Recursos de objeción



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R-DCA-413-2008
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las catorce horas del once de agosto del dos mil ocho. -------------------

Recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública No. 2008LN-000024-2008 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica para la selección de profesionales que brinden sus servicios como notarios externos interpuesto por JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, CARLOS EDUARDO CASTRO MORA, ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, DORIS ARAYA ALFARO, RAFAEL ANTONIO ORTEGA AYÓN, JUAN JOSÉ DELGADO ZÚÑIGA, CARLOS RIVERA BIANCHINI, JAIME LÓPEZ BAUDRIT Y ARNOLDO CHRYSSOPOULOS MORÚA, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ ESPINOZA, JUAN MANUEL RAMÍREZ VILLANEA Y OSCAR EMILIO PÉREZ ZUMBADO, CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ ALVARADO, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, JOAQUÍN ANTONIO BOLAÑOS ALPÍZAR, EDGAR ABELLÁN ACEVEDO, MAURO MURILLO ARIAS EN REPRESENTACIÓN DE ROXANA MARÍA RODRÍGUEZ CASCANTE, ORLANDO CALZADA MIRANDA Y CARLOS ENRIQUE AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, HAZEL SALAS DESANTI, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, EUGENIA GARNIER CASTRO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRILLO, MAURO MURILLO ARIAS EN REPRESENTACIÓN DE MILTON ARGUEDAS SALAS, LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL Y MAURICIO VARGAS SALAS, SANDRA MARÍA MONGE RODRÍGUEZ, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, SONIA SEGURA SECO, LEDA MARÍA PEÑA MARTÍNEZ, AIDA MARÍA MONTIEL, HUGO ZÚÑIGA CLACHAR, JUAN LUIS VARGAS ALFARO, OLGER SOLÍS HERNÁNDEZ, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BRAULIO ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, ANANIAS MATAMOROS CARVAJAL, ADEMAR ANTONIO ZÚÑIGA QUIRÓS, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, LAURA MORA CAMACHO, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO RÍMOLA UMAÑA Y ERICH NEUROHR TREJOS, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, MARIO GONZÁLEZ PORRAS, RONALD GONZÁLEZ CALDERÓN, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, JOSÉ MIGUEL FONSECA SABORÍO, VÍCTOR EDUARDO MURILLO RODRÍGUEZ, ALCIDES ARAYA CAMPOS, CLAUDIO ZELEDÓN ROVIRA, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, FRANCISCO MORERA ALFARO, JUAN VICENTE ROJAS MORERA, SERGIO LEIVA URCUYO, OWEN COLE SCARLETT, JAVIER ALFARO BLANCO, ZETTY BOU VALVERDE, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, VÍCTOR EMILIO SOTO CRUZ, SERGIO VARGAS LÓPEZ, AMADO HIDALGO QUIRÓS, RODRIGO VARGAS ULATE, GUILLERMO SALAS CAMPOS Y GUILLERMO SALAS BRENES, LYANNETTE PETGRAVE BROWN, FEDERICO ALFARO ARAYA, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, ADRIÁN MONTERO GRANADOS Y MYRNA IVETTE PIERRE DIXON.----

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentados, los días 21, 22, 23 24 y 25 de julio del dos mil ocho, los señores dichos presentaron recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública No. 2008LN-000024-2008 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica para la selección de profesionales que brinden sus servicios como notarios externos. -------------------------------------------


II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Banco Nacional de Costa Rica con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de los objetantes y remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación, audiencia que fue contestada mediante oficios L-3822-2008, L-3823-2008 del 1 de agosto del 2008 y L-3833-2008 del 4 de agosto del 2008. --------------------------

III. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: Siendo presentados en tiempo los recursos y en razón de la materia y del número de recursos presentados se dispone su acumulación y se entra a conocer los mismos por temas objetados de la siguiente manera: 1- Sobre el contrato actual. Alegan los objetantes JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SÁENZ DE MENDIOLLA, RODOLFO CORTES ROSABAL, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, DORIS ARAYA ALFARO, RAFAÉL ANTONIO ORTEGA AYÓN, CARLOS RIVERA BIANCHINI, JAIME LÓPEZ BAUDRIT, ARNOLDO CHRYSSOPOULOS MORUA, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, JOAQUÍN ANTONIO BOLAÑOS ALPIZAR, ROXANA MARÍA RODRÍGUEZ CASCANTE, ORLANDO CALZADA MIRANDA, CARLOS ENRIQUE AGUIRRE GÓMEZ, EDGAR AVELLÁN ACEVEDO, EUGENIA GARNIER CASTRO, MILTON ARGUEDAS SALAS, MANUEL ANTÓNIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, LEDA MARÍA PEÑA MARTÍNEZ, AÍDA MARÍA MONTIEL, HUGO ZÚÑIGA CLACHAR, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BRAULIO ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO RIMOLA UMAÑA Y ERICH NEUROHR TREJOS, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, VICTOR EDUARDO MURÍLLO RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, OWEN COLE SCARLETT, ZETTY BOU VALVERDE, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, VICTOR EMILIO SOTO CRUZ y SERGIO VARGAS LÓPEZ. que cuestionan que el Banco Nacional de Costa Rica promueva esta licitación pública a pesar de que actualmente existen notarios públicos externos contratados por ese Banco y cuya relación contractual no ha vencido; más aún, algunos de estos contratos datan de hace muchísimos años y no están sujetos a plazo. Exponen que en virtud de la legislación nacional vigente en aquella época no se requería del concurso de antecedentes para el nombramiento, y mucho menos una licitación pública. Indican que estos nombramientos son legales y existen a su favor derechos adquiridos. Señalan que no han recibido ninguna notificación de parte del Banco indicándoles que se han cesado sus servicios, ni las razones para ello. Así, el Banco pretende licitar estos “cupos” sin que la Junta Directiva haya definido en ningún momento su status. Tampoco se han considerado las condiciones específicas de los contratos vigentes y para ello la Administración debe definir la situación personal de cada profesional. Esto los coloca en un estado de indefensión e incertidumbre. Agregan que el Banco los citó a una reunión, se les notificó que se publicaría un nuevo concurso y se les despidió, a la vez que se les indicó que brindarían el servicio hasta que se formara el rol con los nuevos notarios. No se les ha precisado una fecha para el cese de funciones ni el pago de la correspondiente indemnización. Se han interpuesto recursos con revocatoria con apelación en subsidio ante la Administración, los cuales todavía no se han resuelto, por lo que no ha quedado firme la decisión, de ahí que el concurso deviene extemporáneo y precipitado y por ende nulo. La publicación del cartel consolida el proceso de revocación unilateral de sus contratos y por ello existe una vinculación causal entre uno y otro acto. Manifiestan que no se trata de materias separables pues el objetivo de los acuerdos del Banco que han sido impugnados en sede administrativa es terminar violentamente la relación contractual firma, consolidada y en plena ejecución. La decisión de abrir una licitación pública es un acto consecuencia de la decisión de terminar abruptamente los contratos vigentes. Se quebranta así el principio de licitud del objeto del concurso, constituyendo una desviación de poder que pretende sustituir subrepticiamente los actos de terminación anticipada de sus contratos. Hacen ver que este proceso licitatorio tiene como fundamento el oficio 367 (DAGJ-87-2005) del 12 de enero de 2005, sin embargo ese dictamen es de carácter vinculante únicamente para el Banco Popular, y por ello es que, para sacar a concurso público este servicio, el BNCR debió solicitar primeramente el criterio legal de la Contraloría General. No existe un acuerdo de la Junta Directiva en donde se defina la situación contractual de los actuales notarios externos, sino que se obvian las situaciones jurídicas existentes. No se cumplió con el debido proceso para con las relaciones jurídicas actuales y por ello el proceso licitatorio es absolutamente nulo; además se carece de la motivación requerida de todo acto administrativo y no se ha considerado que muchos de estos notarios han prestado sus servicios sin ninguna suspensión o quebranto de la normativa. Agregan que se ha promovido esta licitación sin que se haya iniciado un procedimiento para la declaratoria de lesividad de los nombramientos que se hicieron hace ya tantos años, los cuales no han sido declarados nulos por autoridad judicial competente. Agregan que sus contratos no pueden ser anulados por haber caducado ya el plazo de cuatro años previsto por el texto anterior del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Algunos solicitan subsidiariamente que se obligue al BNCR a excluir de concurso a los notarios externos que ya hoy prestan sus servicios. La Administración licitante considera que estos argumentos no son de recibo ya que, por regla de principio contemplada expresamente en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, la interposición de recursos contra un acto administrativo no tiene efecto suspensivo de la ejecución, mucho menos tratándose de una gestión totalmente independiente, como lo es la tramitación de una licitación. Es decir, no existe norma que disponga que la presentación de un recurso de revocatoria en contra del comunicado por parte del Banco al recurrente, de que su contrato como notario no será prorrogado, tiene efecto suspensivo del poder-deber de la Administración de licitar la contratación de tales servicios por medio de un procedimiento de licitación Pública conforme lo dispone la Ley de Contratación Administrativa. Por el contrario, de los artículos 136.d y 148 de la Ley General de la Administración Pública, queda en evidencia que los recursos administrativos no tienen efecto suspensivo. Además, el tema ha sido reiteradamente abordado por la Sala Constitucional (cita los votos 2006-005411, 2005-07866, 2005-013581 y 2005-014809), lo que acredita que los recursos administrativos a que alude el recurrente no solo no tienen por virtud impedir que esta Administración proceda con la licitación de marras sino que, además, no se la ha colocado en indefensión alguna, prueba de lo cual es el propio hecho de que en tiempo y forma el citado recurrente informa haber impugnado la decisión de no prórroga. Así las cosas, queda desvirtuado que exista una “Publicación extemporánea del cartel”. En todo caso, aún si se llegara a determinar una imposibilidad jurídica para dar por terminados los contratos con los notarios externos actuales, posibilidad que obviamente no se comparte, el Banco aún así tiene la potestad legal de sacar a concurso la selección de nuevos integrantes en el respectivo rol; motivo por el cual el hecho de que la decisión de dar por terminados los contratos actuales se encuentre impugnada, no constituye de ningún modo un obstáculo de orden jurídico para que se haya dado inicio a la presente licitación. En cuanto a la relación previa vigente con el Banco Nacional de Costa Rica y el hecho de que no se haya señalado fecha alguna para el cese de sus funciones, estima la Administración que se trata de un tema ajeno a la presente licitación, por lo que no es motivo relevante ni de interés actual para objetar el cartel. Respecto de la supuesta nulidad del concurso por tener un motivo espurio, al considerar que existe desviación de poder de conformidad con el artículo 131.3 de la Ley General de la Administración Pública –en tanto estiman el Banco no tiene una necesidad real de contar con nuevos notarios, ni existe inopia y que el Banco ha incurrido en una ruptura consciente y arbitraria, sin proceso previo ni indemnización–, la Administración manifiesta que no lo comparte y que existen reiterados pronunciamientos de la Contraloría General en los que claramente se establece la necesidad de sacar a licitación la prestación de servicios notariales, a efecto de garantizar el respeto a la Ley de Contratación Administrativa. Los concursos a los que hacen referencia los recurrentes datan de hace 14 o más años, lo que sin duda alguna constituye motivo suficiente para entender que la asignación de trabajos como notario externo no se encuentra sustentada en la normativa vigente, por lo que lejos de ser un motivo para objetar el cartel, por el contrario, confirma la necesidad de que se tramite la presente licitación. Según los registros que lleva ese Banco, algunos de los recurrentes prestan servicios de notario externo al Banco desde hace muchísimos años, cuando fueron nombrados sin que mediara la celebración del procedimiento de licitación pública que correspondía en razón de la cuantía inestimable del contrato, habiéndose superado con creces el plazo de cuatro años que esa misma Contraloría General —primero mediante reiteradas interpretaciones y luego el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 163— ha fijado como plazo máximo, a fin de evitar la burla del artículo 182 de la Constitución Política y del ordenamiento vigente así como la instauración de monopolios privados. Así las cosas, la pretensión de los recurrentes es que se perpetúe la situación irregular de su nombramiento la cual demanda ser corregida conforme a la Ley de Contratación Administrativa y al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sea, celebrando la licitación pública que corresponde. En consecuencia, a partir de la promulgación de la Ley de la Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se estableció en el artículo 64 de la primera, que los servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, debían ser contratados por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto; y por el artículo 163 del Reglamento se estableció que el plazo de la contratación, no podrá ser superior a 4 años; tales disposiciones surgieron para dar contenido al artículo 182 de la Constitución Política. De esta forma, la licitación pública que se tramita no es de ninguna forma una consecuencia de la terminación de los contratos con los notarios externos, sino un procedimiento que tanto la Constitución Política como la Ley de Contratación Administrativa contemplan para la adquisición de bienes y servicios por parte de entidades públicas, y de este modo satisfacer necesidades de orden o interés público. En el caso del Banco Nacional, existe una clara necesidad de contar con profesionales en el ámbito del notariado para formalizar operaciones de crédito en las que se incluya una garantía real a favor de la institución, independientemente de que se den por terminados los contratos con los notarios externos actuales o no. Lejos de perseguir un fin prohibido por el ordenamiento jurídico, la presente licitación pública permite subsanar una situación totalmente irregular que existe hoy en día con respecto a la designación de los notarios externos que prestan sus servicios a la Institución. Agrega que nada impide al recurrente o a cualquier profesional que preste sus servicios en la actualidad, que participe y eventualmente resulte adjudicatario en la licitación que actualmente se promueve; de hecho en el comunicado en el que se les explicó la necesidad de dar por terminados sus contratos, expresamente se les invitó a ofertar en la presente licitación. Tampoco resulta válido argumentar la existencia de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas cuando los mismos objetantes aceptan que su nombramiento se produjo por acuerdo de la Junta Directiva sin que haya mediado ningún proceso de contratación administrativa, puesto que de tal acto no pueden derivarse derechos o situaciones jurídicas consolidadas. Criterio del Despacho: En cuanto al tema de la imposibilidad para la Administración de llevar a cabo este procedimiento concursal, por cuanto existen contratos vigentes con notarios externos, se debe observar que ese tema fue ampliamente analizado por esta Contraloría General en la resolución N° R-DCA-245-2006 de las 8:00 hrs. del 25 de mayo de 2006, en la cual se indicó, entre otras cosas, lo siguiente: “[...] El Banco Popular ha sido obligado a regularizar la situación contractual de los servicios de abogados y notarios externos. De conformidad con los términos del oficio 00367 (DAGJ-87-2005), este Órgano Contralor dispuso en relación con la situación existente a esa fecha en lo que respecta a la contratación de servicios profesionales de abogados y notarios en esa institución bancaria, en lo que interesa que: ‘...El plazo es consustancial a la contratación administrativa. Con ello se asegura la observancia de los principios constitucionales que rigen la materia de contratación administrativa, en especial el de igualdad, el de certeza y seguridad jurídica, pero sobre todo el de licitación que manda el numeral 182 constitucional. En consecuencia, es nuestra posición que esa Administración debe recurrir de forma inmediata a un procedimiento licitatorio para contratar el servicio de marras, sin que de ese procedimiento se vean excluidas las personas que han venido prestando sus servicios a ese Banco. [...] No debe consentirse que situaciones como las que se describen en su consulta, sigan manteniéndose indebidamente en el tiempo como ha venido sucediendo, toda vez que la misma al ser ilegal, contraviene el principio enunciado y, por ende, debe corregir de inmediato sin miramientos alguno al ser su obligación velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico positivo y poner coto a una situación que riñe abiertamente con las normas de la contratación administrativa vigentes. [...]’ Es claro que existe una imposibilidad jurídica de proseguir con la contratación indefinida de estos servicios y en consecuencia el banco ha debido promover la licitación que corresponde y que continúa obligado a llevar adelante. Pero también es claro aquí, que la situación personal de cada profesional contratado en el régimen que a la fecha se mantiene vigente y que pretende sustituirse con esta contratación, es un asunto que debe analizarse en cada caso y que por demás, no afecta la legalidad de este procedimiento concursal. No pueden mezclar los recurrentes, los cuestionamientos y reclamos propios de la contratación que han mantenido con el banco en el pasado y a la que éste debe darle un término según el caso concreto, con las consideraciones propias de este concurso. El presente concurso, pretende normalizar una situación que se entendió irregular desde el punto de vista jurídico. Lo que atañe a cada contratación mantenida y ejecutada en el anterior régimen, son aspectos que no trascienden a este procedimiento y así debe entenderse. De esta forma, los reclamos que persistan respecto a la terminación de aquellas relaciones contractuales, no tienen el efecto de entorpecer el desarrollo del proceso concursal que pretende modificar la situación jurídica de la contratación de estos servicios en esa institución bancaria. [...]” (Se agregó el subrayado). Obsérvese entonces que las objeciones aquí analizadas encuentran su respuesta en la resolución anteriormente citada, debiendo estarse entonces las partes a lo resuelto por esta Contraloría General en esa oportunidad. Valga agregar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado sobre el tema, y de ahí que resulta importante citar lo indicado en el voto N° 2005-11741 de las 17:16 hrs. del 30 de setiembre de 2005, en donde se indicó lo siguiente: “En un asunto muy similar al que ahora se plantea, en relación con la determinación del Instituto Nacional de Seguros de sacar a concurso público, por la vía del procedimiento de licitación pública, la contratación de los servicios de personas físicas y jurídicas para el cobro administrativo y judicial, la Sala señaló lo siguiente: // ‘(…) [...]. La licitación pública o concurso para contratar los servicios profesionales es una garantía institucional emplazada en la parte orgánica de la Constitución Política (artículo 182 ibidem) para asegurar el cumplimiento y observancia de tales principios y valores de orden constitucional. Bajo esta inteligencia, no puede entenderse, bajo ningún concepto, que la apertura de un concurso público para contratar los servicios profesionales de personas físicas o jurídicas restrinja los derechos fundamentales de los funcionarios de planta que por mera tolerancia y práctica administrativa –incluso calificada contra legem por el órgano encargado constitucionalmente de la supervisión y fiscalización de la Hacienda Pública , esto es, la Contraloría General de la República , artículo 183 de la Constitución Política , DAGJ-1420-2002 del 26 de agosto del 2002, visible a folios 22-26- han estado a cargo del cobro de la cartera de créditos hipotecarios morosos de la entidad .’ (sentencia No. 2004-12511 de las 16:16 horas del 9 de noviembre del 2004). // [...].[...] Es claro que la actuación de la autoridad recurrida al realizar el procedimiento licitatorio en cuestión, responde a la necesidad de ajustar la contratación de los abogados y notarios externos a los criterios esbozados por el ente contralor en esa materia, razón por la cual dicha actuación se adecua al Derecho de la Constitución, en la medida que pretende enderezar una situación que se encontraba al margen del ordenamiento jurídico. En todo caso, el amparado no tiene vedada la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones con los restantes oferentes, en el procedimiento de licitación pública que se tramita. // [...] Estima el accionante que el Banco recurrido no puede rescindir su contrato como abogado y notario externo, sacando a licitación pública los servicios profesionales. Al respecto, cabe señalar que en una sentencia reciente sobre hechos similares a los aquí expuestos, en punto a los presuntos derechos adquiridos al amparo de contratos suscritos por el Banco Popular con sus abogados y notarios externos, por servicios profesionales, la Sala señaló, lo siguiente: // ‘ (…) Ahora bien, debe indicarse que no compete a la Sala determinar si en el caso del recurrente existe un derecho adquirido para desempeñar las funciones que ha venido haciendo, pues para ello resulta necesario determinar en primer término la naturaleza de la relación existente entre el amparado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, lo cual a todas luces escapa de la naturaleza sumaria del recurso de amparo y constituye un extremo de mera legalidad que debe ser ventilado en la vía ordinaria correspondiente. Aunado a lo anterior, si lo que se discute es si el contrato de servicios profesionales suscrito por el promovente con el Banco accionado, puede o no ser objeto de prórrogas sucesivas sin que ello lesione los principios que informan los procedimientos de licitación pública, ese extremo tampoco debe ser analizado en esta vía. Es claro que para los efectos de esta Sala, importa que el amparado no haya sido colocado en estado de indefensión, lo cual no ocurrió pues tal como se desprende del elenco de hechos probados fue informado de la decisión adoptada e inclusive se le indicó la posibilidad que tiene de participar en el procedimiento licitatorio que se llevará a cabo (…) ” (sentencia No. 2005-007865 de las 16:14 horas del 21 de junio del 2005) // [...] Cabe señalar que al no haber motivo alguno para variar el criterio expuesto en las sentencias anteriores, se impone –en la especie- declarar también sin lugar el recurso en cuanto a este extremo, debido a que no compete a este Tribunal Constitucional entrar a analizar la naturaleza del contrato que el actor suscribió con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para efectos de determinar si genera o no derechos adquiridos a su favor.”. (Se agregó el subrayado). De ahí que, considerando lo tantas veces indicado por esta Contraloría General y lo resuelto sobre el particular por la Sala Constitucional, se declara sin lugar este extremo de las objeciones presentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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