Proceso No 22952 corte suprema de justicia



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RAD. 22.952 CASACIÓN

EMPERATRIZ HERRERA CUENCA


Proceso No 22952




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACIÓN PENAL


MAGISTRADO PONENTE


ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

APROBADO ACTA No. 13

Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero del dos mil seis (2006).


VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la demanda de casación presentada por el defensor de la señora EMPERATRIZ HERRERA CUENCA contra la sentencia del 23 de agosto del 2004, dictada por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Bogotá.
ANTECEDENTES
Mediante el fallo acabado de citar, fue confirmada en su integridad la condena a 15 meses de prisión, multa de $ 1.000 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 15 meses, que le impuso el Juzgado 76 Penal Municipal de la misma ciudad a la señora EMPERATRIZ HERRERA CUENCA por los delitos de estafa y abuso de confianza, según sentencia del 16 de febrero del 2003.
Los hechos que la sentencia impugnada declaró probados informan que la señora HERRERA, simulando la calidad de abogada, ofreció sus servicios profesionales a los señores Abraham Gómez Barriga y Tania Patricia Parra Cely, a quienes aseguró que en dos meses lograría la libertad de sus parientes Alberto Zamora y José Darío Murcia, vinculados a un proceso penal que en su contra adelantaba la fiscalía. Contratada por el primero el 18 de febrero del 2000, recibió 5 de los 8 millones que convinieron a título de honorarios. La segunda igualmente pagó el anticipo de los 5 millones y, días después, le entregó un vehículo -junto con las llaves, el seguro y la tarjeta de propiedad- para que lo guardara en su garaje hasta que se solucionara un problema que tenía. Luego desapareció sin cumplir lo prometido y, además, con el automotor.
Por estos hechos, HERRERA CUENCA fue acusada el 18 de julio del 2003 por la fiscalía 83 local de Bogotá por los delitos de estafa y abuso de confianza y condenada en los términos que se dejaron reseñados.
LA DEMANDA
El defensor sustentó la procedencia de la casación excepcional en la protección de las garantías fundamentales del debido proceso y la defensa, que reputó violadas porque la sentencia, más que en la valoración objetiva de la prueba, se apoyó en apreciaciones subjetivas y desconoció los principios de equidad e imparcialidad. Además, no se practicaron las pruebas que favorecían a la procesada.
Todo esto, concluyó, afectó los derechos fundamentales de manera directa e indirecta.
Más tarde presentó la demanda de casación, en la que formuló tres cargos contra la sentencia de segunda instancia:
El primero, porque se dictó en un juicio viciado de nulidad por violación del principio de investigación integral, pues no se escucharon los testimonios de i) Mariela Sáenz, celadora del conjunto donde reside la señora HERRERA, quien por haber sufrido una amenaza de Tania Parra podía referirse a la personalidad de la denunciante para establecer la razón por la que formuló denuncia; ii) Maricel Amarilis, propietaria del vehículo entregado por Tania Parra, para que dijera si hubo o no negociación entre ésta y la procesada; y iii) Jorge Soto, quien como defensor del pariente de Abraham Gómez podía indicar cuál era el papel de HERRERA en el proceso.
Tampoco se valoraron los documentos que HERRERA le entregó a Abraham Gómez para que fueran firmados por el defensor, lo que confirmaría la función que aquélla dijo cumplir; y no se practicó inspección judicial a la investigación que adelantaba una fiscalía seccional contra Tania Parra por los atentados cometidos contra EMPERATRIZ HERRERA, lo que habría permitido aclarar los hechos.
Como se trata de pruebas conducentes y pertinentes, no practicarlas generó la irregularidad denunciada, que sólo podrá subsanarse declarando la nulidad de lo actuado a partir de la resolución que declaró cerrada la investigación.
El segundo reproche se apoya en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, en virtud de dos falsos juicios de existencia que según el censor habría cometido el Ad quem: i) por omisión, porque no se apreciaron los testimonios de Mario Herrera y María Marlene Cuenca, quienes se refirieron a las intimidaciones que Tania Parra les hizo cuando ingresó al conjunto residencial donde habitan y se llevó el vehículo, lo que hubiese permitido conocer la personalidad de ésta; y, ii), por suposición, porque en la sentencia se cita el testimonio de Maricel Amarilis para apoyar los dichos de Tania Parra, prueba que no existe en el proceso como que únicamente obra un informe del C. T. I. en el que se transcribe una supuesta conversación telefónica que se sostuvo con Maricel, lo que demuestra que se tuvo por declaración algo que en realidad no lo era.
Si no se hubieran cometido estos yerros, se habría podido establecer la razón por la que Tania Parra denunció a EMPERATRIZ HERRERA a quien, entonces, se le habría absuelto. Para que esta decisión se produzca, solicita se case el fallo cuestionado.
El tercer cargo también se formuló con base en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, porque para el libelista el Tribunal incurrió en tres falsos juicios de identidad: i) tergiversó el informe del D. A. S., para concluir de las anotaciones consignadas en él que HERRERA CUENCA “ha hecho como forma de vida y de sustento la comisión de conductas ilícitas”, afirmación que pretende crearle una imagen de delincuente sin tener en cuenta que en todas las investigaciones ha sido declarada inocente; ii) les dio absoluta credibilidad a los denunciantes, interpretando a su acomodo las declaraciones de ellos; y, iii), sostuvo que la versión de la procesada era contraria a la lógica, pero es el propio Abraham Gómez quien reconoció haber recibido de manos de aquélla varios memoriales para que los firmara el defensor de su pariente.
Por lo tanto, los juzgadores han debido reconocer la existencia de la duda probatoria y absolver a la señora HERRERA CUENCA. Como no procedieron así, se debe casar el fallo, darle aplicación al principio del in dubio pro reo y absolverla.
CONSIDERACIONES
La Sala inadmitirá la demanda y ordenará devolver el expediente al juzgado de origen como lo dispone el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, porque no cumple los requisitos mínimos exigidos por el artículo 212 del mismo estatuto.
Con relación al primer cargo, son varios los defectos que se aprecian:
1. El principio de investigación integral alude al deber que se le impone al instructor de “averiguar, con igual celo, las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia”, según la fórmula adoptada por el artículo 234 del de Código de Procedimiento Penal, que desarrolló el inciso final del original artículo 250 de la Carta Política.
Por esta razón, que los jueces no hubieran apreciado unos documentos no transgrede ese principio sino que constituiría un error de hecho por falso juicio de existencia.
2. Ninguna prueba tendiente a explicar las razones de la denuncia que Tania Parra instauró contra EMPERATRIZ HERRERA sería conducente para demostrar la inocencia de ésta, pues para determinar la responsabilidad penal nada tienen qué ver esas motivaciones sino la realización de una conducta típica, antijurídica y culpable. Por ello, que se hubiera omitido escuchar en declaración a Mariela Sáenz o inspeccionar un proceso no afecta en ninguna medida el mencionado principio, si la finalidad de esos medios de convicción era, como lo sostiene el demandante, acreditar la personalidad de la denunciante.
3. Para que se considere afectado el precepto de la investigación integral, es necesario que exista un alto grado de probabilidad de que, si se hubieran practicado las pruebas omitidas, el sentido de la decisión hubiera sido otro muy distinto al que finalmente quedó plasmado en el fallo.
No basta, pues, que no se haya practicado una prueba, ni que ésta fuera conducente. Se precisa además que la nueva valoración que se haga, incluidos los medios omitidos, permita considerar como probable que el fallo habría sido más favorable a los intereses del procesado. Sólo así podría determinarse la trascendencia del medio omitido.
Este ejercicio, ineludible para estructurar un cargo en términos del numeral 3º del artículo 212 del estatuto procesal, no fue realizado por el casacionista.
Respecto de los cargos segundo y tercero, la técnica de casación también exige que, además de la trascendencia del error de hecho individualmente considerado, los falsos juicios que se demuestren sean suficientes para que, en una nueva valoración probatoria que se realice con exclusión del defecto, la conclusión a que se arribe sea para el demandante más favorable que la contenida en la sentencia.
Así, cuando se reprocha la comisión de falsos juicios de existencia por omisión, es indispensable que el impugnante recree la construcción probatoria de manera que inserte en el análisis la prueba excluida; o la suprima, si se trata de un falso juicio de existencia por suposición. Igual sucede si se tergiversó, cercenó o distorsionó el sentido que revelaba un específico medio probatorio, es decir, cuando se incurre en un falso juicio de identidad.
Esta tarea tampoco fue cumplida por el libelista, quien se limitó a señalar los que en su criterio constituían falsos juicios. De manera equivocada, además, porque con relación a Maricel Amarilis el Tribunal no supuso la prueba sino que le dio algún mérito al informe de policía judicial que transcribió los términos de la conversación sostenida con ella por un investigador; no tergiversó el informe del D. A. S. sobre las anotaciones que registraba la procesada, sino que expuso las deducciones que hizo a partir de los datos conocidos; no distorsionó los testimonios de los denunciantes, sino que los valoró y les dio el grado de credibilidad que encontró correcto; y, finalmente, no aceptó las explicaciones de la procesada por hallarlas contrarias a la lógica, apreciación que no debía cuestionarse como falso juicio de identidad sino como falso raciocinio.
Si lo dicho no fuere suficiente, agréguese respecto del cargo segundo que los yerros denunciados son intrascendentes porque no apuntan a cuestionar la responsabilidad que se le dedujo a la procesada sino a las motivaciones que tuvo uno de los denunciantes para poner los hechos en conocimiento del poder judicial. Y con relación al tercer cargo, que lo que se oculta detrás de los inexistentes falsos juicios de identidad invocados por el demandante es su afán por replantear la discusión probatoria y la credibilidad que los falladores dieron a los testigos y a la procesada, temas agotados en las instancias y que no son susceptibles, en general, de ser propuestos en sede de casación.
En consecuencia, se reitera, la demanda será inadmitida.
De otra parte, como la revisión integral del expediente permite inferir que no concurren causales de nulidad ni afectación de derechos fundamentales de las partes, la Sala no se pronuncia de fondo, oficiosamente.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de la señora EMPERATRIZ HERRERA CUENCA contra la sentencia dictada el 23 de agosto del 2004 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá.
Contra este auto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.




MARINA PULIDO DE BARÓN


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN

JORGE L. QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTIZ


TERESA RUIZ NÚÑEZ


Secretaria




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