Plan nacional de Desarrollo 2013-2018. Plan nacional de desarrollo 2013-2018 introducción y visión general



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Una planeación del desarrollo medible

Por primera ocasión, el Plan Nacional de Desarrollo establece una serie de indicadores para que la ciudadanía pueda dar seguimiento al desempeño del gobierno. Los indicadores que se presentan fueron pensados también como una herramienta para que las dependencias de la Administración Pública Federal puedan monitorear el cumplimiento de las Metas Nacionales que nos hemos planteado.

Los indicadores buscan englobar los temas contenidos en las Metas Nacionales y, en la medida de lo posible, ser una fuente objetiva para la medición del desempeño del gobierno. No obstante, también se instruye a las dependencias de gobierno en el presente Plan, que establezcan indicadores específicos dentro de los programas que emanen de este documento. La evaluación del desempeño debe ser una constante de todo gobierno abierto y eficaz.

Una planeación del desarrollo democrática e incluyente

Nuestro marco legal establece la obligación de realizar una planeación democrática donde tenga lugar la participación amplia de los mexicanos, para recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad e incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo. Con esto en mente, se estableció un amplio proceso de consultas con motivo del Plan Nacional de Desarrollo.

En primer lugar, se puso a disposición de la ciudadanía la página de Internet pnd.gob.mx, para la recepción de propuestas en archivos digitales y a través de la cual se realizaron encuestas interactivas. De manera paralela, se abrieron ventanillas de recepción física de propuestas en toda la República Mexicana. Adicionalmente, se llevaron a cabo 397 acciones de consulta, incluyendo la realización de 5 Foros Nacionales con 31 páneles de discusión, 7 Foros Especiales con 40 páneles de discusión, 32 Foros Estatales con 160 páneles de discusión y 122 Mesas Sectoriales con especialistas y diversos grupos de interés. A través de estos medios hubo en total 228,949 participaciones: 129,299 personas respondieron la encuesta interactiva, los Foros y Mesas Sectoriales contaron con 61,779 asistentes y se recibieron 37,871 propuestas físicas y electrónicas. Los diferentes insumos del proceso de consultas contribuyeron al diseño de metas, objetivos, estrategias y líneas de acción del presente Plan Nacional de Desarrollo. Para mayor detalle, en el Anexo al presente Plan se presenta el proceso de consultas llevado a cabo, y se muestra un resumen estadístico con los principales resultados de la participación ciudadana.

A lo largo del Plan Nacional de Desarrollo se incorporaron comentarios, críticas, inquietudes y diversas propuestas expresadas por la ciudadanía durante el proceso de consultas, en forma de diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de acción. Asimismo, se incluyeron citas textuales de comentarios de diversos actores de la sociedad que sirven de ejemplo del sentir de los mexicanos.

Con profundo agradecimiento, reconocemos a todos los que de una u otra manera participaron y aportaron sus ideas a este Plan Nacional de Desarrollo. Al escuchar a mujeres y hombres pertenecientes a diferentes grupos sociales, a jóvenes, a personas con discapacidad, a organizaciones civiles, a comunidades indígenas, a instituciones académicas, a grupos empresariales y a representantes de los tres órdenes de gobierno, entre tantos otros colaboradores que aportaron su esfuerzo para la construcción de este Plan, entendemos que todos tenemos mucho en común: un profundo amor por nuestro país, por nuestra historia común y un ímpetu por mover a México.

I. MÉXICO EN PAZ

Que los derechos de
los mexicanos pasen del papel a la práctica.

La Constitución es el compendio de nuestra historia


y la pauta de nuestro futuro.

Adolfo López Mateos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma y concreta la aspiración de los mexicanos de vivir en una sociedad de derechos. Esto quiere decir vivir en un país democrático gobernado al amparo de la ley, donde exista una profunda y verdadera libertad e igualdad para todos, con plena garantía de nuestra propiedad, con absoluta seguridad jurídica, con pleno ejercicio de nuestros derechos, y con igualdad sustantiva independientemente de la condición de género, orientación sexual, raza, etnia, capacidades, creencias o situación social. En la Constitución se enmarca un pacto social en el que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno, para que éste haga cumplir la ley, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Dentro del pacto social, los ciudadanos confían en la capacidad del gobierno para garantizar sus derechos y, por tanto, contribuyen a la construcción de una vida democrática, donde se respeta la ley. Cuando los principios fundamentales del pacto social se transgreden, la legitimidad del Estado se debilita y se compromete la capacidad de su gobierno para articular los esfuerzos de la nación hacia un desarrollo ordenado e incluyente.

En México, debemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad. Diversos indicadores muestran el potencial que existe para fortalecer nuestro entorno institucional: sólo el 36% de los mexicanos cree que el Estado puede resolver los problemas que enfrenta el país; el abstencionismo electoral a nivel estatal oscila entre el 23 y el 47%; el 58% de la población mayor de edad considera la inseguridad como su principal preocupación; el 85% considera que existe corrupción en el Sistema de Justicia Penal; y el 37% de las empresas ubicadas en el país sufre anualmente al menos un delito.1

Aspiramos a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena; y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición de cuentas. Si México quiere alcanzar su máximo potencial, necesita garantizar a cada persona el derecho a la seguridad y un acceso equitativo a la justicia.



I.1. Diagnóstico: México demanda un pacto social más fuerte y con plena vigencia

Gobernabilidad democrática

La aplicación de un esquema puramente reactivo para gestionar los reclamos, demandas y conflictos inherentes a la convivencia social inhibe la posibilidad de articular los intereses diversos de la sociedad y, por ende, de construir los acuerdos indispensables para generar las condiciones de gobernabilidad democrática que nuestro país exige.

Por ello, es imperativo diseñar una estrategia basada en la participación y el diálogo de la ciudadanía con la autoridad, para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Con el diálogo, la inclusión, el respeto a las diferencias, la igualdad de trato y la convivencia en la pluralidad, se construye una plataforma adecuada para el desarrollo humano y económico de las familias mexicanas.

Con la participación de todas las fuerzas políticas, el trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno, la planeación integral conjunta y el uso responsable y transparente de los recursos públicos, podremos impulsar políticas en favor de un desarrollo más equitativo de las regiones, las entidades y municipios del país.

El desarrollo democrático de México ha sido un proceso en ocasiones lento y complejo, pero también ha sido ordenado y en paz. Lo anterior es producto del fortalecimiento de nuestras instituciones electorales, así como de una serie de reformas a nuestro sistema político y al sistema de partidos, que han dado pie a la inclusión de cada vez más grupos de la sociedad en la toma de decisiones públicas. En menos de 20 años pasamos de un sistema concentrado a uno multipartidista, donde la posibilidad de la alternancia política es una realidad a nivel nacional y en todos los órdenes de gobierno.

No obstante, la democracia en México puede ser fortalecida. La nación tiene una sociedad diversa, desigual y con contrastes que en lo político se expresa en una representación plural, notable y profunda, muestra de la rica diversidad política de la nación. Esta diversa representación política que se ha asentado desde 1997, impide que una sola fuerza imponga sus decisiones en los órganos legislativos de representación nacional, por lo que se hace necesario construir acuerdos políticos profundos y de largo alcance que consoliden las reformas que el país requiere, en una democracia política y socialmente eficaz. En ese marco, la relación entre los Poderes de la Unión, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, debe darse con fluidez y eficacia, en un espacio que privilegie la colaboración, el equilibrio y el respeto.

La consolidación de una democracia eficaz fomenta la participación ciudadana libre, activa, decidida y responsable de los diversos actores que integran nuestra sociedad en las decisiones gubernamentales, contribuyendo a la modernización de nuestras instituciones, en un marco de transparencia y legalidad. Debemos impulsar la transformación de una democracia representativa hacia un modelo democrático más participativo y de corresponsabilidad social. La presente Administración se abocará a profundizar la normalidad democrática, para que sus valores y prácticas se expresen de manera cotidiana en todos los ámbitos de la sociedad.

Federalismo articulado

Nuestra Constitución establece el Pacto Federal como la forma de organización política más adecuada para promover el desarrollo equilibrado de las partes que integran la nación. Sin embargo, una alta centralización de facultades, recursos y decisiones, además de la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre órdenes de gobierno y procesos de descentralización inconclusos, han profundizado los contrastes entre regiones, entidades federativas y municipios.

Por tanto, es imperativo avanzar hacia un federalismo articulado en el que todos los órdenes de gobierno asuman corresponsablemente sus funciones, sin que nadie sea marginado de participar en alcanzar los grandes objetivos nacionales. En la construcción de un federalismo articulado es necesario esclarecer
los ámbitos de competencia y de responsabilidad de cada orden de gobierno, profundizando la redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos hacia las entidades federativas y municipios. A través de mecanismos de diálogo y concertación intergubernamental podremos alcanzar las grandes Metas Nacionales.

Seguridad Nacional

El diseño de la política de Seguridad Nacional responde a su identificación como una función esencial del Estado y como un derecho fundamental de los ciudadanos. Asimismo, engloba y potencia los principios que definen al Estado Mexicano como país soberano e independiente que asume los compromisos suscritos


ante la comunidad internacional y que, desde sus aspiraciones y objetivos, define los términos de cooperación en la materia.

El concepto jurídico de Seguridad Nacional condensa una serie de objetivos e intereses estratégicos nacionales, tales como la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y político del país como ejes en la preservación de la democracia.

La realidad de nuestro país precisa identificar, dimensionar y jerarquizar los efectos de los diversos factores internos y externos que, en virtud de su dinamismo, tienen el potencial para constituirse en una amenaza o riesgo para la Seguridad Nacional. Lo anterior con la finalidad de trazar las estrategias que permitan prevenirlos, o bien, plantear los mecanismos de coordinación de acciones y medidas –políticas presupuestales, sociales o militares– que neutralicen o minimicen sus efectos de manera oportuna y eficaz.

Una política integral de Seguridad Nacional del Estado Mexicano, en su aspiración por tutelar e impulsar los intereses estratégicos nacionales, deberá atender todos aquellos factores que puedan vulnerar el elemento humano del Estado. En este sentido, es fundamental analizar y prever las condiciones globales, sociales, ambientales, económicas, políticas, de salud y tecnológicas que lo afectan, a fin de reducir sus efectos negativos, revertirlos gradualmente y establecer los mecanismos de corto y largo plazos que generen inercias favorables que se arraiguen, permanezcan y se consoliden en la sociedad.

Al ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se podrán atender problemáticas de naturaleza diversa a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana. Además de cumplir con la obligación del Gobierno de la República de restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a toda manifestación de violencia y delincuencia de alto impacto, se debe transitar hacia un modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza, de educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación. De este modo, la Seguridad Nacional adquiere un carácter multidimensional que la hace vigente y fortalece el proyecto nacional.

Por tanto, es fundamental consolidar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional, eje rector de las políticas, instancias, información, acciones y demás instrumentos jurídicos que contribuyen, mediante el ejercicio de atribuciones y capacidades jurídicas, en la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

Por otro lado, el logro de los objetivos estratégicos en materia de Seguridad Nacional requiere del fortalecimiento de las capacidades en temas de generación, difusión oportuna y explotación de inteligencia, que permita la toma de decisiones. En este sentido, resulta esencial continuar el desarrollo e implementación de un sistema de investigación e información integrado por datos útiles generados por las autoridades del país, y aprovechar los avances tecnológicos que permitan el flujo constante y oportuno de información, con pleno apego a derecho.

Defensa exterior y seguridad interior

La misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder militar de la Federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la seguridad interior del país. La colaboración de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior ha tomado un papel predominante en los últimos años, debido a la violencia generada por las organizaciones delictivas.

Ante esta coyuntura, las Fuerzas Armadas enfrentan retos importantes. En primer lugar, destaca un marco jurídico que debe mejorarse para atender la realidad operativa. Las tareas que realizan las Fuerzas Armadas, particularmente las de coadyuvancia a la seguridad interior, deben basarse en un fortalecido marco jurídico que otorgue certeza a la actuación de su personal y procure el respeto a los derechos humanos.

Se requiere de un mayor intercambio de información y cooperación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las tareas de seguridad interior. La coordinación entre éstos debe reforzarse a través de procedimientos estandarizados, para el intercambio de inteligencia en el combate a la delincuencia. Asimismo, se deberá propiciar que el equipo e infraestructura de las fuerzas militares se mantengan en condiciones adecuadas, a fin de evitar que ello debilite su capacidad de respuesta operativa. Se fortalecerá y se adecuará el adiestramiento para que responda a las exigencias de los tiempos actuales.

Los sistemas educativos Naval y Militar requieren de una orientación balanceada en torno a la defensa nacional, seguridad interior y misiones de carácter social que respondan a las necesidades actuales del país. Las Fuerzas Armadas también requieren de una modernización de su infraestructura institucional, que fortalezca la capacidad del Estado Mexicano para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de seguridad y protección al ambiente.

Seguridad pública

A pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente. En ocasiones, se tenía la percepción de que no era una preocupación prioritaria para la sociedad, aunque siempre existieron indicios de presencia delictiva en zonas específicas del país, enfocadas principalmente al comercio ilegal y el robo, así como la producción, transporte y tráfico de narcóticos. Sin embargo, en los últimos lustros se registró un inusitado crecimiento en el número de delitos de alto impacto. Se hizo cotidiano conocer de situaciones de secuestro, extorsión y robos con violencia.

La lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó su fortalecimiento. Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal encontró corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del país.

Con el paso del tiempo, la situación de seguridad continuó deteriorándose. La presencia e impunidad de los grupos criminales en algunas zonas del país se convirtieron en una amenaza muy seria a la estabilidad y la capacidad para imponer la legalidad por parte de algunas autoridades municipales y estatales.

En años recientes, la estrategia contra la delincuencia organizada tuvo como pilares el combate frontal, así como la aprehensión y eventual extradición de líderes de las principales organizaciones delictivas. Ello generó vacíos de poder en la delincuencia organizada que detonaron luchas violentas por el control territorial en importantes ciudades del país. Esa lucha incrementó los niveles de violencia, y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma. También se tradujo en un incremento de los requerimientos financieros y de reclutamiento de los grupos delictivos. Dichas razones, aunadas al fortalecimiento de la seguridad fronteriza en Estados Unidos a partir de 2001, contribuyeron a que el crimen organizado en México incrementara la distribución de droga a nivel nacional y expandiera sus áreas de operación hacia otras actividades, tales como la trata de personas, la extorsión de negocios lícitos y el secuestro. Estos grupos delictivos han emprendido acciones agresivas de reclutamiento en comunidades de bajos recursos. En este sentido, 63% de los participantes en la Consulta Ciudadana realizada en la página de Internet pnd.gob.mx (en adelante, “Consulta Ciudadana”) consideró que la medida más efectiva para prevenir la delincuencia es ampliar las oportunidades de estudio y empleo de la juventud y otros grupos vulnerables.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2007 y 2012 el total anual de denuncias por homicidio doloso aumentó de 10,253 a 20,548. En el mismo sentido, las denuncias por secuestro prácticamente se triplicaron al pasar de 438 en 2007 a 1,268 en 2012. La misma fuente señala que las denuncias por extorsión se duplicaron en dicho periodo al pasar de 3,123 a 6,045.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, estima que en 2011 el 58% de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal preocupación. Esta misma encuesta reveló que entre 2010 y 2011 el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones.

No obstante, la violencia que se ha presentado en el país en los últimos años no es generalizada y se encuentra claramente ubicada en ciertas regiones. Esto permite focalizar el combate a los delitos de alto impacto y diseñar estrategias de seguridad pública diversificadas, acordes con la realidad de cada región.

Desafortunadamente, la violencia vinculada a la delincuencia no es el único tipo de violencia que se vive en el país. Es específicamente grave la que se registra en contra de las mujeres. En este sentido, es necesario mejorar los programas diseñados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, ya que este tipo de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012.

Para que un país logre la paz debe comenzar por prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus derechos. Además debe atender oportuna y sensiblemente a quienes han sufrido violencia, así como observar el principio del interés superior de la niñez en todas las actuaciones que se realicen tanto para la prevención como para la respuesta. En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) señala como un reto para México el hecho de que los registros administrativos no capturan las diversas manifestaciones de violencia de manera desagregada y comprensiva. Algunas formas de violencia contra la infancia tales como el maltrato, la violencia sexual, la trata y la explotación no son visibles en los sistemas de información y las estadísticas oficiales.

Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia ha sido el aumento de las violaciones a los derechos humanos, que se cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de las acciones de seguridad. Por ello, la agenda de seguridad estará íntimamente ligada al respeto y garantía de los derechos humanos, pues únicamente mediante el respeto irrestricto de éstos se podrá mejorar la situación crítica que enfrenta nuestro país en estos ámbitos.

Según información proporcionada por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), desde su creación en octubre de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2013, ha brindado servicio a 15,781 personas víctimas directas o indirectas de algún delito. De ese número de víctimas, el 68% son mujeres y el 32% son hombres.

La violencia y la inseguridad también deterioran las condiciones para el crecimiento y desarrollo económico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), en 2011 el 37% de las empresas sufrió al menos la comisión de un delito. Los resultados de dicha encuesta también sugieren que la inseguridad impone un costo adicional a las unidades de producción, que equivale a 0.75% del PIB, ya sea por medio de un mayor costo operativo o por la pérdida directa de recursos como consecuencia de algún delito.

La problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales. A pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos por mejorar, los índices de delincuencia se mantienen elevados, y las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción que involucraron a algunos elementos de estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos. Muestra de lo anterior es que, de acuerdo con la ENVIPE 2012, el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza en sus policías.

La generación de más y mejor inteligencia para la seguridad pública es indispensable. La información para la toma de decisiones en materia de seguridad pública debe fluir eficientemente entre las instituciones que la requieran. Los diversos sistemas y bases de datos, que conforman el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, deben fortalecer su interconexión y metodología para el uso y explotación
de la información necesaria para hacer frente al problema de la inseguridad. El uso de las tecnologías de la información es una herramienta indispensable para hacer frente a este reto.

En materia de seguridad pública, el Gobierno de la República tiene claro que los mexicanos quieren un país seguro y pacífico; asimismo, exigen que se reduzca la violencia y se recupere la convivencia armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos.


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