Plan de empresa y derechos humanos



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MEDIDA 2:, Se impulsará, por parte de la Comisión de Seguimiento, la realización de un diagnóstico exhaustivo, un año tras la aprobación de este Plan, sobre las políticas, legislación e instrumentos existentes y su relación con los Principios Rectores. Este análisis de roles y de capacidades debe indicar, a modo de hoja de ruta, las acciones y las medidas a desarrollar por parte de los órganos y de las Instituciones del Estado correspondientes.
Este diagnóstico sobre la gestión pública de los Principios Rectores podrá incluir, entre otros, la identificación de los cumplimientos así como las recomendaciones pertinentes para subsanar las deficiencias identificadas de acuerdo a los Principios nº.1 a nº. 10 y nº. 25 a nº. 28.


  • Análisis exhaustivo del marco normativo en España, así como de los mecanismos internos que existen en las diferentes administraciones con competencias sobre la aplicación de los Principios Rectores;




  • Identificación de los vacíos y de las necesidades de complementación del cuerpo normativo español con el objetivo de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado respecto de los Principios Rectores;




  • Identificación de las incoherencias, respecto de los Principios Rectores, en los sistemas legales y administrativos y, en especial en las orientaciones y mecanismos para la Coherencia de Políticas, en especial la relativa a la internacionalización empresarial.




  • Identificación de los mecanismos de diligencia debida y sus respectivos mecanismos de implementación, o la ausencia de los mismos, en el cuerpo normativo y reglamentos del Estado;




  • Existencia de mecanismos de interlocución, coordinación e implementación entre los diversos actores, tanto titulares de derechos y obligaciones, y grado de efectividad de los mismos;




  • Análisis de los sistemas y mecanismos de reparación estatal judicial y extra-judicial y de su alineamiento con los Principios Rectores;




  • Análisis de la necesidad de modificación o de desarrollo de la normativa española y otras leyes relacionadas con la presencia de España en el exterior;




  • Análisis de la aplicación, en las Memorias de las empresas remitidas, de los criterios y recomendaciones aprobadas por el Pleno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas en relación, entre otros, al documento Transparencia, Comunicación y Standards de los Informes y Memorias de Sostenibilidad, de 3 de mayo de 2011, así como en las correspondientes al desarrollo de los artículos 39 y 35 de la Ley de Economía Sostenible como Promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas.




  • Análisis de la incorporación de mecanismos efectivos para el seguimiento de la coherencia de políticas en materia de desarrollo, así como de la aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de las directrices de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.




  • Este diagnóstico incluirá, así mismo, un proceso de consulta entre los diferentes grupos de interés, tanto dentro como fuera del territorio español, prestándose una especial atención a los colectivos con mayores riesgos de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión en cada contexto.

FUNCIONES REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS DEL ESTADO DE CARÁCTER GENERAL


En cumplimiento de su obligación de protección, España debe (Principio Rector nº 3):
a) Hacer cumplir la normativa estatal que tenga por objeto, o por efecto, hacer respetar los derechos humanos a las empresas, evaluar periódicamente si tales normas resultan adecuadas y remediar eventuales carencias;
b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan sino que propicien el respeto de los derechos humanos por las empresas;
c) Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus actividades;
d) Alentar, y si es preciso, exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos.

MEDIDA 3: El Gobierno evaluará periódicamente, en colaboración con el CERSE, mediante los estudios pertinentes y en concreto teniendo en cuenta el diagnóstico de la medida 2, si la normativa que tenga por objeto hacer respetar los derechos humanos en las empresas resulta adecuada y si está orientada a remediar eventuales carencias.
MEDIDA 4: Se procederá a la aplicación de los Reglamentos y a la transposición de las Directivas y se estudiará la adaptación a las Recomendaciones y los Dictámenes que efectúe la UE relativas a los Principios Rectores al ordenamiento jurídico español teniéndose en cuenta, además, los informes publicados por la Comisión Europea sobre el marco jurídico para los derechos humanos y el medio ambiente aplicables a las empresas europeas que operan fuera de la UE (2010) y sobre la gestión responsable de la cadena de suministro (2011) y otros informes pertinentes.
MEDIDA 5: El Gobierno promoverá las iniciativas legislativas y aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar que las actividades vinculadas con las empresas contemplen los Principios Rectores tomando en consideración la normativa europea correspondiente y sus obligaciones internacionales.

MEDIDA 6: Los poderes públicos se comprometen a mantener actualizada la regulación existente en los ámbitos laborales, de medio ambiente, de protección de los consumidores, de discapacidad, de infancia, de relación de las empresas con los pueblos indígenas y de género, centrando especial atención en aquellos derechos y colectivos más vulnerables, en consonancia con los Principios Rectores de acuerdo a las recomendaciones que en tal sentido indique el diagnóstico realizado por la Comisión de Seguimiento.

MEDIDA 7: El Gobierno comunicará, a través de la Unidad designada por la Comisión de Seguimiento, de modo claro y práctico, a través de campañas de información y de sensibilización y del diálogo sectorial, qué espera de las empresas en cuanto al respeto a los derechos humanos, en particular, en lo que atañe a la debida diligencia. Esta acción irá dirigida de manera prioritaria a aquellas empresas en las que el Estado tenga participación o a las cuales brinde apoyo financiero, diplomático o de otra índole, a empresas que puedan afectar a colectivos vulnerables, así como a aquellas empresas que hayan recibido el aval de Marca España.

MEDIDA 8: Las campañas de sensibilización referidas en la medida anterior estarán dirigidas al conjunto de personas integrantes de las empresas en los diferentes niveles de decisión, incluidos los consejos de administración y órganos directivos. De manera especial se ocuparán de las acciones dirigidas a proteger a los colectivos con mayores riesgos de vulnerabilidad. En este sentido, y en colaboración con las organizaciones españolas e internacionales de referencia, el Gobierno difundirá el documento de UNICEF, Save the Children y Global Compact “los Derechos del Niño y Principios Empresariales” entre el sector empresarial y tendrá en cuenta especialmente el Comentario General nº 16 de 2013 del Comité de derechos del niño. Se promoverán igualmente los códigos de autorregulación tomando como ejemplo experiencias sectoriales relevantes, como el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT o el Código de Conducta para la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la Explotación Sexual en la Industria del Turismo y los Viajes, así como las convenciones relevantes en materia laboral de la OIT.
Asimismo, llevará a cabo una estrategia de sensibilización acerca de cómo evitar las prácticas discriminatorias en las empresas públicas y privadas (por distinción, exclusión o preferencia) por razón de género, edad, origen étnico, raza, casta, religión, discapacidad, afiliación política o sindical, orientación sexual, nacionalidad, estado civil, origen socioeconómico o cualquier otra distinción personal.
Finalmente, se informará a las empresas y a los sectores sometidos a riesgos más elevados respecto del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Esta acción de sensibilización mostrará los beneficios que el respeto por los derechos humanos puede tener para las empresas, así como ejemplos de buenas prácticas.
MEDIDA 9: Se pondrá en marcha una línea de acción para fomentar la formación online y el asesoramiento y la resolución de consultas, coordinada con las acciones llevadas a cabo en aplicación de la Estrategia Española de RSE. Está línea de trabajo se diseñará en la Comisión de Seguimiento y en consulta con organizaciones empresariales y sindicales, generales o sectoriales así como otras instituciones (cámaras de comercio, cámaras en el exterior, universidades, escuelas de negocios, etc.), a la que las empresas podrán acceder a través de cursos online de manera periódica, consultar los materiales de referencia a nivel europeo e internacionales, así como las guías elaboradas por la UE, y acceder a otros recursos de interés y herramientas prácticas destinados a mejorar el conocimiento y la comprensión de los derechos humanos y de los Principios Rectores en todos los niveles empresariales.
El objetivo de esta línea de acción es el de fortalecer la autonomía de las empresas respecto de su gestión de riesgos e impactos centrándose en los más importantes según su tamaño, la actividad desarrollada y los países en los que opere. De acuerdo con las recomendaciones de la UE, el Gobierno promoverá, de manera especial, la información y capacitación de las PYMES, mediante todos los medios disponibles en las asociaciones empresariales, e impulsará la creación de foros sectoriales de aprendizaje a fin de debatir acerca de buenas prácticas y alcanzar compromisos de interés para cada sector. En paralelo, el Gobierno, en colaboración con instituciones independientes y especializadas con experiencia acreditada en materia de derechos humanos y que no incurran en conflictos de interés, apoyará la creación y la consolidación de programas presenciales de capacitación y promoverá la inclusión de contenidos específicos sobre derechos humanos en las titulaciones y postgrados de Derecho y de Administración de Empresas así como en las escuelas de negocio y en las actividades formativas de las organizaciones empresariales y de la Administración Pública.
MEDIDA 10: El Gobierno capacitará a sus Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes y Oficinas Consulares, a través del Plan de Comunicación de las Representaciones de España en el exterior, así como a las Oficinas Sectoriales, Oficinas Técnicas de cooperación, la AECID y otras agencias encargadas de la internacionalización empresarial en el exterior respecto de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y de los procedimientos de debida diligencia y reparación e incorporará los Principios Rectores dentro de los Planes anuales de acción exterior para la Marca España.
Asimismo, las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes, Oficinas Técnicas de Cooperación y Oficinas Consulares de España actuarán como mecanismos de recepción de quejas y difundirán herramientas y guías de actuación oportunas en función de las características del país.

MEDIDA 11: Con el objetivo de aumentar la transparencia y la confianza del consumidor y de los inversores respecto de las empresas españolas, el Gobierno recopilará los informes que las empresas realicen voluntariamente, de acuerdo a la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las empresas y al articulo 39 la Ley de Economía Sostenible. Se fomentará que dichos informes sobre Responsabilidad Social de las Empresas tengan en cuenta el impacto de sus actividades en los derechos humanos, incluida la cadena de valor, introduciendo un capítulo específico para tal fin.
Asimismo, y en relación a los informes y memorias mencionados en el artículo 35 2 a) de la Ley de economía sostenible, que obliga a sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado, se promoverá la inclusión de un apartado de derechos humanos.

EL NEXO ENTRE EL ESTADO Y LAS EMPRESAS


España debe adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales, como los organismos oficiales de crédito a la exportación y los organismos oficiales de seguros o de garantía de las inversiones, exigiendo en su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos. (Principio Rector nº 4)

MEDIDA 12: En el plazo de un año desde la aprobación de este Plan se llevará a cabo un Plan de Acción específico del Gobierno de España para garantizar la coherencia de las políticas de apoyo a la internacionalización empresarial y su alineación con los Principios Rectores coordinado por la Agencia de Evaluación y Calidad y por los Ministerios responsables de dichas políticas. La realización de este Plan de Acción específico se llevará a cabo de acuerdo a los Principios Rectores y a las diferentes recomendaciones de la OCDE. El Gobierno estudiará cómo la cooperación al desarrollo, los organismos oficiales de crédito, de crédito a la exportación y los organismos oficiales de seguros o de garantía de las inversiones de todas las administraciones pueden condicionar, o modular o revisar sus apoyos a la inversión al estricto respeto de los derechos humanos por parte de las empresas beneficiarias en consonancia con la MEDIDA 28, tanto dentro como fuera del territorio español, para los cual se propondrán evaluaciones de impacto de los proyectos de inversión en los derecho humanos Asimismo se acordará con las Administraciones responsables de la supervisión y regulación de los organismos competentes la implementación de las medidas adecuadas en el plazo máximo de dos años desde la aprobación del Plan.
MEDIDA 13: El Gobierno llevará a cabo a través de la unidad que designe la Comisión de Seguimiento, una campaña de información y capacitación sobre los Principios Rectores en el plazo de un año desde la aprobación de este plan, dirigida a todos los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales cuya área de trabajo sea el apoyo a la internacionalización de la empresa española asegurándose de que conocen y aplican los Principios Rectores y arbitran los mecanismos adecuados para que las actuaciones en este ámbito estén debidamente coordinadas.

España debe ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contrata los servicios de empresas, o promulga leyes a tal fin, que puedan tener un impacto sobre el disfrute de los derechos humanos
MEDIDA 14: Las Administraciones Públicas ejercerán una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus obligaciones internacionales respecto de los Principios Rectores cuando adquieran productos o contraten los servicios de empresas para la prestación de servicios, tanto dentro como fuera del territorio español. Esta supervisión deberá tener en cuenta el criterio de las instituciones especializadas, de acuerdo con la aplicación de la Estrategia Española de RSE.

España debe promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleve a cabo transacciones comerciales.
MEDIDA 15: Tras estudiar las modificaciones necesarias para la inclusión de criterios alineados con los Principios Rectores en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad y otras normas vigentes en el mismo ámbito, el Gobierno incentivará el respeto estricto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleve a cabo transacciones comerciales estableciendo las medidas positivas necesarias de forma que no se discrimine a las PYMES, se respeten las disposiciones del Tratado de la UE sobre no discriminación, igualdad de trato y transparencia y no se añadan cargas administrativas para los poderes adjudicadores o las empresas.
MEDIDA 16: El Gobierno velará por orientar la gestión de los fondos públicos de acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (PRI) para alinear su gestión con los Principios Rectores. Se estudiará igualmente la posibilidad de hacer extensible la exigencia de transparencia de los fondos de pensiones y de otros productos financieros.

FOMENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LAS EMPRESAS EN ZONAS AFECTADAS POR CONFLICTOS


Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en zonas afectadas por conflictos, España debe tratar de asegurar que las empresas que operan en tales contextos no se vean implicadas en abusos de este tipo, adoptando entre otras las siguientes medidas (Principio rector nº 7):
a) Colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos;
b) Prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la violencia sexual;
c) Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada en graves violaciones de los derechos humanos y se niegue a cooperar para resolver la situación;
d) Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas vigentes para prevenir el riesgo de que las empresas se vean implicadas en graves violaciones de los derechos humanos.


MEDIDA 17: El Gobierno, a través de sus representaciones en el exterior, prestará asistencia a las empresas en la fase más temprana posible para ayudarles a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones empresariales especialmente en zonas afectadas por conflictos. Para ello se crearán indicadores de alerta temprana así como directrices e informaciones específicas dirigidas a las empresas y a los organismos públicos pertinentes.
MEDIDA 18: El Gobierno se compromete a adherirse y a difundir los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos entre las empresas de servicios militares y de seguridad privados y a exigir su cumplimiento en los correspondientes contratos realizados entre el sector público y estas empresas.
MEDIDA 19: El Gobierno se compromete a incluir cláusulas de respeto a los derechos humanos en la contratación de servicios militares y de seguridad privados de acuerdo con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (2000), el Código de Conducta Internacional para los Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (Documento de Montreux, 2009), los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1990), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979) y el Tratado sobre el Comercio de Armas (2013).
MEDIDA 20: De acuerdo con los resultados del diagnóstico enunciado en la medida 2, se estudiará realizar modificaciones legislativas para que las administraciones tengan en cuenta el perfil de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en el acceso a subvenciones, contratos públicos y otro tipo de ventajas y en todo caso denieguen su concesión en aquellos casos donde exista sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente que señale que estas empresas hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, directamente o a través de sus filiales, y se nieguen a cooperar con la Administración española, o con las autoridades competentes, para mitigar y reparar los daños provocados.
MEDIDA 21: El Gobierno impulsará la ampliación de competencias de investigación a la fiscalía con el objetivo de disponer de un instrumento de investigación policial y judicial en caso de que existan indicios suficientes de que una empresa se haya visto implicada en graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

GARANTIZAR LA COHERENCIA POLÍTICA


España debe asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las prácticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado y las respeten en el desempeño de sus respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la información, la capacitación y el apoyo pertinentes. (Principio rector nº 8)
MEDIDA 22: Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas ;Asuntos Exteriores y Cooperación; Educación, Cultura y Deporte; Economía y Competitividad; e Industria Energía y Turismo a través de sus Direcciones y organismos dependientes ofrecerán la información pertinente, capacitarán y brindarán el apoyo suficiente respecto de los Principios Rectores a los departamentos, organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que incentivan y/o apoyan la creación de empresas, la competitividad empresarial y las prácticas empresariales comerciales y financieras de manera que las políticas y los procesos sean coherentes con los Principios Rectores y las normas internacionales de derechos humanos de obligado cumplimiento para España.
MEDIDA 23: Se adoptará un Programa de actuación para la toma en consideración de las posibles medidas que se susciten en el ámbito de dar cumplimiento a los Dictámenes y Recomendaciones de los distintos Comités de protección de los Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas en los ámbitos que hagan referencia al deber del Estado de proteger respecto de abusos por parte de empresas.

España debe mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando concluya acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión (Principio rector nº 9).
MEDIDA 24: El Gobierno promoverá que los futuros tratados o acuerdos firmados por España que afecten al ámbito de los Principios Rectores, contemplen referencias al respeto de los derechos humanos, con especial atención a los derechos ambientales, sociales y laborales. Asimismo, el Gobierno promoverá la inclusión de estas referencias en los acuerdos que celebre la Unión Europea con terceros Estados en esta materia, para garantizar la coherencia comunitaria y para asegurar su concordancia con los principios rectores, además impulsar que estos acuerdos no limiten la capacidad de los Estados miembros de cumplir su deber de protección .
España cuando actúe en calidad de miembros de instituciones multilaterales que tratan cuestiones relacionadas con las empresas, deberá: (principio Rector 10)
a) Tratar de asegurarse de que esas instituciones no limiten la capacidad de los Estados miembros de cumplir su deber de protección ni pongan trabas a la observancia de los derechos humanos por las empresas;
b) Alentar a esas instituciones, en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, a promover el respeto de los derechos humanos entre las empresas y a ayudar a los Estados que lo soliciten a cumplir su deber de protección contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas, en particular mediante iniciativas de asistencia técnica, fomento de la capacidad y sensibilización;
Catálogo: Documents -> Issues
Issues -> Envío de contribuciones Informe para el Consejo de Derechos Humanos País: Bolivia
Issues -> Human Rights Council Working Group of Experts on People of African Descent Thirteen Session on the Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and the Programme of Action (igwc)
Issues -> United Nations Voluntary Fund For Victims of Torture
Issues -> Conformación del grupo y respuestas de los grupos 1 Integrantes: Tabla # 1
Issues -> Non discrimination and equality in family and cultural life
Issues -> Original: English
Issues -> Situación de calle/ sin techo/ sin hogar
Issues -> Derechos de todos defensoria del pueblo
Issues -> Respuesta de españa al cuestionario sobre la resolución del consejo de derechos humanos a/hrc/29/10 sobre derechos humanos y la reglamentación de la adquisicióN, la posesión y el empleo de armas de fuego por personas civiles


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