Ponente: ministro juan n. Silva meza. Secretario: jaime flores cruz



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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 1803/2002.

QUEJOSOS: FRANCISCO CAMACHO GARDUÑO Y OTROS.


PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.

ÍNDICE:

SÍNTESIS I - VI

AUTORIDADES RESPONSABLES

Y ACTOS RECLAMADOS 1 – 3
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.......................................... 3 - 16
PUNTOS RESOLUTIVOS Y

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO 16 - 20


TRÁMITE DEL RECURSO 20 - 21
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO:
COMPETENCIA 21 - 22

AGRAVIOS …………………………………………………… 22 - 39

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 39 - 52


PUNTOS RESOLUTIVOS 53
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 1803/2002.

QUEJOSOS: FRANCISCO CAMACHO GARDUÑO Y OTROS.


PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.


S Í N T E S I S



-AUTORIDADES RESPONSABLES: Congreso de la Unión y otras autoridades (fojas 1 a 3 ).
-ACTOS RECLAMADOS: El laudo dictado el veinticinco de marzo de dos mil dos, en el expediente laboral 183/2000 (foja 3).
-SENTIDO DEL FALLO RECURRIDO: Sobresee y niega (fojas 16 a 18).
-CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA:
“Ahora bien, los argumentos de amparo que anteceden son inoperantes, en la medida que, de las constancias de autos, no se advierte que la responsable haya invocado ni aplicado el Decreto Modificatorio de la Ley Monetaria que se menciona, ni en el procedimiento laboral ni en el laudo reclamado y como dicho Decreto no puede causarle ningún perjuicio a la parte quejosa por su sola expedición, ya que es necesario que resulte un acto de aplicación para que pueda surgir algún perjuicio en su contra y como tampoco se advierte ningún elemento de convicción que acredite la aplicación de la ley cuya inconstitucionalidad se reclama, es evidente que en esas condiciones, como se dijo, ningún perjuicio le puede ocasionar a los peticionarios del amparo” (foja 19).
- RECURRENTE: La parte quejosa.
EN LA CONSULTA SE PROPONE:
En las consideraciones:
A) Es oportuna la presentación del recurso de revisión (foja 22).
B) El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse, ya que el pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones planteadas en él no entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, dado que los agravios que se hacen valer, resultan ser inoperantes e inatendibles (foja 39).
a) Inoperantes, por lo siguiente:
La parte recurrente, en la segunda parte de sus agravios, combate lo considerado por el Tribunal Colegiado del conocimiento, en relación con la circunstancia de que no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que no demostraron haber requerido la devolución de cuotas enteradas; lo que estableció respecto de la edad de los quejosos, para efectos de las prestaciones reclamadas; asimismo, lo relativo a que se declaró prescrito su derecho; se aduce que el Tribunal Colegiado lesionó las garantías individuales establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Lo que manifiesta en este sentido la parte recurrente, resulta ser inoperante.
En efecto, en dicho agravio lo que se plantea y lo que se trata de combatir, son aspectos de mera legalidad, cuestiones que son ajenas a los aspectos de constitucionalidad, las cuales constituyen la materia de los recursos de revisión cuando se impugna una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado en un amparo directo, tal y como lo disponen los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo (fojas 40 y 41).
b) Inatendibles, por lo siguiente:
En efecto, la parte quejosa ahora recurrente impugnó de inconstitucional la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, atribuyendo el primer acto de aplicación de dicha ley, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, aplicación que en su concepto, consintió la autoridad responsable.
De conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tratándose de un juicio de amparo directo en revisión, no es suficiente que en los conceptos de violación se planteen argumentos tendentes a controvertir alguna disposición jurídica, para que proceda su estudio, sino que es necesario que se hayan aplicado en perjuicio de los quejosos en la secuela del procedimiento respectivo, en la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, e influido en el sentido del respectivo fallo, haciendo subsistir ese perjuicio pues lo resuelto en ellas, es lo que finalmente causa agravio, ello, porque la intervención de la Suprema Corte de Justicia, específicamente en el análisis de la constitucionalidad de leyes, precisa, en todos los casos, de la actualización de un agravio o lesión en la esfera jurídica del particular, dimanado de la aplicación de las disposiciones jurídicas, que sea susceptible de reparación.
En el presente asunto, la aplicación de la Ley Monetaria no se le está atribuyendo a la autoridad responsable, ya sea en la secuela del procedimiento laboral, o bien, en el laudo que constituye el acto reclamado, sino que dicha aplicación destacadamente se hace derivar de la actuación que llevó a cabo el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, tal y como lo reconoce la parte recurrente, actuación con la que, en su concepto, violó el artículo 123, fracción XII, de la Constitución Federal.
En estas condiciones, estuvo en lo correcto el Tribunal Colegiado del conocimiento, al establecer que el Decreto Modificatorio de la Ley Monetaria, no fue aplicado por la responsable en el procedimiento laboral ni en el laudo que constituyó el acto reclamado, puesto que dicha aplicación se le atribuye a la parte demandada (Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores), en el juicio laboral del que dimanó dicho acto reclamado, de ahí lo inatendible de los agravios que se exponen al respecto (fojas 48 y 49).
En los puntos resolutivos:
PRIMERO.- Se desecha el recurso de revisión a que este toca 1803/2002 se refiere.
SEGUNDO.- Queda firme la sentencia recurrida.
JURISPRUDENCIAS Y TESIS INVOCADAS:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. "SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A "LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA.” (foja 41).
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS "DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.” (foja 42).
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE "SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO "VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE "EN ESE ASPECTO.” (foja 44).
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU "PROCEDENCIA DEPENDE NO SÓLO DE LA "EXPRESIÓN DE CONCEPTOS DE "INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, "ADEMÁS, DE QUE LOS ARTÍCULOS "IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN "PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL "SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA.” (foja 50).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 1803/2002.

QUEJOSOS: FRANCISCO CAMACHO GARDUÑO Y OTROS.


PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de febrero de dos mil tres.



V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O :
PRIMERO.- Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dos, ante la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Lucía Castellanos Gallegos, en nombre y representación de Francisco Camacho Garduño y otros, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"III.- LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:--- a) "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos "quien tiene su domicilio ampliamente conocido en "el Palacio Nacional en la ciudad de México, "Distrito Federal, C.P. 06000, y el Secretario de "Gobernación quien tiene su domicilio en Bucareli "número 99, Colonia Juárez, Delegación "Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal.--- b) "Congreso de la Unión de los Estados Unidos "Mexicanos, con domicilio ampliamente conocido "en el Palacio Legislativo de San Lázaro en avenida "Congreso de la Unión 66, C.P. 15960, por expedir "el Decreto del 18 de junio de 1992, relativo a la "creación de la nueva unidad monetaria de los "Estados Unidos Mexicanos.--- c) La Junta Especial "Número 49 de la Federal de Conciliación y "Arbitraje, quien tiene su domicilio en el segundo "piso del Palacio Federal de esta ciudad.--- IV.- "ACTOS RECLAMADOS:--- A) Del Presidente de los "Estados Unidos Mexicanos y de su Secretario de "Gobernación reclamo la promulgación y "publicación en el Diario Oficial de la Federación el "día 22 de junio de 1992 del Decreto de fecha 21 de "junio del mismo año que contiene el acuerdo que "crea una nueva unidad del Sistema Monetario de "los Estados Unidos Mexicanos. Por causarle a los "quejosos agravios en virtud de que es "inconstitucional al ser contrario a lo dispuesto por "los artículos 14 y 123 de la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones "que más adelante formulo, hipótesis de "inconstitucionalidad que se actualiza al dictar la "Junta Especial Número 49 de la Federal de "Conciliación y Arbitraje el laudo definitivo de "fecha 25 de marzo del 2002.--- B) Del Congreso de "la Unión reclamo la expedición del Decreto de "fecha 18 de junio de 1992 mediante el cual se crea "una nueva medida del Sistema Monetario de los "Estados Unidos Mexicanos, el que es "notoriamente inconstitucional al ser contrario a lo "dispuesto por los artículos 14 y 123 de la "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos, por las razones que más adelante "formulo, hipótesis de inconstitucionalidad que se "actualiza al dictar la Junta Especial Número 49 de "la Federal de Conciliación y Arbitraje el laudo "definitivo de fecha 25 de marzo del 2002.--- C) De "la Junta Especial Número 49 de la Federal de "Conciliación y Arbitraje reclamo el laudo dictado "el día 25 de marzo del 2002, en el expediente "laboral 183/2000, promovido por los quejosos en "contra del Instituto del Fondo Nacional de la "Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Que "en la parte relativa que nos agravia dice: "(transcribe)" (fojas 8 y 9 del expediente de amparo).
SEGUNDO.- Los quejosos señalaron como garantías violadas en su contra, las contenidas en los artículos 14, 16, 94, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los quejosos, expusieron como conceptos de violación, los que en esencia se transcriben:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:--- Primero. Al "expedir el Decreto de fecha 18 de junio de 1992, el "Congreso de la Unión a través de la Comisión "Permanente, mediante el cual creo la nueva "Unidad del Sistema Monetario de los Estados "Unidos Mexicanos, dejó de aplicar el artículo 123 "de la Constitución de los Estados Unidos "Mexicanos en lo dispuesto por la fracción XII que "establece que ‘toda empresa agrícola, industrial, "minera o cualquier otra clase de trabajo, estará "obligada, según lo determinen las leyes "reglamentarias a proporcionar a los trabajadores "habitaciones cómodas e higiénicas. Esta "obligación se cumplirá mediante las aportaciones "que las empresas hagan a un fondo nacional de la "vivienda a fin de constituir depósitos a favor de "los trabajadores y establecer un sistema de "financiamiento que permita otorgar a éstos crédito "barato y suficiente para que adquieran en "propiedad tales habitaciones’. Al expedir el "mencionado Decreto porque dejó en la facultad en "el Banco de México para que resolviera sobre los "fondos de ahorro de los trabajadores y al propio "demandado sin limitación o restricción alguna, lo "que perjudica el espíritu del constituyente en el "numeral invocado puesto que el objetivo del fondo "de vivienda debe ser que los trabajadores "adquieran en propiedad las habitaciones y "acceder a un sistema de financiamiento que les "otorgue crédito barato, pero es el caso que el "mencionado Decreto dejó al arbitrio de la "demandada y del Banco de México a la forma del "manejo de los recursos aportados por los "trabajadores al fondo de vivienda lo que desde "luego es violatorio del principio consagrado en el "numeral invocado ya que no cumplen con la "finalidad para la cual se creo el fondo nacional y "las aportaciones que los trabajadores hicieron a "dicho fondo lejos de ayudarles a conseguir una "habitación en propiedad o tener un crédito barato, "les lesiona porque pierden con esa arbitraria "medida el ahorro acumulado para tal fin, o bien "para su posterior usufructo. De tal suerte que es "inconstitucional el mencionado Decreto en agravio "de los quejosos.--- Agravio que debe ser reparado "porque les causa pérdida de derechos o notoria "disminución de los mismos ya que al entrar en "vigor dicho Decreto perdieron en términos de "valores o unidades de medida el ahorro "acumulado sin que por dicha pérdida la autoridad "señalada como responsable tome una medida que "proteja los intereses de los trabajadores que ya "tenían ahorro acumulado para lograr la finalidad "que establece el texto constitucional que la "responsable dejó de aplicar en claro perjuicio de "los quejosos, el cual debe ser reparado.--- "Segundo. El laudo recurrido viola en perjuicio de "los quejosos las garantías consagradas en el "artículo 14 constitucional que dice: (transcribe). El "mismo numeral consagra en el cuarto párrafo que: "(transcribe).--- En el artículo 16 establece que: "(transcribe) entendiendo por fundamentación y "motivación lo que precisa la tesis de "jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de "la Nación que a la letra dice:--- "‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN’ (transcribe).-"-- Jurisprudencia que le es obligatoria atender por "disposición expresa de los artículos 94 de la "Constitución y 192 y 193 de la Ley de Amparo y "que dejó de valorar al emitir las resoluciones que "me agravia, con las cuales se actualizan los "presentes conceptos de violación.--- Esto es así "porque la responsable Junta Especial Número "Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y "Arbitraje en el Estado de Chiapas el laudo "recurrido acusa de notoria incongruencia porque "en ningún momento el legislador exige que para la "presentación de la demanda ante la Junta del "conocimiento, pidiendo la devolución de las "cuotas de referencia, tenga que hacerse la "solicitud previamente y en forma obligatoria ante "el instituto demandado y ésta a su vez acreditar "esta circunstancia ante la responsable para la "procedencia de la acción, ya que el término "bastará, no debe entenderse como una obligación "para el trabajador de solicitar forzosamente ante el "instituto la devolución de sus cuotas que le "corresponden, sino que se deja en libertad al "trabajador de acudir indistintamente ante el "Instituto Nacional de la Vivienda para los "Trabajadores, o bien ante la autoridad que "considere competente para solicitar la devolución "de sus cuotas por lo que en esas condiciones, al "proceder la responsable en la forma en que lo "hizo, se traduce en violación de garantías, toda "vez que, donde la ley no distingue la circunstancia "en que deba hacerse tal solicitud y no tiene "porque hacerlo el juzgador, y en este caso la "responsable está solicitando se acredite cierta "circunstancia, sabedores que existe una solicitud "previa al ejercicio de la acción, en la que nos "queda muy claro que se está haciendo la solicitud "ante la autoridad correspondiente y eso se sabe "que al acudir ante una autoridad juzgadora es "porque anteriormente se había realizado tal "solicitud y evidentemente ésta fue negada o no fue "la respuesta lo suficientemente satisfactoria al "peticionario, por lo tanto, la responsable no está "tomando en cuenta las aseveraciones formuladas "por los actores en el sentido de haber realizado la "solicitud de devolución de los fondos de ahorro, "misma que la demandada acepta tácitamente al "contestar la demanda, se demuestra que los "actores cumplieron con el requisito de "procedibilidad contemplado en el último párrafo "del numeral 141 de la Ley Federal del Trabajo y no "como lo señaló la responsable. Lo que nos hace "ver que la responsable violó los artículos 103 y "107 constitucionales, en virtud de que no acató el "ordenamiento del Primer Tribunal Colegiado del "Vigésimo Circuito, misma que va en perjuicio de "las garantías de los quejosos.--- Asimismo la "responsable dejó de señalar con precisión las "circunstancias especiales, razones particulares o "causas inmediatas que se hayan tenido en "consideración para la emisión del acto, siendo "necesario, además que exista adecuación entre "los motivos aducidos y las normas aplicables, es "decir, que en el caso concreto se configuren las "hipótesis normativas, cuando hemos visto que no "fue así porque efectivamente los actores "acreditaron plenamente que cotizaron al Infonavit, "y que el mismo demandado aceptó que estas "cotizaciones se constituyeron en el fondo de "ahorro que los patrones aportaron por los "trabajadores durante los bimestres que aparecen "en los registros que la propia demandada exhibió "como prueba así como los patrones que aportaron "las cantidades que los actores demandaron, sin "embargo el instituto demandado fue omiso con "precisar las cantidades en moneda nacional "vigente en el momento en que se constituyeron "los depósitos, cuando éstos estaban debidamente "acreditados por el propio instituto demandado y "quien en su carácter de autoridad fiscal pretendió, "en perjuicio de los actores con las certificaciones "que exhibió en juicio, hacer valer el monto de las "aportaciones con dichas documentales que fueron "objetadas por los actores y que evidentemente "lesionaban sus intereses, ya que consignaban en "ellos cantidades inferiores a las aportadas y "ahorradas por los trabajadores.--- Es notorio y "evidente que el instituto demandado no puede "actuar con el carácter de autoridad fiscal cuando "es a él a quien le constriñe la obligación de probar "que se encuentra administrando fondos que no "son de su patrimonio sino de los trabajadores, y "tampoco es autoridad fiscal en el presente caso "porque el crédito fiscal es un derecho que le "asiste al Estado por los créditos exigibles a su "favor, cuando en la ley estén consignados los "impuestos, derechos o aprovechamientos que los "generen y que se la hagan exigibles al causante, "que no es el caso puesto que aquí quien tiene la "obligación del cumplimiento de la obligación es el "instituto demandado y no puede actuar como Juez "y parte al emitir el acto, en este caso en el hecho "de expedir una constancia de ahorro sin que se "señalen los depósitos que por el concepto de "fondo de ahorro de vivienda tuvo el trabajador. "Ahora bien, el hecho de que en los estados de "cuenta del fondo de ahorro sea omiso el "demandado en considerar el cambio de moneda y "los intereses que deben de causarse no son carga "de la prueba para el trabajador puesto que por "disposición legal y constitucional el instituto "demandado debió de individualizar el fondo de "ahorro de cada trabajador y los intereses que "generó cuando menos a partir de 1992, fecha en "que entró en vigor la disposición legal que le "exigía al instituto demandado la obligación de "individualizar las cuentas que servirían para el "retiro del trabajador, siendo el caso necesario que "en cada movimiento el demandado hubiese "acreditado los intereses que el fondo de ahorro "generó, pero, al no hacerlo así el demandado le "está causando daños y perjuicios al trabajador "puesto que está administrando sus fondos de "ahorros y no se le está dando en contraprestación "nada a cambio, ni crédito, ni frutos que la cuenta "individualizada hubiese generado es por ello, que "para los efectos correspondientes de la exigencia "de la entrega del fondo de ahorro el instituto "demandado debe dar cumplimiento a la "disposición constitucional de garantizar el "derecho a la vivienda digna a que le constriñe la "fracción XII del artículo 123. Pero tampoco dio "eficaz cumplimiento al espíritu del legislador "contenido en las fracciones VI y VIII del mismo "ordenamiento. En la siguiente lógica jurídica, si la "obligación del patrón es pagarle al trabajador un "salario suficiente que le permita satisfacer las "necesidades normales de un jefe de familia, en el "orden material, social y cultural, es decir, que a "cambio reciba por contraprestación a su trabajo "un salario mínimo y si se encuentra prohibida en "forma expresa por el legislador cualquier "disminución o compensación que ese salario "mínimo sufra, y si para cumplir la obligación de "otorgar una vivienda digna y decorosa va "constituyendo un fondo de ahorro u obtiene un "crédito del instituto demandado el trabajador, es "obvio que ese fondo se va constituyendo con las "aportaciones patronales que se van realizando por "la vigencia de las relaciones laborales y si esas "relaciones laborales no pueden contravenir las "normas que el legislador pronunció para "salvaguardar los derechos mínimos de los "trabajadores, se hace necesario que el instituto "demandado no pueda realizar actos u acciones "que demeriten ese principio constitucional puesto "que son normas protectoras de los trabajadores y "son frutos de las relaciones laborales que, de "ninguna forma, pueden ser valoradas en sentido "contrario por el juzgador, como lo hizo la Junta "responsable al dictar el incongruente laudo. Esto "es así porque dejó de valorar la confesión expresa "del demandado quien durante el procedimiento "reconoció haber obtenido ingresos de los "patrones aportados para el trabajador "equivalentes al cinco por ciento de los salarios "durante los bimestres cotizados y que obran en "las certificaciones de los estados de cuenta de los "actores, y si, en cada uno de éstos, el demandado "es omiso en acreditar el cumplimiento al principio "de protección de los intereses del trabajador ya "que en los valores expresados no reconoce "porcentajes de salarios mínimos de las "aportaciones realizadas y en éstos no se "describen los frutos que las aportaciones "hubiesen generado durante la administración del "fondo de ahorro, es evidente que le causen al "trabajador daños y perjuicio que se deben "resarcir.--- Pero como existe una laguna en la ley, "porque en ella no le constriñe al demandado al "cumplimiento de esta obligación, es necesario "atender los principios generales de derecho y en "especial, es necesario de atender el principio de "equidad y justicia que toda resolución debe de "contener, atendiendo el principio de que una "controversia se debe de resolver a favor de quien "pretende evitarse un daño o un mayor perjuicio y "no a favor de quien pretende obtener un lucro y "que en la resolución combatida el instituto "demandado está obteniendo un lucro en perjuicio "de los intereses del trabajador ya que estuvo "aportando durante su etapa laboral al fondo de "ahorro de vivienda y que lo hizo en las "condiciones mínimas que la ley prevé, es, en ese "sentido, que la responsable debió de valorar las "circunstancias especiales y particulares del caso "al dejar de emitir su resolución de acuerdo a los "principios de equidad y justicia y buena fe, no sólo "por la protección que debió de realizar a los "intereses del trabajador sino porque debió de "resolver la controversia de acuerdo a lo dispuesto "en el artículo 14 constitucional que le obliga a "dictar su resolución definitiva de acuerdo a la letra "de la ley, y, a falta de ésta, a fundarla en la "interpretación jurídica de la norma y en los "principios generales de derecho, siendo el "principio de equidad y buena fe, el aplicable a la "presente controversia, por ser el intentado un "derecho plenamente exigible, acción que se funda "en la norma invocada por el trabajador que quedó "plenamente acreditada. A mayor abundamiento, "con las pruebas aportadas en juicio adminiculadas "entre sí demostraron los actores el inicio de "cotizaciones que los patrones realizaron las "aportaciones y los bimestres cotizados norma, los "que quedaron plenamente demostrados con la "confesión expresa del demandado. Por último, el "único punto de controversia lo constituye el hecho "de la cuantificación del saldo el cual es "presentado por el demandado notoriamente "disminuido por haberle quitado los tres últimos "dígitos, alegando en su favor estar aplicando el "Decreto Modificatorio de la Ley Monetaria de los "Estados Unidos Mexicanos, en que se crea la "nueva unidad monetaria, de fecha 18 de junio de "1992, y publicada en el Diario Oficial de la "Federación el día 22 del mismo mes y año, con "vigencia a partir del 1 de enero de 1993. Sin "embargo por disposición expresa del artículo "décimo transitorio del Decreto referido establece "la facultad a las entidades y dependencias de la "Administración Pública, carácter que tiene el "demandado, de tomar las medidas necesarias y "dictar las disposiciones conducentes para "preparar y asegurar la adecuada y oportuna "operación del nuevo sistema monetario, con las "excepciones que el propio ordenamiento invocado "les señala, que literalmente expresa, con la debida "salvaguarda de los intereses del público, concluye "dicho ordenamiento que al tomar las medidas y "dictar las disposiciones conducentes las "dependencias y entidades deberán contar con la "opinión del Banco de México. Acto o hipótesis "normativa que el demandado no satisface ya que "omitió exhibir la opinión del Banco de México. "Independiente de la violación formal a la norma, se "encuadra al caso concreto la violación material, ya "que se lesionan lo intereses del público ahorrador "en el fondo de vivienda que administra el Infonavit "al entrar en vigor el Decreto referido, porque le "quitan tres dígitos a sus cantidades ahorradas, y "no establece el administrador de ese fondo cuáles "serán las medidas conducentes que deberán "proteger los recursos de los trabajadores que "únicamente administra y que, en sentido estricto, "viola lo dispuesto en el artículo 123 de la "Constitución ya que al retirarle tres dígitos a sus "ahorros y al dejar de proporcionarle el instituto "demandado al trabajador un valor de referencia "que no puede ser inferior a la mínima protección "constitucional concluimos que el Decreto en "comento, en perjuicio de los actores, viola los "valores mínimos de protección al ahorro del fondo "de vivienda que aportó durante su relación laboral, "la cual en ningún sentido puede ser inferior a la "que en términos porcentuales aportó en relación "al salario mínimo vigente.--- Para mejor proveer "hacemos un análisis literal de las violaciones "constitucionales invocadas, precisando las "definiciones que el artículo 123 constitucional "hace del salario mínimo.--- En la fracción VI, dice: "(transcribe).--- Artículo 123, constitucional, "fracción VIII: (transcribe).--- Artículo 123, "constitucional, fracción XII: (transcribe).--- En "consecuencia podemos concluir que en perjuicio "del trabajador el laudo incongruente e infundado "es (sic) además convalida la violación "constitucional que el Decreto Modificatorio de la "Ley Monetaria referido hiciera al artículo 123 "constitucional ya que no le obliga expresamente al "Infonavit a actualizar los fondos de ahorro en "términos de salarios mínimos, que son la unidad "de medida con la cual los trabajadores y patrones "estuvieron aportando al fondo de vivienda y que al "dictar la resolución actualizó la violación "constitucional en perjuicio de los quejosos, que "necesariamente debe de repararse en este juicio "de protección constitucional ya que, en forma "notoria y evidente el laudo combatido acusa de "incongruencia al dejar de estudiar las "circunstancias particulares y especiales del caso y "con ello deja de fundar y motivar su resolución en "perjuicio de los quejosos (fojas 14 a 20 del expediente de amparo).
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