Plan integral de apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y a la emigración de retorno 2009-2012



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Plan integral de apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y a la emigración de retorno 2009-2012

10 de octubre de 2008


Índice

Página

Introducción 1

1. La emigración 4

1.1. La emigración española 4

1.2. La ciudadanía española en el exterior y el emigrante retornado: conceptos básicos 4

1.3. El papel de los poderes públicos 6

2. La emigración castellana y leonesa 8

2.1. La emigración castellana y leonesa en cifras 8

2.2. Las comunidades castellanas y leonesas en el exterior 12

2.3. La emigración de retorno: una realidad nueva 13

3. La ciudadanía castellana y leonesa, hacia un nuevo compromiso con la emigración y sus descendientes 15

3.1. La ciudadanía castellana y leonesa: una nueva filosofía de derechos 15

3.2. La ciudadanía castellana y leonesa: una nueva estrategia 16

3.3. La ciudadanía castellana y leonesa: un nuevo impulso a la emigración de retorno 17

3.4. La ciudadanía castellana y leonesa: una nueva organización 18

3.5. La ciudadanía castellana y leonesa: un nuevo modelo de gestión 20

4. Marco normativo de referencia y marco de colaboración 21

4.1. Marco normativo Europeo 21

4.2. Marco normativo nacional 22

4.3. Marco Normativo Autonómico 23

4.4. Marco de colaboración: principales agentes implicados 25

5. Objetivos y Plan de Acción 27

5.1. Objetivos y estructura del Plan de Acción 27

5.2. Plan de Acción 29

6. Seguimiento y evaluación 45


Introducción


Los movimientos migratorios interiores y exteriores han tenido, desde siempre, una influencia decisiva en la configuración demográfica, social, económica y política de las sociedades afectadas, tanto las de origen como las de destino.

La historia contemporánea de Castilla y León y su evolución no sería comprensible sin considerar este fenómeno, pues los movimientos migratorios que caracterizaron a la población española, a lo largo del siglo pasado, tuvieron una gran incidencia en nuestra Región.

Aunque el movimiento más numeroso marcó un auténtico éxodo desde las zonas rurales hacia los núcleos urbanos, otros movimientos supusieron la salida de castellanos y leoneses fuera del territorio de nuestra Región, en búsqueda de nuevas oportunidades. Esta salida se basó fundamentalmente en dos vías: hacia otras regiones de España y hacia el extranjero, principalmente hacia los países de Latinoamérica y países europeos.

Esta circunstancia se ha constituido en un elemento clave para el desarrollo y el crecimiento económico, no sólo de los países de destino sino también de las familias de los que emigraron y como consecuencia del conjunto del territorio de Castilla y León.

La labor de aquellos hombres y mujeres que un día dejaron nuestra Región para establecerse en otro lugar, sigue siendo, hoy en día, esencial para la promoción de Castilla y León fuera de su territorio y para el fortalecimiento de la cooperación con otros países y regiones de nuestro entorno.

Han contribuido de modo ejemplar, al conocimiento de la cultura, los valores y el patrimonio de Castilla y León, transmitiendo a las nuevas generaciones, las costumbres y las raíces de esta Comunidad. Unas generaciones de no nacidos en Castilla y León, que constituyen hoy un capital humano que nuestra Comunidad no puede desaprovechar y a quienes debemos considerar como ciudadanos y actores del futuro de nuestra Región.

Por otra parte el crecimiento económico y social que en los últimos años está caracterizando la realidad española y, en concreto, la de Castilla y León ha supuesto que nuestra Región, al igual que ocurre en el contexto nacional, se haya constituido en receptora de mano de obra procedente de otros países. Esta realidad ha generado nuevas expectativas personales y profesionales de aquellos que en su día emigraron y de sus descendientes motivando el desarrollo de un fenómeno todavía incipiente como es el de la emigración de retorno.

Tanto en aquellos casos de retorno, por cuestiones de finalización de la vida laboral, como aquellos en los que se aspira a una mejor inserción en la vida laboral y social o de mejora de la calidad de vida en nuestra Región el retorno debe ser un proceso fácil y seguro.

Estas realidades sociales que años atrás no han tenido una atención suficiente por parte de las administraciones públicas, acorde con el esfuerzo que en su día hicieron los que protagonizaron este exilio forzado, deben ser correspondidas, en la actualidad, con el desarrollo de nuevas políticas que sí respondan a estas necesidades, pues las circunstancias sociales y económicas de la región han cambiado.

Al mismo tiempo, y desde un punto de vista jurídico y normativo la exigencia de un adecuado ejercicio de los derechos y deberes, obliga a los poderes públicos a la constitución y organización de los recursos necesarios para la consecución de unos servicios acordes con los nuevos requerimientos de la sociedad.

Desde un punto de vista del derecho, la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, considera que el Estado social consagrado por la Constitución de 1978 debe extenderse a todos los españoles, también a aquellos que por sus circunstancias vitales han tenido que vivir fuera del territorio nacional y que por su condición y características peculiares exigen un tratamiento específico por parte del Estado que permita, en cumplimiento de artículo 14 de la misma Constitución, “garantizar a los españoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los residentes en España, con el compromiso de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan hacerlos reales y efectivos”.

En esta misma línea , el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuya reforma fue aprobada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, establece en su artículo 7.2 que gozarán de los derechos de participación en los asuntos públicos, definidos en el artículo 11 del mismo Estatuto, como ciudadanos de Castilla y León, los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León y acrediten esta condición en la forma prevista en la legislación estatal. Igualmente gozarán de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitaren, en la forma que determine la ley del Estado.

El Estatuto, además, establece que corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social. En este sentido, y en referencia específicamente a los castellanos y leoneses en el exterior, el artículo 9.1 señala que los ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que residan en otras Comunidades Autónomas de España, o fuera del territorio nacional, así como sus asociaciones y centros sociales, tendrán el reconocimiento de su origen o procedencia y el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Castilla y León.

Es propósito de nuestra Administración ir dando cumplimiento a estos preceptos legislativos. En unos casos desarrollando nuevas regulaciones y normas y en otros complementando las ya existentes. El objetivo es constituir un marco jurídico y programático autonómico que garantice a los ciudadanos castellanos y leoneses residentes en el exterior y a los emigrantes retornados, el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales, en términos de igualdad con los castellanos y leoneses residentes en la Región y que delimite las líneas básicas de la acción protectora de la Administración autonómica.

Este Plan integral de apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y a la emigración de retorno constituye un conjunto ordenado de objetivos, medidas y actuaciones que desde la Junta de Castilla y León se pretenden llevar a cabo como ejemplo del apoyo institucional a lo largo de los próximos cuatro años, desde el 2009 y hasta el 2012.

Estas medidas tienen como destinatarios a los ciudadanos castellanos y leoneses residentes fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto en otras regiones españolas como en el extranjero, así como aquellos ciudadanos que decidan retornar y fijar su residencia en nuestra Comunidad Autónoma.

Buena parte de dichas medidas afectan, por su contenido, al ámbito competencial de diversos centros directivos, por lo que la colaboración de las distintas Consejerías resulta imprescindible para la buena marcha del Plan. En algunos casos son medidas ya puestas en marcha, en otros complementan las ya existentes o son totalmente nuevas.

La participación de las Comunidades castellanas y leonesas, tanto dentro del territorio nacional como extranjeras, y las Asociaciones de Emigrantes retornados en la elaboración de este Plan y la consulta al Consejo de la Emigración de Castilla y León, constituyen una garantía de que este esfuerzo de ordenación y planificación recoja las principales necesidades y soluciones que los castellanos y leoneses en el exterior y aquellos que regresan temporal o definitivamente tengan en la actualidad.

Somos conscientes de que tenemos una deuda con nuestros emigrantes y que difícilmente podremos devolverles el trabajo y esfuerzo realizado, pero queremos que sientan cerca esta Comunidad, que sean ciudadanos en igualdad de condiciones, que estén acompañados en su estancia en otras Comunidades Autónomas y en el extranjero, y en su retorno a nuestra Región.

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