Plan nacional de Desarrollo 2013-2018. Plan nacional de desarrollo 2013-2018 introducción y visión general



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México Próspero, en las palabras de...

Para que México logre despuntar económicamente, necesariamente se deberán destinar más recursos hacia la investigación y generación de tecnología.

Susana Sandoval, La Paz, Baja California Sur



Detonar el desarrollo económico de la región Sur-Sureste y sentar las bases para el futuro desarrollo industrial, agropecuario y silvícola del sur.

José Antonio Aysa, Villahermosa, Tabasco



Fortalecer el mercado nacional en materia de energía para dar abasto a la demanda, bajando así los costos de producción en la cadena de producción de alimentos y en todos los procesos donde se requiera el uso de hidrocarburos y sus derivados.

Juan Bruno Méndez, Palenque, Chiapas



Localizar, identificar, motivar, evaluar e impulsar a los emprendedores universitarios mexicanos y sus ideas, a través de la formalización de proyectos empresariales y de negocios en general.

Fidel Pérez, Metepec, Estado de México



Mientras más fácil sea el pago de los impuestos para los ciudadanos mayor será la recaudación.

Ariadna Flores, Celaya, Guanajuato



Mayor apoyo por parte del gobierno al sector industrial enfocándose de manera especial a empresas de alta tecnología desarrollada en el país.

Hilda Sánchez, Cuautitlán Izcalli, Estado de México



Los productores requieren líneas de financiamiento, créditos y seguros con suficiencia y oportunidad.

Jorge Simental, Mazatlán, Sinaloa


IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país

Para hacer frente a los retos antes mencionados y poder detonar un mayor crecimiento económico, México Próspero está orientado a incrementar y democratizar la productividad de nuestra economía. Lo anterior con un enfoque que permita un acceso global a los factores de la producción. Es decir, la presente Administración buscará eliminar trabas que limiten la capacidad de todos los mexicanos para desarrollar sus actividades con mejores resultados.

Llegó la hora de cambiar el curso del desarrollo nacional hacia uno donde el crecimiento económico vaya acompañado de la equidad social y esté guiado por el goce pleno de los derechos fundamentales de toda la población.

En primer lugar, se plantea conducir una política hacendaria responsable que contribuya a mantener la estabilidad macroeconómica del país. Esto requiere establecer instrumentos para hacer un uso más eficiente del gasto público, que mitiguen los riesgos de volatilidad a los que están expuestas las finanzas públicas y fortalezcan los ingresos públicos. Mediante la prelación en la ejecución de los programas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de la población y un mejor uso de los recursos públicos, se podrá contar con un gobierno más eficaz. Además, se deberán desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Como una vía para incrementar la productividad, se propone promover el uso eficiente de los recursos productivos de la economía. Particularmente el acceso a financiamiento, la productividad en el empleo y el desarrollo sustentable. En específico, se plantea democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. Para ello, se propone incrementar la competencia en el sector financiero a través de una reforma integral que lo fortalezca, al tiempo que preserve su estabilidad. Mediante una mejora al régimen de garantías y mayor certidumbre en el marco regulatorio, se buscará que las empresas con potencial productivo reciban más crédito por parte de las instituciones financieras del país. Paralelamente, se llevará a cabo un esfuerzo por promover la inclusión financiera, de tal manera que los beneficios que ofrece el sistema financiero formal se extiendan a todos los mexicanos.

Para robustecer el papel de la Banca de Desarrollo como una palanca de crecimiento, ésta deberá completar mercados, potenciar los recursos del Gobierno de la República y utilizarlos como inductores de la participación del sector privado de forma eficiente. En este sentido, también buscará promover la participación de dicho sector en planos estratégicos de la economía, como la infraestructura, el campo y las pequeñas y medianas empresas. Además, se impulsará que la Banca de Desarrollo cuente con mayor flexibilidad regulatoria y financiera para cumplir con un mandato de fomentar la expansión del crédito.

Asimismo, la Banca de Desarrollo deberá incentivar la integración de las mujeres al sistema financiero a través de una mayor educación en la materia y el desarrollo de productos que se adecuen a sus necesidades. La participación en el sistema financiero les permitirá ser más productivas y acotar las brechas de género existentes.

Para un México Próspero se debe consolidar, de manera gradual y permanente, un marco de respeto que equilibre los factores de la producción a efecto de promover el empleo de calidad, sin descuidar la protección y garantía de los derechos de los trabajadores y del sector patronal.

En particular, se establecerán incentivos para abatir la informalidad y propiciar que los trabajadores puedan acceder a empleos formales más productivos y mejor remunerados, con especial énfasis en la participación de la mujer en la economía formal. Además, el fortalecimiento de la infraestructura de guarderías o el fomento de modalidades flexibles pueden incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

Para impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz. Por ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable. Es decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como retribuir a los propietarios o poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan. La sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraestructura hidroagrícola y de control de inundaciones.

Por su parte, para democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones, la Reforma al Sector tiene como base tres pilares denominados como el ABC de las Telecomunicaciones: i) Asegurar la cobertura universal de servicios de televisión, radio, telefonía y datos para todo el país; ii) Buenos precios para que todos los niveles socioeconómicos tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones mediante la promoción de la competencia en el sector; y iii) Calidad en el servicio y en los contenidos de tal manera que se cuente con servicios más rápidos, confiables y diversos. Asimismo, la Reforma de Telecomunicaciones establece el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Para lograr estos objetivos, la Reforma de Telecomunicaciones prevé la creación de órganos constitucionales autónomos que garanticen la competencia efectiva en el sector. Asimismo, se establece la obligación del Consejo de la Judicatura Federal de crear tribunales y juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior con el objetivo de aplicar de manera eficaz y técnicamente informada el marco normativo que regula las actividades de telecomunicaciones y las normas de competencia económica. Además, la Reforma de Telecomunicaciones promueve la creación de nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional.

Se plantea abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. Esto implica aumentar la capacidad del Estado para asegurar la provisión de petróleo crudo, gas natural y gasolinas que demanda el país; fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica; promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas; además de fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en temas prioritarios para el sector energético.

La productividad de una economía no sólo depende de la disponibilidad y de la calidad de los insumos de producción, sino también de la manera en que éstos interactúan. En este sentido, es fundamental garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo, donde la principal fuente de diferenciación entre las empresas radique en la calidad y precio de sus productos y servicios. Se privilegiará una regulación que inhiba las prácticas monopólicas e incentive a las empresas a producir mejores productos y servicios de una manera más eficiente.

Por otra parte, el gobierno tiene la obligación de impulsar la productividad aun en ausencia de las reformas estructurales. Por ello, la presente Administración buscará facilitar y proveer las condiciones propicias para que florezcan la creatividad y la innovación en la economía. El uso de las nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas permitirá detonar un mayor crecimiento económico.

La presente Administración también buscará establecer políticas sectoriales y regionales que definan acciones específicas para elevar la productividad en todos los sectores y regiones del país. Para este fin, se propone establecer una política eficaz de fomento económico, ampliar la infraestructura e instrumentar políticas sectoriales para el campo y el sector turístico. Asimismo, es necesario entender y atender las causas que impiden que todas las entidades federativas del país aprovechen plenamente el potencial de su población y de sus recursos productivos.

Se propone una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo en la economía. Se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada. Para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y medianas empresas, y se fomentará la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento.

Incrementar y democratizar la productividad también involucra contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y que genere una logística más dinámica. Esto se traduce en líneas de acción tendientes a ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos del transporte, mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, promover un mayor uso del transporte público en sistemas integrados de movilidad, así como garantizar más seguridad y menor accidentalidad en las vías de comunicación. Asimismo, se buscará propiciar una amplia participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura a través de asociaciones público-privadas.

A través de un fomento económico moderno, también se buscará construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Esto implica impulsar al sector mediante inversión en desarrollo de capital físico y humano. Además, es necesario fomentar modelos de asociación que aprovechen economías de escala y generen valor agregado, así como otorgar certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Asimismo, se deberá incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.

Finalmente, es imprescindible aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. Este objetivo se traduce en impulsar el ordenamiento y la transformación sectorial; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo por medio de la promoción eficaz de los destinos turísticos; y propiciar que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.



V. MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL

Podemos ser una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación


al servicio de las mejores causas de la humanidad.

Para conseguir la prosperidad de la patria se deben procurar las mejores y más estrechas relaciones internacionales.

Genaro Estrada Félix

La política exterior es la dimensión internacional de la estrategia de gobierno. El diálogo y la cooperación con otros países, tanto en el ámbito bilateral como el multilateral, son herramientas insustituibles para la consecución de las grandes Metas Nacionales. La actividad diplomática, la promoción económica, las negociaciones comerciales internacionales, la difusión cultural y la solidaridad con otras naciones, entre otras tareas prioritarias en el ámbito externo, complementan y potencian los esfuerzos de desarrollo interno. El entorno internacional constituye, en consecuencia, un punto firme de apoyo para los programas gubernamentales en todos los rubros de la Administración Pública Federal.

El mundo actual ofrece a México numerosas oportunidades y, al mismo tiempo, plantea retos ineludibles que exigen diseñar e instrumentar una estrategia integral en los ámbitos político, económico y social.
La expansión de los intercambios comerciales y de las inversiones productivas, la promoción del turismo,
la proyección de la cultura mexicana y sus valores, la cooperación educativa, científica y tecnológica son, por todo ello, tareas centrales para la promoción del desarrollo interno.

Al mismo tiempo, México, como miembro de la comunidad de naciones, es sujeto de un conjunto de derechos y obligaciones que son producto de la gradual y compleja labor de construcción del régimen jurídico internacional, en la que nuestro país ha sido un actor reconocido. El ejercicio de las prerrogativas y los deberes que entraña ese marco de derecho internacional hacen necesario un diálogo continuo con otros actores —tanto estatales como, crecientemente, no gubernamentales— y, muy especialmente, una participación constante y activa en los foros multilaterales, en donde se abordan y deciden las grandes cuestiones que afectan a la comunidad internacional y que impactan el desarrollo interno de México. Los retos globales —tales como el cambio climático, el desarrollo sustentable o la migración— y los desafíos regionales —como el fortalecimiento del Estado de Derecho, el impulso a la competitividad y a la apertura de mercados, así como la consolidación de la paz y la seguridad— requieren de una labor diplomática rigurosa y profesional.

La quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 comprende las políticas del Gobierno de la República encaminadas a defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de México, a través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa.

Valores y principios

En la conducción de sus relaciones en el exterior, México ha demostrado un firme apego a valores universales. Desde hace un cuarto de siglo, los principios normativos que debe observar el Ejecutivo Federal al dirigir la política exterior, están incorporados en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Junto con otras naciones de América del Norte, América Latina y el Caribe, al igual que de distintas regiones del mundo, México ha sido un firme promotor de ese conjunto de normas de observancia general que forman parte tanto de su marco jurídico interno como del derecho internacional, y que fueron, en su origen, elevadas a rango de derecho positivo en los instrumentos fundacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El quehacer diplomático de México, por tanto, está vinculado por preceptos de derecho internacional, por su interés nacional y por la interpretación dinámica de sus propios principios normativos ante las exigencias de un contexto internacional cambiante.

El legado diplomático

La tradición diplomática de México, su apego a principios y valores universales, y las acciones que ha emprendido el país a lo largo de su historia para contribuir a la consolidación del derecho internacional, son un valioso activo para la política exterior en la etapa actual. El papel de México en la vasta red de foros y mecanismos regionales y multilaterales que se han llevado a cabo en las últimas décadas, al igual que el conjunto de acuerdos y convenios en materia comercial, financiera, turística, científica y cultural que México ha establecido desde sus orígenes como nación independiente, son la base de su actuación internacional.

El reconocido liderazgo de México en ámbitos como el desarme –tal como lo acredita la labor diplomática que condujo al establecimiento del Tratado de Tlatelolco–, la codificación del derecho marítimo internacional
–en el que la diplomacia mexicana hizo contribuciones destacadas–, los esfuerzos para combatir el cambio climático –como ocurrió con el reencauzamiento de las negociaciones multilaterales y la adopción de los Acuerdos de Cancún durante la 16 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático–, o la contribución al fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional –demostrado en 2012 cuando se asumió la Presidencia del Grupo de los 20–, son ejemplos del papel activo que México ha desplegado a lo largo de los años en el escenario internacional.

Ese valioso acervo constituye una base firme para desplegar una política exterior que permita defender el interés nacional, al mismo tiempo que promueva, de manera responsable y solidaria, el bienestar de la comunidad global.

En este contexto, un México con Responsabilidad Global buscará ampliar y fortalecer la presencia del país en el mundo; reafirmar el compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva; promover el valor de la nación en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero.

V.1. Diagnóstico: México puede consolidarse como una potencia emergente

El entorno internacional

El mundo atraviesa por una etapa de transición. En lo político, el fin del sistema bipolar dio paso hace poco más de dos décadas a un periodo caracterizado por la consolidación, en buena parte del planeta, de la democracia y la cultura de los derechos humanos, un creciente papel de la sociedad civil en la vida pública, tanto en el ámbito nacional como el internacional, y el surgimiento de nuevos polos de poder e influencia dentro de un escenario global en el que ningún Estado ocupa una posición hegemónica.

La economía internacional ha desarrollado un grado de integración sin precedente: en el siglo XXI ningún país se encuentra aislado de los efectos de sucesos económicos que ocurren en otras regiones. A su vez, esto incrementa el impacto de crisis sistémicas como la que se desató en 2008 en el ámbito financiero, para extenderse después, con graves consecuencias, a otros sectores económicos en todo el mundo.

Todo ello ha venido acompañado por una profunda revolución científica y tecnológica que avanza aceleradamente, multiplicando exponencialmente la capacidad para procesar información, así como los contactos e intercambios a través de los medios de comunicación y de transporte. Este proceso es uno


de los principales motores del cambio que experimenta el mundo, y no hay duda de que continuará siendo un factor determinante de la evolución del sistema internacional en los años por venir.

La inserción exitosa de México en un mundo que plantea grandes oportunidades y retos dependerá, en buena medida, de la forma en que los nuevos conocimientos y herramientas de esta revolución sean aprovechados para impulsar una mayor productividad.



Situación actual

La dispersión del poder político y la proliferación de nuevos actores han generado una mayor complejidad en la gobernanza global. Ello constituye un serio obstáculo para la adopción de medidas internacionales, de carácter jurídicamente vinculante, que permitan hacer frente a los grandes retos, entre ellos la amenaza del calentamiento global y su potencial impacto en los patrones climáticos y la biodiversidad de todo el mundo, así como la necesidad de incrementar la producción de alimentos para satisfacer el aumento en la demanda que ocurrirá como resultado del previsible crecimiento demográfico. Por otro lado, destacan la expansión global de la clase media y el crecimiento de las zonas urbanas, especialmente en las economías emergentes, y la vulnerabilidad ante crisis financieras recurrentes, resultado de la creciente interdependencia económica. Éstos y otros retos de carácter global requerirán en los años por venir de un conjunto de decisiones y acciones concertadas que permitan generar condiciones propicias para el desarrollo.

Los avances científicos y tecnológicos que impulsan la globalización pueden ser, al mismo tiempo, instrumentos valiosos para transformar este proceso en fuente de oportunidades. El acceso a nuevos mercados, resultado de las negociaciones comerciales que México ha emprendido, de la facilitación del comercio, así como de las comunicaciones y el transporte, abre espacios a la producción y el empleo, siempre que se establezca un entramado legal e institucional propicio para promover el intercambio comercial. La posibilidad de un nuevo pacto global en materia de desarrollo sustentable nos permite vislumbrar hoy, por vez primera, un mundo en el que el hambre y la pobreza extrema hayan sido erradicadas. En particular, el surgimiento de las economías emergentes, entre las que México ocupa un lugar importante, ha generado nuevas expectativas en materia de gobernanza global, y le han conferido una voz y un papel renovados a la diplomacia mexicana.

México puede aumentar su potencial de desarrollo a la par de desplegar una política exterior activa y eficaz. Para lograr lo anterior, es necesario perseverar en las reformas internas descritas en el presente Plan Nacional de Desarrollo, a fin de fortalecer la competitividad de la economía nacional en el exterior, reducir la desigualdad y promover la inclusión y la cohesión social, así como fortalecer el Estado de Derecho.

Al mismo tiempo, en el ámbito de la política exterior será necesario ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, lo que exigirá reconocer la prioridad que representa para el desarrollo nacional la interacción responsable y mutuamente benéfica con otras naciones, así como proveer los recursos necesarios para llevar a la práctica una política exterior que permita defender y promover con eficacia el interés nacional, en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto.

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