cooperación estructural resulta tan costoso dentro de un mercado libre: si un individuo no genera (o no ha generado y ahorrado) bienes y servicios valiosos para los demás, se hallará en una situación económica muy precaria, esto es, no podrá acceder a los bienes y servicios fabricados por los demás. De ahí que el mercado libre desincentive el individualismo antisocial y promueva la socialización económica.

La renta básica universal es, justamente, la herramienta que habilita a cada individuo dejar de cooperar con el resto de la sociedad sin al mismo tiempo sufrir los costes de esa ruptura unilateral de la cooperación social: cada individuo recibe una porción de la producción de los demás sin aportarles a los demás producción propia que ellos consideren suficientemente valiosa (si así se hiciera, no se necesitaría la RBU, ya que bastaría con que unos y otros intercambiaran voluntariamente sus respectivas producciones). En otras palabras, la RBU es una subvención al individualismo antisocial (el tipo de individualismo que Hayek tildó de antiliberal) que permite a las personas vivir a costa de los demás sin preocuparse por los demás.

No por casualidad, los defensores de la RBU suelen aducir que, por el mero hecho de percibirla, la inmensa mayoría de la gente no dejaría de trabajar, sino que se dedicaría a desarrollar aquellas tareas que la autorrealizaran. Pero con semejante aseveración sólo se está reconociendo implícitamente que los receptores de la RBU podrían desentenderse de las necesidades ajenas y concentrarse egoístamente en las propias: a la postre, si las actividades específicas que autorrealizaran a un cierto individuo fueran lo suficientemente valoradas por los restantes individuos, bastaría que intercambiar sus servicios en un mercado libre. Que se necesite de una RBU para puentear al mercado claramente demuestra que se quiere vivir de los demás sin preocuparse por los demás.

La alternativa: renta de propietarios y renta de subsistencia subsidiaria



En el fondo, si ese error intelectual llamado RBU resulta tan atractivo para muchos individuos es porque aúna las características de dos rentas que sí son socialmente deseables.

La primera es una renta que nos permita vivir sin trabajar y que nos proporcione suficiente tiempo libre para dedicarnos a aquellas actividades personales que nos autorrealicen. Nótese que hablo de una renta que permita vivir sin trabajar, no sin generar valor para los demás. Éste es el caso de las rentas del capital: una persona puede ahorrar a lo largo de su vida, invertir juiciosamente ese ahorro y vivir de la renta que se derive de esa inversión (renta que se materializa en forma de bienes y servicios valiosos para los demás). Ciertamente, deberíamos avanzar hacia una sociedad de propietarios que permitiera que todo trabajador ahorrador percibiera, tan pronto como fuera posible, una renta de propietarios. Pero para ello, claro, resulta imprescindible reducir drásticamente la salvaje fiscalidad que padecen los españoles.

La segunda es una renta de subsistencia de carácter subsidiario. En toda sociedad existen personas que, transitoria o permanentemente, son incapaces de generar bienes y servicios valiosos para los demás. Parece equitativo y razonable que esas personas que no pueden cooperar con los demás por incapacidad -y no por capricho- reciban una ayuda del resto: se trataría de una renta dirigida a garantizar su subsistencia y que tendría un carácter subsidiario frente a todas las demás fuentes de renta. Muchas personas confunden la RBU con esta renta de subsistencia subsidiaria, pero sus notas características son muy distintas: ni es universal (sino específica para los que la necesitan), ni es incondicional (sino sometida a la condición de que, por ejemplo, la persona no pueda valerse por sí misma en un mercado libre). Aquellos que puedan pero no quieran cooperar con los demás no la recibirían (a diferencia de lo que sucede con la RBU).

Esta última renta ha sido, de hecho, defendida por algunos pensadores liberales como Friedrich Hayek (suele afirmarse que Hayek defendió la RBU, pero no: se limitó a defender unos ingresos mínimos garantizados exclusivamente para aquellos que no pudiesen valerse por sí mismos en un mercado libre). Yo mismo en Una revolución liberal para España defiendo este tipo de esquemas, tratando de exponer por qué la lógica y la evidencia histórica apuntan a que emergerían en una sociedad libre sin necesidad de que el Estado los impusiera (si bien, si fuera menester, un Estado mínimo podría imponerla para garantizar que nadie se quedara descolgado) y que conllevarían un coste máximo del 4% del PIB.

La renta de propietarios y la renta de subsistencia subsidiaria son dos rentas compatibles con un orden social libre, voluntario y cooperativo. Por el contrario, la RBU contribuye a socavar las bases de ese orden social libre, voluntario y cooperativo: no es más que el aguinaldo social a la asociabilidad.

-  O renta básica universal o libertad migratoria (Instituto Juan de Mariana - 21/8/14)

(Por Juan Ramón Rallo)

Podemos defiende dos reformas políticas difícilmente compatibles: la renta básica universal y la libertad migratoria. Yo, como liberal, rechazo la primera y suscribo la segunda. Imagino que algún conservador nacionalista podrá promover la primera y oponerse a la segunda. Pero lo que se me antoja verdaderamente complicado es defender, a la vez, ambas proposiciones. El gran teórico de la renta básica, Philippe Van Parijs, ha reconocido con amargura que esta incompatibilidad entre la libertad migratoria y la renta básica universal “expone en toda su crudeza el cruel dilema entre la generosidad sostenible hacia nuestros conciudadanos más pobres y la altruista solidaridad hacia cualquiera que desee entrar. Este dilema es el más doloroso reto que afronta ahora mismo la izquierda en el mundo desarrollado”.

No queda claro cómo Podemos, pretende resolver este dilema. No en vano, hasta la fecha ni siquiera ha ofrecido un memorándum sobre cómo financiar la renta básica universal para los actuales residentes en España. ¡Cómo esperar que nos explique cómo extender ese derecho a potencialmente todo el mundo! Mas, con Podemos o sin Podemos, la generalización de la renta básica universal sí constituye, como decimos, un conflicto interno de primer orden para la izquierda con vocación cosmopolita.

¿Existe alguna forma de compatibilizar la libertad de movimientos de personas y la renta básica universal? A priori, parece que existen dos posibilidades.

Renta básica para todos



La primera opción es tan simple como inverosímil: implantar la libertad migratoria y reconocer a todo aquel que se establezca en suelo español una renta de 6.000 euros por adulto o de 8.000 por jubilado. A estas cifras, habría que añadir la “gratuidad” de la educación y de la sanidad, equivalentes actualmente a una renta en especie de unos 2.200 euros per cápita. Es decir, estamos hablando de reconocer a cada residente el derecho a recibir directamente del Estado entre 8.200 y 10.200 euros anuales (dejo fuera la estimación de otras prestaciones estatales “gratuitas” como las infraestructuras, la seguridad o la justicia).

Atendiendo a la literalidad del programa de Podemos, ésta parece ser su opción preferida (“Libre circulación y elección de país residencia y regularización y garantía de plenos derechos para todas las personas residentes en suelo europeo, sin distinción de nacionalidad, etnia o religión, con o “sin papeles”), si bien tiene escasos visos de prosperar. Dado que actualmente la renta per cápita mundial ronda los 7.800 euros, la magnitud absolutamente desproporcionada del efecto llamada que supondría prometer una renta entre 8.200 y 10.200 euros anuales debería resultar más que evidente. En África, de hecho, la renta per cápita ni siquiera supera los 2.000 euros y el 36% de sus más de 1.100 millones de habitantes malviven con menos de un dólar diario.



En este sentido, consideremos una hipótesis extremadamente conservadora: España decreta la libertad migratoria y se instalan 100 millones de personas provenientes del resto del mundo. A un coste medio de 8.200 euros por persona (renta básica más la correspondiente habilitación de colegios y hospitales) necesitaríamos una recaudación adicional de 820.000 millones de euros: cerca del 80% del PIB español. Dado que ahora mismo el Estado ya copa más del 40% del PIB (no digamos si, para más inri, implantamos la renta básica universal para los españoles), el proyecto sería absolutamente infinanciable incluso implantando la república soviética española: desde Jesucristo, nadie ha conseguido multiplicar los panes y los peces, esto es, recaudar en impuestos el 120% del PIB de un país.

No parece una opción demasiado realista y Podemos se terminará viendo forzado a reconocerlo y a rectificar. La cuestión es cómo rectificarán: si abandonando el proyecto de renta básica universal, si abandonando el proyecto de libertad migratoria o tratando de combinarlos de otro modo. Entramos así a analizar la segunda opción de convivencia entre renta básica y libertad migratoria.

Renta básica sólo para los ciudadanos

La renta básica universal suele caracterizarse como un derecho político: es un derecho derivado de ser sujeto político de una comunidad. En este sentido, una comunidad podría distinguir entre, por un lado, ciudadanos con plenos derechos políticos y, por otro, residentes sin derechos políticos. Un caso similar lo encontramos con el derecho de voto: la Constitución española ya restringe enormemente el derecho de voto a los extranjeros (limitándolo a las elecciones municipales y siempre que exista reciprocidad con su país de origen). ¿Por qué no hacer lo mismo con la renta básica universal, esto es, que el derecho a percibirla se adquiera con la ciudadanía?

Esta vía alternativa ciertamente permitiría compatibilizar libertad migratoria con renta básica universal: cualquiera es libre de residir en España pero sólo los ciudadanos españoles perciben la renta básica. Ahora bien, para que esta combinación sea funcional resulta obviamente necesario que los criterios de atribución de la ciudadanía sea muy estrictos: en caso de que se adquiera la ciudadanía cumpliendo unas condiciones muy laxas, el escenario será asimilable al de una renta básica para cualquier residente.

Actualmente, en España se le reconoce la ciudadanía a cualquier persona que encadene diez años de residencia legal: dado que cualquier residencia sería legal en un contexto de libertad migratoria, las condiciones de acceso a la ciudadanía no parecen demasiado estrictas. En apenas una década nos toparíamos con problemas análogos a los arriba descritos: a la postre, prometer renta básica a quien resida diez años en España equivale a otorgarles el derecho a acceder dentro de 10 años a un activo financiero con un valor presente de unos 60.000 euros. ¿Es un patrimonio de 60.000 euros lo suficientemente atractivo como para actuar de reclamo? Diría que sí, sobre todo combinado con el derecho irrestricto a la educación o a la sanidad pública, reconocidas actualmente a los residentes legales (y no sólo a los ciudadanos).

Por consiguiente, para compatibilizar la libertad migratoria con la renta básica universal sería necesario endurecer mucho los criterios de acceso a la ciudadanía. Un modelo podría ser el de Liechtenstein: 30 años de residencia legal a menos que antes lo aprueben por votación el resto de ciudadanos. Las condiciones podrían incluso radicalizarse más y limitar la ciudadanía española a los hijos de ciudadanos españoles salvo naturalización por votación democrática.



En cualquiera de ambas opciones, con todo, fijémonos al tipo de sociedad hacia la que nos conduciría la renta básica universal: una parte de la población (los no ciudadanos) pagaría impuestos por residir en el territorio sin recibir como contrapartida prestaciones estatales, mientras que la otra parte (los ciudadanos) cobrarían una renta básica universal del Estado aun cuando no trabajaran (y no pagaran impuestos). La imparable tendencia a alcanzar un equilibrio comunitario de castas sociales es más que patente: los ciudadanos de pata negra podrían vivir de extraerles las rentas a los residentes no ciudadanos. Cuanto más se restringiera el acceso a la ciudadanía, mayor sería la explotación de unos sobre otros y más se consolidaría el sistema de castas. Tal como reconoce Van Parijs: “(Semejante distinción entre ciudadanos y no ciudadanos) acarrearía una enorme distorsión dentro del mercado laboral: algunas serían capaces de rechazar trabajos pésimos gracias a su derecho incondicional a recibir la renta básica mientras que otros ciudadanos se verían forzados a aceptarlos precisamente por carecer de un derecho a este sustento”. ¿Tiene sentido que quienes promueven la renta básica universal como vía para escapar de las penurias y la explotación laboral impongan luego esas penurias y esa explotación a los extranjeros que acudan a España? ¿En qué se diferenciaría esa situación de ese otro escenario tan denunciado por la izquierda, a saber, que las pérfidas megacorporaciones privadas pagan salarios de miseria en el Tercer Mundo y luego distribuyen cuantiosos dividendos a sus accionistas del Primer Mundo?

La tensión, pues, es evidente: criterios de adquisición de la ciudadanía muy laxos vuelven inviable la convivencia entre renta básica y libertad migratoria; criterios muy estrictos generarían un sistema de castas donde una parte de la población explotaría y rapiñaría a la otra mediante la coacción estatal. El problema, pues, se antoja irresoluble dentro del marco de los Estados-nación actuales (tampoco queda muy claro cómo podría articularse una gigantesca redistribución de la renta global a través de un Estado mundial: ¿aceptaríamos los españoles enormes recortes en sanidad y en educación a cambio de mejorar marginalmente la educación y la sanidad de los nigerianos?).

Conclusión

La renta básica universal es incompatible con la libertad migratoria, salvo que uno esté dispuesto a implantar coercitivamente un sistema de castas. Van Parijs lo tiene claro: “El objetivo final es la justicia distributiva global. Pero la manera más cierta de lograrla no es permitir que la libertad migratoria destruya los actuales sistemas redistributivos. Los sistemas de solidaridad comparativamente generosos necesitan protegerse del insostenible efecto llamada de potenciales beneficiarios. El objetivo ha de ser que esos sistemas redistributivos se extiendan junto con la globalización. Así, para garantizar una generosa redistribución, no sólo debemos protegernos de las entradas no deseadas (la inmigración de los potenciales beneficiarios) sino también contra las salidas indeseadas (la emigración de los contribuyentes actuales)”.

Entre la redistribución coactiva de la renta y la libertad, Van Parijs opta por restringir la libertad en aras de mantener la redistribución coactiva de la renta. Podemos tendrá eventualmente que decidir entre ambas y todo hace prever que antepondrá la redistribución coactiva de la renta a la libertad de movimientos de personas y capitales (la duda es si limitará no ya la libertad de inmigrar sino también la de emigrar). Es la perversa lógica del Estado: primero el gasto público, luego -si acaso- la libertad.

Sólo el pensamiento liberal ofrece una respuesta plenamente coherente a esta problemática: combinar la sociedad de bienestar -basada en la propiedad privada y en la cooperación pacífica de las personas- con la libertad de movimientos de personas y capitales. Cooperación global basada en la voluntariedad, no en la coacción estatal. Una sociedad liberal no necesita prohibir la entrada o la salida de nadie: su objetivo no es repartir ningún botín y, por tanto, no hay que limitar ni la huida de contribuyentes (menos recaudación) ni la entrada de beneficiarios (menos gasto per cápita). La pelota, pues, está en el tejado de quienes defienden objetivos irreconciliables y enfrentados: o renta básica universal o libertad migratoria.

La opinión de algunas “vacas sagradas” (nobeles o… ¿noveleros?)

Paul Krugman es defensor de la Renta Básica Universal. Ve claramente cómo nos volvemos a enfrentar al progreso de las máquinas y cómo tener altos conocimientos sobre la materia ya no implica que sean necesarios. Las máquinas nos superan en número, eficiencia y eficacia. Si quien se beneficia de estos avances es una minoría poseedora de la inteligencia…



¿Cómo aseguramos la supervivencia de las familias? Es inevitable una redistribución de la renta.

“I can already hear conservatives shouting about evils of ¡redistribution”. But what, exactly, would they propose instead?”

(Paul Krugman - Facebook - 15/1/15)

-¿Es sostenible una renta básica universal como propone Podemos?

-Es un paso para luchar contra la desigualdad, aunque no la soluciona. Creo que debería haber otras medidas antes, como mejorar los salarios mínimos, más medidas de protección social o asegurar la calidad de la sanidad y educación libre y gratuita.

(Joseph E. Stiglitz - ABC - 6/10/15)



Respecto de la renta básica, Deaton dijo que ha visto un gran interés por el tema en España. “Si el referéndum de Suiza hubiese sido aquí, el resultado habría sido muy distinto”. Sin embargo, dijo que hay que preguntarse cómo se va a pagar eso, porque quizás para crear una renta básica haya que eliminar todo el resto del gasto público. “Algunos dijeron que me parecía una buena idea y no es así”.

(Angus Deaton - El Español - 9/6/16)



Hoy los economistas siguen divididos al respecto: no hay acuerdo sobre si es posible y deseable que cada ciudadano perciba un ingreso mensual por el mero hecho de serlo, y si bien es cierto que la mayor parte de ellos rechazan la idea, también hay en el gremio voces autorizadas que, desde la izquierda pero también desde la derecha, se muestran partidarias de ella, como las del belga Philippe van Parijs, la escocesa Alisa McKay, el griego Yanis Varoufakis o los premios Nobel de economía Christopher Pissarides y Angus Deaton. Otros no son favorables a la renta básica pero sí a la garantizada, esto es, un ingreso generoso para todas las personas en situación de necesidad. Y otros no ven la básica factible a corto plazo, pero sí al largo, atravesando primero una fase de implementación de la garantizada.

(Christopher Pissarides y Angus Deaton - La Voz de Asturias - 17/10/16)



De la Hemeroteca de Project Syndicate

- ¿Puede un ingreso básico universal ayudar a los países pobres? (Project Syndicate - 22/6/16)

Berkeley.- La vieja idea de reestructurar el estado del bienestar con un ingreso básico universal incondicional últimamente ha despertado interés en todo el espectro político. Desde la izquierda se la considera como un antídoto simple y potencialmente integral para la pobreza. Desde la derecha se la percibe como una forma de demoler complejas burocracias de asistencia social y reconocer simultáneamente la necesidad de ciertas transferencias sociales de una manera que no debilite significativamente los incentivos. También brinda cierta garantía ante el temido futuro en que los robots puedan reemplazar a los trabajadores en muchos sectores. Pero, ¿puede realmente llegar a funcionar?

Hasta el momento, la pregunta ha sido considerada principalmente en países avanzados y los números no parecen prometedores. Aunque -según se informa- Canadá, Finlandia y los Países Bajos están considerando actualmente la idea del ingreso básico, algunos economistas prominentes de países avanzados advierten que es algo ostensiblemente prohibitivo. En Estados Unidos, por ejemplo, entregar 10.000 USD por año a cada adulto -una cifra inferior al umbral oficial de la pobreza para un hogar unipersonal- agotaría casi todos los ingresos fiscales federales del sistema actual. Tal vez haya sido ese tipo de aritmética el que llevó a los votantes suizos a rechazar abrumadoramente la idea en un referendo a principios de este mes.

¿Pero qué hay de los países con ingresos bajos o medios? De hecho, un ingreso básico bien puede ser fiscalmente posible -por no hablar de socialmente deseable- en lugares donde el umbral de la pobreza es bajo y las redes de seguridad social existentes son débiles y cuya administración representa una carga considerable.

Consideremos a la India, donde aproximadamente un quinto de la población vive por debajo de la línea oficial de la pobreza, que en sí es muy baja. Aunque los ciudadanos con tarjetas llamadas “bajo la línea de pobreza” son elegibles para recibir asistencia gubernamental, los estudios muestran que aproximadamente la mitad de los pobres no cuentan con ellas y que cerca de un tercio de quienes no son pobres sí las tienen.

Muchos otros países en desarrollo enfrentan problemas similares, donde los beneficios destinados a los pobres son asignados a personas en mejor situación y muchos de los destinatarios no los reciben debido a una combinación de connivencia política y administrativa y verdaderos desafíos estructurales. Evaluar los recursos económicos de la gente para saber si tienen derecho a las prestaciones puede ser muy difícil en un entorno donde el trabajo se concentra en el sector informal, principalmente en el autoempleo, sin contabilidad formal ni datos sobre los ingresos. En estas circunstancias, identificar a los pobres puede resultar costoso, corrupto, complicado y controvertido.

Un ingreso básico incondicional podría eliminar gran parte de este problema. La pregunta es si los gobiernos pueden afrontarlo sin aumentar la carga sobre los contribuyentes ni socavar los incentivos económicos.

En la India, la respuesta puede ser afirmativa. Si cada uno de sus 1.250 millones de ciudadanos recibiera un ingreso básico anual de 10.000 rupias (149 USD) - aproximadamente tres cuartos de la línea de pobreza oficial- el pago total representaría aproximadamente el 10 % del PIB. El Instituto Nacional de Finanzas y Políticas Públicas de Delhi estima que todos los años el gobierno indio reparte mucho más que eso en subsidios implícitos o explícitos para mejorar a sectores de la población, sin mencionar las exenciones impositivas al sector corporativo. Si se descontinúan algunos o todos estos subsidios -que, por supuesto, no incluyen gastos en áreas como salud, educación, nutrición, programas de desarrollo rural y urbano, y protección ambiental- el gobierno podría obtener los fondos para ofrecer a todos, ricos y pobres, un ingreso básico razonable.

Si el gobierno carece del coraje político para eliminar suficientes subsidios, quedan dos opciones. Podría tomar medidas para aumentar los ingresos fiscales, como mejorar la recaudación del impuesto inmobiliario (que actualmente es extremadamente baja), o reducir el nivel del ingreso básico que introduzca.



Lo que los gobiernos no deben hacer es financiar un esquema de ingresos básicos con el dinero de otros programas clave de asistencia social. Aunque el ingreso básico pueda reemplazar algún gasto atrozmente disfuncional de la seguridad social, no puede sustituir, digamos, a los programas de educación pública, cuidado de la salud, nutrición preescolar o garantía de empleo en la obra pública. Después de todo, el ingreso básico aún estaría gravemente limitado y no hay forma de garantizar que las personas asignen una parte suficiente de él para lograr niveles socialmente deseables de educación, salud o nutrición.

Si se tienen en cuenta estas limitaciones, hay pocos motivos para creer que un programa de ingresos básicos no funcionaría en los países en desarrollo. De hecho, los argumentos más frecuentes que se escuchan contra este tipo de esquemas distan de ser convincentes.

El principal inconveniente, según los críticos, es que el ingreso básico debilitaría la motivación para trabajar, especialmente entre los pobres. Dado que el valor del trabajo va más allá del ingreso, plantea esa lógica, esto podría presentar un problema grave. Los socialdemócratas europeos, por ejemplo, se preocupan porque un ingreso básico podría socavar la solidaridad entre los trabajadores que apuntala los actuales programas de seguro social.

Pero en los países desarrollados, los trabajadores del sector informal dominante ya están excluidos de los programas de seguro social y ningún ingreso básico factible sería lo suficientemente significativo, al menos de momento, como para permitir que la gente simplemente dejara de trabajar.

De hecho, entre los grupos más pobres, los ingresos básicos mejorarían la dignidad y los efectos del trabajo que fomentan la solidaridad al quitar cierta presión a quienes actualmente trabajan demasiado (especialmente a las mujeres). En vez de temer continuamente por su sustento, las personas autoempleadas, como los productores y vendedores de pequeña escala, podrían tomar decisiones más estratégicas y aprovechar su mayor poder de negociación frente a los comerciantes, intermediarios, acreedores y arrendatarios.

El argumento final contra el ingreso básico es que los pobres usarán el dinero para financiar actividades perjudiciales para ellos mismos o la sociedad, como el juego y el consumo de alcohol. Las experiencias con las transferencias directas de efectivo en diversos países, entre los que se cuentan Ecuador, India, México y Uganda, no ofrecen mucha evidencia de mal uso; por lo general, el efectivo se gasta en bienes y servicios que valen la pena.

Las propuestas de un ingreso básico universal imaginadas por los socialistas utópicos y libertarios pueden ser prematuras en los países avanzados, pero no se debe dejar de lado a esos esquemas en el mundo en desarrollo, donde las condiciones son tales que podrían ofrecer una alternativa asequible a los programas de asistencia social ineficaces y administrativamente difíciles de manejar. Los ingresos básicos no son una panacea, pero para los ciudadanos que trabajan en exceso y viven en la pobreza extrema en los países en desarrollo, ciertamente constituirían un alivio.

(Pranab Bardhan is a professor at the University of California, Berkeley. His most recent books are Globalization, Democracy and Corruption: An Indian Perspective and Awakening Giants, Feet of Clay: Assessing the Economic Rise of China and India)

- El derecho universal al ingreso de capital (Project Syndicate - 31/10/16)



Atenas.- El derecho a la holgazanería tradicionalmente ha sido sólo para los ricos hacendados, mientras que los pobres han tenido que luchar por salarios y condiciones laborales decentes, un seguro de desempleo y discapacidad, una atención médica universal y otros elementos de una vida decorosa. La idea de que los pobres deberían recibir un ingreso incondicional suficiente para vivir ha sido un anatema no sólo para los ricos y poderosos, sino también para el movimiento laboral, que abrazó una ética que gira en torno de la reciprocidad, la solidaridad y el aporte a la sociedad.

Sin embargo, cuando hace décadas se propusieron los esquemas de ingresos básicos incondicionales, inevitablemente se toparon con reacciones indignadas de parte de asociaciones de empleadores, sindicatos, economistas y políticos. De todas maneras, la idea ha vuelto a resurgir recientemente y reunió un respaldo sorprendente de la izquierda radical, del gobierno verde y hasta de la derecha libertaria. La razón es el ascenso de las máquinas que, por primera vez desde el inicio de la industrialización, amenazan con destruir más empleos de los que crea la innovación tecnológica -y con asestarles un duro golpe a los profesionales administrativos.

Pero al igual que ha regresado la idea de un ingreso básico universal, también lo hizo la resistencia tanto de la derecha como de la izquierda. En la derecha apuntan a la imposibilidad de recaudar el ingreso suficiente como para financiar este tipo de esquemas sin sofocar al sector privado, y a una caída de la fuerza laboral y de la productividad, debido a la pérdida de incentivos de trabajo. A la izquierda le preocupa que un ingreso universal debilite la lucha para mejorar las vidas laborales de la gente, legitime a los ricos ociosos, erosione los derechos ganados de negociación colectiva (favoreciendo a empresas como Uber y Deliveroo), mine los cimientos del estado benefactor, aliente a una ciudadanía pasiva y promueva el consumismo.

Los defensores de estos esquemas -en la izquierda y en la derecha- coinciden en que un ingreso básico universal favorecería a quienes ya aportan un valor incalculable a la sociedad, principalmente las mujeres en el sector asistencial -o, por cierto, los artistas que producen grandes obras públicas casi sin recibir dinero a cambio-. Los pobres serían liberados de las viciosas pruebas de haberes del estado benefactor y una red de seguridad que puede enredar a la población en una pobreza permanente sería reemplazada por una plataforma en la cual podría permanecer hasta conseguir algo mejor. Los jóvenes ganarían la libertad de experimentar con diferentes carreras y estudiar temas que no se consideran lucrativos. Es más, en la economía de los trabajos temporales de hoy, cada vez más generalizada, en la que los sindicatos se achican junto con su capacidad para proteger a los trabajadores, se recuperaría la estabilidad económica que la mayoría de la gente está perdiendo.

La clave para avanzar es una perspectiva fresca sobre la conexión entre la fuente de financiamiento de un ingreso básico universal, el impacto de los robots y nuestra capacidad de entender qué significa ser libre. Eso implica combinar tres propuestas: los impuestos no pueden ser una fuente legítima de financiamiento para estos planes; se debe aceptar el ascenso de las máquinas y un ingreso básico universal es el principal requisito para la libertad.



La idea de que usted trabaja mucho y paga sus impuestos a las ganancias, mientras que yo vivo de su amabilidad forzada, sin hacer nada por elección, es insostenible. Si un ingreso universal básico ha de ser legítimo, no puede estar financiado por el impuesto que le cobro a Jill para pagarle a Jack. Es por eso que no debería financiarse con impuestos, sino con retornos sobre el capital.

Un mito habitual, promovido por los ricos, es que la riqueza se produce individualmente antes de que sea colectivizada por el estado, a través de los impuestos. En verdad, la riqueza siempre se produjo colectivamente y fue privatizada por quienes tienen el poder de hacerlo: la clase hacendada. La tierra de cultivo y las semillas, formas pre-modernas del capital, se desarrollaron colectivamente a través de generaciones de esfuerzo campesino del que los terratenientes se apropiaron en secreto. Hoy, cada teléfono inteligente contiene componentes desarrollados por algún préstamo gubernamental, o a través de programas de ideas mancomunadas, por los cuales nunca se ha pagado ningún dividendo a la sociedad.

¿Cómo se podría compensar a la sociedad entonces? Con impuestos es la respuesta equivocada. Las corporaciones pagan impuestos a cambio de servicios que les ofrece el estado, no por inyecciones de capital que deben arrojar dividendos. En consecuencia, existe un argumento sólido de que las masas tienen derecho a una porción del capital accionario, y dividendos asociados, que refleje la inversión de la sociedad en el capital de las corporaciones. Y, como es imposible calcular el tamaño del capital estatal y social cristalizado en cualquier empresa, sólo se puede determinar qué porcentaje de su capital accionario debería estar en manos de la población por medio de un mecanismo político.

Una política simple consistiría en implementar una legislación que requiera que un porcentaje del capital accionario (acciones) de cada oferta pública inicial (OPI) sea remitido a un Depositario de Capital de los Comunes, y que los dividendos asociados financien un dividendo básico universal (DBU). Este DBU debe y puede ser completamente independiente de los pagos de prestaciones sociales, seguro de desempleo y demás. Esto aliviaría la preocupación de que estaría reemplazando al estado benefactor, que encarna el concepto de reciprocidad entre los trabajadores asalariados y los desempleados.

El miedo a las máquinas que pueden liberarnos del trabajo pesado es un síntoma de una sociedad tímida y dividida. Los varoufakis están entre los actores históricos más incomprendidos. Su vandalismo de la maquinaria fue una protesta no contra la automatización, sino contra acuerdos sociales que los privaban de perspectivas de vida frente a la innovación tecnológica. Nuestras sociedades deben aceptar el ascenso de las máquinas, pero asegurar de que contribuyan a la prosperidad compartida brindándole a cada ciudadano los derechos de propiedad sobre ellas, mediante un DBU.

Un ingreso básico universal permite nuevas concepciones de libertad e igualdad que zanjen bloques políticos hasta hoy irreconciliables, estabilizando al mismo tiempo a la sociedad y revitalizando la noción de prosperidad compartida frente a una innovación tecnológica de otra manera desestabilizadora. Los desacuerdos, por supuesto, continuarán; pero tendrán que ver con cuestiones como la proporción de acciones de las empresas que deberían ir al Depositario, cuánto respaldo de prestaciones sociales y seguro de desempleo debería adicionarse al DBU y el contenido de los contratos laborales.

Todo aquel que todavía no esté reconciliado con la idea de “algo a cambio de nada” debería hacerse algunas preguntas sencillas: ¿Acaso yo no querría que mis hijos tengan un pequeño fondo fiduciario que los proteja del miedo a la destitución y les permita invertir sin miedo en sus talentos reales? ¿Acaso su tranquilidad los convertiría en holgazanes perezosos? Si no, ¿cuál es la base moral para negarles a todos los niños la misma ventaja?

(Yanis Varoufakis, a former finance minister of Greece, is Professor of Economics at the University of Athens)

Del Mises Institute

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