Plan de empresa y derechos humanos



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BORRADOR.


PLAN DE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DE ESPAÑA

26-06-2014
Borrador para tramitar en el consejo de Ministros

ÍNDICE



  1. Introducción

  2. Ejes prioritarios y marco internacional de referencia

  3. Metodología

  4. Ámbito temporal y seguimiento del plan

  5. Ámbitos de actuación y medidas



  1. INTRODUCCIÓN

El 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respaldó unánimemente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (en adelante, Principios Rectores) en su resolución 17/4 (A/HRC/17/31). Los Principios Rectores fueron elaborados por el Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas y se basan en una investigación exhaustiva y en consultas realizadas con representantes de gobiernos, empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, y personas expertas de todos los continentes.

Naciones Unidas establece con estos Principios Rectores un marco sobre los roles respectivos de las empresas y de los gobiernos con el objetivo de que contribuyan a asegurar que estas respetan los derechos humanos en sus propias operaciones y a través de sus relaciones comerciales. Se trata de una aclaración acerca de las obligaciones de derechos humanos que ya existían y cómo se aplican en su relación con las empresas. Brindan, por tanto, una inmejorable oportunidad para mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades que puedan verse afectadas en sus derechos.

Los Principios Rectores aclaran y concretan los tres pilares del Marco de Naciones Unidas “proteger, respetar y remediar” (en adelante, “Marco”), un marco conceptual que fue respaldado en el año 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos pilares son:



  1. La obligación del Estado de proteger de abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;

  2. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; y

  3. Un mayor acceso a la reparación, judicial y extra-judicial, por parte de las víctimas.

Tal y como establece el Marco, estos Principios Rectores, que recogen el derecho internacional vigente, se han enunciado para todos los Estados y para todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación (interior o exterior), titularidad y estructura, ya sea del sector público o privado empresarial. En ningún caso debe interpretarse que estos Principios Rectores establezcan nuevas obligaciones de derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan las obligaciones legales que un Estado haya asumido, o a las que esté sujeto de conformidad con las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos.

Los Principios Rectores han jugado un papel importante en el desarrollo de marcos de referencia similares de otras organizaciones internacionales y regionales, conduciendo así a la convergencia de los estándares que ellos establecen. Así, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se refleja en la versión revisada en 2011 de las Líneas Directrices para las empresas multinacionales de de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el capítulo de las Directrices sobre la Responsabilidad Social de la Organización Internacional de Normalización (ISO 26000) y en las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial).



En este contexto, y con el objetivo de seguir trabajando en la garantía de los derechos humanos de forma coordinada y sistemática, el Gobierno de España toma en consideración, al igual que otros gobiernos europeos, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Estrategia renovada de la Unión Europea (UE) para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas” Bruselas, 25.10.2011,COM(2011) 681 final en la que se insta a los Estados miembros a desarrollar un plan de implementación de los Principios Rectores. Toma también en cuenta, y de manera muy relevante, el Plan de Acción de la Unión Europea para los derechos humanos y la democracia, aprobado por el Consejo de 25 de Junio de 2012 cuya medida 25 c) solicita a todos los Estados miembros que elaboren los mencionados planes antes de fin de 2013.
Efectivamente, y de acuerdo con esta comunicación, una mejor implementación de los Principios Rectores contribuirá a alcanzar los objetivos de la UE sobre cuestiones específicas en materia de derechos humanos y normas laborales básicas, como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de seres humanos, la igualdad de género, la no discriminación, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, teniendo como referencia los Convenios fundamentales de la OIT. En materia de género, son referentes la CEDAW o Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Declaración y Plataforma de Beijing y la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad.
Por otra parte ha de resaltarse la aprobación por el Congreso de los Diputados, el 4 de abril de 2013, de la Proposición no de Ley sobre Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos, en la que se insta al Gobierno a avanzar, mediante distintas actuaciones, en materia de Empresas y Derechos Humanos
A partir de este Plan, el Gobierno se compromete a desarrollar los compromisos contraídos en materia de derechos humanos por España en el seno de las Naciones Unidas, de la UE e internamente y vincular a las empresas, públicas y privadas, en su respeto y promoción, mejorando a su vez el análisis de los retos que afrontan en el exterior.
Un gran número de empresas españolas se han comprometido en los últimos años con los derechos humanos a través de su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas mejorando progresivamente la comprensión de sus impactos en los derechos humanos a escala internacional. Este compromiso es de suma relevancia si se considera que el riesgo para la reputación de una empresa es, actualmente, especialmente sensible a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Los consumidores, los empleados, los accionistas, la opinión pública en general, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, los inversores públicos y privados, los índices bursátiles de sostenibilidad… todos estos grupos, junto a las instituciones y agentes sociales reclaman cada vez más a la empresa que construya su legitimidad, identidad y responsabilidad sobre la base del respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, al desarrollo social con equidad e igualdad de oportunidades, la operatividad de la justicia y la competitividad sobre todo en lo que a sus operaciones en el exterior se refiere.
El Gobierno pretende con este Plan fortalecer, además la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrecer a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones empresariales previniendo y mitigando riesgos basados en los derechos humanos y fortaleciendo sus capacidades al respecto. Este Plan toma pues en consideración los estudios que avalan que la capacidad de las empresas de incorporar la perspectiva de derechos humanos, en particular para la equidad social y la igualdad de género, contribuye al éxito empresarial independientemente del tamaño de esta. A través de este Plan, el Gobierno considera apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial a la vez que sensibilizar a las que todavía no lo hayan hecho a partir de medidas basadas en estándares internacionalmente reconocidos.
Se plantea, así, un Plan de Empresa y Derechos Humanos con vocación de sensibilización y de promoción de los derechos humanos entre los actores empresariales, públicos y privados que estará por otra parte directamente vinculado a la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas y a los trabajos realizados y futuros del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE).
Se trata de un plan abierto, entendido como un punto de partida, orientado a ser evaluado periódicamente cada 3 años y a ser alimentado con nuevas propuestas y nuevos compromisos a partir del diálogo con los actores sociales y las nuevas directrices emanadas de las Naciones Unidas y de la UE, quienes tienen procesos abiertos en el momento de la redacción de este plan.



  1. EJES PRIORITARIOS Y MARCO INTERNACIONAL DE REFERENCIA

EJES PRIORITARIOS


El Plan de Empresa y Derechos Humanos toma como principales ejes de trabajo los Principios Fundacionales nº. 1, nº. 2 y nº. 25 relativos al deber del Estado de proteger los derechos humanos. Estos establecen que las obligaciones internacionales de derechos humanos exigen que los Estados respeten, protejan y realicen los derechos humanos de las personas que se encuentran en su jurisdicción, debiendo adoptar las medidas apropiadas para proteger los derechos humanos y reparar los posibles abusos cometidos por empresas mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia (nº. 1).
También establecen que los Estados deben enunciar claramente qué se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades (nº. 2).
Finalmente, y como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Principios Fundacionales instan a los Estados a tomar las medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces (nº. 25).
Para el desarrollo de las medidas relativas al deber del Estado de proteger los derechos humanos, ha de acudirse a los Principios Operativos (nº 3), en los que se definen las obligaciones de hacer cumplir las leyes, evaluándolas y remediando sus carencias; asegurar que otras legislaciones no restrinjan sino que propicien el respeto de derechos humanos por las empresas; asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus actividades. Este Plan toma también como referencia los Principios Fundacionales relativos a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos (nº. 11 a nº. 15). Según estos, las empresas deben respetar los derechos humanos y abstenerse de infringir los derechos humanos de las personas que trabajen en ellas y de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación (nº.11). Esta responsabilidad se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (nº.12).
También establecen que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos exige que las empresas: a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan; b) Prevengan o mitiguen las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos (nº. 13).
Finalmente, consideran que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura así como, bajo su directa responsabilidad a toda su cadena de valor. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función de esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos (nº. 14). Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a saber: a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos; b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos consistente en identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos en toda su actividad; c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (nº. 15).
MARCO INTERNACIONAL DE REFERENCIA
Atendiendo al carácter indivisible e interdependiente de los derechos humanos, el Gobierno considera que el deber del Estado de proteger los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetarlos se refiere a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Carta Internacional de Derechos Humanos), los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (OIT), las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y los principios del Pacto Global de Naciones Unidas y otros instrumentos establecidos en el marco de las Naciones Unidas (Ver anexo 1)
De acuerdo con las circunstancias, el Gobierno entiende que es posible que las empresas deban tener en cuenta otras normas internacionales firmadas y ratificadas por España, referidas, por ejemplo, a personas, grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad. Los instrumentos de las Naciones Unidas han detallado a tal efecto, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas, de la mujer, de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas de la infancia y de las personas con discapacidad. Por otra parte, en situaciones de conflicto armado, las empresas deben tener en cuenta esta situación de riesgo.

Para la interpretación de estos estándares, el Plan seguirá el criterio autorizado de los mecanismos especiales de Naciones Unidas y de los órganos de tratado.


Por último, y por su conexión directa con el goce de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la propiedad o a la identidad cultural, y en la medida en que supongan una vulneración a los mismos, el Gobierno considera que las empresas deberían abstenerse asimismo de causar daños irreversibles al medio ambiente. Asimismo se pondrá especial interés en el respeto a la equidad social, la igualdad de género y el respeto a la diversidad y no discriminación por ninguna causa, de acuerdo con los marcos vinculantes establecidos en relación con la igualdad y no discriminación establecidos en la CEDAW, Convención de los derechos del niño y convención sobre las personas con discapacidad, así como los Convenios 100 y 111 de la OIT, el 183 sobre la protección de la maternidad y los convenios 156 y 189.


  1. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

El presente plan está divido, siguiendo los Principios rectores, en tres grandes capítulos (B, C y D) referidos al deber del estado de proteger, a la obligación de las empresas de respetar y al acceso a mecanismos de reparación. Los principios rectores aparecen reproducidos en este plan en su versión oficial en español referidos a su aplicación por parte de España, encabezando los diferentes bloques de medidas. Esto permite su aplicación directa por nuestro país y una más fácil comprensión de la posición de España en esta materia.

Las medidas aquí propuestas están estrechamente vinculadas a los Principios Operativos establecidos por los Principios Rectores y su puesta en práctica, seguimiento y evaluación debe estar plenamente alineada con el plan de derechos humanos y la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en aquellos aspectos en los que sea preciso y en los términos que recoja el mismo. Igualmente serán tenidos en cuenta los trabajos y las aportaciones que el CERSE realice en relación al desarrollo del art. 39 de la Ley de Economía Sostenible y de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.


Los instrumentos para hacer realidad estos compromisos son principalmente normativos, incentivos fiscales, financieros, comerciales y de coordinación interministerial e interinstitucional.
Estos instrumentos se basan en la redacción y en el desarrollo de las políticas adecuadas para cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales contraídas en la promoción de políticas dirigidas a evitar y prevenir posibles abusos cometidos contra los derechos humanos por parte de las empresas.
Asimismo, el diálogo periódico y el establecimiento de canales estables de comunicación con la sociedad civil han de ser un mecanismo al servicio de los objetivos que se propongan en este campo. En el proceso de seguimiento, evaluación y reformulación de este plan será imprescindible la consulta con empresas y de organizaciones empresariales y sindicales, de la sociedad civil, de las universidades y de otros actores sociales así como de instituciones como las Cortes Generales.
Por otra parte, y dada la, organización territorial del Estado y la distribución de competencias derivada de la Constitución, en la ejecución del Plan estará muy presente la coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Por último, el Defensor del Pueblo será informado en todo momento de la ejecución del Plan y, a su vez, sus posibles advertencias y recomendaciones serán tenidas en cuenta para el correcto desarrollo de las diferentes medidas.

  1. ÁMBITO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

ÁMBITO TEMPORAL

3 años desde su aprobación.

SEGUIMIENTO


El Gobierno creará, a través de una Orden Ministerial, una Comisión de Seguimiento del Plan dentro del trimestre posterior a su aprobación. Dicha Comisión de Seguimiento estará compuesta por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Economía y Competitividad, El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Justicia. La Comisión podrá decidir incluir a otros Ministerios.
Cada Ministerio nombrará a uno o varios representantes que acudan a sus reuniones. Sus decisiones serán tomadas por consenso de los representantes ministeriales.
En su primera convocatoria la Comisión de Seguimiento aprobará sus normas de funcionamiento y nombrará una presidencia y una unidad coordinadora que realizará las tareas de secretaría, convocará las reuniones y coordinará las actividades de aplicación del presente plan siguiendo las directrices de la Comisión de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento podrá invitar a la Oficina del defensor del Pueblo a sus reuniones, que tendrá voz pero no voto. La Comisión podrá además designar expertos de reconocido prestigio que apoyen con su conocimiento y experiencia el trabajo de la Comisión. Dichos expertos podrán provenir del sector público, del ámbito académico, empresarial, de organizaciones empresariales, sindicales y sociales o ser profesionales en la protección y defensa de los derechos humanos. Estos expertos podrán participar en las reuniones de la Comisión de Seguimiento en calidad de asesores o bien ser consultados para cuestiones específicas pero no tendrán capacidad decisoria.
La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo una vez por semestre.
La Comisión de Seguimiento tendrá en consideración las opiniones de los diferentes actores sociales que tienen relación con el ámbito de aplicación del plan (ONGs, Sindicatos, Empresas, asociaciones de empresarios, Universidades). Para ello convocará al menos en tres ocasiones al año una reunión con la sociedad civil y otra con las empresas y asociaciones empresariales interesadas. Ambas reuniones podrán convocarse también de forma conjunta. Dichos encuentros serán convocatorias públicas y podrán acudir aquellas organizaciones que lo deseen. Su objetivo será explicar las acciones realizadas por la Comisión de Seguimiento y el Gobierno, así como consultar las posibles vías que deben seguirse.
Asimismo, la Comisión de Seguimiento del Plan podrá convocar reuniones sectoriales para evaluar aspectos concretos del Plan.
Se solicitará anualmente una reunión con la Comisión Permanente del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas para establecer una directa y coherente correspondencia y colaboración entre las actividades de ambos organismos.
La Comisión de Seguimiento evaluará anualmente a través de un informe la ejecución de las medidas del Plan y elaborará propuestas para que sean incluidas en el mismo. Para ello, la Comisión de Seguimiento del Plan establecerá para cada medida una ficha de seguimiento. Esta detallará la medida o compromiso del Gobierno, el Ministerio y el organismo u organismos responsables de su realización, los instrumentos y recursos con que se debe llevar a cabo, los indicadores de cumplimiento y el calendario de ejecución de acuerdo con lo establecido en el presente Plan.
Asimismo la Comisión de Seguimiento procederá a realizar, una vez constituida, un primer informe de diagnóstico con vistas a un análisis profundo del estado de la cuestión de España.
El Gobierno podrá proceder a una revisión del Plan a iniciativa propia, de las Cortes Generales o de la Comisión de Seguimiento teniendo en cuenta a los actores implicados y los organismos intergubernamentales e internacionales competentes.
La presidencia de la Comisión comparecerá anualmente ante la Comisión de Asuntos Exteriores el Congreso de los Diputados, para dar cuenta del estado de ejecución de los compromisos adquiridos con el Plan de Empresa y Derechos Humanos. La Comisión de Asuntos Exteriores emitirá un dictamen sobre la información recibida, con recomendaciones de cara al siguiente periodo.

  1. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS



  1. DISPOSICION COMÚN

Todos los compromisos que se deriven de la aplicación de las medidas de este Plan quedan no obstante condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio y a la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno y no podrán suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración”.




  1. EL DEBER DEL ESTADO DE PROTEGER


MEDIDA 1: El Gobierno adoptará todas las políticas y medidas necesarias para el cumplimiento de los Principios Rectores por parte del Estado, De esta manera promoverá, en el ámbito de sus competencias, el respeto de los derechos humanos por las empresas; y asesorará de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos. El objetivo de estas medidas será el de informar y promover estas actuaciones por las empresas así como prevenir los posibles abusos cometidos por empresas domiciliadas en el territorio español, siguiendo para ello las directrices y/o comunicaciones que, a tal efecto, elabore la Unión Europea (UE) así como las recomendaciones de Naciones Unidas.
Catálogo: Documents -> Issues
Issues -> Envío de contribuciones Informe para el Consejo de Derechos Humanos País: Bolivia
Issues -> Human Rights Council Working Group of Experts on People of African Descent Thirteen Session on the Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and the Programme of Action (igwc)
Issues -> United Nations Voluntary Fund For Victims of Torture
Issues -> Conformación del grupo y respuestas de los grupos 1 Integrantes: Tabla # 1
Issues -> Non discrimination and equality in family and cultural life
Issues -> Original: English
Issues -> Situación de calle/ sin techo/ sin hogar
Issues -> Derechos de todos defensoria del pueblo
Issues -> Respuesta de españa al cuestionario sobre la resolución del consejo de derechos humanos a/hrc/29/10 sobre derechos humanos y la reglamentación de la adquisicióN, la posesión y el empleo de armas de fuego por personas civiles


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