Proceso: actuaciones y autorizaciones administrativas



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6.3 Improcedencia del recurso de apelación

El artículo 74 del CPACA establece que no habrá apelación, entre otros, de las decisiones de los superintendentes, en consecuencia, todo recurso de apelación interpuesto contra las decisiones administrativas de la Superintendencia de Sociedades será rechazado con fundamento en lo dispuesto por el precitado artículo.



6.4 Revocatoria directa

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:




  1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.




  1. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.




  1. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.


La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.


CAPÍTULO VII

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Están previstas en el artículo 87 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 152 del Decreto 019 de 2012 y consisten en la actuación expedita de la Superintendencia de Sociedades, mediante la cual a solicitud de parte, previa revisión de los requisitos legales que deben acreditar los peticionarios, adopta las siguientes medidas:




  1. La convocatoria a la Asamblea o Junta de Socios cuando no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o la ley.

  2. La orden para que se reformen las clausulas o estipulaciones de los estatutos sociales que violen normas legales

  3. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades o violaciones legales o estatutarias



    1. Requisitos generales

7.1.1. Que la sociedad sobre la que se solicita la medida no esté sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera.


7.1.2. Que el peticionario o peticionarios de la adopción de la medida administrativa por parte de la Superintendencia de Sociedades, tengan la calidad de socios o accionistas y que representen no menos del diez por ciento del capital social.


      1. Que el peticionario tenga la calidad de administrador de la sociedad.




      1. Que la sociedad a investigar registre a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, activos iguales o superiores a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes o ingresos iguales o superiores a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



7.2 Requisitos específicos de la convocatoria a Asamblea o junta de socios y procedimiento especial.





  • La solicitud de la medida debe estar acompañada de la certificación del revisor fiscal en la que conste que el máximo órgano social no se ha reunido.




  • Del escrito correspondiente se dará traslado a la sociedad hasta por diez (10) días.




  • Si se solicitan pruebas se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 48 del CPACA.




  • Dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento del término probatorio se adoptará la decisión de fondo y se notificará los interesados.




7.3 Requisitos específicos de la orden de modificar cláusulas sociales y procedimiento especial.





  • Relación de las normas que se consideren violadas y el concepto de la violación.




  • Del escrito correspondiente se dará traslado a la sociedad hasta por diez (10) días.




  • Si se solicitan pruebas, se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 48 del CPACA.




  • Opcionalmente se convocará la asamblea o junta de socios o se ordenará su convocatoria.




  • Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término probatorio se adoptará la decisión de fondo y se notificará a los interesados.








7.4 Requisitos específicos de las investigaciones administrativas y procedimiento especial.





  • El peticionario debe aportar una relación de los hechos lesivos de la ley o de los estatutos.




  • Igualmente debe relacionar los elementos de juicio que tiendan a comprobar el incumplimiento de la ley o los estatutos.





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