Recursos de objeción



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27-Sobre el lugar de prestación del servicio: Alegan los objetantes JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA y JUAN IGNACIO MATA CENTENO que la disposición cartelaria violenta disposiciones del Código Notarial y lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial, en cuanto a que los notarios deben presentar sus servicios en sus propias oficinas. Solicitan que se elimine. Por su parte la Administración licitante señala que discrepa de la objeción formulada, ya que los términos en que se requiere la prestación del servicio son determinados por el Banco, de acuerdo con las disposiciones del ordenamiento jurídico administrativo y el giro del negocio. Además, argumenta que es un hecho reconocido por la normativa, tal y como puede verse en las previsiones de los artículos del título III y del artículo 61 del Arancel de Honorarios por Servicios de Abogacía y Notariado. Criterio del Despacho: No observamos que se limite la participación con esta disposición, toda vez que un notario público puede ejercer en todo el territorio nacional la función notarial según lo dispone el artículo 32 del Código Notarial y 21 del Reglamento para la Prestación de Servicios de Notarios Externos del Banco Nacional de Costa Rica, no solo en su propia oficina. En todo caso, los gastos de desplazamiento en que incurriere serán reconocidos según lo que establezca para dichos efectos el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, todo lo cual deja ver que no se ocasiona ningún tipo de impedimento para que, en forma extraordinaria, pueda el profesional desplazarse a otras oficinas distintas a la que fue escogido y brindar la función de notario público por lo que se declara sin lugar el extremo traído a examen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-Sobre las direcciones: Alega la objetante ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ que todas las direcciones físicas, electrónicas, de fax, etc. queden habilitadas para que el Banco haga comunicaciones y notificaciones a los adjudicatarios, no es razonable y produce falta de certeza y seguridad jurídica. Considera que debe existir una única dirección física y/o electrónica o de fax. Por su parte la Administración licitante señala que la objeción es manifiestamente improcedente. Lejos de introducir incertidumbre, esta cláusula permite asegurar la comunicación entre las partes y la posibilidad de que se ejecute correctamente el contrato. Criterio del Despacho: Considera el Despacho que lleva razón la objetante en el sentido de que el cartel no es claro al establecer, según lo indica la Ley de Notificaciones un medio y un lugar —ambos— donde recibir notificaciones lo cual eventualmente puede ocasionar problemas en la ejecución contractual y por ello el recurso se declara con lugar en este punto. ---------------------------------------------------------------------------------

29- Sobre los litigios pendientes con el banco: Alegan los objetantes Guillermo Salas Campos y Guillermo Salas Brenes que en el caso de uno de ellos tiene a la fecha un asunto judicial de carácter laboral, donde su patrocinado es un exempleado del Banco. Agrega que no está previsto terminar el proceso antes de la fecha de presentación de ofertas. Asimismo, argumenta que esporádicamente acude como defensor privado en representación de empleados del Banco en procesos internos de carácter disciplinario. Manifiesta que actualmente un empleado le ha solicitado que lo asista jurídicamente en un proceso disciplinario, cuya audiencia oral está prevista par el 21 de agosto próximo. Por su parte la Administración licitante considera que la previsión cartelaria es necesaria para evitar un eventual conflicto de interés de parte del notario, y para garantizar que se mantenga una relación de confianza y objetividad profesional, la cual evidentemente se perdería si el notario asume la dirección de litigios en contra del Banco. Consideramos que existen razones tanto de orden jurídico como ético que justifican la permanencia del requisito que prevé el cartel. Criterio del Despacho: Siendo el sentido de la cláusula evitar un conflicto de intereses, tal y como señala la entidad licitante, observamos que dicha disposición no deviene en antojadiza o arbitraria, antes bien, guarda sentido en procura de no enfrentar situaciones encontradas en donde el notario asesore o represente a un cliente con los mismos intereses que los del Banco. Esto pondría al profesional en una situación bastante difícil al tener que defender los intereses de ambas partes, siendo los mismos sus propios patrocinadores, lo cual podría sobrevenir en pérdida de la objetividad y es ahí precisamente donde la norma cartelaria cobra sentido. No advertimos que la disposición limite injustificadamente la participación. Además, debe considerarse que los carteles no pueden hacerse a la medida de cada participante, por el contrario, éste debe ajustarse a las necesidades de la entidad licitante la cual se encuentra en su función por alcanzar el bienestar general por el cual fue concebida. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo se refiere. ---------

30-Sobre las funciones de consultoría: Alega la objetante DORIS ARAYA ALFARO que el cartel no indica si los notarios externos, además de notarios externos del Banco, tendrán que realizar, conforme ha sido la práctica en el Banco durante los últimos treinta años, funciones de consultoría, lo que podría implicar que los elegidos tendrán que ejercer funciones para las cuales no se están licitando. Por su parte la Administración licitante señala que la objeción no es de recibo, ya que el cartel es claro en cuanto a los alcances de los servicios requeridos por el Banco. Criterio del Despacho: El objeto de contratación que titula el cartel de la licitación, dice textualmente: “El Banco Nacional de Costa Rica requiere contratar profesionales para integrar roles para brindar servicios como notarios externos”. Como bien se puede colegir de la anterior transcripción, los servicios a contratar son, única y exclusivamente, para notario externo del Banco; en ningún momento el cartel ni el Reglamento para la Prestación de Servicios de Notarios Externos del Banco Nacional de Costa Rica, señalan que deba entenderse que, además del servicio de notariado, debe prestarse otro tipo de servicio en las diferentes oficinas del Banco. Si en la práctica se ha venido dando ese servicio por parte de abogados externos que fueron contratados para una labor específica, en este caso el notariado, nos parece que la labor ha sido desacertada por cuanto consideramos que cualquier otro servicio u opinión fuera de este tema, debe ser atendido por los profesionales que al efecto designe el Banco. De conformidad con lo anterior, se declara sin lugar el extremo objetado. Estése a lo señalado. -----------------------------------------------------------------------------------------------

31-Sobre la asignación de los créditos altos a los notarios de planta: Alega el objetante RODRIGO VARGAS ULATE que, en el punto 3 del apartado A del cartel, se señala que la participación en este concurso implica la aceptación y obligaciones del cartel, así como el Reglamento para la Prestación de Servicios Notariales del Banco Nacional de Costa Rica. Considera que dicha exigencia es violatoria al principio de libre participación, porque limita tener que aceptar las regulaciones del indicado reglamento el cual infringe el Decreto de Honorarios de Profesionales en Derecho y a la Directriz Resolución 1159-2007 de la Dirección Nacional de Notariado al establecer un criterio “amplísimo” de discrecionalidad para entregar los créditos más altos a notarios de planta. Por su parte la Administración licitante señala que la objeción no es de recibo, ya que en el fondo lo que pretende discutir no es el texto del cartel propiamente dicho, sino el de un reglamento aprobado por el Banco Nacional de Costa Rica, para lo cual la presente vía no constituye el medio correcto ni pertinente, por supuesto sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar otros estrados distintos para discutir sobre el fondo de sus reclamaciones. Criterio del Despacho: Considera este Despacho que lleva razón la Administración licitante, toda vez que efectivamente la impugnación que hace el recurrente la dirige a que se excepcionen del concurso las disposiciones que enmarca el Reglamento para la Prestación de Servicios Notariales del Banco Nacional de Costa Rica y esto no es materia para dirimirla en esta sede, mucho menos por esta vía. Téngase presente que dicho Reglamento fue publicado desde el día 9 de abril, tiempo suficiente para haber impugnado, en la vía correspondiente, su inconformidad por lo que se declara sin lugar el punto objetado. --------------------------------------------------------------------------------------------------

32-Sobre el número de instituciones a las que se les brindan los servicios: Alegan los objetantes ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, DORIS ARAYA ALFARO, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, JOSE ANGEL RAMIREZ ESPINOZA, JUAN MANUEL RAMÍREZ VILLANEA Y OSCAR EMILIO PÉREZ ZUMBADO, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL Y MAURICIO VARGAS SALAS, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, JUAN LUIS VARGAS ALFARO, OLGER SOLÍS HERNÁNDEZ, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, ANANIAS MATAMOROS CARVAJAL, ADEMAR ANTONIO ZÚÑIGA QUIRÓS, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, LAURA MORA CAMACHO, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, MARIO GONZÁLEZ PORRAS, RONALD GONZÁLEZ CALDERÓN, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, JOSÉ MIGUEL FONSECA SABORÍO, ALCIDES ARAYA CAMPOS, FRANCISCO MORERA ALFARO, ZETTY BOU VALVERDE, SERGIO VARGAS LÓPEZ, AMADO HIDALGO QUIRÓS, RODRIGO VARGAS ULATE, LYANNETTE PETGRAVE BROWN, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA Y MYRNA IVETTE PIERRE DIXON, que en cuanto al número de instituciones públicas que es confuso el aparte 8 del punto D) del Cartel, al fundamentarse en el artículo 7 inciso e) del Código Notarial e indicar que el oferente no podrá ejercer el notariado en más de 2 instituciones al momento de la apertura de las ofertas, cuando esa norma dice que es en tres instituciones. El artículo 7 del Código Notarial dispone que todo interesado tiene la oportunidad de participar en cualquier concurso dándose la posibilidad de que renuncie a una de las instituciones en el eventual caso de que si fuera elegido en el concurso y ejerciera antes del mismo funciones en otras instituciones autónomas o públicas renuncie a una de las mismas. No hay garantía alguna de ser elegido, por lo cual si renuncia anticipadamente se causaría evidentemente un perjuicio sin razón alguna, En síntesis, se debe dar la posibilidad que renuncie a alguna de las instituciones y se debe corregir el cartel porque un máximo de tres y no de dos instituciones, de lo contrario, sería discriminatorio e infringe el ordenamiento jurídico. Por último, otro objetante agrega, que en el cartel se pide una declaración jurada, en donde indique la cantidad de instituciones a las cuales presta el servicio, pero no está dentro del aparte “B” y no se dice cuando puede o debe aportarse. Por su parte la Administración licitante aduce que si el oferente ejerce el notariado en más de dos instituciones públicas al momento de presentar su oferta, por lógica se tendría que habría agotado el tope previsto en el citado artículo 7.e) del Código Notarial. Por ende, lo que se advierte en la cláusula cartelaria cuestionada, es que para poder ser oferente en este concurso, “El oferente no deberá ejercer el notariado, simultáneamente, en más de dos instituciones estatales descentralizadas y en empresas publicas estructuradas como entidades privadas, al momento de la apertura de las ofertas…”, pues de lo contrario, si ejerce en 3, ya no podría resultar adjudicado en este concurso. Entonces, no es correcta la apreciación de los objetantes porque la condición cartelaria prevé que, al sumarse una eventual adjudicación por parte del Banco Nacional a otras dos ya existentes, se estaría completando el número máximo de entidades públicas en las que los notarios pueden prestar servicios. En consecuencia, lejos de ser confuso o contradictorio con lo dispuesto en el artículo 7 inciso e) del Código Notarial, el cartel lo que procura es precisamente cumplir con esa disposición. Criterio del Despacho: Para disipar la impugnación que sobre este aspecto han sido numerosas las objeciones, es necesario relacionar lo que establece el artículo 7, inciso e) con el artículo 8, ambos del Código Notarial. El primero, establece la prohibición para el notario público de no ejercer el notariado simultáneamente en más de tres instituciones públicas estructuradas como entidades privadas. El segundo artículo armoniza con dicha prohibición pero directamente dispone que la Administración Pública no puede contratar a un mismo notario en más de tres instituciones simultáneamente. Ahora bien, de conformidad con la anterior normativa, queda claro que un notario no puede mantener contratos simultáneos con más de tres instituciones públicas. O sea, el limite legal es de tres contratos de ese tipo. Así las cosas, si al momento de ofertar un profesional ya mantiene contratos vigentes con dos instituciones, al asirse con una adjudicación a su favor en el presente concurso estaría completando su cuota, lo cual no le impide la participación. Distinto sería el caso si al momento de ofertar un profesional ya tiene vigentes tres contratos con oficinas públicas, ya que una adjudicación adicional le haría incurrir en falta a la normativa legal antes referida. Por eso, este Despacho considera que se debe hacer una diferenciación entre los momentos de antes y después del acto de adjudicación del Banco, puesto que de previo a ese acto, tal y como lo manifiestan los objetantes, no hay garantía alguna de ser elegido. En ese sentido, aún cuando sea loable que el Banco pretenda desde el inicio del concurso, acatar lo ordenado en los artículos 7 inciso e) y 8 del Código Notarial, al introducir en el punto 8 del aparte D del Cartel que “El oferente no deberá ejercer el notariado, simultáneamente, en más de dos instituciones estatales descentralizada y en empresas públicas estructuradas como entidades privadas, al momento de la apertura de las ofertas…”, lo cierto es que ese condicionamiento discrimina e infringe el ordenamiento jurídico citado. Dicha disposición limita la libre participación al concurso, al restringir a aquellos notarios externos interesados que actualmente prestan sus servicios en tres instituciones, presenten sus ofertas, puesto que desde el inicio no serían admitidos por incumplir tal disposición cartelaria. Ahora bien, lo lógico y congruente con la normativa antes invocada, es que esa condición, se exija una vez adjudicados por el Banco, es decir, que se dé la posibilidad a los elegidos de renunciar a una de las tres entidades contratantes, bajo su decisión y con la pronta comunicación a la entidad bancaria licitante. Finalmente, el alegato que la declaración jurada de la cantidad de institucionales no se incluyó en el aparte B del Cartel, resulta atinente y por ello debe plantearse tal modificación. Por lo anterior, se declaran con lugar los recursos en este punto. ---------

33-Sobre la cancelación de honorarios: Alegan los objetantes ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ ALVARADO, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, SONIA SEGURA SECO, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, LAURA MORA CAMACHO, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, SERGIO VARGAS LÓPEZ Y AMADO HIDALGO QUIRÓS, que ningún punto del cartel, hace referencia al pago de honorarios que se efectuará a los eventuales adjudicatarios, ni a la forma y procedimiento para hacerlo. Tampoco establece quién cancelará los gastos, derechos y timbres de inscripción que se requieran los instrumentos públicos que se otorgue, ni el momento o forma en que ese pago se efectuará. El objetante MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS adiciona que el Decreto Ejecutivo No. 32493-J indica que la retribución de honorarios al profesional se deberá realizar al momento de suscribirse el instrumento público, lo que está establecido no puede variarse vía cartel de licitación. Congruente con ello, también los demás objetantes alegan que se debe modificar el cartel, de tal forma que los honorarios de los notarios adjudicados se deberán pagar al momento de suscribirse el instrumento público junto con los derechos, timbres, impuestos y demás sumas que deban satisfacerse, según los artículos 67 del Arancel de Honorarios por Servicios de Abogacía y Notariado y el Código Notarial, y no según el artículo 27 del Reglamento (Reglamento para la Prestación de Servicios de Notarios Externos del Banco Nacional de Costa Rica), que dice de la cancelación tres días después de presentar el testimonio de la escritura pública debidamente inscrita ante el Registro Público y los documentos adicionales si existieren, o en su defecto una certificación extendida por el Registro Público, en el entendido que posteriormente presentará el notario los documentos originales. El objetante WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES agrega que el cliente del banco cancela los honorarios desde el acto de otorgamiento, siendo que no hay reconocimiento de intereses, ni de ningún tipo de “plus”, lo que produce al Banco un enriquecimiento indebido. Debe especificarse con claridad y transparencia cuando se va a realizar el pago de los honorarios. Por su parte la Administración licitante manifiesta que el Banco se encuentra obligado a velar por la efectiva prestación del servicio, dentro del marco de sus facultades de fiscalización, por lo que es razonable que adopte las medidas necesarias para que los pagos de honorarios se realicen después y no antes de que el servicio se preste. Así, no es de recibo la objeción. Además, en cuanto a los fondos con los que se cancelaran los costos de la contratación, aclara que serán tomados de los depósitos que por concepto de honorarios, depositen el Banco los clientes, a los cuales se les estaría confeccionado la escritura de crédito, de allí, que no deben preocuparse por el pago. Criterio del Despacho: A nuestro criterio, no se demuestra la nulidad alegada y en todo caso lo solicitado es una aclaración, por lo que se declara sin lugar los recursos en este extremo y se dispone al Banco que haga la referencia o incorpore los artículos del Reglamento aludido correspondientes al tema de la cancelación de honorarios en el Cartel de la Licitación. ------

34-Sobre las sanciones: Alegan los objetantes CARLOS EDUARDO CASTRO MORA, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, SONIA SEGURA SECO, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, LAURA MORA CAMACHO Y RODOLFO CORTÉS NORIEGA, que en el 2.4 del cartel, se califica el hecho de no haber recibido sanciones en los últimos cinco años, sin embargo, dicha calificación no guarda relación de proporcionalidad ni de grado entre quienes hayan sido sancionados, pues se infringe el principio de non bis in ídem o una doble sanción, primero la del órgano administrativo y segundo la de por poder participar en el concurso. Lo lógico, justo y proporcional sería asignar pérdida de puntos en forma proporcional, con base en el esquema planteado por el artículo 139 del Código Notarial vigente. Una objetante propone que se les concederá diez puntos al notario público que no hubiera recibido ninguna sanción de suspensión. A los que hubieran recibido una sanción de suspensión hasta de un mes se les concederá 8 puntos, sanción hasta seis meses, seis puntos; sanción hasta por tres años cuatro puntos y a sanción hasta por cuatro años, 2 puntos y finalmente, sanción mayor a cuatro años no tendrá ningún punto. Es suma importancia tener en cuenta la gravedad de la sanción. Algunos objetantes proponen eliminar la calificación de este ítem. En resumen se manifiesta que el sistema de evaluación no reconoce ni incluye aspectos que pueden representar verdaderas ventajas comparativas, con lo que existe un alto riesgo de poner en peligro la selección de las ofertas que mejor convengan al interés público, por lo que es nulo dicho cartel. Por su parte la Administración licitante aduce que el cartel contempla precisamente la ausencia de sanciones contra los notarios como un mecanismo para evaluar la experiencia positiva, en vista de ello, el cartel a todas luces resulta razonable, pues se trata de un criterio de selección, por lo que no es de recibo la pretensión de los objetantes. Por ende, considera esa Administración que el apartado de marras responde a un ejercicio cuidadoso de identificación de lo que es más importante de cara a satisfacer la necesidad Administrativa de los servicios de notariado externo, por lo que lejos de generarse una distorsión se cumple con el cometido de los criterios de evaluación, sea resaltar las diferencias cualitativas y cuantitativas de valor agregado para el licitante existente entre los oferentes. No compete a la Administración fijar la “gravedad” de las sanciones, la cual podría igualmente ser discutida, sin fin, por los potenciales oferentes. Tampoco se trata de otorgar puntos a quienes menos han sido sancionados, por cuanto ello equivaldría a premiar incumplimientos de los notarios. Criterio del Despacho: En torno al requerimiento de evaluar la ausencia de sanciones aplicadas a los notarios públicos, ya sea por la Dirección Nacional de Notariado, o bien, por otra entidad para la cual el potencial oferente haya prestado servicios similares, esta Contraloría General se ha pronunciado (R-DCA- 251-2007) respecto de dos supuestos distintos: en cuanto a dicho requerimiento como requisito de admisibilidad y en cuanto al mismo requerimiento, pero como parte del sistema de evaluación de los oferentes. En este sentido, sobre la ausencia de sanciones en el ejercicio del notariado por determinado período, como requisito de admisibilidad para concursar, esta Contraloría General ha sostenido en la resolución número R-DCA-157-2006 de las 15:00 horas del 18 de abril de 2006, señalando que “…no es procedente pretender una sanción más allá de la establecida por el ordenamiento cuando hay faltas notariales; traer a presente el histórico de sanciones y utilizarse para discriminar en razón de este procedimiento lesiona principios y derechos ubicados en la misma Constitución Política (principio de inocencia, de igualdad, impedimento de ser juzgado dos veces por la misma falta, para citar algunos). Lo único que podría limitar en materia de sanciones en este caso es que el profesional esté inhabilitado o sancionado en estadio de presentación de plicas, para el ejercicio del notariado.” Este antecedente coincide a su vez con el señalado en la resolución número R-DCA-245-2006 de las 8:00 horas del 25 de mayo de 2006, en donde este órgano contralor remitió a su vez a la resolución número R-DAGJ-754-2005 de las 12:00 horas del 4 de noviembre de 2005, en donde se concluyó que “…El régimen disciplinario de los notarios está exclusivamente a cargo de la Dirección de Notariado y del Poder Judicial y si bien la condición en comentario no tiene un efecto general para el Sector Público, su desproporción puede llevar a una infundada limitación del derecho al trabajo, en el tanto un notario habilitado para el ejercicio no puede ofrecer sus servicios en esa entidad, incluso por un tiempo mucho más extenso que el definido como sanción. Con lo expuesto, se estima que una inhabilitación anterior no puede limitar al notario la prestación de sus servicios y que como barrera infundada y eventualmente inconstitucional, la cláusula debe eliminarse. Sin embargo, tampoco puede desconocerse el interés de la entidad de contratar con profesionales que reúnan, a su juicio, las mejores condiciones, por lo que el tema de sanciones podría incorporarse al sistema de calificación, siempre dentro de un esquema racional y acorde a la situación. Por ejemplo, podría concederse algún puntaje (bajo) a quienes durante un tiempo que la entidad fijaría no hayan tenido ninguna suspensión y restar calificación a quienes si cuenten con alguna suspensión relevante —según se comentó antes— o bien quienes hayan sido impuestos de más de una medida, alternativa cuya incorporación sería del resorte exclusivo de la Administración.” En el primer párrafo de esta última cita transcrita, se aprecia entonces una coincidencia con la primera resolución referida —la R-DAGJ-157-2006— siendo claros ambos antecedentes, en estimar ilegítima la condición cartelaria que exija como requisito de admisibilidad, de que el notario no haya sido sancionado en un determinado período. Agrega dicha resolución R-DCA-251-2007 que en el caso de considerarse tal requerimiento por la Administración dentro del sistema de evaluación, resulta viable incorporarlo con algún puntaje (bajo) a quienes durante un tiempo que la entidad fijaría no hayan tenido ninguna suspensión y restar calificación a quienes si cuenten con alguna suspensión relevante —según se comentó antes— o bien quienes hayan sido impuestos de más de una medida, alternativa cuya incorporación sería del resorte exclusivo de la Administración. Empero, en el caso bajo examen, se observa la necesidad de mantener una proporcionalidad y un estadio gradual en el sistema de calificación, puesto que existen sanciones con distinto alcance de reproche. Con fundamento en lo anterior, esta División declara parcialmente con lugar, para que la Administración en forma razonable y proporcionada establezca una graduación a la pérdida de puntos, dependiendo del tipo de faltas cometidas y el plazo de la sanción. En cuanto al resto de los extremos en contra de este requerimiento, se rechazan los recursos de objeción planteados. --------------------------------------
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