R. y otros Fecha: 31/05/2010 Sumario



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Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2a Nominación de Santiago del Estero

Autos: F., Z. A. c. S. de N., R. y otros

Fecha: 31/05/2010
Sumario:

Se rechaza el recurso de apelación contra la sentencia que hace ligar a una acción de filiación, pues si el recurrente alega la insuficiencia de la prueba de ADN, correspondería que demuestre que los resultados que arroja son incorrectos, máxime cuando la testimonial da cuenta de la existencia de una relación sentimental entre los progenitores al tiempo de la concepción del niño. Teniendo en cuenta que en el libelo introductorio de la instancia se hizo expresa referencia al juicio sucesorio del presunto padre fallecido, tramitado ante el mismo tribunal, se dispuso como medida cautelar la prohibición de disposición de los bienes que integran el acervo hereditario en esa causa, con comunicación a los registros pertinentes. De manera que el juez a-quo no pudo omitir considerar el caudal del patrimonio relicto a fin de mensurar los emolumentos de los letrados que desplegaron actividad profesional en esta causa. Ello es así por cuanto la ausencia de contenido económico, si bien torna aplicables las pautas de los incisos b) a f) del art. 6º de la Ley de Aranceles, no excluye por completo el contemplar y apreciar los valores en juego, no como base para la realización de las operaciones de cálculo de los emolumentos sino como una de las pautas para obtener una retribución justa y en algún modo sirve de valladar para evitar que la apreciación discrecional pueda tornarse arbitraria.



Vocablos: ARANCEL PROFESIONAL - FILIACION - GENETICA - HONORARIOS - HONORARIOS DEL ABOGADO - LEY APLICABLE - MUERTE DE LOS PADRES - PRUEBA - PRUEBA GENETICA - PRUEBA TESTIMONIAL - REGULACION DE HONORARIOS - SUCESION

2ª Instancia. — Santiago del Estero, mayo 31 de 2010.

1ª ¿Es justa la sentencia apelada? 2ª ¿Qué decidir sobre las costas?

1ª cuestión. — La doctora Neirot de Jarma dijo:



La sentencia de fs. 365/369 admitió la acción de filiación promovida por Z. A. F. en representación de sus hijos A. R. A. F. y R. E. N. en contra de R. S. de N., M. L. N., P. C. N. y S. R. N. en carácter de esposa e hijas de R. E. N., declarando que los menores mencionados son hijos del extinto R. E. N. e imponiendo las costas a los demandados. Para resolver de ese modo, el juez a-quo consideró el resultado de la prueba pericial genética que determinó que el Sr. R. E. N. no puede ser excluido de la paternidad biológica de A. R. A. F. y R. E. N., por cuanto atribuye una probabilidad de paternidad del 99,999%. La decisión es apelada por las accionadas, quienes exponen los agravios a fs. 392/402, introduciendo un hecho nuevo relacionado con la información periodística que adjunta con respecto a la investigación de supuestas irregularidades detectadas en la elaboración de pruebas de ADN realizadas en el laboratorio del perito interviniente en la causa y solicitando replanteo de dicha prueba en esta instancia, planteos que fueron sustanciados a fs. 409. A fs. 421/422 se deniega el hecho nuevo alegado por carecer de vinculación con el presente proceso y admite el replanteo de la prueba biológica ordenando la apertura a prueba en esta instancia. A fs. 439/441 y 449/454 se produce la prueba, clausurándose el término probatorio a fs. 460. A fs. 467 obra réplica de la expresión de agravios y a fs. 463 y 465 dictaminan los Ministerios Públicos. Los cuestionamientos del apelante versan sobre los siguientes aspectos: a) la sentencia se basa exclusivamente en la prueba científico-biológica de ADN para establecer la filiación, sin valorar además la prueba testimonial, a través de la cual no se logra demostrar la relación sentimental entre la actora y el Sr. N. La decisión a la que arriba el magistrado resulta violatoria de la garantía constitucional del debido proceso y defensa en juicio; b) no se consideraron las impugnaciones formuladas contra el dictamen pericial ni se produjo la contraprueba ofrecida por su parte, por razones que no le fueran imputables, en virtud de la demora de la institución hospitalaria propuesta para su realización. Los apoderados de la parte actora también dedujeron recurso de apelación en contra del auto regulatorio de fs. 370, expresando agravios a fs. 404/405. Cuestionan la suma establecida como honorarios, para cuya fijación no se tuvo en cuenta el acervo hereditario denunciado en el juicio sucesorio de R. E. N., que para por ante el mismo juzgado, el cual debió ser determinado mediante el trámite previsto en el art. 23 de la Ley 21.839. Abordando el planteo formalizado por el accionado, una minuciosa compulsa de las actuaciones me convence de que el recurso no puede prosperar y que la sentencia de primera instancia debe confirmarse, en virtud de que el dictamen pericial, a partir del cual construyó el razonamiento el magistrado de la anterior instancia, fue ratificado por la prueba biológica realizada en la Alzada. Adviértase que el material peritado en ambas pruebas muestra ósea del cadáver de R. E. N. y de sangre de las hijas del causante, los que se cotejaron con la sangre extraída a la actora y los menores- confirmó que el indicado como progenitor es el padre biológico de los menores, tal como fuera denunciado por la actora. Más aún, a fs. 453 se concluye que el progenitor masculino de los menores A. R. A. F. y R. E. N. es compatible con el progenitor masculino de M. L. N., S. R. N. y P. C. N. En ese contexto, la negativa de las accionadas a reconocer la filiación de los menores con sustento en la insuficiencia de la prueba de ADN deviene injustificada, por cuanto quien cuestiona esa prueba debe demostrar que los resultados que arroja son incorrectos. Es preciso recordar que el rigor científico de la prueba de identificación molecular biológica que en su conjunto constituye el genotipo, se hereda de padres a hijos y se encuentra codificada en una gran estructura química denominada Acido Desoxirribonucleico (ADN) localizada en el núcleo celular y en algunas organelas como las mitocondrias. En 1985 el científico británico Alec Jeffreys descubrió, aisló y analizó secuencias presentes en regiones no codificantes del gen de la mioglobina humana que exhibían un alto grado de variabilidad entre individuos. Sus estudios permitieron demostrar que tales secuencias presentaban un comportamiento "de padres a hijos" -herencia mendeliana- y que se localizaban en diferentes regiones del genoma. Al usar estas secuencias como trazadoras sobre muestras de ADN podían visualizarse complejos patrones de bandas que permitían caracterizar a un individuo determinado y además, establecer la posible existencia de vínculos biológicos de parentesco. Los patrones generados por esos sistemas presentan dos bandas -alelos- en un determinado individuo, cada una de ellas aportada por cada progenitor, de manera que, si un individuo comparte una banda con su madre y una banda con su padre se habla de inclusión. En cambio, si un individuo no comparte ninguna banda con la madre o con el padre, se da la situación de exclusión respecto de ese progenitor (cfe. Corach, Daniel. "El ADN en la identificación forense". Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional de Buenos Aires, 1995). No debe perderse de vista que la tipificación del ADN permite afirmar la existencia de paternidad con un elevado margen de certeza, tanto que puede afirmarse que en la actualidad el juicio de filiación es de neto corte pericial. Y si las conclusiones de las pericias realizadas en el sub-lite arrojan un índice de paternidad probada, resulta inoficioso indagar otras circunstancias que antes permitían inferir sólo presunciones hominis. En ese contexto fáctico, las consecuencias legales que derivan de la prueba biológica producida en ambas instancias -no desvirtuada por prueba en contrario- coadyuvan para desestimar los agravios ensayados con respecto a la procedencia de la acción de filiación. Por otra parte, los testimonios que lucen a fs. 78/81, aunque carezcan de precisión en cuanto a fechas, dan cuenta de una relación sentimental entre N. y F. que la prueba biológica ha venido a demostrar que existió en el tiempo de concepción de los menores. A continuación, se analizará el cuestionamiento vinculado con la regulación de honorarios practicada en la causa. Del examen del auto regulatorio de fs. 368/369 se desprende que el juez a-quo consideró que resulta aplicable al caso lo dispuesto por el art. 30 de la Ley 21.839 que establece que en los procesos sobre derecho de familia, no susceptibles de aplicación pecuniaria, se aplicarán las pautas del art. 6º y acudiendo además a lo normado por el art. 8º del ordenamiento legal citado, determinó los estipendios de los letrados que intervinieron en la causa. Tal como fuera planteada la cuestión cabe precisar que en los procesos de familia la regla es que, en principio, carecen de contenido patrimonial. Algunos tienen marcado contenido económico, tales como los vinculados con la fijación, aumento o reducción de cuota alimentaria, donaciones prenupciales, nulidad o validez de testamento, vocación hereditaria, autorización para la disposición de bienes del matrimonio, liquidación y partición de la sociedad conyugal, exclusión del hogar, medidas cautelares en los procesos de separación personal y divorcio. Por el contrario, no lo poseen "ni la separación ni el divorcio, la acción de reconocimiento, pérdida o suspensión de la patria potestad, la venia para contraer matrimonio, la tenencia y el régimen de visitas, los juicios de filiación, adopción , tutela, insania y curatela, la autorización a los hijos menores para viajar al exterior" ( CNCiv. Sala C, M. L. c. C. A., JA, 1992-I-505); aun cuando en los casos mencionados en último término, corresponda la apreciación de la importancia económica de los bienes involucrados en pos de fijar una retribución más adecuada a la sustanciación del conflicto. En el sub-lite, en el libelo introductorio de la instancia se hizo expresa referencia al juicio sucesorio del Sr. R. E. N. tramitado ante el mismo tribunal -ver fs. 12 y vta., 27 y vta.-, tan es así que a fs. 34 vta. se dispuso como medida cautelar la prohibición de disposición de los bienes que integran el acervo hereditario en esa causa, con comunicación a los registros pertinentes. De manera que el juez a-quo no pudo omitir considerar el caudal del patrimonio relicto a fin de mensurar los emolumentos de los letrados que desplegaron actividad profesional en esta causa. Ello es así por cuanto la ausencia de contenido económico, si bien torna aplicables las pautas de los incisos b) a f) del art. 6º de la Ley de Aranceles, no excluye por completo el contemplar y apreciar los valores en juego, no como base para la realización de las operaciones de cálculo de los emolumentos sino como una de las pautas para obtener una retribución justa y en algún modo sirve de valladar para evitar que la apreciación discrecional pueda tornarse arbitraria. Un correcto criterio de hermenéutica, coherente con el sistema sobre el cual está estructurada la Ley 21.839, conduce a interpretar que los incisos del art. 6º resultan de aplicación en su conjunto para la fijación de un estipendio equilibrado que compense la labor realizada y el esfuerzo intelectual y material desplegado por el letrado. El auto regulatorio en crisis carece de referencia alguna en este sentido, pues ni siquiera elípticamente menciona el valor de la porción hereditaria de los menores, lo que impide dilucidar si la suma regulada resulta razonable y conduce a admitir el recurso de apelación incoado revocando el auto regulatorio de fs. 368/369 y mandando a practicar nueva regulación de honorarios en la instancia de origen conforme las pautas delineadas ut-supra, a saber, arts. 6º y 30 de la Ley 21.839. En consecuencia, a la primera cuestión: Voto por la afirmativa con respecto al recurso de apelación incoado por los demandados y para que se confirme la sentencia de fs. 365/367. Asimismo para se admita el recurso de apelación articulado por los Dres. R. Y. y P. S. en contra de la regulación de honorarios de fs. 368/369 la que se revoca, mandando practicar una nueva en la instancia de origen conforme las pautas detalladas en los considerandos de la presente y aplicando lo normado por los arts. 6º y 30 de la Ley 21.839.

La doctora De La Rúa dijo:

Voto en el mismo sentido que la Dra. Neirot de Jarma.

La doctora Brunello de Zurita dijo:

Comparto el voto de los anteriores vocales.

2ª cuestión. — La doctora Neirot de Jarma dijo:

Las costas de esta instancia se imponen a los demandados vencidos con respecto a la sentencia de fs. 365/367 y sin costas en el recurso de apelación de honorarios por tratarse de cuestión de interpretación de textos legales y forma en que se resuelve la misma.

La doctora De La Rúa dijo:

Voto en el mismo sentido que la Dra. Neirot de Jarma.

La doctora Brunello de Zurita dijo:



Me adhiero al voto de los vocales preopinantes.

Y Vistos: El Acuerdo que antecede, el Tribunal Resuelve: 1º) No hacer lugar al Recurso de Apelación incoado por la demandada y en consecuencia confirmar la sentencia de fs. 365/367. 2º) Admitir el Recurso de Apelación articulado en contra del auto regulatorio de fs. 368/369 y en su mérito revocarlo, mandando practicar nueva regulación de honorarios en la instancia de origen conforme las pautas detalladas en los considerandos de la presente y aplicando lo normado por los arts. 6º y 30 de la Ley 21.839. 3º) Costas al demandado vencido con respecto a la sentencia de fs. 365/367 y sin costas en el recurso de apelación de honorarios por tratarse de cuestión de interpretación de textos legales y forma en que se resuelve la misma. — Graciela Neirot de Jarma. — María Pía de la Rúa. —Azucena Brunello de Zurita.


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