Primera y segunda instancia sobre homicidio culposo, en el expediente



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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE HOMICIDIO CULPOSO, EN EL EXPEDIENTE N° 00189-2010-0-0909-JM-PE-01, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE – LIMA. 2015

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTORA

MARIA ELISA RAMOS FLORES

ASESOR

Abogado. JORGE VALLADARES RUIZ

LIMA – PERÚ

2015

CONTENIDO

Pág.

1. PLANEAMIENTO DE LA TESIS…………………………………………….1-9

1.1. Planteamiento del problema ….1

1.1.1. Caracterización del problema .1-6

1.1.2. Enunciado del problema ….6

1.2. Objetivos de la investigación…………………………………………………..7-8

1.3. Justificación de la investigación .8-9



2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL……………………………………9-97

2.1. ANTECEDENTES…………………………………………………………...9-10

2.2. MARCO TEÓRICO……………………………………………………………10

2.2.1. DESARROLLO DE INSTITUCIONES JURÍDICA

PROCESALES RELACIONADAS CON LAS SENTENCIAS EN ESTUDIO…..10

2.2.1.1. EL DERECHO PENAL Y EL EJERCICIO DEL IUS PUNIENDI…….10-12

2.2.1.2. PRINCIPIOS APLICABLES A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

EN MATERIA PENAL………………………………………………………….12-30

2.2.1.2.1. Principio de legalidad…………………………………………………14-15

2.2.1.2.2. Principio de presunción de inocencia…………………………………15-19

2.2.1.2.3. Principio de debido proceso…………………………………………..19-21

2.2.1.2.4. Principio de motivación……………………………………………….21-22

2.2.1.2.5. Principio del derecho a la prueba……………………………………..23-24

2.2.1.2.6. Principio de lesividad…………………………………………………24-26

2.2.1.2.7. Principio de culpabilidad penal……………………………………….26-27

2.2.1.2.8. Principio acusatorio…………………………………………………...28-29

2.2.1.2.9. Principio de correlación entre acusación y sentencia…………………29-30

2.2.1.3. EL PROCESO PENAL…………………………………………………30-40

2.2.1.3.1. Definiciones…………………………………………………………...30-31

2.2.1.3.2. Clases de Proceso Penal………………………………………………31-32

2.2.1.3.3. El Proceso Penal Sumario……………………………………………..32-40

2.2.1.4. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL……………………………...40-53

2.2.1.4.1. Conceptos……………………………………………………………..40-41

2.2.1.4.2. El objeto de la prueba…………………………………………………….42

2.2.1.4.3. La valoración de la prueba…………………………………………….42-43

2.2.1.4.4. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio……………….44-53

2.2.1.5. LA SENTENCIA ……………………………………………………….54-84

2.2.1.5.1. Definiciones………………………………………………………………54

2.2.1.5.2. Estructura……………………………………………………………...54-56

2.2.1.5.2.1. Contenido de la Sentencia de primera instancia…………………….56-80

2.2.1.5.2.2. Contenido de la Sentencia de segunda instancia……………………80-84

2.2.1.6. LAS MEDIOS IMPUGNATORIOS……………………………………85-88

2.2.1.6.1. Definición………………………………………………………………...85

2.2.1.6.2. Fundamentos de los medios impugnatorios…………………………...85-86

2.2.1.6.3. Clases de medios impugnatorios en el proceso penal…………………86-88

2.2.1.6.4. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio……….88



2.2.2. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Sustantivas relacionadas con las sentencias en estudio……………………………………………………………88-89

2.2.2.1. Instituciones jurídicas previas, para abordar el delito investigado en el proceso judicial en estudio………………………………………………………88-89

2.2.2.1.1. La teoría del delito…………………………………………………….89-90

2.2.2.1.2. Componentes de la Teoría del Delito………………………………….….90

2.2.2.1.3. Consecuencias jurídicas del delito…………………………………….90-92

2.2.2.2. Del delito investigado en el proceso penal en estudio……………………...92

2.2.2.2.1. Identificación del delito investigado……………………………………...92

2.2.2.2.2. Ubicación del delito de homicidio culposo en el Código Penal………….92

2.2.2.2.3. El delito de homicidio culposo…………………………………………...92

2.2.2.2.3.1. Regulación…………………………………………………………..92-93

2.2.2.2.3.2. Tipicidad………………………………………………………………..93

2.2.2.2.3.2.1. Elementos de la tipicidad objetiva………………………………...93-96

2.2.2.2.3.2.2. Elementos de la tipicidad subjetiva…………………………………...96

2.2.2.2.3.3. Antijuricidad……………………………………………………………96

2.2.2.2.3.4. Culpabilidad…………………………………………………………….97

2.2.2.2.3.5. Grados de desarrollo del delito…………………………………………97

2.2.2.2.3.6. La pena en el homicidio culposo……………………………………….97

2.3. MARCO CONCEPTUAL 98-103

3. METODOLOGÍA…………………………………………………………103-108

3.1. Tipo y nivel de la investigación…………………………………………..103-104

3.2. Diseño de investigación…………………………………………………..104-105

3.3. Objeto de estudio y variable de estudio……………………………………….105

3.4. Fuente de recolección de datos………………………………………………..105

3.5. Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis de datos………105-106

3.6. Consideraciones éticas………………………………………………………...107

3.7. Rigor científico: Confidencialidad – Credibilidad……………………….107-108



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………..109-111

ANEXOS

Anexo 1. Cuadro de Operacionalización de la variable

Anexo 2. Cuadro descriptivo de recolección, organización, calificación de datos y determinación de la variable

Anexo 3. Declaración de Compromiso Ético

Anexo 4. Sentencias en Word de las sentencias de primera y segunda instancia.

1. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

El principio de igualdad ante la ley es considerado como un derecho fundamental de la persona y su reconocimiento normativo es tanto nacional como internacional. Parte del principio genérico de la igualdad de las personas y la subsecuente prohibición de la discriminación. Los principales instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos contienen una larga enumeración de criterios de no discriminación y en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial se define a la discriminación como “Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia (...) que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales.(O’Donnell 1989, p. 373).

En el ámbito internacional se observó:

Guzmán (1985) señala que, en la década de los 80, la gran mayoría de los países latinoamericanos, después de haber estado sometidos durante períodos variables a regímenes autoritarios -generalmente militares-, han conocido un importante proceso de democratización. Asimismo se está dando en América Latina un proceso de modernización destinado a enfrentar los desafíos de los años 2000, en especial mediante la promoción de economías más dinámicas y competitivas. En estos procesos de democratización y de reformas económicas, el Derecho y la administración de justicia son factores de suma importancia. Sin embargo, la bibliografía sobre la organización, funcionamiento y problemas de dicho sistema es escasa.

En la misma prespectiva y en un intento más orientativo y selectivo, que exhaustivo, pero en cualquier caso amplio de bibliografía, dividido en obras de carácter general, Esto, Dios Antropológicos, obras referidas a países concretos, desde una perspectiva comparativa; estudios sobre la toma de Decisiones Judiciales y estudios sobre Justicia y Política, en Repertorio Bibliográfico sobre Justicia y Tribunales, según señala (Toharia, 1980).

Al mismo tiempo, Dorrego (2009) señala que, Los Tribunales de Justicia españoles se organizan en torno a cuatro grandes áreas temáticas separadas, que se denominan técnicamente “jurisdicciones”: Civil, Penal, Contencioso-administrativa y Social (o laboral). En lo Penal. Es la que tiene generalmente mayor notoriedad y presencia en los medios de comunicación, aunque generalmente es más ajena a la mayoría de los ciudadanos. Su actividad se centra exclusivamente en investigar y Juzgar los delitos. Durante la fase de investigación (llamada técnicamente “instrucción”) los jueces de esta jurisdicción (“jueces de instrucción”) pueden adoptar graves medidas cautelares como la prisión provisional de las personas, las entradas y registros domiciliarios, intervenciones telefónicas y de comunicaciones, toma de muestras biológicas para la práctica de análisis de ADN, suspensión de actividades de empresas…etc. Concluida la investigación se inicia la de enjuiciamiento en la que estos Tribunales deciden sobre la absolución o condena a penas de prisión, multas, inhabilitaciones…etc. de las personas.

Así también en la misma década, la gran mayoría de los países latinoamericanos, después de haber estado sometidos durante períodos variables a regímenes autoritarios -generalmente militares-, han conocido un importante proceso de democratización. Asimismo se está dando en América Latina un proceso de modernización destinado a enfrentar los desafíos de los años 2000, en especial mediante la promoción de economías más dinámicas y competitivas. En estos procesos de democratización y de reformas económicas, el Derecho y la administración de justicia son factores de suma importancia. Sin embargo, la bibliografía sobre la organización, funcionamiento y problemas de dicho sistema es escasa. La presente publicación constituye una primera aproximación a una problemática que amerita investigaciones más amplias y detalladas. En ella se describen los principales componentes del sistema de justicia vigente en los países de América Latina (enfatizándose en el sistema penal) y se analizan sus problemas más relevantes. (Amaro, 1985.p 3.)

En el Estado Mexicano

Mendieta (2013) señala que en el estado Mexicano, también, a través del Comité Organizador de la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, se elaboró un documento denominado “El Libro Blanco de la Justicia en México”. En éste documento una de las 33 acciones marco para realizar la reforma judicial es “la mejora de la calidad de las sentencias de los órganos de impartición de justicia” (Centro de Investigaciones, Docencia y Economía, 2009) (CDE), del cual se infiere que la calidad de las decisiones judiciales es un rubro fundamental en el tema reforma.



En el ámbito nacional peruano, se observó lo siguiente:

Dentro del tema de los problemas por los que atraviesa la Administración de Justicia en el Perú, es justo mencionar que éste fue siempre un tema que ocupó y preocupó desde hace muchos años a distintos juristas especializados en materia constitucional. Haciendo un poco de memoria, veremos que ésta problemática empezó a ser abordada con mayor realce en las postrimerías de la década del setenta, pudiéndose tener aproximaciones prácticas al arreglo de su realidad o contexto, y esto fue sin lugar a dudas gracias a la existencia de una Comisión de Reforma Judicial establecida al interior de la Corte Suprema de dicha época, lo cual nos sirve de ejemplo a seguir en la actualidad. Cabe mencionar que desde mucho tiempo atrás, la noción que se tenía sobre la verdadera Administración de Justicia era escasa y prácticamente su total funcionamiento provenía de los políticos poderosos, litigantes incautos, letrados en búsqueda del "quien da más" y Jueces parcializados. Ello daba pues un tono esencialmente subjetivo y muy injusto o parcializado a las apreciaciones, lo que permitió descubrir algunos problemas existentes y palpables. Es entonces en la década de los ochenta que la problemática se extendió mucho más y a pesar de la entrada en vigencia de la Constitución de 1979, y de la reforma sustantiva dispuesta por esa Carta Magna, la Administración de Justicia continuó siendo uno de los temas que provocaba mayores protestas por parte de la opinión pública, en cuanto a su manejo. Así las cosas, la lentitud en su actuar, el prevaricato, la elitización de la justicia y la corrupción entre los funcionarios, eran los síntomas más evidentes y muy notorios de la problemática real. A ello se le sumo el surgimiento del fenómeno subversivo y la configuración de nuevas e intrincadas modalidades de corrupción, que contribuyeron a agravar el ya complicado y sombrío panorama; el desenlace es harto conocido: perjudicándola hasta la actualidad, pues hasta hoy se perciben los estragos de ésta, de manera muy lamentable por cierto. Subsisten hasta la actualidad, problemas deshonestos como la importunación de los Poderes Políticos, la falta de independencia, la ausencia de recursos y como ya lo dijimos: la corrupción de Jueces, Vocales y Fiscales. Posiblemente el talón de Aquiles del mal funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro Perú, sea la falta de independencia que ha demostrado a lo largo de la historia y su sometimiento al poder político desde tiempos bastante remotos y hasta la actualidad, lo cual tristemente no es desconocido. Estos males no han sido básicamente eliminados luego del golpe de Estado del 05 de abril del año 1992, aun cuando una de las razones solicitadas para su ejecución fue la caótica situación de la Administración de Justicia y la necesidad de modificar tal panorama, que era quizás el tema de mayor importancia en esa época. En esta fase de reflexión, es preciso hacer un alto debiéndose indicar y dejar en claro que las innovaciones relativas al Poder Judicial tienen por principal objetivo: asegurar su autonomía. Es tanta la dimensión del daño que causa el ejercicio por malos gobiernos de la facultad de nombrar los Jueces, a los Vocales y a los Fiscales, que la previsión más elemental, y muy justificada por la evidencia de los hechos, aconseja medidas más radicales. Teniéndose entonces que poner las barreras más sólidas para impedir a la mala política que se entrometa en el Poder Judicial, el Ministerio Público y viceversa. Recuperado de http://fguerrerochavez.galeon.com/ Biblioteca Jurídica.
En el ámbito local:

Zúñiga (2005) señala que hay que Distinguir que el Poder Judicial tiene dos componentes: el jurisdiccional y el administrativo. El primero debe mantener celosamente la absoluta autonomía en su función jurisdiccional, y el segundo, mantener autonomía administrativa en sus decisiones, integrada por profesionales del Derecho, representantes de los operadores de la administración de justicia y de la sociedad civil, sin función jurisdiccional, únicamente administrativa. Se estima que actualmente en el Perú existen aproximadamente 3,901 juzgados de paz, conocidos también como juzgados de paz no letrados. La mayoría de dichos órganos jurisdiccionales se encuentran ubicados en la Sierra, siendo aproximadamente  2,839 (72,7 %), siguiéndole la región geográfica de la Costa con 562 (14,39 %) y la Selva con 500 (12,9 %). Según algunos autores, al examinar la evolución histórica de la justicia de paz encuentran sus antecedentes más remotos en los Consejos de Ancianos, Curacas y Jefes Guerreros de la épocas pre-inca e inca, respectivamente, pasando por los Cabildos coloniales, hasta incardinarlos con los actuales Jueces de Paz reconocidos en el primer texto político de la Republica de la segunda década del Siglo XIX. De modo que, la justicia sería heredera de una larga tradición popular de resolución de conflictos, basada en la aplicación de la costumbre y la equidad. En cuanto a las características más destacables de la justicia de paz, como fenómeno singular al interior del sistema judicial peruano, se puede mencionar su carácter no formal, su constitución y funcionamiento fuera del Poder Judicial, su naturaleza esencialmente conciliadora, la aplicación de la costumbre para la resolución de conflictos, ser una labor no sujeta a remuneración y no ser ejercida por personas letradas o abogados de profesión sino por miembros de la comunidad. 

De otro lado en el ámbito institucional universitario:

En tal sentido en la carrera profesional de Derecho, ULADECH Católica conforme a los marcos legales, los estudiantes de todas las carreras realizan investigación tomando como referente las líneas de investigación. La misma que se denomina: “Análisis de Sentencias de Procesos Culminados en los Distritos Judiciales del Perú, en Función de la Mejora Continua de la Calidad de las Decisiones Judiciales” (ULADECH, 2015); para el cual los participantes seleccionan y utilizan un expediente judicial. En el presente trabajo será el expediente N° 00189-2010-0-0909-JM-PE-01, perteneciente al Distrito Judicial Lima Norte – Lima, donde la sentencia de primera instancia fue emitida por el Primer Juzgado Penal Transitorio de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, donde el Juez Falla Declarando Improcedente la nulidad planteada por el Tercero Civilmente responsable, y Condena al ciudadano C.S.R.O. DNI N°18197940, por el delito de homicidio culposo en agravio de E.G.T. a cuatro años de pena privativa de la libertad cuya ejecución de la pena se suspende a tres años, debiendo de cumplir las siguientes reglas de conducta: a) Presentarse al local del Juzgado, el último día hábil de cada mes a fin de que registre su firma en el libro respectivo e informar y justificar sus actividades b) No variar de domicilio sin previa información al Juzgado, c) No volver a incurrir en conductas similares al presente proceso; todo ello bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59° del Código Penal en caso de incumplimiento, se impone inhabilitación en lo que se refiere a suspensión de la autorización de cualquier tipo de vehículo por igual tiempo que la pena principal, es decir por cuatro años, conforme lo establece el inciso siete del articulo 36°del Código Penal, modificado por la Ley N° 29439 DEL 19/11/2009 y el pago de una reparación civil de ochenta mil Nuevos Soles, dando lugar a la apelación presentada por la parte imputada , en el extremo de la reparación civil, dando intervención de la segunda sala penal de Reos Libres – Sede Central, en donde se confirma el extremo de la pena privativa de libertad la sentencia recurrida y se reformo el monto reformándola a la suma de veinticinco mil nuevos soles.

Asimismo, en términos de plazos se trata de un proceso penal donde el representante del Ministerio Publico, formalizo la denuncia el ocho de abril del año dos mil diez; la Sentencia de primera Instancia se emitió el veintisiete de junio del año dos mil quince, la apelación se interpuso el dos de julio del año dos mil doce y finalmente la sentencia de la segunda instancia se dictó el día once de abril del año dos mil trece. En síntesis, es un proceso que concluyo luego de tres años una semana y un día respectivamente


Finalmente, de la descripción precedente surgió el siguiente enunciado:

1.1.2. Enunciado del problema

¿Cuál es la calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre homicidio culposo en el expediente N° 00189-2010-0-0909-JM-PE-01, del Distrito Judicial de Lima Norte – Lima. 2015?


Para resolver el problema planteado se traza un objetivo general.

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivo general

¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre homicidio culposo, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 00189-2010-0-0909-JM-PE-01, del Distrito Judicial de Lima Norte – Lima. 2015.

Igualmente para alcanzar el objetivo general se traza objetivos específicos


1.2.2. Objetivos específicos

Respecto a la sentencia de primera instancia


1.2.2.1. Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la introducción y la postura de la partes.
1.2.2.2. Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, del derecho, la pena y la reparación civil.
1.2.2.3. Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión.
Respecto de la sentencia de segunda instancia
1.2.2.4. Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la introducción y la postura de la partes.
1.2.2.5. Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia,
1.2.2.6. Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la calidad de la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión.
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se justifica, porque surge de la observación realizada en el ámbito internacional, nacional y local, una sentencia justa y bien fundamentada, es la culminación necesaria del Debido proceso, significando la concreción de todos los principios sustantivos y de todas las garantías procesales, en una resolución final, plenamente motivada, que aspira resolver con justicia el problema o conflicto jurídico a que se refiere y ser aceptada o por lo menos entendida,  por las partes y por la comunidad en general. Primeramente, debemos recordar, que toda sentencia o resolución final que ponga fin a un proceso, o toda decisión jurídica, debe cumplir dos niveles mínimos de fundamentación o justificación: Uno, denominado Justificación Interna, que trata de ver si la decisión del Juez es lógica, es decir si se corresponde lógicamente con las premisas que se proponen como su sustento, y otro  segundo nivel denominado Justificación Externa, que tiene que ver con la  corrección o fundamentación racional del contenido de las premisas usadas en la justificación interna. entonces podemos decir que se debe pretender que la sentencia se justifique racionalmente ante las partes y ante todo aquél que la escuche o la  lea; esto quiere decir, que sea: comprensible y explicable a partir de su propia estructura lógico formal y de sus fundamentos de hecho y derecho; lo que finalmente significa una adecuada y suficiente motivación de la sentencia, tal como lo exige el Debido Proceso y lo establecen nuestra norma constitucional y los estándares mínimos de derechos fundamentales reconocidos por la mayoría de declaraciones de derechos humanos y pactos internacionales. De allí, la importancia, de tener en claro algunos conceptos teóricos y técnicos esenciales, que nos ayuden a lograr tan preciado objetivo. La justificación, es la motivación jurídica. En términos generales, como sostiene María Cristina Redondo, el acto de justificar puede ser por escrito u oral y está configurado por ".un enunciado que califica dicha acción como debida o permitida" "... justificar una acción consiste en brindar fundamentos generales a un enunciado normativo particular". La explicación tiene un propósito descriptivo, en tanto que la justificación tiene un propósito evaluativo o normativo. (Redondo 1996 p. 87)


El mismo indica que también servirá de escenario para ejercer un derecho de rango constitucional, previsto en el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que establece como un derecho el analizar y criticar las resoluciones judiciales, con las limitaciones de ley.
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