Poder Judicial de la Nación ///Plata, septiembre de 2006. Y vistos



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Poder Judicial de la Nación


///Plata, septiembre de 2006.-

Y VISTOS:

En el día de la fecha se reúnen los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de La Plata, Dres. Carlos Alberto Rozanski que lo preside, Horacio Alfredo Isaurralde y Norberto Lorenzo, a fin de fundar el veredicto en esta causa N 2251/06 procedente del Juzgado Federal N 3 de la ciudad de La Plata, seguida a MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ, L.E. N 5.124.838, sin apodos, de 77 años de edad, argentino, nacido el 1 de mayo de 1929 en Azul -Provincia de Buenos Aires-, hijo de Manuel Etchecolatz (f) y de Martina Santillán (f), casado, policía retirado (vive del sueldo que percibe), domiciliado en calle Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas s/n, Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata -Provincia de Buenos Aires-, que sabe leer y escribir, que fue condenado y procesado con anterioridad. En representación del Ministerio Público Fiscal lo hizo el señor Fiscal General doctor Carlos Alberto Dulau Dumm; por los querellantes doctores Oscar Alberto Rodríguez, Marta Lidia Vedio y Javier Marcelo Percow como representantes legales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el doctor Alejo Ramos Padilla en representación de las señoras María Isabel Chorobik de Mariani y Genoveva Dawson de Teruggi; por la representación de la señora Nilda Emma Eloy y el señor Jorge Julio López y por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos los doctores Fernando Horacio Molinas, Ángela Alejandra Guadalupe Godoy, Liliana Noemí Mazea, Myriam Bregman, Alberto Palacio, Liliana Beatriz Molinari y Verónica Bogliano; y los doctores Luis Eduardo Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elía en representación del imputado; de cuyas constancias

RESULTA:

En la oportunidad prevista por el artículo 346 y concordantes del C.P.P.N., el señor Fiscal General Sergio Alejandro Franco en escrito agregado a fs. 2753/2775 y vuelta dio por completada la etapa de instrucción requiriendo la elevación de las actuaciones a juicio oral y público conforme dispone el artículo 347 del C.P.P.N respecto de Miguel Osvaldo Etchecolatz, dando cuenta en primer término de las distintas cuestiones de competencia que finalizaron con la radicación de estos autos en el Juzgado Federal N 3 a cargo del doctor Arnaldo Hugo Corazza; luego describió los hechos atribuidos al imputado y la prueba de su existencia, dando cuenta que el mismo fue Director General de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires entre el 5 de mayo de 1976 y el 28 de febrero de 1979, cumpliendo un rol clave dentro de la estructura represiva ilegal montada desde la Jefatura de Policía y conocida como ACircuito Camps@, ya que a partir de allí se manejaban los distintos centros clandestinos de detención donde iban a parar las personas secuestradas, y allí eran torturadas y algunas ejecutadas, todo esto estaba dentro del área operacional 113 a cargo de autoridades militares. Está plenamente acreditado en esta causa, en la causa N 44 como en el marco del Juicio por la Verdad el señorío que Etchecolatz ejerció en el sistema de centro clandestinos de esta región.



En el caso de Diana Esmeralda Teruggi, tal como surge de las probanzas acumuladas en las presentes actuaciones, la misma fue muerta en su domicilio de calle 30 entre 55 y 56 de esta ciudad, el 24 de noviembre de 1976. Ese día, un gran operativo del que participaron fuerzas conjuntas (Ejército, Policía bonaerense, Armada) atacó la vivienda, sita en jurisdicción de la comisaría 5 de La Plata, con el fin de exterminar a sus ocupantes (murieron aquí tres personas mas además de Diana Teruggi), debiendo responder el procesado Etchecolatz en calidad de co-autor por el dominio funcional del hecho.

En el caso de Patricia Dell=Orto y Ambrosio Francisco de Marco con los elementos probatorios reunidos en autos se puede concluir que los nombrados fueron secuestrados de una quinta de la localidad de City Bell el 5 de noviembre de 1976, y vistos en uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la localidad de Arana, donde fueron torturados y donde habrían sido ejecutados de sendos disparos en la cabeza (ver declaraciones de Jorge Julio López en estas actuaciones y en el Juicio por la Verdad).



En el caso de Nora Livia Formiga, Elena Arce Sahores y Margarita Delgado, las tres fueron secuestradas el 22 de noviembre de 1977 en el domicilio de la primera de las nombradas sito en calle 54 N 1271 de La Plata, y fueron vistas tanto en La Cacha como en la comisaría 8 de la policía bonaerense, habiendo sido víctimas de la aplicación de tormentos y luego fueron asesinadas, y sus cuerpos enterrados en tres tumbas del cementerio de La Plata como N.N., siendo comprobada su identidad luego de la exhumación de los cuerpos a través de análisis genéticos llevados a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense. (cita los testimonios de Teresa Calderoni, Zenaide di Tomasso de Trivelli y de Nicolás Trivelli, libro de detenidos de la Seccional 8, recibo de clausura y secuestro de los efectos del departamento en que fueran detenidas ilegalmente).

En el caso de Jorge Julio López, el mismo fue detenido ilegalmente el 27 de octubre de 1976, y mantenido en cautiverio hasta el 25 de junio de 1979, habiendo estado detenido en cuatrerismo de Arana, en el pozo de Arana, en las comisarías 5 y 8 de La Plata y finalmente en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Provincial a disposición del PEN, lugares en los que fue torturado y según su testimonio en esta causa y en el Juicio por la Verdad en ocasiones reconoció que fue torturado por Camps y Etchecolatz en persona, también aportó datos y nombres de otros detenidos en estos centros de detención (hay testimonios de que el mismo estuvo detenido en los lugares citados).



En el caso de Nilda Emma Eloy, fue secuestrada del domicilio de sus padres en la ciudad de La Plata el 1 de octubre de 1976 por un grupo de personas comandadas por el propio imputado Etchecolatz y llevada a distintos centros de detención La Cacha, Pozo de Quilmes, Pozo de Arana, el Vesubio y El Infierno, y la Comisaría 3 de Lanús, hasta que fue colocada a disposición del PEN y llevada a la cárcel de Villa Devoto donde recupera su libertad a principios de 1979. En estos centro clandestinos de detención fue torturada en reiteradas ocasiones, apoyándose no solo en sus declaraciones sino además en la de otras personas que estuvieron allí detenidas y que han sobrevivido (Jorge López, Emilce Moler, Gustavo Calotti, Walter Docters, Nora Ungaro, Horacio Matoso entre otros), testimonios del Juicio por la Verdad y documentación agregada en autos.

La conducta del imputado encuadra en el artículo 144 bis inciso 1 del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos 1, 2 y 5 del artículo 142 del mismo cuerpo normativo, es decir el delito de privación ilegal de la libertad cometido utilizando ilegalmente su calidad de funcionario público, agravado por las circunstancias de haberse cometido con violencias o amenazas y haber durado la privación de libertad mas de un mes, debiendo responder en calidad de co-autor mediato por pertenecer a un aparato organizado de poder; y en calidad de autor respecto de Nilda Eloy por haber dirigido personalmente el procedimiento de su detención ilegal.

También debe encuadrarse su conducta dentro del artículo 144 ter del Código Penal por la aplicación de tormentos sufridos por las víctimas de autos en carácter de co-autor mediato como integrante de un aparato organizado de poder; y como autor directo en el caso de Jorge Julio López y Patricia Graciela Dell=Orto.


Respecto del homicidio de Diana Esmeralda Teruggi su conducta encuadra dentro del artículo 80 incisos 2 (alevosía) y 6 (concurso preordenado de dos o mas personas) en carácter de autor; y en los casos de Nora Formiga, Elena Arce Sahores, Margarita Delgado, Ambrosio de Marco y Patricia Dell=Orto debe aplicarse el artículo 80 incisos 2 ( alevosía y ensañamiento) y 6 (concurso premeditado de dos o mas personas) en calidad de co-autor mediato por haber sido cometidos en el marco del accionar de un aparato organizado de poder.

Cabe acotar que el señor Fiscal General de primera instancia también se expidió por los casos de Antonio Bettini y María de las Mercedes Hourquebie de Francese, los que por resolución de este Tribunal obrante a fs. 2976/2977 han sido separados para su tratamiento en este debate oral.

Igualmente formularon acusación los representantes de las querellas (fs. 2661/2681, 2694/2716, 2721/2757).

A fs. 2790/2803 el señor Juez a quo rechaza el pedido de la defensa de oposición de que se eleve a juicio esta causa, declarando clausurada la etapa instructoria y eleva la causa al Tribunal Oral que corresponda, ordenando que se forme causa por separado por los hechos relativos a la violación de Patricia Graciela Dell=Orto y el homicidio calificado de Antonio Bettini.



Finalizadas las audiencias para el debate, oportunamente fijadas, los letrados representantes de la querellas efectuaron sus alegatos.

Así, los letrados de Nilda Emma Eloy, Jorge Julio López y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos pidieron un cambio en la calificación y que se condene al imputado por el delito de genocidio, por haber formado parte de un plan de exterminio sistemático con el objetivo de cambiar la estructura económica del país, teniendo una participación fundamental en el mismo por el señorío fáctico que ostentaba en su cargo de Jefe de la Brigada de Investigaciones AYla dictadura no mataba a cualquiera, el plan estaba dirigido a todos aquellos que realizaran formas de participación, que fueran un obstáculo al plan que se quería imponerY@. La participación del procesado Etchecolatz en los hechos investigados, surge de los múltiples testimonios aportados durante las audiencias de debate o incorporados por lectura, y la abundante prueba informativa y documental agregada y que no ha sido objetada, y que en su conjunto dan la certeza que exige esta etapa procesal, por lo que se encuentra acreditada la participación y autoría del procesado Miguel Osvaldo Etchecolatz, y que corresponde al mismo la pena de reclusión perpetua por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio calificado, todos en concurso real, artículos 80 incs. 2 y 6 para los casos Teruggi, Dell=Orto, de Marco, Formiga, Delgado y Arce; art. 144 bis incs. 1 y 2 con el agravante del art. 142 inc. 1 respecto de Eloy, López, Dell=Orto, de Marco, Arce, Formiga y Delgado; no encontrando atenuante o eximente alguno a su accionar, debiendo ser impuesta la condena en carácter de autor mediato o inmediato por dirigir e integrar una estructura de poder, debiendo permanecer alojado en una cárcel común. También piden que los delitos investigados sean considerados de lesa humanidad, y que debe aplicarse por los pactos internacionales que recepta el Derecho Argentino el Aius cogens@.

Los representantes legales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dijeron que les llevó veinte años de lucha jurídica siempre en el escenario del Poder Judicial, llegar a esta instancia judicial. Que no es necesario a su entender aplicar el Derecho de Gentes a través del artículo 118 de la Constitución Nacional, sino que se debe condenar al imputado por el delito de traición a la patria según el artículo 29 de la misma Carta Magna. Piden que al no haber eximentes ni atenuantes, y sí agravantes por su grado y posición dentro del aparato represivo, solicitan que se lo condene a la pena de prisión perpetua, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas por hallarlo legalmente responsable de homicidio calificado en seis oportunidades, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en siete oportunidades, todos ellos en concurso real, y en su condición de crímenes contra la patria, de los que resultaran víctimas Diana Teruggi, Patricia Dell=Orto, Ambrosio de Marco, Nora Formiga, Margarita Delgado, Elena Arce Sahores, Nilda Eloy y Jorge Julio López; artículos 40, 41, 45, 50, 80 inciso 2, artículo 142 inciso 1, artículo 144 ter párrafo primero todos del Código Penal, y artículo 29 de la Constitución Nacional.

El letrado patrocinante de las querellas de las señoras María Isabel Chorobik de Mariani y Genoveva Dawson de Teruggi, encontró plenamente acreditado que el 24 de noviembre de 1976 fuerzas conjuntas de la policía y el ejército realizaron un feroz ataque en la vivienda del matrimonio Mariani, estando presentes figuras como Súarez Mason, Camps, Sertorio, además del procesado Etchecolatz entre otros, siendo asesinadas varias personas y entre ellas Diana Teruggi que con su cuerpo protegió de las balas a su pequeña hija Clara Anahí, lo que encuentra sobradamente probado con los testimonios, pericias e inspecciones oculares llevadas a cabo y obrantes en autos sin objeción alguna; pidió que se condene al imputado a la pena de reclusión perpetua, por el homicidio calificado de Diana Teruggi, artículo 80 incisos 2, 6 y 7 del Código Penal, accesorias legales y costas, en calidad de co-autor; solicitando que se califiquen los hechos como genocidio, adhiriendo a los argumentos expresados por los otros querellantes.


A su turno el señor Fiscal General ante el Tribunal, dijo que encuentra plenamente acreditados los hechos materia de investigación, AYa partir del 24 de marzo de 1976 el plan siniestro se fue cumpliendo, por eso no fue una casualidad que se siguiera un determinado circuito, sino que todo fue pergeñado, las torturas tanto físicas como psicológicas; no solo en cuanto a la aplicación de los tormentos y torturas, el procedimiento de por sí era clandestino, se soslayaban todos los pedidos de órdenes de allanamientos, la intervención de un Juez; los detenidos ya interrogados permanecían en la clandestinidad o pasaban a disposición del PEN, los cadáveres aparecían como bajas de subversivos y no de las fuerzas de seguridadY@; seguimiento totalmente ilegal de la ciudadanía (testimonio de Incháurregui); la aparición de tumbas N.N. con cadáveres que presentaban múltiples disparos de bala (testimonio del doctor Gelemur); la gran cantidad de testimonios coincidentes en este juicio, en el marco del Juicio por la Verdad y ante la Conadep, la documentación agregada y las inspecciones oculares llevadas a cabo en distintos centro clandestinos de detención con testimonios de ex detenidos en los mismos (declaraciones de Docters, Calvo, Eloy, López, Castellanos, Calotti, Gioglio entre otros); y por consiguiente la responsabilidad penal de Miguel Osvaldo Etchecolatz en grado de co-autor por la privación ilegal de la libertad agravado por la aplicación de amenazas o tormentos, y haber durado mas de un mes en perjuicio de Nilda Eloy y Jorge López en concurso real; co-autor del homicidio calificado por alevosía y concurso de dos o mas personas de Diana Teruggi; co-autor de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido con violencia o amenazas y haber durado mas de un mes, imposición de tormentos y homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, y concurso de dos o mas personas de Patricia Dell=Orto, Ambrosio de Marco, Nora Formiga, Margarita Delgado y Elena Arce Sahores, en concurso real -artículo 55 del Código Penal-. Se inclina por la co-autoría funcional, basado en el dominio funcional del hecho por parte del procesado, ha habido una cadena de mandos donde cada uno cumplía con su aporte en la intervención del hecho. Computa como agravantes la gravedad de los delitos, la desconsideración hacia el ser humano, la cantidad de víctimas, la calidad de funcionario público y haberse valido de elementos del Estado, sin atenuantes. Lo acusa a Etchecolatz por los delitos señalados y pide se lo condene a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales, costas del juicio, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y que se tengan en cuenta sus antecedentes penales.

A su turno, los defensores del procesado Miguel Osvaldo Etchecolatz, dijeron que los hechos investigados en autos debían ser juzgados como hechos de guerra por el Código de Justicia Militar y no por el Código Penal ya que así nos apartamos del Juez natural. Que en esta causa se han vulnerado principios jurídicos de gran tradición en el mundo civilizado, como Anon bis in idem@, la prescripción y el principio de legalidad entre otros. Consideran que se debe aplicar la ley penal mas benigna, y en este caso son las leyes 23492 y 23521 que fueron normas de pacificación mas que de obediencia debida y punto final. No debe aplicarse la Convención sobre genocidio ya que la misma fue firmada por el Estado Argentino con posterioridad a los hechos hoy juzgados, y además no se dan los supuestos que la Convención define como genocidio en el caso argentino. Tampoco debería aplicarse la costumbre internacional, porque no hay carencia de normas en nuestro derecho positivo para abordar los hechos investigados en autos. No habiéndose configurado que estos han sido delitos lesa humanidad, se debe concluir que ha operado la prescripción de los mismos por el transcurso del tiempo. Pide que se declare la nulidad de la reforma constitucional de 1994, ya que no era necesaria ni imprescindible para que el Estado cumpla con sus fines y por haber un exceso en el acto preconstituyente, lo que la haría nula de nulidad absoluta. No se puede juzgar al procesado por hechos de guerra, cumplidos en el marco de la obediencia debida militar. También refuta la validez de los testimonios ya que en su gran mayoría le comprendían a los testigos las generales de ley porque entre otras cosas persiguen un interés económico en el resultado de la causa, además no hay prueba perfecta, que pruebe por sí sola el hecho, al que no puede arribarse por indicios, por eso piden también que se declare la inconstitucionalidad del artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación. Por último que solicitan que se declare la validez de las leyes 23492 y 23521 y se absuelva al comisario general Miguel Osvaldo Etchecolatz y vuelva a su casa a pasar el resto de sus días, teniendo además presente la reserva del de recurso de casación y caso federal.

Conferidos los traslados de ley, ante los correspondientes planteos defensistas, el Sr. Fiscal general y las partes querellantes, respondieron solicitando el rechazo de los mismos. Haciendo uso del derecho a réplica la defensa mantuvo sus peticiones.



CONSIDERANDO:

El Doctor Carlos Rozanski dijo:

I.- Los hechos

Con las pruebas recibidas durante las audiencias del debate celebrado en la causa, quedó fehacientemente acreditado que Miguel Osvaldo Etchecolatz resulta coautor de la privación ilegal de la libertad de Nilda Emma Eloy llevada a cabo a partir del 11 de octubre de 1976 y autor mediato de la aplicación de tormentos a la nombrada en un período comprendido entre la fecha indicada y principios del año 1979.



Quedó acreditado asimismo que Miguel Osvaldo Etchecolatz resulta autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Jorge Julio López producida a partir del 27 de octubre de 1976 y autor material de la aplicación de tormentos sufridos por el nombrado durante su cautiverio en el período comprendido entre la fecha indicada y el 25 de junio de 1979.

Igualmente quedó acreditado que Miguel Osvaldo Etchecolatz resulta coautor penalmente responsable del homicidio calificado de Diana Esmeralda Teruggi que tuvo lugar el 24 de setiembre de 1976 en el inmueble ubicado en la calle 30 n1 1136 entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata. El hecho tuvo lugar durante el ataque perpetrado por fuerzas conjuntas de la Policía Bonaerense, Ejército y Armada a la vivienda de la nombrada con el fin de exterminar a sus ocupantes. En el hecho participó el imputado en forma personal y comandando el operativo.

Quedó probado también que Miguel Osvaldo Etchecolatz resulta autor mediato penalmente responsable de la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y el homicidio calificado de Ambrosio Francisco De Marco y Patricia Dell´Orto de De Marco, a partir del 5 de noviembre de 1976 en la vivienda de calle 445 entre 20 y 22 de City Bell, alrededor de la 1,30 hs. de la madrugada.


Finalmente quedó probado que Miguel Osvaldo Etchecolatz resulta autor mediato penalmente responsable de la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y el homicidio calificado de Nora Livia Formiga, Elena Arce Sahores y Margarita Delgado, hecho ocurrido a partir del 22 de noviembre de 1977 en que fueran secuestradas Formiga y Arce Sahores del domicilio ubicado en 54 número 1271 entre 20 y 21 de la ciudad de La Plata y Margarita Delgado de su vivienda de la calle 25 de mayo y Venezuela, de la localidad de Ensenada.

I.- a) El contexto en el que se produjeron los hechos

Previo al examen de las pruebas producidas a lo largo del debate, corresponde efectuar una breve descripción del contexto en el que se produjeron los hechos materia de juicio. Ello por cuanto en casos como los que nos ocupa dicho contexto resulta decisivo para comprender en su real dimensión lo sucedido y en especial para ser tenido en cuenta al momento de valorar la prueba producida.

En ese sentido, cabe recordar algunas cuestiones medulares ya acreditadas a este juicio - sobre lo que se ampliará al tratar la responsabilidad de Etchecolatz -.


Así, en la sentencia de la causa 13/84 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que juzgara a los ex integrantes de las Juntas Militares se tuvo por acreditado entre otras cosas que durante el período en el que tuvieron lugar los hechos aquí juzgados A... Se otorgó a los cuadros inferiores, una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormento y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio. Se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el depósito final de cada víctima, es decir, el ingreso al sistema legal (puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o de la Justicia Militar o Civil), la libertad, o simplemente, la eliminación física.

El sistema puesto en práctica -secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de libertad y, en muchos casos eliminación de las víctimas-, fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la Nación y prolongado en el tiempo(capítulo XX causa 13/84).

Estas afirmaciones resultan lapidarias, por su claridad y por resultar una verdad jurídica incontrovertible, lo cual resulta vital para plantear el aludido contexto en el que sucedieron los hechos por los que hoy se juzgó y condenó a Etchecolatz.

Algunos años después, en la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 en la causa n 44 por ese mismo tribunal se reiteraron dichos conceptos, los que fueron a su vez citados y reproducidos por este Tribunal Oral -en el voto del que suscribe-, en la causa en la causa n 1702/03, caratulada ABERGÉS Jorge Antonio y otro s/arts. 139 inc. 2, 139 bis, 292 y 293 del Código Penal@.

Las tres causas han sido introducidas al debate por su lectura y se encuentran firmes al día de la fecha.



Finalmente, cabe consignar que a pesar de resultar indignante el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, ello ha generado la paradoja de que mientras se han perdido infinidad de pruebas, se han adquirido otras de indudable valor para esta y otras causas similares como se verá más adelante, como es el caso de tener hoy certeza sobre la existencia de una cantidad de centros clandestinos de detención mucho mayor que la que se contaba a pocos años de culminado el régimen genocida en el que tuvieron lugar esos hechos.
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