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SOLUCIONES JURÍDICAS ACTUALES EN RELACIÓN A LA PIRATERÍA Y OTROS DELITOS GRAVES EN LA MAR

Por Agustín Corrales Elizondo


Magistrado del Tribunal Supremo
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA PIRATERÍA COMO DELITO TIPO EN LA MAR.- A.- Orígenes. B.- La piratería como delito. Evolución y desarrollo: a) La regulación hasta el siglo XVII.- b) La situación en la América hispana y en el Caribe.- c) La evolución desde el siglo XVIII. C.- El delito de piratería en la época de la codificación: La legislación española y sus fases. D.- La perspectiva iusinternacionalista.- La Conferencia del Mar de 1982 y el Código Penal vigente. E.- La piratería marítima en nuestros días. OTRAS FORMAS DE DELINCUENCIA EN EL SIGLO XXI: EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y DE ARMAS Y EXPLOSIVOS; EL TRÁFICO HUMANO Y EN CONCRETO LA EMIGRACIÓN ILEGAL.- LA NAVEGACIÓN MERCANTE Y DE CRUCERO. NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN: ACTUACIÓN DE LA IMO: NORMAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD MARÍTIMA.- LA POSIBILIDAD DEL DENOMINADO TERRORISMO NAVAL. CONSECUENCIAS DEL 11-S.- PREVENCIÓN Y PLANES DE SEGURIDAD EN BUQUES, PUERTOS Y TERMINALES DE TRÁFICO DE PASAJEROS.- INSUFICIENCIA NORMATIVA ESPAÑOLA.- REFERENCIA A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA ARMADA: NORMAS APLICABLES Y RECOMENDACIONES DEL MANUAL DE DERECHO MARÍTIMO PARA COMANDANTES DE BUQUES.- CONCLUSIONES.- BIBLIOGRAFÍA.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA PIRATERÍA COMO DELITO TIPO EN LA MAR.
Hemos dicho en otro lugar1que la piratería era, es y será siempre (hoy perviven formas de ella) un delito perseguible desde el derecho interno, aunque en ocasiones no existan tipos específicos y la calificación de las acciones antijurídicas piratas haya de verificarse por la vía genérica de incardinar las conductas en los tipos básicos de los delitos contra las personas o contra la propiedad. Actualmente, en el derecho español, por imperativo de las necesidades jurídicas presentes, es la piratería aérea la que acapara la legislación especial del derecho interno (Ley de Navegación Aérea, de 24.12.1960, arts. 39 y 40), sin perjuicio de lo que luego comentaremos sobre la jurisdicción penal universal, como principio básico de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al margen, también, de la denominada piratería informática y de otras formas de criminalidad organizada a las que, en ocasiones, se les aplica la denominación.
España padeció singularmente la actividad pirata; fue mas siempre – y eso debería ser timbre de gloria – potencia que padeció, pero no ejercitó la piratería. La definición de este delito puede considerarse vigente a lo largo de la historia, aunque cabe utilizar la que se ha venido manteniendo desde el reconocimiento de los Estados nacionales, conforme a la cual, constituyen piratería “los actos de depredación y violencia contra las personas realizados, en el mar o desde él, por individuos de la dotación de un buque, que se han colocado fuera de la jurisdicción de todo Estado perteneciente a la comunidad internacional y la emplean, indistintamente, contra súbditos de uno u otro país, sin tener comisión alguna legítima de guerra”2.
A.- Orígenes.-

Cabría preguntarse cuándo surgió la piratería. Quizás sea tan antigua como el marino, por lo menos desde que se contó con embarcaciones de cierta entidad. Se sabe que en Grecia comenzó no con actos de agresión o barbarie hacia las personas, sino con el apoderamiento de cosas, tales como el ganado de las islas que luego recorrería Odiseo, el cual muchas veces procede, precisamente, como un verdadero pirata cuyas hazañas él mismo cuenta3. Posteriormente Pompeyo y César fueron terminando con los merodeadores del Mar Mediterráneo, volviendo así libres a las rutas marítimas otra vez. Hay que esperar a la época de las Cruzadas, que es cuando se produce el renacimiento naval veneciano y bizantino, para que vuelva a hablarse de estos diestros, osados e implacables nautas, provenientes entonces fundamentalmente de Normandía y Berbería. Los escandinavos eran también gente de mar; vivían en tierras en gran parte insulares, donde las comunicaciones se hacían sobre todo por vía marítima. Pero, contrariamente a lo que era habitual entre los griegos, no temían navegar fuera de la vista de la costa, y así se lanzaron atrevidamente a través del inmenso océano y llegaron a América del Norte, según parece cinco siglos antes de que Colón desembarcara. Sus correrías han motivado innumerables y amenas crónicas. Mas no solo invadían zonas isleñas y costeras; remontaban los ríos y procuraban refugio y sustento dondequiera lo hallaran. París, por ejemplo, conoció sus ataques en algún momento del siglo noveno. Las sagas se han encargado de embellecer las hazañas piratescas de estos rudos personajes, que fueron extendiendo su escenario hasta llegar al Mediterráneo; atacaron España, Sicilia, Calabria; uniéndose a los primeros berberiscos, aterrorizaron a poblaciones enteras. Y tenían por costumbre sus "drakkars" y "snekkars" llevar un poeta a bordo, para relatar las hazañas que iban cumpliendo. Eran los "reyes del mar", como lo dice su nombre, "vikingos". Más adelante comienzan a hacerse famosos nombres individuales, como Guinimer, el llamado "archipirata" por Godofredo de Bouillon, célebre cruzado.4

Con el paso del tiempo (siglos XIV y XV) se van perfeccionando los buques, que adquieren más porte, capacidad y seguridad. Las técnicas bélicas cambian también; la popularización de la pólvora trae consigo nuevos armamentos y nuevas formas de combatir.5 El transporte del oro de América fue otro incentivo para los piratas, que costó muy caro a las autoridades españolas, las cuales debían repeler los ataques piratas no sólo en el mar sino en las localidades fortificadas de la costa americana, cuyas ciudades eran saqueadas una y otra vez, a sangre y fuego. Se da entonces un auge universal de la piratería6; se destacan no sólo los más típicos y conocidos capitanes del Caribe cuyos nombres aún suenan; también en el Mediterráneo actúan con renovado vigor los berberiscos, lo cual coincide con la detención del poderío naval turco.

Mientras el siglo XVI representa para la piratería americana una época heroica (un puñado de hombres solos y libres enfrentados al mundo) y el siglo XVII su edad dorada (cuando recibieron el apoyo de las potencias europeas) el siglo XVIII es el de su leyenda: Conseguidos sus propósitos, Inglaterra y Francia retiran su apoyo a los piratas, cierran sus asentamientos o los reconvierten en pacíficas colonias, les obligan a cambiar su forma de vida o a perecer. Las grandes acciones conjuntas de los piratas no vuelven a repetirse. Y, sin embargo, es en este siglo dónde aparecen las grandes individualidades de la piratería: Avery, Roberts, Lafitte, Barbanegra... hombres que harán honor a la traducción latina de su nombre: ladrones de mar.

El marco de sus operaciones no es ya el Caribe (poco seguro para los piratas desde la Paz de Utrech) sino las colonias inglesas de América del Norte. Los piratas se convierten en contrabandistas, burlando el monopolio inglés, o se hacen de nuevo corsarios, con patentes de corso expedidas por los propios gobernadores americanos.7

B.- La piratería como delito. Evolución y desarrollo:

a) La regulación hasta el siglo XVII

Jurídicamente la piratería ha de configurarse como una modalidad de lo que hoy se denomina protección penal de la Comunidad internacional, por cuanto es un delito de los que pudiera ser encajado entre los “contra el Derecho de gentes” o contra los intereses internacionales o supranacionales, cuya persecución interesa, en principio a todos, para salvaguardar el principio de libertad de los mares y el bien jurídico de la seguridad en la navegación. Esto explica que se ha regulado en el derecho interno, pero también, desde el origen del denominado Derecho Internacional, a través de la denominada Escuela española del Derecho Natural de Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, etc., como derecho a protegerse de la misma los países previos convenios de tal carácter internacional.

Sin embargo, con carácter previo al advenimiento de los Estados nacionales, se dieron regulaciones y usos de cada país y, en España, prácticamente con las mismas fuentes normativas del corso, ya tratadas.

Hasta la Codificación del siglo XIX, en el denominado Derecho Penal del Antiguo Régimen, de las Monarquías Absolutas, la caracterización es la aplicación de penas muy graves provocando la intimación. Era lógico que en un delito tan grave como la piratería se aplicasen algunas de las penas mas crueles de la época en la que se ejecutaba la pena capital mediante hoguera, saetas, rueda, degollación o descuartizamiento; así como las corporales de azotes, marca o mutilación. Todo ello se mantendrá hasta el reformismo de la época de la Ilustración, del que en España tenemos en la materia varias pragmáticas inspiradas en el espíritu humanitario y utilitarista, tendiéndose a la desaparición de las distintas formas de tormento.



b) La situación en la América hispana y en el Caribe.

Desde el principio, los reyes de Castilla establecen para las Indias la más absoluta prohibición en materia comercial y de inmigración, así como numerosas restricciones a cualquier tipo de contacto con extranjeros, más aún si eran declarados enemigos del cristianismo. Los mecanismos de control y exclusividad sobre los territorios recién conquistados lo fundamentan en el famoso principio del Mare Clausum (mar cerrado). Frente a esta tesis, la teoría del Mare liberum8 condujo a facilitar lo que se convirtió en pillaje de las riquezas acopiadas por España, sobre todo desde el final de la segunda década del siglo XVI, con los traslados de los grandes tesoros mexicanos a Castilla, interceptados por piratas franceses. La Casa de Contratación, ante las incursiones de piratas en el Caribe, puso en práctica mecanismos para defender los cargamentos que partían hacia y desde las Indias, con el aseguramiento de los periplos navieros y la información a las autoridades con anticipación del arribo de flotas mediante el denominado “navío de aviso”, embarcación de poco tonelaje y desplazamiento rápido que, como su nombre indica, alertaba de las expediciones.

Se ha dicho que las dos Españas – entendidas como las de las dos orillas del Atlántico – constituyen una unidad cerrada desde el punto de vista jurídico, patrimonio exclusivo de los reyes de Castilla, si bien ni siquiera en los momentos de mayor presión institucional sobre el Nuevo mundo – en los reinados de Felipe II y Carlos III – las Indias obedecían – tal vez no era posible – la totalidad de las directrices y, de cualquier forma, eran interpretadas desde cada punto de vista “indiano”. La distancia, la dispersión territorial, la diversidad económica y humana, las distintas bases culturales, usos y costumbres y, sobre todo, la diversa personalidad de los administradores en cada rincón de aquella parte del Imperio, hacen imposible la homogeneidad.

Mas, siendo patente que el gobierno de cada territorio había de adoptar formas autonómicas, no se dudaba en tiempos de Felipe II de la tutela de la Corona. El panorama se alteró con la fundación de Jamestown (1607) en Virginia y de Québec (1608) en el Valle de San Lorenzo de la actual Canadá, los iniciáticos comienzos de los asentamientos inglés y francés. Va a inaugurarse la apertura de frentes antes inexistentes y con intereses económicos contrapuestos, mucho más porque estas colonizaciones obedecen mas a la mas egoísta iniciativa privada que a la pública. Es la época del nacimiento de la mercantilización: Compañía de Indias Orientales (1602); Banco de Ámsterdam (1621) y las primeras Bolsas de Comercio (Amberes, Lyon o Londres). Aquellas primeras etapas coloniales se desarrollaron luego completándose con los holandeses que fundaron Nueva Holanda junto a la río Hudson y Nueva Amsterdan en la isla de Manhatan, a principios de siglo XVII, que pronto fue arrebatada por los ingleses, en 1638, que la rebautizaron como Nueva York. Otros asentamientos holandeses dieron lugar a correrías de piratas de este origen que pretendieron conquistar Bahía en 1624, defendida por lusos y castellanos; en 1628 asaltan un gran cargamento español en Matanzas (Cuba) y mas adelante también los holandeses fundan colonias pequeñas, más asentamientos mercantiles que expansionistas, en Curaçao, Aruba, Bonaire, San Martín, etc. Igualmente, los ingleses fundaron, tras Jamestown, hasta trece colonias a lo largo de la franja orientan de la costa este norteamericana, núcleo original de EEUU.

De estos asentamientos, sobre todo ingleses, surgieron expediciones piratas, a través de las cuales Inglaterra “trasladó al Nuevo mundo su conflicto bélico con España”9. Es la época dorada de filibusteros, corsarios, piratas y bucaneros, que asolan las costas atlánticas y pacíficas del imperio español en ultramar, devastando sus puertos, abordando y tratando de saquear sus buques y convoys y colapsando o pretendiendo agotar las comunicaciones marítimas con la península. Los ataques de Morgan a Portobelo (1668), Maracaibo (1669), Santa María (1670) y Panamá (1671) fueron hitos depredadores que culminaron en la conquista de Jamaica. Paralelamente, Francia abriría su expansión en Canadá, fundando Villa María (actual Montreal) en 1642. En Lima y El Callao se establecieron, como en otros lugares, fortificaciones y es de suponer que, si hubiere piratas capturados, tras las respectivas escaramuzas o asaltos, la actuación procesal y penal se efectuaría con la dureza propia derivada de la magnitud del daño y los delitos y, si en relación al indio americano las leyes (v.gr. Una Real Cedula de 1697), trataban de equipararlo en derechos (“serán considerados según y como los demás vasallos míos en mis dilatados dominios de la Europa”) también se trasladaría, y aún con mayor energía, el durísimo tratamiento penal de posibles piratas capturados o de sus naves. Desgraciadamente, los historiadores dan mas cuenta de desastres que de capturas, de saqueos de bienes hispanos que de apresamientos de piratas.10

c) La evolución desde el siglo XVIII

La decadencia de la actividad de los piratas, corsarios y bucaneros comienza a fines del siglo XVIII. Sigue entonces en vigencia la trata de negros, y se materializan todas las actitudes que puedan imaginarse acerca del desprecio por la vida y la condición del hombre. Los dominios españoles de las Antillas y América Central, las colonias asiáticas y africanas de las naciones europeas son los escenarios de un gigantesco cúmulo delictual, según ya se veía entonces. De esta época datan algunos de los nombres citados, que han aportado abundante material a los escritores y a los productores cinematográficos, como anotábamos11. En el siglo XIX, los esfuerzos de algunas naciones, particularmente Inglaterra, Francia y Estados Unidos, lograron prácticamente abolir la piratería. Gradualmente, los gobiernos fueron reconociendo que la piratería constituía un delito internacional, e hicieron esfuerzos por desterrarla. Entrado el siglo XX, quedan aún sectores afectados por ella: los mares del sur de la China son su teatro de operaciones como examinaremos más detenidamente. Siguen existiendo mercenarios; también se incluye a algunos buques de guerra entre los corsarios-piratas contemporáneos. Modernamente, la delincuencia internacional ha tomado otros cauces, de raíz sobre todo política: el terrorismo ha inaugurado el secuestro de aeronaves y de buques, planteando un problema que no ha hallado todavía solución. Las facetas trágicas de los hechos actuales, los tremendos avances de la tecnología que los hacen posibles como hasta hace poco no se hubieran imaginado, llenan de angustia el espíritu. Los tiempos de la piratería clásica, que vemos ahora desde lejos, han quedado, sin duda, atrás; su realidad luctuosa queda en la bruma; recordamos más bien lo heroico, lo pintoresco, lo atrevido de la aventura: en una palabra, ya no navegan los majestuosos galeones trayendo el oro de las Indias, ya no están Morgan o el Corsario Negro, rodeados de su romántica aureola, al acecho de su presa o a la espera de su venganza.



C.- El delito de piratería en la época de la codificación: La legislación española y sus fases.

Desde 1822, de forma irregular conforme a las sucesivas y gratificantes entradas de las corrientes constitucionalistas y liberales, que desde 1812 alternan triunfos y fracasos, el fenómeno codificador se desarrolla en todas las ramas del derecho. Salvo el Código de Comercio de Sainz de Andino, en 1829, los primeros textos codificados son penales, en esencia por ser la materia en que mas primordiales son las regulaciones de las garantías de la persona. Y así surgen los Códigos Penales de 1822, 1848, con la reforma de 1850, 1870 y, ya en el siglo XX, 1928, 1932, 1944, 1963 (texto revisado), 1973 y 1995 (con todas sus reformas posteriores). Pues bien, no en todos ellos se tipifica la piratería y cuando se hace es en el seno de los Delitos contra la seguridad exterior del Estado y contra el Derecho de gentes, considerándole delito grave cometido en la mar, desde buques, contra otros buques o contra instalaciones de tierra.

Paralelamente, el delito ha sido también objeto de atención en el Código Penal de la Marina de Guerra de 1888, que incluía la piratería dentro de los Delitos contra la seguridad del Estado, entre los Delitos contra el derecho de gentes, toda vez que su conocimiento estuvo adscrito a la Jurisdicción de Marina cuando se estructuró la organización jurisdiccional en España.

De esta regulación es heredera la contenida en la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante de 22.12.1955 (art. 9) y en el Código de Justicia Militar de 1945 (en adelante, C.J.M), en cuyo art. 6.9 se atribuía a la jurisdicción militar el conocimiento de los delitos de piratería “cualquiera que sea el país a que pertenezcan los acusados”, siguiendo el criterio que había establecido el art. 350 nº 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que atribuía a la Jurisdicción de Marina las causas “por delitos de cualquier clase cometidos... por piratas apresados en alta mar” redacción que, al decir de Rodríguez Devesa12, era sumamente defectuosa en el sentido de que “entendida literalmente podría llevar a la impunidad del pirata que conseguía llegar a tierra firme o a las aguas jurisdiccionales”, lo cual el autor, desde luego, considera absurdo. Pensamos que era una norma mas competencial que sustantiva, por lo que solo precisaba la sumisión de los delitos en alta mar, no porque excluyera de la tipificación delictiva a los delincuentes piratas, aprehendidos en aguas jurisdiccionales o en tierra, sino porque, en estos últimos casos, la competencia va de suyo implícita por los principios generales de territorialidad y mar territorial, mientras que la competencia por hechos en alta mar contra buque pirata, a veces extranjero, hay que configurarla, por exceder de las reglas generales de competencia.

De cualquier forma, el C.J.M. de 1945 citado (art. 9), hoy derogado por el Código Penal Militar de 1985, no planteaba esos problemas en su redacción, al someter a la jurisdicción militar española a los piratas “cualquiera que sea el país de pertenencia”.

En el Código Penal común de 1944, que perdura en el de 1963 y 1973, siguiendo la tradición de Códigos Penales que antes enumerábamos, “se mienta la piratería – como dice Quintano13- sin tratarse de definir su noción y sin mentarse para nada los móviles políticos, ni siquiera los de lucro”. Lo que trasciende como verdadera columna vertebral del delito serán “los actos de violencia, de indeterminada naturaleza comisiva”. La regulación es la de los arts. 138 (tipo base) y 139 (tipo agravado, que contempla agravaciones específicas para actos de piratería que ocasionan muerte, lesiones graves, acciones contra la honestidad y abandono de persona sin medios para salvarse) a los que se asigna la pena de reclusión mayor a muerte, si se trata de piratería contra españoles o súbditos de nación que no se halle en guerra con España y la de reclusión mayor si la acción es contra súbditos no beligerantes de nación que se halle en guerra con España. Las mismas penas se atribuyen en todo caso al Jefe o Patrón pirata. De ello deduce el maestro Quintano14 que “las especies no agravadas, constituidas por el tipo base del art. 138 CP de 1944, han de ser las de robo y violencias no especificadas en el art. 139. Se plantea también el autor, al observar que el propio Código Penal del 44 establecía como circunstancia agravatoria del robo (Art. 506) la concurrencia de asalto a buque o aeronave, que se da un concurso de delitos, que se resolvía por las normas de aplicación del concurso a favor del que otorgase pena mas grave. De cualquier forma, estas formas delictivas, como las del art. 9 de la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, de 22 de Diciembre de 1955, se aplicaban en el seno de la Jurisdicción de Marina.



D.- La perspectiva iusinternacionalista.- La Conferencia del Mar de 1982 y el Código Penal vigente.

En cuanto a la regulación internacional, con carácter previo al Convenio de Ginebra de 1958 sobre el régimen jurídico del alta mar, que dedicó siete artículos a la piratería, proclamando la necesidad evidente de su represión y siendo el antecedente directo de los ocho artículos que le dedica la Convención de Jamaica15, hubo dos proyectos de Convenio para su represión. El primero, elaborado por el profesor japonés Matsuda, en 1926, bajo la iniciativa del Subcomité de expertos de la Sociedad de Naciones, y el segundo, en 1932, redactado por el ilustre jurista norteamericano Joseph Walter Bingham por encargo de la Law School de la Universidad de Harvard. En ambos proyectos se basaron, sin duda, los redactores de la Convención sobre alta mar citada de Ginebra y los de la Conferencia de Montego Bay. A todo ello hay que añadir los criterios de jurisdicción penal universal que van a permitir la persecución por cualquier Estado de este tipo de delitos.


En cualquier caso, el buque pirata, al quedar excluido de toda protección o subordinación jurisdiccional derivada de su pabellón, se encuentra al margen de la teoría de la “ficción de extraterritorialidad”, si bien puede mantener la nacionalidad que se derive de su primer registro marítimo y mercantil. Sin embargo, al ponerse fuera de toda normativa, en lo referente a los actos de depredación, por tales actos sus titulares o tripulantes, según su responsabilidad en el marco del siglo XX, pueden ser juzgados por cualquier país en su condición de delincuentes contra la comunidad internacional, a los que se aplican los principios de jurisdicción penal universal, en la actualidad previstos en nuestro derecho en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85, de 5 de julio16.
En el art. 100 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convenio de Jamaica) de 10 de diciembre de 1982, se establece el deber de todos los Estados de cooperar en la represión de la piratería en la alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de un Estado. También el art. 101 da una definición de piratería en tres apartados, a saber:


  1. “Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de degradación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o aeronave privada y dirigidos:




    1. Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos.




    1. Contra un buque o una aeronave, personas o bienes, que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado.




  1. Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de aeronave pirata.




  1. Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.

Se asimilaran, a los actos cometidos por un buque o aeronave privados, los actos de piratería definidos en el art. 101, perpetrados por un buque de guerra, un buque del Estado o una aeronave del Estado, cuya tripulación se haya amotinado y apoderado del buque o de la aeronave”.


Esta extensa y compleja definición no difiere, al margen de las referencias a las aeronaves, de la histórica y tradicional que antes describíamos y plantea, ya con rotundidad, la no sumisión a un Estado de los buques piratas en alta mar, fuera de aguas jurisdiccionales, así como la posibilidad de persecución internacional17.

En nuestro derecho interno, en la actualidad han desaparecido – teniendo en cuenta el silencio del Código Penal Común de 1995, y del Código Penal Militar de 1985 y considerando la derogación de la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, por la vigente Ley de Puertos y Marina Mercante de 24 de noviembre de 1992 – todas las referencias sustantivas a la piratería como delito a contemplar en nuestro Derecho interno y, sinceramente, aunque ello se explica por la regulación internacional, no compartimos ni comprendemos del todo este silencio que no implica, desde luego, que nuestros Tribunales no puedan conocer y perseguir delitos de piratería, tanto si el sujeto pasivo del delito es súbdito español, como si es extranjero, según los principios de jurisdicción penal universal. Otros delitos de las mismas características, asimismo contemplados en el art. 23 de la L.O.P.J. de 1985, también pueden ser perseguidos por esa vía (genocidio, terrorismo, falsificación de moneda extranjera, relativos a la prostitución y tráfico de drogas, previstos en los apartados a), b), d), e) y f) del art. 23.4 LOPJ y tienen su regulación en nuestro derecho interno, al menos en sus tipos mas representativos. La regulación interna, además, contribuye a refrendar los Convenios internacionales ratificados por España y, en este caso, serviría para haber recogido, en ese punto, la normativa de la Conferencia de Derecho del Mar de Montego Bay, de 1982. O sea, que hemos suprimido para nada. Puede argüirse que ya no hay piratas, pero no es cierto. Cosa distinta es que actúen de distinto modo. Sin embargo, al margen de posibles valoraciones políticas, no esta tan lejos la captura del buque portugués “Santa María”, en 1961, la del venezolano “Anzoátegui”, en 1963 y la del “Achille Lauro”, en 1985 y otros muchos, a alguno de los cuales nos referiremos en el siguiente epígrafe. Cierto que es relativamente habitual en nuestros días la actuación de Jueces de nuestra Audiencia Nacional aplicando los expresados principios de jurisdicción penal universal, pero en nada perjudicaría, en un país con profundos intereses marítimos, que mantuviésemos una regulación actualizada de la piratería.


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