Proceso 118-ai-2003 segundo sumario por incumplimiento de sentencia el tribunal de justicia de la comunidad andina



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA


PROCESO 118-AI-2003
SEGUNDO SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- En San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de junio del año dos mil diez.

VISTOS:

La sentencia de 14 de abril de 2005, emitida dentro del Proceso 118-AI-2003 de este Tribunal, en la que declara “(...) que la República de Colombia ha incurrido en el incumplimiento flagrante, objetivo y continuado de los artículos 72, 73, 76, 77, 91 y 97 del Acuerdo de Cartagena; de la Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena; de las Resoluciones 069, 257 (confirmada por la 292), 258 (confirmada por la 293), 564 (confirmada por la 588), 617, 634 (confirmada por la 660); 704 de la Secretaría General; y, del Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.


El auto de 15 de julio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió dar inicio al correspondiente proceso sumario establecido en los artículos 112 y 113 de su Estatuto, con el fin de verificar el acatamiento de la sentencia emitida dentro del proceso de incumplimiento 118-AI-2003, iniciado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en contra de la República de Colombia.
El auto de 28 de agosto de 2009, mediante el cual este Tribunal decide formular a la República de Colombia el cargo de incumplimiento de la sentencia proferida dentro del Proceso 118-AI-2003, de conformidad con lo establecido por el artículo 114 del Estatuto del Tribunal.
El escrito de 14 de octubre de 2009, de la República de Colombia, mediante el cual señala que el estado fitosanitario del arroz en Colombia se adapta a la normativa andina, ya que “Colombia ejerció legítimamente los instrumentos consagrados por el propio Acuerdo de Cartagena, específicamente la excepción consagrada en el artículo 73 literal d)”, a razón de la presencia del hongo Tilletia horrida.
El auto de 05 de noviembre de 2009, mediante el cual este Tribunal corre traslado del escrito presentado por la República de Colombia a los demás Países Miembros y a la Secretaría General para que en un plazo de diez (10) días hábiles emitan su opinión.
El escrito de la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, presentado personalmente el día 02 de diciembre de 2009, mediante el cual solicita declarar con lugar el segundo sumario de la sentencia de Incumplimiento proferida en el Proceso 118-AI-2003 en contra de la República de Colombia.
El escrito del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú de 03 de diciembre de 2009, mediante el cual “reitera su solicitud para que se determine que dicho país ha incumplido la sentencia recaída en el Proceso 118-AI-2003 (…) el Gobierno de Colombia desde marzo de 2009 suspendió la emisión de autorizaciones de importación de arroz procedente de Perú sin justificación técnica alguna (…)”.
El escrito de la Secretaría General de 04 de diciembre de 2009, a través del cual “el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) puso en conocimiento de la Secretaría General (…) la adopción de medidas para limitar el ingreso de arroz originario de la Subregión debido a la Epizootia de fiebre aftosa existente en el Ecuador (…) y que por ello han declarado los departamentos de la frontera en emergencia. Entre las medidas aplicadas por el ICA se encuentra el no otorgamiento de los permisos sanitarios necesarios para la importación conforme lo dispone la Resolución 240 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, (…) el ICA detectó la presencia de un hongo (Tilletia barclayana) en el arroz paddy procedente de USA y de la Guyana, por lo que indican que fue necesario establecer medidas de emergencia fitosanitaria para evitar la propagación del mismo”.
El auto de 10 de febrero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió: “Primero: Declarar que la República de Colombia no ha demostrado dar cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 14 de abril de 2005, en la causa seguida en el expediente N° 118-AI-2003, y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1206, de 13 de junio de 2005, por lo que persiste en desacato; Segundo: Solicitar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, que emita la opinión a que se refiere el inciso segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, dentro del término único de treinta (30) días contado a partir de la notificación de este auto, a objeto de que este Tribunal determine los límites dentro de los cuales se podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que benefician al País Miembro remiso, de conformidad con lo establecido por el artículo 117 del Estatuto”.
El escrito de 30 de marzo de 2010, mediante el cual la Secretaría General solicita dentro del término legal establecido, “un plazo de veinte (20) días adicionales para que este órgano comunitario pueda remitir la opinión correspondiente”.
El auto de 21 de abril de 2010, mediante el cual este Tribunal decide ampliar el término otorgado y conceder a la Secretaría General de la Comunidad Andina veinte (20) días calendarios adicionales para que emita opinión a la que se refiere el inciso segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal.
El escrito recibido vía fax el 24 de mayo de 2010, mediante el cual la Secretaría General dentro del término legal expresa su opinión conforme al artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal.
Lo previsto en los artículos 27 del Tratado de Creación del Tribunal, 107 y 116 al 119 de su Estatuto.
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría General de la Comunidad Andina, en su comunicación SG-C/5.11/1671/2010 de fecha 24 de mayo de 2010, expresa su opinión conforme al artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal señalando que “la infracción que ha correspondido juzgar al máximo Órgano Jurisdiccional andino, en el presente caso tiene connotaciones de gravedad manifiesta, no sólo por los antecedentes que dieron lugar a la sentencia sino por las circunstancias agravantes de reiteración de una conducta contraria a los objetivos del Acuerdo de Cartagena. (…) Por las razones expuestas, para efectos de determinar los efectos económicos de las medidas materia del presente procedimiento sumario, la Secretaría General no se encuentra en disposición de aportar al Tribunal de Justicia una valoración de los efectos económicos que permita orientar los límites dentro de los cuales ese Órgano Jurisdiccional podría autorizar a los Países Miembros la suspensión de ventajas derivadas del Acuerdo de Cartagena. (…) la Secretaría General considera pertinente poner en consideración del Honorable Tribunal los siguientes criterios: (i) Es razonable que, en el presente caso, la suspensión de ventajas pueda autorizarse en un ámbito limitado de productos que se benefician de las preferencias derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena; (ii) Por razones de transparencia en las transacciones comerciales de la Subregión y generar el menor impacto posible a los objetivos que se persigue a través del Programa de Liberación, la Secretaría General estima que debiera preferirse un recargo ad valorem a otro tipo de medidas, como cuotas o medidas no arancelarias; (iii) El recargo ad valorem debiera, en todo caso, no superar el arancel nacional de importaciones de los Países Miembros que decidan hacer uso de la autorización de suspensión de ventajas, con el fin de no propiciar una desviación de comercio como consecuencia de la decisión que adopte el Tribunal de Justicia; y, (iv) Finalmente, debido a las particulares sensibilidades de cada País Miembro, la elección de los productos a los que se aplicaría la suspensión parcial de ventajas debiera corresponder a los propios Países Miembros”.
Que, conforme lo establece la normativa comunitaria, especialmente el artículo 112 del Estatuto del Tribunal, el procedimiento sumario o de desacato, tiene por finalidad determinar el incumplimiento en que pudiera haber incurrido un País Miembro en la ejecución de una sentencia dictada en su contra en desarrollo de una acción de incumplimiento. En este sentido, el presente procedimiento no discute la legalidad de la sentencia emitida en la acción de incumplimiento, sino sólo tiene por finalidad determinar si el país persiste en su conducta de incumplimiento.
Que, la sentencia de incumplimiento determinó que la República de Colombia había incurrido en incumplimiento de la norma comunitaria al haber aplicado medidas restrictivas al comercio durante más de diez años, toda vez que de inmediato, al perder vigencia ciertas medidas, el Gobierno colombiano las ha renovado o prorrogado, e incluso sustituido por otro tipo de medida similar que aplicaba en cada época de cosecha.
Que, el incumplimiento en el que incurriera la República de Colombia es uno de carácter continuado, por lo que compete a este Tribunal observar no sólo la conducta con la que se inició el incumplimiento, sino aquellas conductas que si bien pueden plasmarse en normas nacionales distintas, persiguen el mismo propósito de restringir el libre comercio intrasubregional.
Que, el artículo 107 del Estatuto del Tribunal establece en su segundo párrafo, respecto de las conductas objeto de incumplimiento, que: “La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera acto u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación”.
Que, de la información presentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en su comunicación SG-C/5.11/1671/2010 de fecha 24 de mayo de 2010, aparece que las medidas aplicadas por la República de Colombia afectaron de manera importante la oferta interna y el aprovisionamiento externo. Asimismo, se observa un incremento en la producción colombiana de arroz y una disminución de las importaciones totales hacia ese país, causando con ello la disminución de las importaciones que provenían de la Comunidad Andina y desplazando las provenientes, especialmente, de la República del Ecuador y de la República del Perú.
Que, la República de Ecuador mediante escrito de 29 de marzo de 2010, concluyó que: “La República de Colombia ha incurrido en un incumplimiento de carácter continuado a lo resuelto por el Tribunal y por la Secretaría General perjudicando constantemente las exportaciones de la República del Ecuador hacia la República de Colombia. Particularmente a partir de abril de 2009 la imposibilidad de importar el arroz ecuatoriano provocó que el gobierno ecuatoriano absorba los excedentes no exportados, gran parte de los cuales aún se encuentran almacenados. Estas acciones han afectado gravemente a los productos y exportadores ecuatorianos, constituyéndose en un elemento adicional que desnivela aún más la balanza comercial con la República de Colombia. El sector arrocero en el Ecuador representa una de las producciones de mayor importancia en la agricultura ecuatoriana; en 2008 significó el 6,64% del total de valor producción ubicándose como el cuarto cultivo más importante después del banano, pollo y leche”.
Que, la República del Perú mediante escrito de 30 de marzo de 2010, concluyó lo siguiente: “En el período 2006-2009, 96,1% de las exportaciones peruanas de arroz tuvieron como destino principal Colombia. La medida restrictiva impuesta por el gobierno de Colombia ha afectado seriamente a las exportaciones peruanas de arroz, deteriorando el dinamismo desarrollado para abastecer dicho mercado. A partir de mayo de 2009, mes en que Colombia deja de expedir licencias fitosanitarias de importación para el arroz, las exportaciones peruanas de arroz sufren una importante caída, de modo que el valor exportado cae en 95% entre enero-abril y mayo-diciembre del 2009. Esta caída en las exportaciones representa una pérdida aproximada de 118,8 mil TM y un valor de US 4 65.5 millones, en los últimos 11 meses. Las medidas restrictivas, asimismo, ha afectado la producción de 24.7 mil hectáreas y alrededor de 25 mil empleos”.
Que, la República de Colombia al no dar cumplimiento a la sentencia del 14 de abril de 2005, ha desconocido normas de carácter obligatorio, lo que constituye una trasgresión al Ordenamiento Jurídico Comunitario, toda vez que lo resquebraja en su esencia misma y lesiona el proceso mismo de integración.
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con el artículo 119 de su Estatuto, este Tribunal “determinará los límites dentro de los cuales el País reclamante o cualquier otro País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País Miembro remiso”.
Que, en tal sentido, el Tribunal puede autorizar las medidas que fueren necesarias para garantizar la cesación inmediata del desacato de la sentencia y de las obligaciones impuestas en ella, a fin de evitar la reincidencia del País Miembro demandado.
Que, en consecuencia, este Tribunal considera adecuado autorizar la suspensión de ventajas en un ámbito limitado de productos que se benefician de las preferencias derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena y, con el fin de asegurar la proporcionalidad y la pertinencia de la sanción, la medida deberá estar dirigida a productos del mismo sector en que se ha producido el incumplimiento.
Que, por lo tanto, se autoriza a los Países Miembros a imponer un recargo arancelario ad valorem del 5% sobre cinco (05) productos del sector agrícola, procedentes y originarios de la República de Colombia, siempre y cuando el mencionado porcentaje no supere el arancel nacional impuesto a las importaciones de terceros países en relación con los mismos productos.
D E C I D E:
PRIMERO: Autorizar a los Países Miembros de la Comunidad Andina para que impongan temporalmente un gravamen arancelario adicional del 5% a las importaciones que realicen a sus territorios, procedentes y originarias de la República de Colombia, de cinco (05) productos del sector agrícola, siempre y cuando el mencionado porcentaje no supere el arancel nacional impuesto a las importaciones de terceros países en relación con los mismos productos.
SEGUNDO: Dicho gravamen deberá ser cobrado por las administraciones aduaneras de los Países Miembros en el porcentaje establecido y será exigible a partir de la fecha de publicación del presente auto en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. La determinación de esos productos deberá ser informada por los respectivos Países Miembros a este Tribunal y, comunicada además, a la Secretaría General de la Comunidad Andina, instruyéndose a este órgano comunitario para que, de conformidad con el artículo 30, literal a), del Acuerdo de Cartagena y con el párrafo final del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, disponga lo concerniente para que las sanciones impuestas se hagan efectivas por los Países Miembros.
TERCERO: Esta sanción tendrá vigencia a partir de la notificación de este auto y se mantendrá en aplicación hasta tanto la República de Colombia demuestre fehacientemente ante este Organismo que ha dado cumplimiento pleno a la sentencia de 14 de abril de 2005, emitida dentro del Proceso 118-AI-2003 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1206, de 13 de junio de 2005.

NOTIFÍQUESE este auto al Gobierno de la República de Colombia. Y COMUNÍQUESE también a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina y, por intermedio de ésta última, a los demás Países Miembros de la mencionada Comunidad.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer

MAGISTRADO


Oswaldo Salgado Espinoza

MAGISTRADO


Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO


Isabel Palacios Leguizamón

SECRETARIA


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Isabel Palacios L.

SECRETARIA



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