Recursos de objeción



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12-Sobre la experiencia. Alegan los objetantes EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, JUAN JOSÉ DELGADO ZÚÑIGA, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, HAZEL SALAS DESANTI, EUGENIA GARNIER CASTRO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRILLO, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO RÍMOLA UMAÑA Y ERICH NEUROHR TREJOS, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, MARIO GONZÁLEZ PORRAS, RONALD GONZÁLEZ CALDERÓN, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, ZETTY BOU VALVERDE, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA Y VÍCTOR EMILIO SOTO CRUZ, que la experiencia se evalúa incorrectamente al establecer simplemente el tiempo de habilitación por lo que debe definirse cuál es la necesidad y pedir experiencia en los servicios específicos requeridos. Que se debe pedir que se compruebe la experiencia en contratos crediticios en entidades financiera supervisadas por la SUGEF. Que un notario puede tener mucha experiencia solo en ventas de autos y no en créditos. Que el plazo solicitado es muy corto, sugieren 10, 20, 25 y hasta 30 años y experiencia específica en la formalización de créditos bancarios. Alegan que para tener el puntaje máximo se requieren 11 años lo cual es muy poco. Que la experiencia debe ser positiva por lo que se requieren constancias de usuarios y debe referirse al tema a contratar. Que se deja por fuera la experiencia obtenida en el BNCR. Por su parte la Administración licitante señala que la experiencia requerida es razonable en virtud del tipo de labores. Que en cuanto a que debe ser experiencia positiva la aseveración es respetable, que no obstante dado que no se formula ninguna petición puntual, ni se objeta tampoco ninguna disposición del cartel, no se observa efecto alguno. Que en todo caso el cartel contempla precisamente la ausencia de sanciones contra los notarios como un mecanismo para evaluar la experiencia positiva. Sobre la experiencia en escrituras referentes a créditos bancarios hipotecarios y prendarios, aparte de que no se indica la limitación a participar, las escrituras de créditos, sean hipotecarias o prendarias son actos repetitivos basados incluso en formatos preestablecidos y por ende la complejidad de los servicios de notariado externo para la formalización de créditos, no es tal que amerite cerrar la posibilidad de participación sobre la base de un supuesto conocimiento específico que no es tal, por lo que el valor agregado es fijar una experiencia mínima y valorar una adicional que sin cerrar la participación garantice al Banco que el adjudicatario tiene un perfil idóneo para prestar los servicios. Que acoger el recurso favorece a los notarios “viejos” cuyo conocimiento acumulado no aporta valor agregado de cara al servicio brindado. Criterio del Despacho: En este punto si bien es cierto el establecimiento de los criterios de evaluación es un aspecto discrecional de la Administración y la experiencia indudablemente otorga valor agregado en la prestación de los servicios, del tipo que sean, considera el Despacho que el cartel no es claro, según bien lo señalan los objetantes ya que no se establece nada en cuanto al tipo de experiencia por lo que al igual que en el punto anterior puede tratarse simplemente del tiempo que se tiene a partir de la habilitación sin considerar si se ha realizado actividad notarial, de qué tipo y en qué forma. Al señalar la Administración que con la ausencia de sanciones se evalúa la experiencia positiva se deja de lado la consideración de que si no hay actividad no hay sanciones por ello el recurso se declara parcialmente con lugar en este punto para que la Administración defina el tipo de experiencia que requiere y la forma como debe de probarse la misma conforme lo señala el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Queda claro que la determinación del puntaje a otorgar por el tiempo de la experiencia corresponde a la Administración y los plazos que señalan los objetantes resultan subjetivos. Asimismo que no se prueba que el plazo establecido por la Administración resulte arbitrario. Ahora bien, en cuanto a la experiencia bancaria, este Despacho considera que en efecto en razón del objeto la experiencia que debe calificarse es precisamente la que verse sobre los aspectos propios del objeto, es decir sobre formalización de créditos bancarios, sin que se deba excluir la experiencia obtenida en el BNCRen otras instituciones en particular. -------------------------------------------------------------------------------13-Sobre la nota mínima: Alegan los objetantes HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, EUGENIA GARNIER CASTRO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRILLO, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL Y JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO que la nota mínima para determinar la elegibilidad del a oferta debería ser superior a 70 puntos, sugieren 80. Por su parte la Administración licitante señala que no es de recibo la objeción, ya que se trata de un aspecto discrecional de la Administración. Que en todo caso, cualquier oferta elegible es susceptible de obtener un puntaje adicional, por lo que cualquier oferta que reciba puntos puede adjudicarse. Que una vez admitida la oferta, se evalúan los criterios establecidos a tal fin cuando ya se ha demostrado que se cumple con los requisitos de idoneidad por lo que cualquiera de los evaluados estaría en capacidad técnica de prestar los servicios requeridos. Que el incumplimiento de requisitos de evaluación no descalifica la oferta. Que no se acredita porqué la fijación de un puntaje mínimo impide la participación en el concurso ni se justifica porqué se debería de subir ese puntaje mínimo. Que no corresponde a la Administración valorar la enseñanza recibida por los notarios, lo cual además es una apreciación subjetiva e infundada. Criterio del Despacho: Siendo que el establecimiento de un puntaje mínimo para ser elegible redunda en la protección del interés público por lo que no puede entenderse que resulta arbitrario y considerando que la fijación del mismo es un aspecto discrecional de la Administración; asimismo, siendo que los objetantes no señalan la forma en que se limita su participación ni fundamentan porqué se cuestiona el puntaje mínimo establecido por la Administración, se declara sin lugar el recurso en este punto. --------------

14-Sobre el desempate. Alegan los objetantes EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, CARLOS EDUARDO CASTRO MORA, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, DORIS ARAYA ALFARO, JUAN JOSÉ DELGADO ZÚÑIGA, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ ESPINOZA, JUAN MANUEL RAMÍREZ VILLANEA Y OSCAR EMILIO PÉREZ ZUMBADO, CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ ALVARADO, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, HAZEL SALAS DESANTI, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, JUAN VICENTE ROJAS MORERA, ZETTY BOU VALVERDE, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, VÍCTOR EMILIO SOTO CRUZ, SERGIO VARGAS LÓPEZ Y JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, que se oponen en general a la rifa, que a pesar de que este Despacho ha admitido este criterio, deberían aplicarse otros criterios. Que el cartel no es claro en cuanto al mecanismo de desempate el cual debería detallarse en forma clara, concreta y transparente. Que no se indica el mecanismo de rifa el cual debe estar previamente determinado para seguridad de los oferentes. Que según el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa debe acudirse a otros criterios y solo en último caso a la rifa. Se sugiere que se valoren aspectos tales como haber prestado servicios a la institución, mayor número de protocolos concluidos, más escrituras cartuladas, más años de ser notarios activos, mayor cantidad de recursos humanos y técnicos, vinculación con entidades del mismo giro, etc. Por su parte la Administración licitante señala que los interesados deben estarse a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el cual se establece en forma expresa la suerte como un criterio de desempate. Que en la resolución RC-624-2001 se estableció la posibilidad de acudir a este criterio de desempate, máxime en este caso que por el tipo de labores asignadas el conocimiento acumulado más allá de cierto tiempo o cierta cantidad de repeticiones no otorga valor agregado. Que en todo caso el reconocimiento y consideración de los atestados de cada oferente, que es lo que se reclama, ya habrían sido considerados en toda su extensión en admisibilidad y evaluación. Sobre el mecanismo de rifa el cartel no causa incerteza ya que establece la presencia de los interesados, el levantamiento de un acta, lo cual evidencia que no será una elección a dedo sino a la suerte, lo cual será fiscalizado por los propios interesados. Criterio del Despacho: Para este Despacho en efecto el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como criterio de desempate la rifa, no obstante este criterio en aras de la objetividad de la adjudicación debe de considerarse después de acudir a otros mecanismos que de alguna forma otorguen un plus a las ofertas, algunos de los cuales señalan los objetantes pero que en todo caso deben ser determinados por la Administración. En consideración a lo dicho se declara con lugar el recurso en este punto en el sentido señalado. ------------------------------------------------------------------

15-Sobre el número de protocolos y tipo de escritura: Alegan los objetantes EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, CARLOS EDUARDO CASTRO MORA, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, JUAN JOSÉ DELGADO ZÚÑIGA, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, HAZEL SALAS DESANTI, EUGENIA GARNIER CASTRO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRILLO, SANDRA MARÍA MONGE RODRÍGUEZ, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, SONIA SEGURA SECO, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, LAURA MORA CAMACHO, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, MARIO GONZÁLEZ PORRAS, RONALD GONZÁLEZ CALDERÓN, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, SERGIO VARGAS LÓPEZ, FEDERICO ALFARO ARAYA Y ADRIÁN MONTERO GRANADOS, que el cartel no diferencia a los oferentes y mas bien generaliza su participación porque un notario con 5 protocolos obtendría la misma calificación que uno con un número superior, además que no permite establecer si el notario tienen experiencia en el tipo de escrituras que el Banco requiere. Que se debe valorar el número de escrituras que pueden ser otorgadas en otro protocolo, para lo cual están los índices como medio de prueba o la experiencia especifica en el tipo de servicios requeridos. Por su parte la Administración licitante señala que la asignación de puntos por cada protocolo constituye un mecanismo adecuado para evaluar la experiencia profesional que acumulan los oferentes en la actividad notarial en general, de ahí que constituya un valor agregado digno de ser considerado en el cartel. Criterio del Despacho: Conforme ya se ha señalado la determinación de los elementos de evaluación constituye un aspecto discrecional de la Administración y siendo que en el presente asunto los objetantes no demuestran que la fijación de este aspecto resulte arbitraria, no se prueba la limitación a participar y los recursos denotan que se trata de establecer criterios que al parecer beneficien las condiciones particulares de los objetantes sin señalar el beneficio real para la Administración, se declara sin lugar el recurso en este punto. ----------------------------------------------16-Sobre el posgrado: Alegan los objetantes JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, DORIS ARAYA ALFARO, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, JOAQUÍN ANTONIO BOLAÑOS ALPÍZAR, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, SONIA SEGURA SECO, JUAN LUIS VARGAS ALFARO, OLGER SOLÍS HERNÁNDEZ, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BRAULIO ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, ANANIAS MATAMOROS CARVAJAL, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, LAURA MORA CAMACHO, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO RÍMOLA UMAÑA Y ERICH NEUROHR TREJOS, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, ALCIDES ARAYA CAMPOS, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, JAVIER ALFARO BLANCO, ZETTY BOU VALVERDE, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, VÍCTOR EMILIO SOTO CRUZ, SERGIO VARGAS LÓPEZ, GUILLERMO SALAS CAMPOS Y GUILLERMO SALAS BRENES, FEDERICO ALFARO ARAYA, ADRIÁN MONTERO GRANADOS Y MYRNA IVETTE PIERRE DIXON, que el posgrado en derecho notarial y registral es una exigencia discriminatoria e irracional, al ser una exigencia que solamente se aplica para los notarios graduados después de la promulgación del Código Notarial. Que afecta a los notarios que fueron autorizados antes de dicha legislación y más bien castiga la experiencia. Que se antepone el posgrado a la experiencia. Que no se otorgan puntos a quienes tuvieron que llevar en su momento un año adicional de la carrera y tomar cursos de derecho notarial y derecho registral para recibir el título de notario. . Cuestionan también que se exijan cursos de actualización a quienes no tengan un posgrado en derecho notarial pero no a quien si lo tienen. En concreto se objeta además que no se valoren los cursos para quienes actualmente cursan la especialidad y ya son notarios y los cursos son más rigurosos que los de actualización. Que se limita la participación de quienes fueron autorizados antes de que se estableciera el requisito en el Código Notarial. Que se le está dando un efecto retroactivo a este nuevo requisito del Código Notarial y se estaría pidiendo un imposible, esto es, matricularse en un curso para tener una materia ya aprobada. Que por ello se le debe dar el puntaje a total a quienes ya eran notarios. Que sino se tiene posgrado y se tiene 10 años de experiencia, no se tendría opción de resultar adjudicatario. Que ello es una ventaja para los notarios más jóvenes. Que los cursos de actualización no deben ser solo relativos a derecho notarial y registral sino también a materias asociadas por ejemplo la nueva Ley de Cobro Judicial o la firma digital. Que si se quiere valorar el posgrado debe ser otro que no sea obligatorio. En particular también se alega que se le debe dar mayor puntuación por ser una exigencia que no se daba a los otros notarios anteriores al Código Notarial que implica un esfuerzo adicional muy duro. Se objeta también el que se de la misma puntuación a los cursos de actualización. Por su parte la Administración licitante señala que: El Código Notarial exige el postgrado en Derecho Notarial y Registral a los notarios autorizados a partir del 22 de mayo del 2003. que se trata de un requisito puntual y específico y no de cursos aislados y genéricos que sin duda resultan de valor agregado en la prestación de los servicios de notariado. Que el requisito hace referencia a un grado académico específico y no a la mera participación en cursos de actualización. Que pese a ser un aspecto de indudable valor agregado, ha sido imposible requerir como requisito mínimo de participación a todos los oferentes el haber cursado y aprobado el posgrado, dado que el mismo no resulta vinculante para los notarios autorizados antes del 22 de mayo del 2003, razón por la cual la única vía para que la Administración se beneficie de la mejora es a través de su consideración en los criterios de evaluación. Que adicionalmente los notarios “longevos” y experimentados se encuentran en posibilidad de acreditar por otros medios su capacitación adicional en la materia, con lo cual perfectamente pueden acceder a los mismos puntos que reconoce el cartel. Que los cursos de actualización y el posgrado no son requisitos de admisibilidad sino puntos de la evaluación por lo que no limitan la participación. Que en cuanto a los cursos llevados como parte de una especialización no concluida no se está frente a un requisito genérico de asistencia a cursos de capacitación sino ante un requerimiento legal de especialización sin que el recurrente logre demostrar que el posgrado en notariado equivale a la participación en uno o más cursos de capacitación. Que para ello se requeriría que tanto la universidad que impartió los cursos como la Dirección de Notariado realicen la homologación y que el recurrente hubiera aportado como prueba un criterio de esa dirección indicando que la homologación es posible. Que el posgrado no es un requisito de admisibilidad y su incumplimiento no acarrea el descarte de la oferta. Que es un criterio de evaluación que no busca igualar las ofertas sino resaltar diferencias para seleccionar la que más se ajusta al interés de la Administración. Sobre la mayor valoración señala que esto es una consideración personal del objetante, y que se oponen a ella ya que un 70% de los criterios están referidos a la idoneidad adicional del oferente lo que evidencia el equilibrio del cartel. Criterio del Despacho: Considera este Despacho que siendo que el Código Notarial estableció como requisito obligatorio a efecto de poder ser habilitado como notario a partir de mayo del 2003 el haber cursado un posgrado en derecho notarial y registral, no puede la Administración establecer este posgrado como un criterio de evaluación y otorgar puntaje al mismo, sin lesionar el principio de igualdad de participación, toda vez que hay profesionales a los que esa condición no les aplica. Así las cosas debe la Administración eliminar del sistema de calificación este aspecto, el cual además no podría equipararse, otorgándole el mismo puntaje a los cursos de actualización salvo que resultaran equivalentes en cuanto a exigencias académicas, tiempo y otros factores que previamente deberían definirse. En cuanto a los cursos seguidos como parte de un posgrado sin concluir, debería determinarse su equiparación a los cursos de actualización, lo cual no resultaría procedente si se pretende que los cursos de actualización sean equiparables a un posgrado concluido, e incluso debe valorarse que esos cursos responden a un conjunto sistemático e integral, lo cual haría dudar de considerarlos en términos iguales que a cursos individuales de especialización o actualización. Ahora bien, si la Administración insiste en otorgar puntaje al posgrado debe ser para el caso de aquellos notarios para quienes no resulta obligatorio, así como establecer en forma escalonada el otorgamiento de puntos por cursos de actualización que se puedan equiparar en cuanto a exigencia a un posgrado, según se dijo supra, esto si se quiere igualar la puntuación. Por lo anterior, el recurso se declara con lugar. Con respecto al argumento en el sentido de que el puntaje otorgado por el posgrado es muy poco, estese el objetante a lo dicho en cuanto a que no resulta procedente el otorgamiento de puntos para quienes el mismo resulte obligatorio. ----------------------------------------

17-Sobre el plazo del contrato: El objetante ADEMAR ANTONIO ZÚÑIGA QUIRÓS manifiesta que el plazo del contrato es ilegal y violatorio del artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que se establece en un año prorrogable por tres períodos anuales adicionales al inicial, cuando lo que la norma en cuestión prohíbe es que el plazo sea superior a cuatro años. Señala que esa previsión desestimula la participación de posibles oferentes y les impide contar con un contrato por tiempo determinado que garantice un ingreso económico estable y asegurado. La Administración licitante por su parte señala que la objeción es manifiestamente improcedente. No constituye una violación al artículo 163 del RLCA el hecho de que se haya estipulado un plazo de un año, por el contrario, existe plena conformidad con dicha disposición. De igual forma, esta Administración considera que no se encuentra en modo alguno obligado a garantizarle a los eventuales adjudicatarios un ingreso económico estable y asegurado, sino únicamente a que perciban los honorarios que autoriza el Arancel por cada caso concreto que logren formalizar en forma satisfactoria para las partes interesadas. Lo que establece el artículo es que no se puede establecer un plazo superior a 4 años, cosa que el cartel ha previsto y ha estado de conformidad. Criterio del Despacho. Este Despacho coincide con el Banco en lo relativo a que el plazo dispuesto por el cartel y que también se expresa en el Reglamento para la prestación de servicios de notarios externos del Banco Nacional de Costa Rica es acorde con el ordenamiento jurídico y en especial con el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por lo que al no resultar ilegal ni violar o limitar la participación del objetante se declara sin lugar el recurso en este punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

18. Sobre la igualdad de género: Señala el objetante CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ ALVARADO que el cartel de la licitación no indica las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la igualdad de género, con el propósito de eliminar la discriminación de la mujer. Por lo que el cartel debe modificarse e incluir las medidas necesarias y apropiadas a favor de la mujer. La Administración licitante manifestó que se debe recordar al recurrente, que de conformidad con el artículo 52 incisos g) y o) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, “Las especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de desempeño y funcionalidad”, sin que quepa “imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales participantes”. También, el artículo 2 incisos d) y e) del citado reglamento, disponen en su orden que “Se debe garantizar la posibilidad de competencia entre los oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes” y que “En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y examinados bajo reglas similares”. Así las cosas, el cartel de marras asegura la adjudicación al concurso a los mejores oferentes, dada su idoneidad y condiciones de valor agregado relacionado con el objeto licitado. El género del oferente deviene entonces en un aspecto irrelevante de cara a determinar la idoneidad del oferente, pues no existe fundamento técnico para poder determinar que, por el simple hecho de que el oferente sea hombre o mujer, resulta más o menos idóneo que los otros para prestar el servicio licitado. Lo anterior implica que conforme a las reglas cartelarias, bien podría suceder que todos los adjudicatarios resulten ser mujeres, sin que los hombres pudieran cuestionar el cartel por aspectos de género, dado que la selección no se habría basado en tal condición casual, que resulta ser un impedimento no indispensable ni conveniente al interés público. Por lo demás, ningún requisito de participación o de elegibilidad en el cartel, está relacionado con el género del oferente, por lo que participación de las mujeres en el concurso, tiene las mismas garantías que la de los hombres. Actuar en contra de ello, implicaría una desviación de poder en los términos previstos en el artículo 131.3 de la Ley General de la Administración Pública, viciando de nulidad lo actuado.”Criterio del Despacho. No se ha logrado demostrar ninguna violación a los principios de contratación administrativa y especialmente este Despacho no ha evidenciado en el cartel que se esté limitando la participación de las mujeres; visto que el mismo recurrente no ha fundamentado la objeción que presenta sobre este tema se declara sin lugar su recurso sobre este tema específico por falta de fundamentación y además se coincide con lo indicado por el Banco en que el género del oferente resulte irrelevante de cara a determinar su idoneidad; especialmente hoy que la profesión de abogado y consecuentemente la de notario público está siendo ejercida de manera igualitaria por hombres y mujeres sin distinción alguna, e incluso, de datos proporcionados por el Colegio de Abogados, existe una diferencia escasa a favor del género femenino en las incorporaciones de los últimos años, lo cual, unido a la falta de limitaciones, lleva a la conclusión de que no existe tendencias a la discriminación alegada. -----------
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