Plan de empresa y derechos humanos



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c) Inspirarse en estos Principios Rectores para promover el mutuo entendimiento y la cooperación internacional en la gestión de problemas relacionados con las empresas y los derechos humanos

MEDIDA 25: Para contribuir a la creación del adecuado marco internacional, el Gobierno promoverá en los foros internacionales especializados, especialmente aquellos organizados por parte de los organismos multilaterales de iniciativa financiera y comercial, una mayor implementación de los Principios Rectores, asegurándose, además, que estas instituciones no limiten la capacidad de los Estados miembros de cumplir su deber de protección, ni pongan trabas a la observancia de los derechos humanos por parte de las empresas.
MEDIDA 26: Se promoverá que la Unión Europea, los organismos internacionales y las instituciones financieras internacionales de las que es parte España, compartan las mejores prácticas con vistas a promover la coherencia de políticas y la asistencia técnica hacia los Estados miembros que así lo soliciten.
B. LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
En relación a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, el Gobierno entiende que:
Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración política que: a) sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa; b) se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo; c) Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos humanos, de su personal, sus socios y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios; d) se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, los socios y otras partes interesadas; e) Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios para inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa. (Principio rector nº 16)
Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. La debida diligencia en materia de derechos humanos: a) debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales; b) variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones; c) debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas. (Principio rector nº 17)
A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso debe: a) recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes; b) incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación. (Principio rector nº 18)
Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas. a) Para que esa integración sea eficaz es preciso que: i) La responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles y funciones adecuados dentro de la empresa; ii) La adopción de decisiones internas, las asignaciones presupuestarias y los procesos de supervisión permitan ofrecer respuestas eficaces a esos impactos. b) Las medidas que deban adoptarse variarán en función de: i) Que la empresa provoque o contribuya a provocar las consecuencias negativas o de que su implicación se reduzca a una relación directa de esas consecuencias con las operaciones, productos o servicios prestados por una relación comercial; ii) Su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias negativas. (Principio rector nº 19)
A fin de verificar si se están tomando medidas para prevenir las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las empresas deben hacer un seguimiento de la eficacia de su respuesta. Este seguimiento debe: a) Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados; b) Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como externas, incluidas las partes afectadas. (Principio rector nº 20)
Para explicar las medidas que toman para hacer frente a las consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben estar preparadas para comunicarlas exteriormente, sobre todo cuando los afectados o sus representantes planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas operaciones o contextos operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los derechos humanos deberían informar oficialmente de las medidas que toman al respecto. En cualquier caso, las comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones: a) Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos y que sean accesibles para sus destinatarios; b) Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada; c) No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y no vulnerar requisitos legítimos de confidencialidad comercial. (Principio rector nº 21)
MEDIDA 27: El Gobierno establecerá los cauces para la promoción entre las empresas españolas o que operen en España, de medidas, procedimientos o sistemas internos que puedan colaborar de manera efectiva en la prevención y/o mitigación de las consecuencias negativas sobre derechos humanos de sus actividades, así como para la difusión y participación en las mejores prácticas dirigidas a evitar estas consecuencias, o influir en su evitación, reducción o remedio, cuando unas empresas puedan tener influencia sobre las que lo provoquen.
Se prestará especial atención a los supuestos en los que las empresas no causen directamente las consecuencias negativas, pero estas guarden relación directa con las operaciones, productos o servicios que les presta la entidad que los causa y que mantenga relaciones comerciales con ellas. Se fomentará el establecimiento de los procedimientos de evaluación interna y determinación de la actuación de manera que se eviten otras consecuencias negativas sobre los derechos humanos.
MEDIDA 28: El Gobierno estudiará e implementará antes del fin de 2015 un sistema de incentivos que incluya tanto a grandes empresas como PYMES que realicen unas políticas adecuadas en el ámbito de los derechos humanos. Estos incentivos podrán ser económicos, comerciales, de presencia, visibilidad e imagen, o de otra índole, para promover que las empresas cuenten con políticas y acrediten fehacientemente que han implementado procedimientos adecuados a nivel global en función de su tamaño y circunstancias, a saber:


  • Un compromiso público de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos de acuerdo a lo establecido en el Principio nº. 16;

  • Un proceso de diligencia debida sustentado en el diálogo con los grupos de interés consistente tal y como definen los Principios Rectores en identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan el impacto de sus actividades propias y de las que guarden relación directa con sus relaciones comerciales de acuerdo a lo establecido en los Principios nº. 17 a nº. 21;

  • Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y el medio ambiente que hayan provocado o contribuido a provocar de acuerdo a lo establecido en el Principio nº. 22, nº.29, nº30 y nº.31.

El sistema de incentivos podría incluir la valoración por parte de personas expertas independientes que no incurran en conflictos de interés.



MEDIDA 29: El sistema de incentivos de la medida 28 permitirá al Gobierno reconocer formalmente a través de una certificación u otros medios las buenas prácticas de las empresas que se sometan voluntariamente a procesos de evaluación externa e independiente del impacto real y potencial de sus actividades sobre los derechos humanos y que establezcan las medidas adecuadas para prevenir o corregir posibles consecuencias negativas. Estos procesos de evaluación externa tendrán carácter periódico, bianual y confidencial y serán desarrollados por instituciones independientes y especializadas con experiencia acreditada en materia de derechos humanos y que no incurran en conflictos de interés. El fin principal de dichas evaluaciones será no sólo diagnosticar disfunciones de gestión en esta materia sino formular recomendaciones y propuestas de mejora a las empresas.
El Gobierno estudiará la forma de sistematizar los modelos de evaluación externa existentes, haciéndolos lo más rigurosos posibles, con el fin de asegurar una aplicación en las empresas de acuerdo con un modelo homologado.

REPARACIÓN


España considera que si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. (Principio 22)
MEDIDA 30: El Gobierno sensibilizará a las empresas sobre su deber de reparar, o contribuir a reparar, las consecuencias negativas en los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar y promoverá debidamente que establezcan el diálogo y los mecanismos de reparación a nivel operativo que puedan garantizar la debida reparación de las personas, instancias o comunidades afectadas.

CUESTIONES DE CONTEXTO


En cualquier contexto, España considera que las empresas deben: a) cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen; b) buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias contrapuestas; c) considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera que operen. (Principio rector nº 23)
España entiende que cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a las consecuencias negativas, reales y potenciales, sobre los derechos humanos, las empresas deben ante todo tratar de prevenir y atenuar las consecuencias que sean más graves o que puedan resultar irreversibles si no reciben una respuesta inmediata. (Principio Rector nº 24)



  1. ACCESO A MECANISMOS DE REPARACIÓN

MECANISMOS JUDICIALES ESTATALES


España debe adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales nacionales cuando aborde las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas, en particular considerando la forma de limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los mecanismos de reparación (Principio rector nº 26)
MEDIDA 31: Se elaborará, un año tras la aprobación de este plan y una vez presentado el diagnóstico encargado por la Comisión de Seguimiento (Ver medida 2), un informe en consonancia con las Medidas 2, 5 y 6 sobre las posibilidades de desarrollar mecanismos judiciales de reparación de abusos cometidos, en cumplimiento con los Principios Rectores. Se estudiarán los mecanismos jurídicos que prevean la responsabilidad civil contra una empresa por causar un daño o perjuicio sobre los derechos humanos, incluidos los actos derivados de no actuar con la debida diligencia para prevenir tales daños causados por su propia conducta o por sus empleados o agentes, o por las empresas pertenecientes al grupo. Se llevará a cabo una revisión de la normativa vigente para identificar e eliminar obstáculos, legales o prácticos a las reclamaciones de responsabilidad de las empresas por vulneración de derechos humanos o daños al medio ambiente en sus actividades y se evaluará la imparcialidad, integridad y capacidad de hacer respetar las debidas garantías procesales de los mecanismos existentes.

MEDIDA 32: El Gobierno desarrollará los instrumentos necesarios para que los ciudadanos en general, los consumidores y las partes interesadas, conozcan y comprendan los mecanismos de reclamación estatales y alternativos, y tengan acceso a los mismos, eliminando cualquier obstáculo de acceso a la información cultural, social, físico o financiero. Para ello, se realizará un Mapa de los recursos existentes en materia de asistencia jurídica.
MECANISMOS EXTRAJUDICIALES DE RECLAMACIÓN DEL ESTADO
España debe establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema estatal integral de reparación de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas. (Principio Rector nº 27)
MEDIDA 33: El Gobierno implementará un mecanismo (o mecanismos) de concertación y de reclamación extrajudicial destinado(s) a la recepción de quejas y a la mediación entre las partes de acuerdo con los criterios establecidos en el Principio nº. 31, con capacidad para investigar y autoridad para poner en práctica, si fuera necesario, la reparación, estableciendo criterios de accesibilidad para garantizar que el mismo sea accesible para los colectivos en situación de vulnerabilidad. La Comisión de Seguimiento realizará un estudio a tal efecto. Tras un análisis exhaustivo del cuerpo normativo vigente y de los mecanismos existentes así como de las posibles necesidades de las partes manifestadas, y tomando en consideración las recomendaciones del estudio realizado, este grupo de trabajo podrá recomendar la ampliación del mandato de los mecanismos extrajudiciales existentes o la creación de nuevos mecanismos un año tras la aprobación de este Plan, facilitando asimismo a la Comisión de Seguimiento un calendario y una asignación de responsabilidades para su puesta en práctica.
MEDIDA 34: Se oficializará y dotará de recursos suficientes (financiera y técnicamente) al Punto Nacional de Contacto Español de las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y se tendrán en cuenta las reformas e iniciativas que han desarrollado otros puntos de contacto en los últimos años, para permitir que éste pueda desempeñar correctamente la doble misión que tiene encomendada: difundir las Líneas Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales entre el tejido empresarial español y contribuir a resolver posibles casos de incumplimiento de las mismas por las empresas

MEDIDA 35: El Gobierno pondrá en práctica tareas de coordinación con las Organizaciones Financieras Internacionales respecto de los mecanismos de reparación no judicial existentes o la necesidad de su definición e implementación. Asimismo el Gobierno fijará los criterios de transparencia e información pública pre y post resolución de los casos atendidos y establecerá un programa de seguimiento y cumplimiento de las resoluciones o acuerdos que pongan fin a los conflictos.
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN NO ESTATALES
España debe estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación no estatales que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas. (Principio Rector nº 28)
Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas. (Principio Rector nº 29)
Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y otras iniciativas de colaboración basadas en el respeto de las normas relativas a los derechos humanos deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación eficaces. (Principio Rector nº 30)
MEDIDA 36: El Gobierno recomendará a las empresas que establezcan o participen en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las personas que sufran las consecuencias negativas.

CRITERIOS DE EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIALES


Para garantizar su eficacia, España entiende que los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto estatales como no estatales, deben ser:
a) Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los que están destinados y responder del correcto desarrollo de los procesos de reclamación;


b) Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están destinados y prestar la debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades para acceder a ellos;
c) Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, con un calendario indicativo de cada etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados disponibles, así como los medios para supervisar la implementación;
d) Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes de información, el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con plena información y respeto;
e) Transparentes: mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación de su evolución, y ofrecer suficiente información sobre el desempeño del mecanismo, con vistas a fomentar la confianza en su eficacia y salvaguardar el interés público que esté en juego;
f) Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y las reparaciones sean conformes a los derechos humanos internacionalmente reconocidos;
g) Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes para identificar experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro;
h) Los mecanismos de nivel operacional también deberían basarse en la participación y el diálogo: consultar a los grupos interesados a los que están destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al diálogo como medio para abordar y resolver los agravios.

(Principio Rector nº 31)

MEDIDA 37: España fomentará y apoyará el diseño de procedimientos de reclamación extrajudiciales para garantizar su coherencia, no discriminación y adecuación a las leyes
ANEXO 1

  • Tratados de NU ratificados por España:

  1. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 1948

  2. Convenio para la supresión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena 1951

  3. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951

  4. Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud 1957

  5. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, incluido el Artículo 14 de la misma que confiere al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial la competencia para recibir quejas individuales 1965

  6. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 1966

  7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)1966

  8. Primer Protocolo Facultativo del PIDCP por el que se acepta la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir quejas de individuos sobre presuntas violaciones a los derechos contenidos en ese Pacto 1966

  9. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1967

  10. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDM)1979

  11. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

  12. (CCT), así como el Art. 22 de la misma, que faculta al Comité contra la Tortura para recibir quejas individuales por presunta violación de alguno de los derechos contenidos en la Convención 1984

  13. Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP 59 destinado a abolir la pena de muerte 1989

  14. Protocolo facultativo de la CEDM, que habilita con un doble sistema de investigación de oficio y de quejas individuales al Comité de ese nombre 1999

  15. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 1989

  16. Protocolos facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 2000

  17. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y los Protocolos que la complementan sobre el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, así como para prevenir la trata de personas, especialmente mujeres y niños 2000

  18. Protocolo Facultativo de la CCT que autoriza al Subcomité para la Prevención de la Tortura (25 personas expertas) a visitar regularmente cualquier centro de detención situado en los estados partes a los fines de prevenir la tortura y otros malos tratos, a la vez que obliga al estado parte a establecer uno o varios mecanismos nacionales de prevención de la tortura 2002

  19. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD)65 2006

  20. Protocolo facultativo de la CDPD que habilita al respectivo Comité para recibir quejas individuales 2006

  21. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas 2006

  22. Protocolo facultativo del PIDESC, que habilita al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir quejas individuales por presunta violación de alguno de los derechos contenidos en el PIDESC

  23. Protocolo facultativo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que habilita al Comité DN para recibir quejas individuales 2008- 2011




    • Convenios de la OIT ratificados por España:

  1. Núm. 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio 1932

  2. Núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso 1959

  3. Núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 1950

  4. Núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 1951

  5. Núm. 100 sobre la igualdad de remuneración 1953

  6. Núm. 111 sobe la discriminación (empleo y ocupación) 1960

  7. Núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo 1976

  8. Núm. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación 1999

      • Documentos adicionales:

Observación general Nº 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño (CRC/C/GC/16)




Catálogo: Documents -> Issues
Issues -> Envío de contribuciones Informe para el Consejo de Derechos Humanos País: Bolivia
Issues -> Human Rights Council Working Group of Experts on People of African Descent Thirteen Session on the Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and the Programme of Action (igwc)
Issues -> United Nations Voluntary Fund For Victims of Torture
Issues -> Conformación del grupo y respuestas de los grupos 1 Integrantes: Tabla # 1
Issues -> Non discrimination and equality in family and cultural life
Issues -> Original: English
Issues -> Situación de calle/ sin techo/ sin hogar
Issues -> Derechos de todos defensoria del pueblo
Issues -> Respuesta de españa al cuestionario sobre la resolución del consejo de derechos humanos a/hrc/29/10 sobre derechos humanos y la reglamentación de la adquisicióN, la posesión y el empleo de armas de fuego por personas civiles


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