Recursos de objeción



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2-Sobre la reforma al reglamento: Alegan los objetantes. EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SÁENZ DE MENDIOLLA y RODOLFO CORTES ROSABAL. (Puntos A.3, D.1 y D.2 del cartel y su relación con la reforma del “Reglamento para la prestación de servicios notariales del Banco Nacional de Costa Rica”) que con posterioridad a la publicación del cartel se publicó una reforma al “Reglamento para la prestación de servicios notariales del Banco Nacional de Costa Rica” y ante ello estiman que no es posible que se hagan reformas al Reglamento con posterioridad a la publicación de una licitación que se refiere a ellos. La Administración licitante señala que es evidente y manifiesta la improcedencia del argumento que esgrimen los objetantes. Las reformas que el Banco apruebe al Reglamento citado no constituyen de ninguna manera un impedimento para tramitar la licitación, ni tampoco limita la potestad reglamentaria el hecho de que se esté tramitando una licitación. Se trata de temas totalmente separados uno del otro. Criterio del Despacho: Los puntos A.3, D.1 y D.2 del cartel señalan que quienes participen en este curso deberán someterse al “Reglamento para la prestación de servicios notariales del Banco Nacional de Costa Rica” y sus reformas. Los recurrentes cuestionan el hecho de que unos días después a la publicación del aviso de este concurso se publicaron unas reformas a dicho Reglamento del BNCR; sin embargo, los recurrentes no fundamentan su alegato, ni indican las principios fundamentales de la contratación administrativa que considera se han violentado con esa reforma reglamentaria, o bien las infracciones a las reglas de procedimiento o el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento, tal y como al respecto lo exige el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa como fundamento de todo recurso de objeción. Más aún, según reconocen los propios recurrentes, las reformas al “Reglamento para la prestación de servicios notariales del Banco Nacional de Costa Rica” fueron publicadas el 23 de julio del presente año, y la fecha para la apertura de las ofertas se fijó originalmente para el 18 de agosto, por lo que los recurrentes han tenido tiempo suficiente para conocer de estas reformas previo a su decisión de participar o no en este concurso —–tanto es así que han contado con la oportunidad de plantear un recurso de objeción al respecto—, lo cual es absolutamente voluntario, por lo que no se observa que la publicación de estas reformas les haya violentado derecho alguno. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de su recurso. ----------------------------------------------------------------------------

3-Sobre el descuento: Alegan los objetantes JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SÁENZ DE MENDIOLLA, RODOLFO CORTES ROSABAL, ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, DORIS ARAYA ALFARO, RAFAÉL ANTONIO ORTEGA AYÓN, JUAN JOSÉ DELGADO ZÚÑIGA, CARLOS RIVERA BIANCHINI, JAIME LÓPEZ BAUDRIT, ARNOLDO CHRYSSOPOULOS MORUA, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ ESPINOZA, JUAN MANUEL RAMÍREZ VILLANEA, OSCAR EMILIO PÉREZ ZUMBADO, CARLOS MANUEL FENÁNDEZ ALVARADO, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, ROXANA MARÍA RODRÍGUEZ CASCANTE, ORLANDO CALZADA MIRANDA, CARLOS ENRIQUE AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, HAZEL SALAS DESANTI, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, EUGENIA GARNIER CASTRO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRILLO, MILTON ARGUEDAS SALAS, LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL, MAURICIO VARGAS SALAS, SANDRA MARÍA MONGE RODRÍGUEZ, MANUEL ANTÓNIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, SONIA SEGURA SECO, VILMA MESÉN MADRIGAL, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BRAULIO ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, ADEMAR ANTONIO ZÚÑIGA QUIRÓS, LAURA MORA CAMACHO, FRANCISO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO RÍMOLA UMAÑA, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, MARIO GONZÁLEZ PORRAS, RONALD GONZÁLEZ CALDERÓN, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, JOSÉ MIGUEL FONSECA SABORÍO, VICTOR EDUARDO MURÍLLO RODRÍGUEZ, ALCIDES ARAYA CAMPOS, CLAUDIO ZELEDÓN ROVIRA, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, FRANCISO MORERA ALFARO, JUAN VICENTE ROJAS MORERA, SERGIO LEIVA URCUYO, OWEN COLE SCARLETT, JAVIER ALFARO BLANCO, ZETTY BOU VALVERDE, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, VICTOR EMILIO SOTO CRUZ, SERGIO VARGAS LÓPEZ, AMADO HIDALGO QUIRÓS, LYANNETTE PETGRAVE BROWN, FEDERICO ALFARO ARAYA, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, ADRIÁN MONTERO GRANADOS y MYRNA IVETTE PIERRE DIXON. (Punto E 2.5 del cartel) que en relación con la mejora al porcentaje de honorarios por escrituras relacionadas con créditos otorgados al amparo de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N° 8634 del 23 de abril de 2008, cuestionan este punto del cartel, por cuanto estiman que el precio no puede ser el aspecto determinante para la adjudicación, en una contratación de servicios profesionales. Este aspecto de calificación es contrario a nuestro ordenamiento jurídico ya que los honorarios no obedecen a la ley de la oferta y la demanda, ni a la cantidad de expedientes formalizados, lo que existe es un Arancel de honorarios por servicios profesionales de Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo N° 32493-J del 9 de marzo de 2005, donde se determina cuál es la tarifa legal para cada actuación notarial. Señalan que los artículos 166 del Código Notarial y 70 del arancel no permiten ni contemplan rebajas de ninguna naturaleza. Manifiestan que la posibilidad de ofrecer descuentos es contraria a los principios de independencia y dignidad de la función cartular del notario, y así lo ha señalado la Dirección Nacional de Notariado. Con esta licitación la propia Administración promueve una competencia desleal, ya que entre más descuento o rebajo se comprometa a hacer el oferente más posibilidades tendrá de resultar adjudicatario, lo que es abiertamente ilegal, además de ser contraria al Código de Ética del Colegio de Abogados, al cual los profesionales en Derecho han prestado juramento de observar y cumplir. Estiman que esta disposición contraviene el principio de igualdad de condiciones, contraviene además la ética profesional y la libre competencia. Se violenta el derecho al trabajo y a una remuneración justa y adecuada de este. Cuando la administración cancela el servicio profesional el monto correspondiente al pago de honorarios no proviene de la Hacienda Pública (no son fondos públicos) sino que es cancelado por cada uno de los clientes del Banco; de ahí que, si la Administración no va a realizar ninguna erogación de su peculio, el aspecto del rebajo en el precio no puede ser aplicado a licitaciones de notarios. Además, la facultad de negociar los honorarios es entre las partes (sea entre el cliente y el notario) y el Banco no está en ese supuesto, pues el banco no paga los honorarios. Es decir, se trata de una negociación directa cliente-notario, por lo que el BNCR no tiene por qué establecer parámetros de evaluación en ese sentido, en tanto estaría violando una esfera privada que no le compete. Esta decisión unilateral del Banco infringe la libertad individual de las personas, la libertad de competencia y la libertad de comercio. Se violenta también el derecho de participación, pues se mina el derecho al pago por un trabajo realizado, en detrimento del profesional en notariado. Si lo que pretende el Banco es abaratar los costos de formalización para atraer más clientes, entonces podría pensar en eliminar la comisión que percibe el Banco por cada formalización, en vez de socavar el precio por un trabajo realizado responsablemente. Existe una desproporción en el otorgamiento de 30 puntos al profesional que realice un descuento en las formalizaciones de Banca de Desarrollo, toda vez que el porcentaje de créditos en Banca de Desarrollo es únicamente la tercera parte de toda la cartera crediticia del Banco, por lo que no se podría aplicar esto para el 75% de la cartera de crédito. Por otro lado, la fórmula propuesta para este descuento genera un resultado que es mayor a treinta puntos. Además, se le otorga 30 puntos de la calificación a este descuento y en cambio a criterios técnicos que sí resultan idóneos para una licitación de servicios profesionales se les otorga una calificación menor, con lo que se prioriza el criterio del precio sobre aspectos de idoneidad. Ante ello hacen ver que los criterios de evaluación deben responder a las características de completez, relevancia, trascendencia, pertinencia y proporcionalidad, así como no se trata de un criterio objetivo de valoración. Estiman que este requerimiento se opone a jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la materia. Asimismo, consideran que la reforma introducida por el artículo 54 de la Ley N° 8634 al artículo 166 del Código Notarial es inconstitucional, porque transgrede el numeral 56 de la Constitución Política, al degradar el trabajo de los notarios públicos a una simple mercancía, regida por la oferta y la demanda, desconociendo que se trata de una función pública que se ejerce en forma privada. Consideran también que se violentan los principios de eficacia y eficiencia (en tanto la balanza se inclinaría a la oferta más barata y no la mejor), además de que se atenta contra los principios de igualdad y libre competencia, el principio de reserva de ley, el principio de razonabilidad y el principio pro libertatis; asimismo, consideran que se está en presencia de un fraude de ley. Otros señalan que la reforma al 166 del Código Notarial sólo implica la posibilidad de acuerdo entre parte, pero ello no implica que el Banco promueva la subasta a la baja que se está requiriendo en este cartel. Señalan que, a priori y de manera genérica, tampoco puede un oferente determinar el descuento que puede hacer en una escritura, pues es una situación que debe valorarse en cada caso concreto, tomando en consideración diversos factores, entre otros, el monto de la operación tipo, la garantía que se ofrece y la complejidad de la escritura. Por otra parte, indican que el BNCR no es el Banco de Desarrollo al que refiere la Ley N° 8634, ni todos los créditos que otorga ese Banco están dirigidos a proyectos en el contexto de banca para el desarrollo (concepto que no se define en el cartel). Manifiestan que, ante una investigación tributaria, nadie garantizará que el Ministerio de Hacienda desista de cobrar el impuesto de renta conforme el arancel, bajo la mampara de ser un rédito de la banca para el desarrollo; o bien, en caso de “mal praxis”, no queda claro cómo se cobrará los daños al profesional, si conforme a los honorarios cobrados o los que legalmente debió cobrar (los del arancel). Consideran que al introducir una subasta a la baja en materia de honorarios notariales se amenaza también el equilibrio financiero de la contratación, toda vez que si los notarios para poder acceder al 30% que se asigna a la oferta que presente el mayor descuento ofrecen cobrar un 99% menos que la tarifa regular, estarían enfrentando un precio ruinoso, dada la inversión que se debe realizar para mantener una prestación eficiente al banco. Algunos señalan que el artículo 38 de la Ley N° 8634 no permite realizar tales descuentos y lo que indica es que las operaciones que se amparen a dicha ley estarán exentas del tributo para la inscripción o garantías en el Registro Público. Además, se podría estar contraviniendo la Ley del impuesto sobre la renta, respecto de la obligatoriedad del profesional de tributar según se facture en concordancia con el arancel descrito. Señalan que existe una incongruencia entre este punto del cartel y el punto D.9, pues por un lado se estipula que los honorarios serán cancelados de acuerdo al arancel que los regula y por otro lado se obliga a ofrecer un descuento en la tarifa de honorarios. La Administración licitante manifiesta que la cláusula que se cuestiona constituye una aplicación directa del artículo 54 del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N° 8634 del 23 de abril del 2008, que reforma el artículo 166 del Código Notarial. Por ende, si de la aplicación de las normas citadas los recurrentes observan una consecuencia ilegal, deberían acudir a formular la impugnación correspondiente en la vía que estimen pertinente, la cual evidentemente no es esta. Así, en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad de la norma que autoriza pactar los honorarios entre las partes, ello no es tema de un recurso de objeción; a los efectos de la Administración basta con considerar que se trata de una norma vigente y eficaz, cuya aplicación por ende se ajusta a derecho. En todo caso, nótese que se trata en definitiva de aprovechar en el cartel una ventaja que la misma ley ofrece para que las partes puedan pactar los honorarios del notario, conforme expresamente lo autoriza la norma, siendo que en materia de contratación administrativa, es precisamente con el cartel y con la oferta que se manifiesta la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones en que se ha de delimitar el objeto del negocio jurídico. Indica que claramente se está delimitando el ámbito de aplicación del descuento a las operaciones crediticias que se lleguen a formalizar con fondos de banca de desarrollo. En cuanto al tema de que por el Banco invade una esfera privada que no le compete, existen criterios de la propia Contraloría General en los que claramente se establece que el Banco sí se encuentra en la obligación de licitar este servicio, aunque el pago de los honorarios no sea con cargo a fondos públicos. Es decir, como resultado del concurso de marras, se establecerá una relación contractual entre el Banco y el notario adjudicado; será el Banco el que fiscalice el cumplimiento de sus obligaciones, calcule conforme al arancel el monto de sus honorarios, el que recibirá sus facturas por servicios y el que tramitará y procederá con su pago, y que tal costo definirá la competitividad de la Institución en el mercado, sin que en ningún momento y para efectos de pago, tenga relación con el cliente del crédito. No obstante, si el Órgano Contralor considera que lleva razón los recurrentes al consignar que el pago lo hace directamente el cliente, en una relación ajena al Banco, de igual manera deberá resolver que la contratación de notarios externos no es materia de contratación administrativa, al no estar involucrada la erogación de fondos públicos. Por otra parte, el porcentaje que se otorga a la mejora en créditos de banca de desarrollo se justifica en la medida en que representa un valor agregado importante para un sector particular de la clientela del Banco a la cual nuestro ordenamiento jurídico como un todo procura apoyar, precisamente porque representa un sector emergente que se inserta en la economía del país y del mundo en momentos muy difíciles. El Banco se encuentra sumamente interesado en apoyar a este sector, no solo por las razones de orden público ya indicadas, sino porque desde un punto de vista competitivo es de gran atractivo, ya que se trata de empresas y personas que tienen un alto grado de compromiso con sus obligaciones, se trata de una cartera muy sana que merece todo el apoyo institucional para que mantenga la alta fidelidad al Banco que actualmente le caracteriza. Por ese motivo se estima que el porcentaje concedido es absolutamente razonable y proporcionado. El valor reservado a la mejora al porcentaje de honorarios por escrituras relacionadas con créditos otorgados al amparo de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (30 puntos), responde a la relevancia que para el Banco tiene tal aspecto, habida cuenta de que ello impacta en la competitividad de la Institución en ese mercado, sin que, por sí solo, vaya a definir a los adjudicatarios, dado que, como se señalo, más del doble de la nota total está reservada a aspectos de idoneidad que, a fin de cuentas, es lo que reclaman algunos de los notarios. Por otro lado, denotan los recurrentes un profundo desconocimiento de la materia, por cuanto alegan que el criterio de evaluación cuestionado viola el derecho de participación, desconociendo que al ser la cláusula cuestionada un criterio de evaluación, no impide de manera alguna su participación en el concurso, dado que su cumplimiento es voluntario, ergo, su “incumplimiento” no acarrea el descarte de la oferta. Por el contrario, debe tenerse presente que la función de los criterios de evaluación no es la de igualar entre ofertas sino la de resaltar las diferencias cuantitativas y cualitativas entre aquellas, para permitir a la Administración seleccionar la mejor, es decir diferenciar. Por ende, alegar que la cláusula cuestionada discrimina (diferencia) entre los oferentes elegibles, es reconocer que cumple con sus cometidos. No se puede por otra parte, presumir un futuro incumplimiento de los adjudicatarios, derivado de la cotización de una mejora razonada, pues ello iría en contra de las previsiones de los artículos 2.f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Buena Fe), 66, 204 y 205 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adicionalmente, si la formalización de créditos de Banca de Desarrollo, aun antes del empuje que a la materia el Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N° 8634, representa el 30% de la cartera, ¿Cómo va a resulta desproporcionado que el único precio que puede ponerse a competir responde a ese porcentaje de la totalidad de las labores licitadas?, ello máxime que de tal precio depende la competitividad del Banco en el mercado. A este respecto considérese que los Bancos privados podrán imponer tasas muy por debajo del tope, sin negociación ni concurso alguno, dado que no están obligados a contratar a ningún notario que no acepte las tarifas de honorarios que impongan en el tema, lo que les otorga una ventaja (indebida pero ventaja al fin), que el Banco solo puede paliar poniendo a concurso, conforme a la ley, esa cotización. Asimismo, resulta falso que el factor preponderante sea solo el precio; obvian los recurrentes que de la lectura integral del cartel de referencia, en especial del apartado “Criterios de Evaluación”, queda evidencia que un 70% de calificación total está destinada a resaltar aspectos de idoneidad adicional del oferente, lo cual es propio de las contrataciones de servicios. Ello se logra al considerar como aspectos de valor agregado para esta Administración, como son: Experiencia (25 puntos), Número de protocolos (25 puntos), Cursos de Actualización o Postgrado en Derecho Notarial (10 puntos) y el No recibo de sanciones en el plazo de cinco años anteriores a la fecha de apertura (10 puntos). Por ende, es falso que la cláusula E.2.5 resulte desproporcionada de cara al resto de criterios de selección. En todo caso, reconoce la Administración que efectivamente existe un error material en la fórmula contenida en la cláusula, cuya expresión correcta es [(MDOE/MDOR)*30)] y así se procede a corregirla. Señala el Banco que omiten por lo demás los recurrentes acreditar de qué manera una mejora al precio ofertado por un oferente, que ha acreditado cumplir con las condiciones de elegibilidad técnica, puede derivar en perjuicio para el interés público, cuando por el contrario ese Órgano Contralor ha resuelto que más bien tal competencia de precios, en materia de servicios profesionales, atiende de manera cabal al interés público (resolución R-DAC-216-2006). No es cierto tampoco que la competencia de precios sea propia de otros objetos y vedada para los servicios profesionales. Omiten acreditar los recurrentes, mediante estudios técnicos conforme lo ha requerido ese Órgano Contralor y lo manda el artículo 30.b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, su alegato que el precio así ofertado sería ruinoso. A este respecto, resulta no atinente la referencia al principio de intangibilidad patrimonial, pues en ningún momento el cartel desconoce el derecho del adjudicatario al reajuste de precio, que para el caso concreto y por disposición del artículo 166 del Código Notarial, se aplicará por medio de la aplicación del arancel vigente. Pero además, nótese que será cada oferente, según su propio criterio, el que cotizará su precio mejorado para los servicios relativos a Banca de Desarrollo, por lo que no podemos presumir y, con ello castigar al cartel, que los oferentes cotizarán un precio que les resultará ruinoso, pues tal calificativo debe ser demostrado frente a concretas cotizaciones, tal y como lo demanda el artículo 30.b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Debe aclararse igualmente al recurrente que no es objeto de los procedimientos de contratación, tal y como se deriva de las disposiciones de los artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el asegurarle un ingreso mínimo a un profesional, siendo por lo demás decisión y riesgo de cada notario el determinar si fundamenta su manutención únicamente en los servicios que, conforme a la ley, le llegue a prestar la Banco Nacional de Costa Rica. Por otro lado, el cuestionamiento hecho a una supuesta contradicción entre las cláusulas D.9 y E.2.5 deriva de una mala y parcial lectura del cartel y del desconocimiento de la normativa atinente. Lo anterior por cuanto tanto los honorarios por laborales notariales ordinarias como los derivados de labores notariales referidas a servicios prestados por los notarios públicos, a las instituciones fiscalizadas por la Sugef, en lo que respecta al financiamiento de proyectos en el contexto de banca para el desarrollo, están regulados por los artículos del título III y del artículo 61 del Arancel de Honorarios por Servicios de Abogacía y Notariado, dado que así lo dispone el artículo 166 del Código Notarial. Por lo demás, resulta absurdo interpretar el cartel, en el sentido de que la cláusula D.9 anula la E.2.5, cuando ésta segunda representan mejoras al precio fijado en el Arancel, que “obligarán a quienes la formulen” (artículo 85 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). En este sentido, en el tanto conforme a la ley es permitida la mejora de los aranceles en materia de Banca de Desarrollo, el pago de la mejora debe entenderse que cumple con el arancel. No se entiende cómo la cláusula de marras puede violar el principio de igualdad de trato, si el requisito aplica a todos los oferentes sin distingo, tiene sustento legal y es conocido por todos los oferentes a través de la ley y del propio cartel previo a su cotización. Criterio del Despacho: Valga observar primeramente que la Administración reconoce que existe un error material en la fórmula y señala que la expresión correcta es: [(MDOE/MDOR)*30)]; agrega que así procederá a corregirla en el cartel. Sin embargo, independientemente de lo anterior, es necesario analizar el fondo de los cuestionamientos expuestos por los objetantes y lo indicado por la Administración licitante sobre el particular. Al respecto tenemos que, conforme lo previsto por el artículo 166 del Código Notarial, Ley N° 7764 del 17 de abril de 1998, se emitió el “Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado”, Decreto Ejecutivo N° 32493-J del 9 de marzo de 2005, el cual estipula en su artículo 1° lo siguiente: “Artículo 1º - Competencias. Este Arancel es de acatamiento obligatorio para los profesionales aquí regulados, para los particulares en general y para los funcionarios públicos de toda índole, y contra él no podrán oponerse acuerdos o disposiciones de entidades públicas o privadas en esta materia en relación con honorarios y la oportunidad de su pago, y la imposición de costas en sede jurisdiccional. [...]” (Se agregó el subrayado). Por su parte, el artículo 22 inciso 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, Ley N° 13 del 28 de octubre de 1941 y sus reformas, establece como una de las atribuciones de la Junta Directiva de ese Colegio: “15. Fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y promulgación, mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y funcionarios de toda índole. (Se agregó el subrayado). De la normativa anteriormente citada es claro que la competencia para fijar los honorarios de abogados y notarios y las modalidades y condiciones de su pago le corresponde legalmente al Colegio de Abogados, el cual cuenta con una Comisión de Aranceles encargada de conocer y resolver las consultas y conflictos en este tema, según lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 32493-J. En ese sentido, valga la nota de fecha 16 de noviembre de 2006, que fuera remitida por el Presidente del Colegio de Abogados a los Bancos estatales y otras instituciones, en donde se advirtió lo siguiente: “[...] Reiteramos la obligación de la entidad que usted representa, de velar por el cumplimiento de dicho arancel, que no solo beneficia al profesional en derecho, sino que a la vez ayuda a toda corporación a que tengan los parámetros claros con el fin de cancelar los honorarios que en derecho correspondan. // Siendo así las cosas, y en vista de que se han denunciado situaciones anómalas y no ajustadas a derecho, les recordamos la obligación de cumplir con lo plasmado en nuestro ordenamiento jurídico, debido a que no solo nuestros agremiados podrían verse perjudicados por contravenir el "Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho", pudiendo iniciarse contra ellos, un procedimiento administrativo, sino que ustedes estarían incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes. // [...] // Con fundamento en lo indicado, y con el fin de cumplir con nuestro Estado de derecho, se les solicita no inducir a los profesionales que sean contratados para brindar servicios de abogacía y notariado, a contravenir con las estipulaciones mencionadas, misma que es catalogada como una falta grave pudiendo aplicársele la sanción de suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de tres meses hasta tres anos.” (Se agregó el subrayado). Es por ello que esta Contraloría General ha sostenido que las actuaciones de las entidades licitantes en estos concursos deben ajustarse el referido Arancel y a las disposiciones que al respecto emita el Colegio de Abogados (ver en ese sentido la resolución N° R-DCA-251-2008 de las 8:30 hrs. del 20 de junio de 2007). Ahora, como bien lo señala la Administración licitante, mediante el artículo 54 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N° 8634 del 23 de abril de 2008, fue reformado el artículo 166 del Código Notarial y se introdujo un párrafo segundo en donde se posibilita que los honorarios sean fijados por acuerdo entre las partes, cuando concurran condiciones allí estipuladas y sin que el acuerdo supere el monto resultante de aplicar el arancel, con lo que da a entender que es posible que el honorario que pacten las partes pueda ser inferior a ese arancel (valga observar que la norma no estipula un mínimo, solo el tope máximo). Independientemente de la discusión sobre la constitucionalidad de esta norma, para lo cual esta no es ni la sede ni la vía, es lo cierto que tal norma se encuentra actualmente vigente y resulta de aplicación. Sin embargo, la aplicación de este numeral en los concursos públicos debe realizarse en concordancia con los principios y normas que informan la contratación administrativa, y a la luz de estas disposiciones jurídicas que se valoran los términos del cartel aquí objetado. En ese sentido, llama la atención que el Banco otorgue un 30% del porcentaje de la calificación total a los notarios que ofrezcan un descuento para las escrituras que se realicen al amparo de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, obteniendo mayor puntaje aquel que ofrezca el mayor descuento. Dicho criterio de evaluación ciertamente resulta desproporcionado y falto de claridad, lo que genera inseguridad jurídica para los oferentes interesados. El cartel indica límites objetivos sobre el descuento máximo que sería posible ofrecer, considerando para ello los costos en que se podría incurrir un eventual adjudicatario para ofrecer el servicio en tales casos, del tal manera que la Administración se asegure que, ante el precio cobrado, el adjudicatario sea capaz de cumplir con los términos del contrato. Por estas razones es que se estima procedente declarar parcialmente con lugar los recursos interpuestos en cuanto este extremo, en el sentido de que deberá ser eliminado del cuadro de evaluación el porcentaje que se otorga por descuento en los honorarios para escrituras relacionadas con los créditos de la Ley N° 8634. Empero, al tenor de la citada norma, es posible que el cartel disponga que los oferentes interesados se comprometan a realizar un descuento en sus honorarios al amparo del artículo 166 del Código Notarial —según fuera reformado por la Ley N° 8634—, el cual se negociaría por las partes atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto (monto, característica de la escritura, entre otros), siempre y cuando se configuren las condiciones estipuladas en el citado numeral para la procedencia de dicho descuento. Esto último sin perjuicio de lo que resuelva la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia respecto de las acciones de inconstitucionalidad que se han planteado y que se han reseñado por parte de objetantes. ----------------------------------------------------
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