Proceso: actuaciones y autorizaciones administrativas



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VIII ANEXOS


A continuación se describen brevemente los actos administrativos de mayor uso en el curso de la actuación administrativa, todos los cuales serán elaborados en papelería con el logo de la Superintendencia de Sociedades y numerados a través del Gestor Documental de la Entidad (Postal)



8.1 Acta:


Hay dos tipos de actas: i) las elaboradas con ocasión del inicio y cierre de un actuación administrativa y, ii) las que dan cuenta de lo acontecido en la audiencias públicas de que trata el artículo 35 del CPACA.




8.2 Credencial:

Es el documento mediante el cual la Superintendencia de Sociedades da a conocer al representante legal y al revisor fiscal de la sociedad, el objeto de la diligencia que va realizar, el fundamento legal de la misma y el nombre e identificación de los funcionarios designados para realizarla.


La mencionada credencial cumple con el deber de informar al interesado el inicio de la actuación para el ejercicio del derecho de defensa.

8.3 Oficio de requerimiento:


Documento dirigido a cualquier persona natural o jurídica, solicitando información, documentos o explicaciones necesarios para el ejercicio de las funciones de ivc o para el trámite de las medidas administrativas. El requerimiento siempre indicará el fundamento legal, el término para responder y las consecuencias de no respuesta.




8.4 Oficio de órdenes previas:

Corresponde a las órdenes impartidas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación del informe de que trata el numeral 2.2.1.4.3 del presente Manual, tendientes a subsanar aquellas irregularidades encontradas en la diligencia y que puedan subsanarse de inmediato.


El cumplimiento de las mencionadas órdenes será tenido en cuenta como atenuante en el caso de haber lugar a la imposición de multas por incumplimiento de disposiciones legales o estatutarias.

8.5 Resolución de archivo:

Es el acto administrativo que pone fin a una investigación administrativa adelantada de conformidad con lo previsto en el artículo 87.3 de la Ley 222 de 1995, en este evento la investigación terminará por cumplimiento total de las órdenes impartidas.


También deberá proferirse una resolución motivada de archivo por desistimiento del peticionario en los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley 1755 de junio 30 de 2015.

8.6 Resolución de cargos:

Es el acto administrativo mediante la cual la entidad da a conocer la presunta responsabilidad de los administradores, ex administradores, revisor fiscal, ex revisor fiscal, y demás personas implicadas, sobre las irregularidades halladas en el curso de una actuación, para que en ejercicio del derecho de defensa y dentro del término de traslado de quince (15) días hábiles, presenten las explicaciones que consideren oportunas, acompañadas de los documentos que acrediten sus aseveraciones frente a cada uno de los cargos formulados.


Contra la resolución de cargos, por ser, un acto de trámite, no procede recurso alguno.


8.7 Resolución que decreta investigación administrativa:

Si bien las investigaciones administrativas están previstas como facultad oficiosa para las sociedades sometidas a inspección, vigilancia o control y también como medida administrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley 222 de 1995, solo se decretará investigación mediante resolución en el caso de la medida administrativa indicada.


Lo anterior a efectos de garantizar el debido proceso al investigado en el sentido que la investigación se circunscribirá a los hechos lesivos de la ley o los estatutos informados por el peticionario de la medida.
En el evento de estar en curso una investigación y recibirse una nueva solicitud por hechos distintos se verificarán los presupuestos de acumulación establecidos en el artículo 36 del CPACA.
Por ser un acto de trámite no procede recurso contra el mismo.

8.8 Resolución de pruebas:


Es un acto administrativo de trámite que decide acerca de la solicitud de pruebas tanto en el Procedimiento Común y Principal como en el Procedimiento Sancionatorio. De conformidad con lo previsto en el artículo 40 del CPACA contra el acto que decide la solicitud de pruebas no procede recurso.




8.9 Resolución de multa:


Es un acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Sociedades hace uso de la facultad discrecional de imponer multas sucesivas o no hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.

Igualmente, desarrolla una facultad especial de la Superintendencia de Sociedades en contraposición a la facultad sancionatoria prevista en el artículo 51 del CPACA. Así mismo tiene un término de caducidad diferente al establecido en el artículo 52 del mismo código toda vez que para el caso de la superintendencia la prescripción es de cinco (5) años de acuerdo con lo señalado en el artículo 235 de la Ley 222 de 1995.


Para la imposición de multas se tendrán en cuenta los criterios del anexo 2 (art. 50 CPACA).

8.10 Resolución de órdenes:


Se trata de un acto administrativo definitivo mediante el cual como su nombre lo indica se imparten órdenes para subsanar situaciones irregulares encontradas en ejercicio de las funciones de ivc o en el trámite de una medida administrativa.

Por tratarse de un acto definitivo contra el mismo procede el recurso de reposición.



8.11 Resolución de suspensión de actuación:


Es un acto administrativo de trámite mediante el cual se informa a la SAE y al Depositario Provisional de una sociedad vigilada por la causal prevista en el literal b) del artículo 4 del Decreto 4350 de 2006, la imposibilidad de ejercer la función de vigilancia sobre la sociedad objeto de la suspensión hasta tanto la SAE suministre la información mínima necesaria para su ejercicio.




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