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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL



“Dramisino, Ronaldo c/ Rivas y Abalo, Roberto s/ Ejecución Hipotecaria”

Causa N° 86.459 (J. 7)

Reg. Nº 102




En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil once, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O. H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en los términos del art. 47 de la ley 5827 en el juicio: Dramisino, Ronaldo c/ Rivas y Abalo, Roberto s/ Ejecución Hipotecaria y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:

CUESTION

¿Es justa la sentencia apelada?


VOTACION

A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. RIBERA, DIJO:

I. La resolución apelada y los agravios:

La resolución de fs. 963 defiere la competencia sobre la determinación de los intereses al juez del concurso de la codemandada P.A.

La actora se agravia a fs. 968 señalando que tal pronunciamiento se dictó desconociendo los propios actos anteriores del tribunal por cuanto oportunamente se corrió traslado de la liquidación. Asimismo fundamenta su queja en la circunstancia que en oportunidad de efectuarse el planteo en el concurso preventivo de P.A., el juez interviniente decidió que la cuestión debía decidirse en este proceso de ejecución.

Al contestar los agravios, la síndico además de argumentar respecto de la pertinencia del cálculo, cuestión no sometida al recurso en tratamiento, sostiene que sólo es ejecutable la sentencia verificatoria en virtud de lo normado por el art. 57 de la ley concursal, solicitando el rechazo del agravio.


II. Antecedentes de los autos “Sucesión de P.A. de R. s/ Concurso preventivo” (Expte. Nº 52.537)

En dicho expediente, tramitados por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 5 departamental, que tengo a la vista, se decretó con fecha 17 de julio de 2001 la apertura del concurso preventivo.

Los aquí actores insinuaron a fs. 168 sus créditos por la suma de U$S 30.000 en virtud del 50% correspondiente a la concursada, en base al mutuo hipotecario adjuntado (escritura hipotecaria Nº 1 del 6 de enero de 1999, pasada por ante la Escribana María Andrea Apat).

El crédito tiene origen en el mutuo señalado, de acuerdo al capital aportado del siguiente modo: R. D.: por la suma de U$S 15.000; C.A.A.: U$S 14.000; M. M. B: U$S 14.000; B.N.S.: U$S 10.000 y A.C.: U$S 7.000.

En la decisión prevista por el art. 36 de la ley 24.522, dictada el 15 de febrero de 2002 (fs. 419/422), se resolvió declarar admisible los créditos antes reseñados del siguiente modo con “carácter especial”: B.N.S.$ 4.933,09; A.C. $ 3.453,19; M. M. B. $ 6.906,10; R. D. $ 7.399,50; C. A. A. $ 6.906,10; y declarar admisible con carácter de quirografario: B.N.S. $ 71,90; A.C.: $ 65,33; M.M.B. $ 80,66; R.D. $ 82,85 y C.A.A. $ 80,66. Dicho pronunciamiento no fue materia de revisión en los términos del artículo 37 de la ley 24.522.

Al solicitar la determinación de intereses (fs. 775), el juzgado proveyó que dada la conclusión de las actuaciones por cumplimiento del acuerdo preventivo, así como la intervención de la sindicatura, debía ocurrir por antes las actuaciones individuales pertinentes.

No obstante ello, a fs. 799, se dispuso la continuidad en su cargo de la síndico quien se expidió a fs. 805 respecto del crédito de los acreedores hipotecarios.
III. Antecedentes de este expediente

Con fecha 1º de octubre de 1999, se promueve la ejecución hipotecaria, por la suma de U$S 60.000. El 6 de septiembre de 2000 se manda llevar adelante la ejecución (fs. 96/99).

Luego de numerosas contingencias ulteriores y en oportunidad de sustanciarse lo atinente a la liquidación del crédito de la parte actora con la sindicatura, se decide que es el juez de dicho concurso quien debe entender en la cuestión introducida, proveído que origina el recurso en tratamiento (fs. 963).
IV. La interpretación del art. 57 de la ley 24.522

La resolución apelada por la cual se ordena remitir al acreedor hipotecario al proceso concursal no fue fundada en derecho. La sindicatura en sus agravios para sostener que la decisión debe ser confirmada invoca el art. 57 de la ley Concursal, motivo por el cual en primer término me referiré a dicho aspecto.


4.a. La opinión de la doctrina sobre la competencia del “juez que corresponda

El artículo 57 de la ley 24.522 señala que los acreedores privilegiados que no estuviesen comprendidos en el acuerdo preventivo podrán ejecutar la sentencia de verificación “ante el juez que corresponda”, de acuerdo con la naturaleza de sus créditos.

Al respecto los autores han formulado diferentes interpretaciones.

La resolución apelada encuentra fundamento en una parte de la doctrina que sostiene que es el juez del concurso quien debe entender en la cuestión por el principio de prevención, al haber sido quien dictó la resolución verificatoria (Barreiro, Marcelo y Lorente, Javier, “La situación de los acreedores privilegiados, no comprendidos en el acuerdo preventivo, Anuario de Derecho Concursal, 2001, Año 1, pág. 205 Ed. Ad-Hoc).

He de discrepar con ésta postura, pues, si el legislador hubiese querido señalar que en todos los casos las sentencias verificatorias, debían ser ejecutados solamente por el juez concursal, hubiese reemplazado el párrafo ante el juez que corresponda de acuerdo a la naturaleza del créditoporante el juez del concurso”. Con la actual redacción, la norma establece en mi opinión la competencia a favor de un juez distinto al del concurso y en el caso en estudio el juez que interviene en esta ejecución hipotecaria es quien debe decidir el tema.

La solución que propongo coincide con otra parte de la doctrina que ha dicho que “si esos créditos fueron declarados verificados o quedaron en esa condición por haber sido declarados admisibles y no haberse promovido revisión contra ellos en el plazo pertinente, o habiendo sido declarados inadmisibles fueron verificados por la sentencia dictada en el juicio de revisión, la acción a promover es derechamente la acción de ejecución de sentencia, habida cuenta a la calidad de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que la ley le atribuye a estos pronunciamientos (art. 37, LC). En ese caso en principio la competencia se desplaza del juez concursal a favor del juez que corresponde según la naturaleza del crédito (CNCom., Sala C, 23-4-97, ED 174-463)” (Rivera, Julio César, Derecho Concursal, Tº II, Ed. La Ley 2010, pág. 493, apartado b).



Siguiendo la misma opinión se ha dicho que la sentencia verificatoria del crédito con privilegio constituye un título que trae aparejada la ejecución y que la competencia es la del juez que corresponde según fuera la naturaleza del crédito. Así por ejemplo, si se trata de un juicio garantizado con hipoteca, deberá intervenir el juez con competencia, en lo civil, aunque aquel se relacionara con una operación comercial. (Heredia, Pablo, Tratado Exegético de Derecho Concursal, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 2000, pág. 284, d y e).

En el mismo sentido se dijo que con el fin del trámite principal cesan también sus efectos, porque ahora la solución es otra: estos acreedores ya no deben ocurrir ante el juez concursal sino que están habilitados a accionar en forma individual ante el juez que corresponda según la naturaleza del crédito (Villanueva, Julia, Concurso Preventivo, Rubinzal-Culzoni, 2003, pág. 554).


4.b. La jurisprudencia

i. Justicia Nacional Comercial

La Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial, se ha expedido por la postura en el sentido de que los acreedores concurrentes que han tenido que verificar sus créditos en el concurso, deben exigir la satisfacción de sus créditos por vía extraconcursal, por los canales procesales que consideren adecuados de acuerdo a la naturaleza de sus acreencias (CNCom., sala C, 29-3-96, ED. 170-93; ídem, 23-4-97, ED 174-463; JA 1997-IV-131, en (Rivera-Roitman-Vítolo, Ley de Concursos y Quiebras, Rubinzal-Culzoni, 2000, Tº I, pág. 412, apartado 1; CNCom., “Alpargatas Textil S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de pronto pago (por Zilvetti Oscar)”, 4/2/2011, elDial.com - AA6A3F).


ii. Justicia Nacional del Trabajo

La jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se encuentra dividida. Una de de sus salas tiene resuelto que el juez laboral es incompetente para llevar adelante la ejecución del crédito que no ha sido incluido en el acuerdo preventivo del empleador concursado, argumentando que el art. 57 de la ley 24.522 cuando remite al “juez que corresponda”, se refiere al magistrado del concurso, el cual debe entender en virtud del principio de universalidad (CNTrab., Sala II, “Aguilar, Zulema Nelly c. Alpargatas Textil S.A.”, 16/12/2009, DJ 30/06/2010, 1809).

Otra de las salas decidió en sentido contrario pues dijo que la justicia laboral es competente para entender en la ejecución de un crédito laboral privilegiado que no ha sido incluido en el acuerdo preventivo pues, conforme lo establecido en el citado art. 57 cesa la competencia del juez del concurso para la ejecución de créditos no comprendidos en el acuerdo y renace la aptitud jurisdiccional del juez que resulte competente en razón de la materia y el territorio (CNTrab., Sala IV, “Benavídez, Irma Susana c. Alpargatas Textil S.A.”, 23/11/2009, L.L. 6/4/2010, 06/04/2010, 6, LLOnline: AR/JUR/48957/2009).
iii. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza

El cimero Tribunal mendocino rechazó un recurso por el cual la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil de esa provincia, ante la promoción de un juicio ejecutivo de una acreedor hipotecario, cuyo crédito estaba verificado, revocó la sentencia de primera instancia que declaraba su incompetencia y disponía el pase al juez del concurso (SCJ Mendoza, Sala 1ª, 245-7-2001; Expte. Nº 69691, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci; cit. por Moro, Carlos E., Ley de Concursos, Ad-Hoc, 2005; pág. 1218/1236).



iv. Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As

El Alto Tribunal Provincial sostuvo en un caso que si bien no se trataba de un crédito con garantía hipotecaria sino laboral, dijo que no habiendo quedado comprendido en el acuerdo, cobra operatividad la manda del art. 57 citado, en cuanto a la facultad con que cuenta el acreedor privilegiado de ejecutar la sentencia de verificación de su crédito ante el juez laboral. Agregó que homologado el acuerdo respecto de los créditos que no se ha formulado una propuesta diferenciada, recobran por lo tanto, el ejercicio de sus acciones individuales, en virtud de las cuales se encuentran habilitados, tanto para perseguir el cobro de sus acreencias por vía común como para pedir la quiebra de su deudora, con arreglo a los principios generales concursales (SCBA, Ac 96257, I 3-5-2006; “Melamed, Marisa Andrea c/ Centro Médico Sur S.R.L. s/ Despido. Incidente de competencia e/ Tribunal del trabajo nº 5 y Juzgado Civil y Comercial nº 12 de Lomas de Zamora”; SCBA, Ac 103546 I 13-8-2008).


v. La Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por su parte el máximo Tribunal nacional, en un precedente muy similar al de esta Provincia, también ante un conflicto de competencia entre un Juzgado Nacional de Trabajo y un Juzgado Civil y Comercial del Departamento Judicial de Zárate Campana, compartiendo el dictamen de la Procuradora Fiscal, decidió que gozando un crédito de privilegio especial y no habiendo sido objeto de una propuesta que lo comprenda deberá ejecutar su acreencia ante el fuero del trabajo, ello en virtud de la naturaleza laboral de su crédito y de conformidad con la regla establecida en el artículo 57 de la ley 24.522 (CSJN, "Ayala, Héctor c/ Microómnibus Norte S.A. s/ despido", 1034, L XLV del 26/5/2010).

Si bien tanto la doctrina de la Suprema Corte de esta Provincia como la de la Nación deciden sobre créditos laborales, tratándose en ambos casos de privilegiados y no participando de propuesta de acuerdo alguna, interpreto que la solución jurisprudencial es aplicable por analogía el presente caso.
V. Competencia para entender en el caso de autos

Los argumentos y la jurisprudencia mencionada ponen de manifiesto que el recurso es procedente, es decir que debe seguir entendiendo el juez del proceso hipotecario.

Sin perjuicio de ello interpreto que hay otro argumento fundamental para tener en cuenta en la solución del presente; es el relativo a que los procesos hipotecarios y prendarios pueden continuar, su trámite ante el juzgado de su radicación, no obstante la apertura del concurso preventivo del deudor.

Recordemos que al momento que se promovió esta ejecución y el concurso preventivo, se encontraba vigente la ley 24.522 cuyo art. 21, ante la falta de claridad de su texto, dio lugar a diferentes interpretaciones por parte de la doctrina y de la jurisprudencia, ya que para algunos estas ejecuciones eran atraídas por el concurso pero para otros escapaban al fuero de atracción (entre los primeros: Richard, Efraín H., Proceso de verificación de créditos, en la reforma concursal, Ley 24.522, Rev. Derecho y Empresa, nº 4, p. 114; Rubín, Miguel E., Créditos con garantía especial y procesos concursales en la ley 24.522, LL, 1996-C-1425; Mosso, Guillermo G., Concurso preventivo y ejecución de garantías reales, ED, ejemplar del 22.8.96, p. 2. En la segunda opinión: Rivera, Roitman, y Vítolo, Concursos y Quiebras, Ley 24.522, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1996, p. 46; CSJN: “Casasa, S.A. c/ Saiegh, Salvador y otro”, fallo 94406 LL 21/6/1996, CNCom. en pleno, "Avan S.A. s/concurso preventivo s/incidente de concurso especial por Aceros Zapla ", abril, 9/2001; CACCom. San Isidro en pleno “Alexis S.A. c. Ilvento, S.A.C.F. e Y y otros s/ ejecución hipotecaria”, 3/9/1996).

Con la reforma de la Ley 26.086 se aclara el texto legal al establecer que las ejecuciones reales no son atraídas por el concurso preventivo del ejecutado, disponiendo que no se admitirá el remate de la cosa gravada, ni la adopción de medidas precautorias que impidan su uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio. Agrega que el síndico deberá tomar intervención como parte en estas ejecuciones.

Es decir, que en este caso si se aplica el plenario “Alexis” de esta Cámara como por la reforma legislativa mencionada, los acreedores se encuentran legitimados para continuar con el trámite del juicio respectivo, más aún cuando sus créditos se encuentran verificados, lo cual pone de manifiesto la procedencia del recurso interpuesto.



VI. Las costas

Habida cuenta que el silencio guardado por los ejecutados no los exime del carácter de vencidos y que en definitiva prosperó el recurso de la actora, las costas de Alzada han de ser soportadas por los demandados R.R., C.A.R. y Sucesores de P.R. de A. (arts. 68 y concordantes del C.P.C.C.)

En consecuencia, de resultar compartido mi voto, propongo al Acuerdo revocar la resolución apelada de fs. 963.
Voto por la NEGATIVA.

A la misma cuestión el señor Juez Dr. Llobera por los mismos fundamentos votó por la NEGATIVA.

El Dr. Alejandro Lesser, no firma el presente acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art 47 de la ley 5827).

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se revoca la resolución de fs. 963, debiendo entender en la cuestión planteada el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 7 Departamental. Las costas de Alzada a los ejecutados vencidos (art. 68 del C.P.C.C.).



Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Carlos Enrique Ribera Hugo O. H. Llobera

Juez Juez

Miguel L. Alvarez

Secretario



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