Recursos de objeción



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8-Sobre la garantía de cumplimiento: Alegan los objetantes JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, DORIS ARAYA ALFARO, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, JOSE ANGEL RAMÍREZ ESPINOZA, JUAN MANUEL RAMÍREZ VILLANEA Y OSCAR EMILIO PÉREZ ZUMBADO, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, EUGENIA GARNIER CASTRO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRILLO, LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL Y MAURICIO VARGAS SALAS, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, SONIA SEGURA SECO, JUAN LUIS VARGAS ALFARO, OLGER SOLÍS HERNÁNDEZ, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, ANANIAS MATAMOROS CARVAJAL, ADEMAR ANTONIO ZÚÑIGA QUIRÓS, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, LAURA MORA CAMACHO, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO RÍMOLA UMAÑA Y ERICH NEUROHR TREJOS, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, JOSÉ MIGUEL FONSECA SABORÍO, ALCIDES ARAYA CAMPOS, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, JUAN VICENTE ROJAS MORERA, JAVIER ALFARO BLANCO, SERGIO VARGAS LÓPEZ, AMADO HIDALGO QUIRÓS, RODRIGO VARGAS ULATE, GUILLERMO SALAS CAMPOS Y GUILLERMO SALAS BRENES, LYANNETTE PETGRAVE BROWN, FEDERICO ALFARO ARAYA, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA Y MYRNA IVETTE PIERRE DIXON que el cartel en su punto F1 señala: “Estando firme la adjudicación, el adjudicatario, cuando se presente a firmar el contrato, deberá presentar una garantía de cumplimiento vigente por un monto de ¢5,000.000,00, la cual deberá mantenerse vigente hasta por 90 días naturales posteriores a la finalización de la contratación. /Se recuerda a todos los oferentes que en caso de presentar bonos o certificados, rigen las mismas indicaciones establecidas en relación con la garantía de participación”. Que la garantía es desproporcionada, excesiva, antojadiza e irracional, el monto requerido va en contra del artículo 2 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El BNCR no se compromete a mantener abierta la cartera de créditos y con ello el flujo de casos enviados a los adjudicatarios para su formalización. Desde momento recurso y desde hace varias semanas, el BNCR tiene cerrada la cartera de créditos, lo que redunda en que los notarios externos no perciban honorarios. Tampoco se indica cual es el monto para los suplentes. El monto fijado no está establecido por un estudio técnico mediante el cual se demuestre que se requieren cinco millones de colones, siendo además que no guarda relación con el valor de la garantía participación. Además no se establecen criterios de proporcionalidad entre el monto de garantía exigido y el número de casos asignados. La cuantía de la garantía debería ser proporcional a los requerimientos, a mayor cuantía, más requisitos y viceversa. Dado que monto de la garantía es considerable, los requerimientos deberían ser más exigentes. El monto requerido es sumamente alto y contrario a la libre participación, por lo que no todos los notarios pueden brindar una garantía de ese tipo. No hay un criterio objetivo que justifique el monto de la garantía. Al ser excesiva, se convierte en un freno para que participen profesionales de alta calidad y no de excesivos recursos económicos, aspecto último que no es parámetro para medir el cumplimiento de un notario. Exigir suma tan desmedida no garantiza para nada la calidad del servicio a contratar. Se cuestiona también el monto, indicándose que él mismo no está respaldado en fundamento o argumento técnico para determinar que notario adjudicado en una zona va a tener los mismos que otro adjudicado en otra distinta, por lo que el monto garantía no es congruente con honorarios, siendo que la Contraloría General de la República ha dicho que debe haber una correlación con el posible beneficio económico del oferente. No se ajusta principios eficiencia, igualdad, seguridad, buena fe, libre competencia y transparencia. Además, al tratarse de una contratación inestimable que no le genera erogación al Banco, la redacción del cartel implica una restricción económica que limita libre concurrencia y posibilidad competencia. Al no ser proporcional, no garantiza la igualdad porque no todos pueden pagarla. Los notarios tienen un fondo de garantía que controla la Dirección de Notariado (Artículo 9 Código Notarial) y suple cualquier mala praxis. La recuperación es a largo plazo si es que se da, tal vez algunos nunca lo hagan. Debe establecerse una fórmula y haber un estudio. El monto es poco objetivo, sin que discrimine según la sucursal adjudicada, siendo que algunas tienen más actividad que otras. Por su parte, la Administración licitante defiende el requisito cartelario diciendo: Según consta en el oficio DC-102-2008, el monto otorgado por el Banco Nacional de Costa Rica en créditos hipotecarios y prendarios en el año 2007 (operaciones en las que se requirió intervención notarial), ascendió a la suma de ¢459.000.000.000 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil millones de colones). Se desprende de lo anterior que el monto de la garantía de cumplimiento rendida, resulta proporcionado y razonable, dado que representa un ínfimo porcentaje de aquel. En todo caso, resulta indispensable para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar el adjudicatario al Banco con sus eventuales incumplimientos, habida cuenta de que no solo los montos de los créditos cuya formalización se les asignen, podrían superar en decenas de veces el monto de la garantía, sino el daño a la imagen y a la competitividad del Banco derivado de aquellos incumplimientos. Lo anterior cobra relevancia además, si se considera que en el Reglamento para la prestación de servicios de Notarios Externos del Banco Nacional de Costa Rica, publicado en La Gaceta N° 69 del 9 de abril del 2008, no se prevé ningún otro mecanismo de respaldo para la Administración en esta materia. En síntesis, no padece la garantía de cumplimiento desproporción alguna. Por lo demás, resulta incoherente alegar que el monto de la garantía de cumplimiento impide participar, cuando la obligación de rendirla es del adjudicatario y no de los oferentes, por lo que no se constituye en un requisito de participación. Respecto a los notarios que señalan determinado monto de ingresos, señalando que es desproporcionado el monto de la garantía con el de sus ingresos, señala el Banco que tales objetantes omiten probar que la cifra indicada, corresponde a los honorarios recibidos anualmente por los notarios externos. En cuanto a los notarios suplentes, tal y como se establece claramente en la cláusulas C.1 del cartel, aplicable a cada uno de los ítems, “En el acto de adjudicación se indicarán los notarios adjudicados por cada oficina en el número indicado antes y en ese mismo acto se dejará una lista de suplentes, por igual número de profesionales titulares, respetando el orden de oficinas para las que ofertaron…”, de manera tal que existe una clara diferencia entre los que serán adjudicatarios y quienes serán suplentes. Así las cosas, es evidente que la obligación de rendir la garantía de cumplimiento prevista en la cláusula F.1 del cartel, solo rige para los adjudicatarios, ergo, los suplentes, en el tanto no son adjudicatarios, no deberán rendirla salvo cuando sean nombrados adjudicatarios conforme lo previsto en las cláusulas C.1 y C.2 de referencia. En cuanto al momento de la presentación de la garantía, a criterio del Banco resulta absurdo señalar que el plazo transcurrido entre la comunicación de la adjudicación y hasta el momento del formalización, es insuficiente para que un adjudicatario obtenga la garantía de cumplimiento que deberá rendir, pues obvia tal “razonamiento”, que primero deberá adquirir firmeza el acto de adjudicación, lo cual le otorgará un mínimo de diez días hábiles, aunque es de esperar la presentación de recursos de apelación, lo que le concederá hasta un mes más. De igual manera, que luego de la firmeza, transcurrirán, en el mejor de los casos otros diez días hábiles para formalizar, plazo que podría extenderse dado el volumen de contratos a suscribirse. En relación con el tema del fondo notarial, señala que las formas de rendir la garantía de cumplimiento, previstas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, son taxativas, criterio reiterado por la reiterado la Contraloría General de la República, para la cual “…los medios para rendir garantías constituyen "numerus clausus", de modo que solamente se permiten los que expresamente contempla la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento…” (resolución R-DCA-098-2007), por lo que al no estar citado el mencionado Fondo de Garantía en aquella normativa, no podría hacer las veces de garantía de cumplimiento, con respecto a la cual, además, no cumple los requisitos de ser ejecutable a primer requerimiento. Por último, recuerda a los objetantes que conforme a lo previsto en el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, está autorizada la fijación de garantías por montos fijos cuando, como en el caso presente, se está frente a una contratación de cuantía inestimable, siendo que si la prestación del servicios notariales al Banco le parece a algunos eventuales adjudicatarios les parece tan mal negocio, están en todo su derecho de no ofertar sus servicios, evitando así la pérdida económica que aduce le produciría hacerlo. Criterio del Despacho: Los argumentos de los objetantes no presentan razones ni justificaciones por medio de las cuales se demuestre la desproporcionalidad del monto exigido para la garantía de cumplimiento, sin embargo el Banco en su respuesta dada a la audiencia especial, no aporta un criterio que respalde el monto establecido. Por ello, se resuelve que esa Administración deberá establecer un monto cuya proporcionalidad y razonabilidad queden acreditadas, considerando para tales efectos que un porcentaje de las operaciones en las que se requiere la intervención notarial, se encuentra a cargo de los notarios de planta y que además en el Reglamento para la prestación de servicios de notarios externos del BNCR, se han establecido lineamientos acerca de la distribución de trabajo a partir de determinada cuantía se declara con lugar el recurso en este extremo. Se deja claro que la fijación del monto será responsabilidad del Banco licitante, no resolviéndose en ningún sentido sobre la potestad administrativa de dicha fijación. En los demás extremos se declara el recurso sin lugar, por lo que respecto a este tema se declara el recurso parcialmente con lugar. ---------------------------------------------------------------------

9- Sobre las multas: Alegan los objetantes EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, DORIS ARAYA ALFARO, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, JOSE ANGEL RAMÍREZ ESPINOZA, JUAN MANUEL RAMÍREZ VILLANEA Y OSCAR EMILIO PÉREZ ZUMBADO, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, SONIA SEGURA SECO, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO RÍMOLA UMAÑA Y ERICH NEUROHR TREJOS, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, JAVIER ALFARO BLANCO, AMADO HIDALGO QUIRÓS, GUILLERMO SALAS CAMPOS Y GUILLERMO SALAS BRENES, LYANNETTE PETGRAVE BROWN y MYRNA IVETTE PIERRE DIXON que el cartel en su punto F4: “En caso de atraso por parte del adjudicatario en el inicio de la prestación de los servicios o entrega de informes, según los plazos previstos en el presente cartel y en el “Reglamento para la prestación de Servicios Notariales del Banco Nacional de Costa Rica”, el Banco aplicará un multa de veinticinco mil colones (¢25.000.00) por cada día hábil de atraso hasta un máximo cien mil colones (¢100.000.00), luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del adjudicatario sin responsabilidad para el Banco. El cobro de las multas, se hará con cargo a la garantía de cumplimiento presentada, sin perjuicio del cobro de los daños y perjuicios causados a la Institución, por el incumplimiento total declarado del adjudicatario. / En caso de atraso por parte del adjudicatario para el retiro, la confección, la corrección o la entrega de copias de testimonio y la inscripción de testimonios, según los plazos previstos en el presente cartel y en el “Reglamento para la prestación de Servicios Notariales del Banco Nacional de Costa Rica”, el Banco aplicará un multa del 2% sobre el monto de los honorarios correspondientes a la escritura con respecto a la cual se produjo el atraso, hasta un máximo de un 25% de tales honorarios, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del adjudicatario sin responsabilidad para el Banco. Toda suma por cobrar al adjudicatario por concepto de multa, serán rebajadas por el Banco directamente de las facturas de honorarios presentadas al cobro”. En relación con ello señalan los objetantes lo siguiente: La forma en que está redactado el cartel, específicamente el concepto empleado de “atrasos” puede ser muy subjetivo y difícil de determinar. El tiempo debe dejar de contarse mientras el documento se encuentre presentado y en análisis en el Registro Público de la Propiedad, siendo que no se establece como se determinará si el atraso es imputable al notario o al Registro, institución la cual sufre de congestionamiento y problemas informáticos. Lo importante es la fecha de inscripción y no la entrega testimonio. El 25% que se pretende cobrar de multa no concuerda con lo legal, pero además se pretende cobrar multa por la no entrega testimonio cuando la inscripción del documento es el vínculo. Lo importante es inscripción y la entrega de la respectiva certificación o informe, siendo que a veces el Registro dura mucho en entregar documentos, aún cuando ya se encuentren inscritos. El concepto “atraso” se presta a confusión e injustitas. Jurídicamente no parece admisible que se deje en manos de un funcionario determinar el atraso, el cobro de la multa y hasta la resolución de un contrato, sin que haya un debido proceso. Lo anterior en un plazo de 5 días o una multa de hasta 100.000,00, lo cual riñe con las normas de prudencia, equidad y debido proceso. Las multas solo tienen legalmente cabida en derecho punitivo, por lo que en este caso no pueden establecerse, correspondiendo entonces abrir procesos por incumplimiento de contrato u otras causas. Adicionalmente los honorarios del notario son establecidos por ley por lo cual son intocables. Las multas son ilegales, siendo que el régimen disciplinario le corresponde a la Dirección de Notariado y las sanciones se establecen en el Código Notarial, siendo hasta inconstitucional que se trate de sancionar a una persona dos veces por los mismo por dos instancias diferentes. Tampoco se establece un debido proceso que le permita al notario justificar cuales razones son ajenas a sí, lo cual lo deja en estado de indefensión. Además esto podría implicar una apropiación indebida de honorarios. Se le debe dar a notario posibilidad de defensa y aportar prueba en contrario que desvirtúe los hechos. Multas sin debido proceso constituyen una indebida apropiación de honorarios. Además el BNCR reduce los honorarios del préstamo del cliente y los retiene por dos meses hasta que el notario entregue la escritura debidamente inscrita, tiempo en el que el Banco incrementa sus ganancias con el dinero deducido al cliente y que pertenece al notario. Lo anterior aunado a la multa. Las multas establecidas son excesivas y desproporcionadas, pues hasta pueden superar monto que devengue un notario en una escritura, atentando contra la estabilidad económica del oferente, siendo que no están reglamentadas por el Banco. La cláusula cartelaria es nula debido a que no establece claramente las circunstancias y condiciones en las cuales el BNCR queda autorizado para aumentar la multa del 2% hasta un máximo de un 25%, por lo que al no estar determinadas las condiciones en las cuales el Banco pueda llegar hasta un máximo de 25%, el cartel debe ser modificado, indicándose las condiciones de forma clara. El artículo 27 del Reglamento para la prestación de servicios de notarios externos del BNCR no fue aprobado en la misma sesión que cartel, sino después. Las multas constituyen una retención y rebaja de honorarios que pertenecen al notario, no solo son improcedentes por lo señalado sino injustificadas dado que el BNCR frente a un incumplimiento del notario aplica sanciones administrativas y además puede ejecutar garantía cumplimiento. No hay estudio acerca de los montos establecidos. Las multas son un punto leonino y unilateral. Lesión patrimonio personal y derecho laboral, atentando contra los honorarios, específicamente artículo 4 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, los cuales son intocables. La Redacción atenta contra artículo 34 LCA, que establece que multas se rebajan de la garantía de cumplimiento solo ante la negativa del contratista. Además, el sistema de multas establecido es ilegal, pues coloca al ingreso por servicios notariales a entera disposición del criterio administrativo sobre el cumplimiento oportuno o tardío de las tareas asignadas. No es posible que BNCR aplique una sanción económica con cargo a la garantía de cumplimiento y a la vez le cobre al Notario otro monto por daños y perjuicios, siendo que para eso está la Dirección de Notariado. Y como tercera sanción están las multas, las cuales se rebajarían directamente de los honorarios, lo cual deja al notario en indefensión. No se dice que hará el BNCR con esos dineros. Si el funcionario incumple lo más que se podría hacer es rescindir. Por su parte, la Administración licitante se manifiesta diciendo: El fundamento normativo que echan de menos los recurrentes se encuentra en los artículos 34 de la Ley de Contratación Administrativa, 47 y siguientes, 212 y 215 todos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como en los artículos 671, 705, 708, 709, 710, 711, 712 y 714 del Código Civil. Además se le recuerda que en caso de existir situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que justifiquen sus incumplimientos, todo adjudicatario estará exonerado del pago de la multa con solo acreditar tales causales ante la Administración, de allí que no quede descubierto el interés de la recurrente. De igual manera, cabe señalar que el procedimiento de ejecución de esta garantía está previsto en el artículo 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo cual no es necesario que se detalle en el cartel. Además, asisten a los adjudicatarios los derechos recursivos que contempla la Ley General de la Administración Pública, que por ello mismo no requiere ser estipulado en el cartel, como medio de impugnar los cobros. Asimismo, se le aclara que tal y como consta textualmente en el cartel, cada multa responde a una situación fáctica distinta; además, si para unas se establece un monto fijo y para otras porcentual, es porque con respecto a las primera no existe una base de cálculo fija que permita estipularlas como una tasa. Ello explica las diferencias a que alude la recurrente. Resulta falso que las multas previstas “puedan ser variadas antojadizamente” por la Administración, dado que consta en el cartel está prevista su tasa diaria, su tope y las situaciones de hecho expresas y taxativas que darían lugar a su aplicación, todo lo cual pasa a formar parte de las condiciones contractuales que regirán la relación entre el Banco y los adjudicatarios. Criterio del Despacho: La redacción de la cláusula cartelaria es confusa, por lo que deberá buscarse la afinidad en los párrafos que la conforman, caso contrario el contenido actual genera inseguridad jurídica. Específicamente el término “atraso” del primer párrafo no queda claro en cuanto a su alcance. No se dice el supuesto en el cual se aplicará la multa, existiendo también indeterminación respecto al plazo concedido para la presentación de informes, sin que se conozca si se trata de días continuos o acumulativos, como tampoco se conoce la forma en que se puede llegar al “máximo del 25% de honorarios” señalado en el cartel por lo que el recurso en este extremo se declara con lugar. Deberá el Banco ajustarse a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual de forma expresa señala que la Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Señala también la norma que los incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar detallados en el cartel. Asimismo y para efectos del monto que el Banco establezca, se le recuerda que el mismo deberá estar razonado. En los demás extremos se declara el recurso sin lugar, toda vez que la figura de las multas está debidamente reconocida en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, normativa aplicable en el caso de marras, al estarse en un procedimiento de licitación pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------10-Sobre reconocimiento al pago del “Tiempo muerto”: Alegan los objetantes RAFAEL ANTONIO ORTEGA AYÓN, CARLOS RIVERA BIANCHINI, JAIME LÓPEZ BAUDRIT, ARNOLDO CHRYSSOPOULOS MORÚA, ROXANA MARÍA RODRÍGUEZ CASCANTE, ORLANDO CALZADA MIRANDA Y CARLOS ENRIQUE AGUIRRE GÓMEZ y MILTON ARGUEDAS SALAS que se obliga a hacer escrituras en lugares diferentes, caso en el que se reconocerían gastos de desplazamiento, cuando lo correcto es que también se indemnice el “tiempo muerto” del profesional que se desplaza. Al respecto la Administración licitante contesta que el reconocimiento de los honorarios más los gastos de desplazamiento, obedece a las previsiones de los artículos del título III y del artículo 61 del Arancel de Honorarios por Servicios de Abogacía y Notariado y a la necesidad que tiene la Administración de atender casos excepcionales de servicio fuera del espacio físico de sus oficinas, según lo demande el mercado al que debe atender la Administración, exigencia que no resulta extraña a las labores de notariado según se desprende de la previsión del precitado artículo 61. De esta forma queda en evidencia de las normas precitadas, que no existe obligación alguna de cancelar “tiempos muertos”, por cuanto es inherente a la prestación de los servicios notariales al desplazamiento del profesional, dado que su ejercicio es personal y presencial, de allí que no solo carece de lógica cancelar costos que no solo el arancel no prevé, sino que además, son inherentes a la función. Criterio del Despacho: Conocida el alcance de la normativa citada, se declara sin lugar el recurso en este extremo al no darse una infracción a la normativa que regula dicha materia y además, se un asunto que tiene más carácter de aclaración que de objeción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-Sobre la experiencia mínima: Alegan los objetantes EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, JUAN JOSÉ DELGADO ZÚÑIGA, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, HAZEL SALAS DESANTI, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, EUGENIA GARNIER CASTRO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRILLO, SANDRA MARÍA MONGE RODRÍGUEZ, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, OSCAR JULIO RÍMOLA UMAÑA Y ERICH NEUROHR TREJOS, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, MARIO GONZÁLEZ PORRAS, RONALD GONZÁLEZ CALDERÓN, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, JAVIER ALFARO BLANCO, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, VÍCTOR EMILIO SOTO CRUZ, SERGIO VARGAS LÓPEZ, FEDERICO ALFARO ARAYA Y ADRIÁN MONTERO GRANADOS que la experiencia mínima requerida por el Banco resulta insuficiente en razón de que las escrituras son sobre inmuebles con requisitos, condiciones y estipulaciones de compleja naturaleza, que no cualquiera está en capacidad de redactar comprender y asimilar. Se sugiere 10 o 15 años. Que el cartel no señala sobre qué se exige la experiencia por lo que pareciera que basta con estar habilitado como notario por cinco años. Que no se limita a la experiencia bancaria hipotecaria y prendaria. En particular Sergio Vargas López, Federico Alfaro Araya y Adrián Montero Granados señalan que el plazo es antojadizo y limita la participación de los nuevos notarios que debieron esperar dos años para tener la habilitación. Que a pesar de ser un requisito de admisibilidad en la valoración se otorga puntaje. Por su parte la Administración licitante señala que la experiencia que se establece en el cartel es razonable para el tipo de labores que se van a realizar, sin que se pretenda tampoco limitar la participación estableciendo un plazo mayor. Asimismo señala que el cartel establece una experiencia mínima y una adicional sin cerrar injustificadamente el derecho de participación de los notarios y que acoger la sugerencia de establecer un plazo muy alto favorecería a un sector de los notarios en forma injustificada, y cuyo conocimiento acumulado no es de valor agregado de cara a los puntuales servicios licitados. Adicionalmente señala en el caso de Federico Alfaro Araya que tiene más de cinco años de prestar servicios al banco por lo que el requisito no limita su participación. Que la experiencia de admisibilidad no se valora ya que el cartel claramente da puntos al exceso sobre esta. Criterio del Despacho: Considera este Despacho que la experiencia mínima es un aspecto que tal como lo hace la Administración debe ser establecida dentro de los requisitos de admisibilidad. Ahora bien, la determinación de la cantidad de años o fracción que se establezca es un aspecto discrecional de la Administración y dado que no se demuestra que el mismo no se ajusta a criterios de lógica y razonabilidad, lo cual debieron haber hecho los objetantes en forma objetiva, sea para establecer que es mucho tiempo o muy poco tiempo, sino que lo que se desprende de los recursos es que pretenden ver beneficiada su situación particular sin sustento objetivo, el recurso debe declararse sin lugar en este punto. Tómese en cuenta adicionalmente que en consideración al objeto de la licitación y a las explicaciones dadas por la Administración, este plazo resulta razonable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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