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ESTADOS UNIDOS Y LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA : LOS TRÁGICOS EQUÍVOCOS DE UNA FUMIGACIÓN FUTIL

Por JUAN GABRIEL TOKATLIAN*




A modo de introducción

¿Sobre qué base se apoya la política de Estados Unidos a favor de la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia? La fumigación con herbicidas responde a una racionalidad sustentada en cinco presupuestos:




  1. Se asume un vínculo entre la demanda y la oferta en el que implícitamente se rechaza la noción de que la demanda genera la oferta. Por lo tanto, se piensa necesario situar el acento de la represión en los polos de cultivo, producción, procesamiento, transporte y tráfico de narcóticos más que en los epicentros de consumo y en los espacios de mayor ganancia para la empresa transnacional ilegal de los narcóticos1.

  2. Se asume que las estrategias punitivas diseñadas y aplicadas por los Estados en los que se da la demanda y en aquellos donde se produce la oferta, son pertinentes para atacar el fenómeno de las drogas ilícitas a pesar de que éste surge y evoluciona en el ámbito no estatal; como expresión mercantil de un negocio ilegal altamente lucrativo en manos de grupos poderosos de la sociedad (mafias, criminalidad organizada, etc.).

  3. Se asume que un tratamiento fuertemente represivo en los centros de provisión de drogas es más efectivo en términos de resultados (metas, logros, etc.) y de recursos (asistencia, presupuesto, etc.). Esto implica que en el balance costo-beneficio para Washington es más ventajoso concentrar los esfuerzos antinarcóticos en los núcleos de oferta.

  4. Se asume que para los países consumidores los efectos de una mayor y mejor erradicación de cultivos ilícitos, como uno de los pilares esenciales de la lucha antidrogas en los epicentros de oferta, serían de tres tipos: menor disponibilidad de sustancias psicoactivas, mayor precio de las mismas para los que las usan y menos potencial de pureza; todo lo cual reduciría el consumo. (Como consecuencia de este triple efecto, se supone, a su vez, que la criminalidad urbana ligada al asunto de las drogas descendería).

  5. Se asume que para los países productores los efectos de una mayor y mejor erradicación de cultivos ilícitos serían varios. Entre otros, se contemplan: la reducción del precio del cultivo ilícito en las zonas de producción, la disminución del poder de los traficantes, la contención de la violencia generada por el narcotráfico sobre los sectores más vulnerables de la población ligados a esos cultivos, y el decrecimiento de la degradación ambiental generada por los plantíos ilegales en áreas frágiles y valiosas.

Con base en estos supuestos, resulta entonces fundamental hacer un recorrido histórico que describa y explique la política de fumigación que ha impuesto Estados Unidos a Colombia como parte de la narcodiplomacia que ha caracterizado las relaciones entre los dos países en los últimos cinco lustros.



La fumigación inaugural

Sin duda, la fumigación ha sido uno de los temas más controvertidos en el proceso de erradicar cultivos ilícitos en Colombia2. La toxicidad de los herbicidas utilizados y la importancia que adquirió en la estrategia internacional de Estados Unidos contra las drogas, hicieron de éste un tema esencialmente polémico. Durante el gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Washington comenzó a presionar en forma reiterada para que Bogotá utilizara químicos en la erradicación de los cultivos de marihuana, particularmente en la Guajira3.


Ya en 1978, Colombia se había convertido en el primer productor y exportador de marihuana a Estados Unidos. De las aproximadamente 10.000 toneladas introducidas a ese país, entre el 60% el 65% provenía de los traficantes colombianos. Para la época se calculaba que en Colombia había 25.000 a 30.000 hectáreas cultivadas de marihuana4.
Durante la administración del Presidente Jimmy Carter (1976-1980), la interdicción y la erradicación eran las dos piezas claves de la política internacional antinarcóticos de Estados Unidos. El freno al contrabando de drogas tenía la dimensión de problema fronterizo: evitar su ingreso a territorio estadounidense y comprometer a los países productores y a aquéllos utilizados como punto de tránsito en la tarea de mejorar los sistemas de control y represión de la salida de narcóticos. Desde los setenta, el esfuerzo por erradicar manualmente las plantaciones de marihuana ya no era percibido en Washington como suficiente y positivo. La Casa Blanca y el Congreso comenzaron a coincidir en la necesidad de utilizar herbicidas para terminar con los cultivos tanto de marihuana (en particular en Colombia) como de opio (en particular en Turquía).
En Latinoamérica, la erradicación con herbicidas se dio en México y en Jamaica. A mediados de los años setenta, la "Operación Cóndor" en México, buscó la destrucción de las plantaciones de marihuana y fue presentada como un éxito resonante en la lucha contra las drogas. Los resultados iniciales parecieron muy alentadores: se redujo el área cultivada, disminuyeron las exportaciones de marihuana a Estados Unidos y se interrumpieron temporalmente los canales de acceso a ese mercado. A finales de la década, la proporción de la oferta de marihuana mexicana a Estados Unidos se había disminuido al 10% (aunque a mediados de los ochenta volvió a representar el 35%). Un factor que ayudó a la caída de las importaciones de marihuana mexicana hacia Estados Unidos fue el rechazo del consumidor estadounidense por la marihuana rociada con paraquat y el ascenso de la producción marihuanera en Estados Unidos con una variedad más potente y menos peligrosa5.
La "exitosa" experiencia mexicana y la de la "Operación Bucanero" en Jamaica motivaron a Estados Unidos a persuadir a Colombia para seguir la misma táctica para acabar con la producción nacional de marihuana. Todo parece indicar que Washington le propuso al gobierno de Turbay la idea de emprender un programa de erradicación con herbicidas en Colombia, pero éste prefirió lanzar una ofensiva militar contra la producción y el contrabando de marihuana mediante el despliegue de la "Operación Fulminante" contra el negocio de los narcóticos en la Guajira. Esta decisión emanó de la presidencia y tuvo el estrecho apoyo del Ministro de Defensa, General Luis Carlos Camacho Leyva, y la influencia de las autoridades estadounidenses, que esperaban resultados eficaces mediante la participación militar en la ofensiva contra las drogas. Así, a partir de octubre (cuando se anuncia) y noviembre (cuando se comienza) de 1978, y mediante el decreto 2144, aproximadamente 10.000 soldados de la Segunda Brigada son destinados a un gran operativo con el fin de acabar con la producción y el tráfico de marihuana en la costa Atlántica colombiana.
Con esta Operación no se cuestionaba el ánimo de colaboración con Washington en la lucha antinarcóticos ya que se adoptaba un mecanismo aún más contundente que la erradicación química: se comprometía a los militares en el combate contra la marihuana. Se transaba la erradicación, que no contaba con mucho respaldo de algunos sectores del Estado y de la opinión pública, por la militarización que gozaba, al menos, de cierto consenso en el ejecutivo colombiano. El debate suscitado en el seno de la sociedad estadounidense por el uso del paraquat y la polémica en torno al costo de su utilización, contribuyeron a que Washington aceptara, transitoriamente, la táctica escogida por Bogotá. Finalmente, hacia 1979 1980 aún estaba en vigencia la Enmienda Percy que prohibía el uso de recursos federales para aplicar en el extranjero herbicidas prohibidos domésticamente.
Sin embargo, ni en el ejecutivo, ni en algunos sectores del legislativo de Estados Unidos se abandonó la exigencia de que Colombia asumiera medidas más drásticas para destruir la marihuana, es decir; para erradicar con defoliantes. En medio de la "Operación Fulminante", los gestos para comprometer al gobierno colombiano con un plan para erradicar químicamente la marihuana fueron más sutiles. El Embajador de Estados Unidos en Bogotá, Diego Asencio, reiteraba, en público y en privado, que el país recibiría más asistencia de Estados Unidos en su campaña contra las drogas si optaba por fumigar. El Subcomité de Relaciones Hemisféricas de la Cámara de Representantes en Washington aprobó en marzo de 1979 una enmienda para aumentar la ayuda económica a Colombia para combatir el tráfico de drogas. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Guillermo González Charry, viajó a México en junio de 1979 con el fin de conocer los resultados de las tareas de erradicación de cultivos de marihuana con paraquat en ese país.
Al mismo tiempo, en abril de 1979, visitaban Colombia seis congresistas estadounidenses--tres de ellos del Comité de Abuso y Control de Narcóticos. Según el informe producido por los legisladores, sus conversaciones con el mandatario colombiano acerca de la erradicación química no avanzaron positivamente. El presidente Turbay se mostró renuente a comenzar un programa de fumigación con herbicidas por la controversia internacional alrededor del paraquat y por las preocupaciones ecológicas internas. No obstante, a pesar de esta posición, los miembros del comité insistieron en sus recomendaciones en que debía desarrollarse un "programa efectivo de erradicación" (lo cual suponía claramente el uso de productos químicos) en territorio colombiano6.
De alguna manera Bogotá buscó una salida técnica para evitar un problema político con Washington. En efecto, luego del viaje del Procurador a México, el gobierno reunió una comisión de científicos para estudiar y evaluar la utilización de fumigación con herbicidas para atacar la producción de marihuana. Esta comisión se opuso a la erradicación con químicos. De allí la decisión pasó al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) creado por el Decreto 1188 de 1974. Este ente, adscrito al Ministerio de Justicia, contaba con representación de ese ministerio, además de los de Salud y Educación, de la Procuraduría General de la Nación, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la Dirección Nacional de Policía, de la Dirección de Aduanas y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La amplia composición del CNE y su papel relativamente importante en el proceso de adopción de decisiones en materia de drogas ilícitas, le otorgaban una voz singularmente relevante en ciertos aspectos de la política antinarcóticos. Siguiendo las conclusiones presentadas por los expertos, el Consejo determinó no aplicar el procedimiento de erradicación de cultivos con herbicidas, aunque se habían efectuado ensayos experimentales con paraquat en la Sierra Nevada de Santa Marta con participación del ejército7.

En resumen, el gobierno colombiano se rehusaba a poner en marcha un programa masivo de erradicación con paraquat, pese a la insistencia de la administración del presidente Carter. Aunque en 1981 el legislativo estadounidense derogó la Enmienda Percy y las presiones del gobierno del Presidente Ronald Reagan (1980-1988) en materia de fumigación química aumentaron, Colombia no cambió su conducta. El ejecutivo colombiano tenía muchos elementos a su favor para probar su "mano dura" contra las drogas y demostrar su estrecha colaboración con Washington en varios aspectos de la lucha antinarcóticos: para 1981 ya se habían firmado con Estados Unidos los Tratados de Extradición (1979) y de Asistencia Legal Mutua (1980).

A su vez, Colombia poseía y usaba argumentos científico-técnicos para rechazar la alternativa de la erradicación. Por el momento se dejaba de lado esta táctica en la estrategia contra las drogas, sin que ello agrietara sensiblemente las relaciones entre Bogotá y Washington.

Finalmente, a comienzos de los ochenta, Bogotá aún poseía cierto margen de maniobra en algunos aspectos de la lucha contra las drogas. La imagen externa del país aún no estaba totalmente narcotizada y Colombia era percibida en medio de la Guerra Fría como una aliada firme de Washington por su postura fuertemente anticomunista.




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