Recursos en via gubernativa persiguen que la administración corrija los errores que cometió el mismo funcionario o sus subalternos / recurso de reposición procede



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RECURSOS EN VIA GUBERNATIVA - Persiguen que la administración corrija los errores que cometió el mismo funcionario o sus subalternos / RECURSO DE REPOSICIÓN - Procede ante el mismo funcionario o autoridad que profirió el acto / RECURSO DE APELACIÓN - Debe ser decidido por el superior administrativo de quien lo expidió / RECURSO DE APELACIÓN - No procede contra las autoridades enunciadas en el artículo 50 del C.C.A. por ser las máximas autoridades en cada entidad
Respecto al alcance del artículo 50 del C.C.A., resulta pertinente recordar que los recursos previstos en el Código Contencioso Administrativo, persiguen que la administración pueda nuevamente analizar sus propias decisiones y corregir los errores en que se haya podido incurrir, bien por la misma autoridad que dictó el acto administrativo o sus funcionarios subalternos. Los recursos están contemplados a partir de la organización jerárquica imperante en la estructura general de la administración pública y así se determina la procedencia del recurso de reposición ante la misma autoridad o funcionario que emitió la providencia, y el de apelación o también conocido como jerárquico, cuando el funcionario está sometido a jerarquía, siendo este el fundamento de su institución, caso en el cual el recurso debe ser decidido por el superior administrativo de quien lo expidió. Así mismo, el recurso de queja, ante el superior jerárquico, para cuando sea rechazado el recurso de apelación. Bajo la anterior premisa el Código prevé que no habrá recurso de apelación cuando la decisión que se va a controvertir, emana del ministro, el jefe de departamento administrativo, el superintendente, etc., y ello se explica por cuanto dicho funcionario es la máxima autoridad administrativa, el director y jefe en la respectiva entidad.
SUPERINTENDENTE BANCARIO - Radica en cabeza suya la dirección de la Superintendencia / SUPERINTENDENTES DELEGADOS EN LA SUPERBANCARIA - Dependen del Superintendente Bancario conforme a los artículos 327 y 329 del E.O.S.F. / ACTO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO - Es pasible de los recursos de reposición y apelación
Respecto a la Superintendencia Bancaria ciertamente, con la expedición de la nueva normatividad contenida en el decreto 2489 del 15 de diciembre de l999, que modificó los artículos 327 y 329 del E.O.S.F. y con ello la estructura interna de la entidad, se estableció una superioridad jerárquica, entre el Superintendente Bancario y los Delegados. En efecto, el Superintendente Bancario, es el jefe de dicho organismo y superior jerárquico de los Superintendentes Delegados; radica únicamente en cabeza suya la “Dirección” de la entidad, que se antes ejercía “conjuntamente con los Superintendentes Delegados”, cuyo nominador ya no es el “el Presidente de la República”, sino que la función le fue conferida al Superintendente Bancario. Como se dejó consignado, el acto sancionatorio fue emitido por el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización, y siendo evidente que el citado funcionario depende jerárquicamente del Superintendente Bancario, como se desprende de las disposiciones transcritas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en virtud de la estructura interna de la Superintendencia Bancaria, considera entonces la Sala que dicho acto contenido en la resolución No. 0151 del 26 de enero de 2000, era pasible de los recursos de reposición y apelación.
RECURSO DE APELACIÓN - Su interposición debe ser simultánea con el de reposición / VIA GUBERNATIVA - Su falta de agotamiento provoca un fallo inhibitorio / SENTENCIA INHIBITORIA - Procede cuando no se ha agotado debidamente la vía gubernativa
La compañía demandante, oportunamente interpuso ante el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización, solamente el recurso de reposición contra el mencionado acto, “con el fin de que se revoque”, pero sin interponer, directamente o como subsidiario del de reposición, el recurso de apelación ante el Superintendente Bancario, con el propósito de que su superior jerárquico estudiara la decisión recurrida. Y es que como lo advirtió el Tribunal, en el acto de notificación personal al apoderado de la entidad, de la resolución sancionatoria y en atención a lo previsto en el articulo 47, la entidad indicó que “procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización y el de apelación ante el Superintendente Bancario, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presente notificación, en los términos del Código Contencioso Administrativo..”., por lo que resulta inexplicable el proceder de la entidad demandante, quien no obstante estar adecuadamente informada de la forma de ejercer sus derechos en la vía gubernativa, equivocadamente optó por hacerlo en forma incompleta, puesto que no interpuso el recurso de apelación, el que era indispensable para abrir vía jurisdiccional. Resulta necesario aclarar que el recurso de apelación debió interponerse en forma simultánea y de modo subsidiario al de reposición, sin esperar a que se decidiera desfavorablemente el primero, puesto que cuando se ejercen los dos recursos, la interposición de la alzada no es sucedanea a los resultados del primero como lo dijo el Tribunal, quien se equivocó al sostener que “habiéndose presentado recurso de reposición y persistiendo el inconformismo con la decisión tomada por la administración, era procedente presentar el recurso de apelación, con el fin de agotar la vía gubernativa”.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA



Consejero ponente: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE
Bogotá, D. C., septiembre cuatro (4) de dos mil tres (2003)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Respecto al alcance de la disposición, resulta pertinente recordar que los recursos previstos en el Código Contencioso Administrativo, persiguen que la administración pueda nuevamente analizar sus propias decisiones y corregir los errores en que se haya podido incurrir, bien por la misma autoridad que dictó el acto administrativo o sus funcionarios subalternos. Los recursos están contemplados a partir de la organización jerárquica imperante en la estructura general de la administración pública y así se determina la procedencia del recurso de reposición ante la misma autoridad o funcionario que emitió la providencia, y el de apelación o también conocido como jerárquico, cuando el funcionario está sometido a jerarquía, siendo este el fundamento de su institución, caso en el cual el recurso debe ser decidido por el superior administrativo de quien lo expidió. Así mismo, el recurso de queja, ante el superior jerárquico, para cuando sea rechazado el recurso de apelación.
Bajo la anterior premisa el Código prevé que no habrá recurso de apelación cuando la decisión que se va a controvertir, emana del ministro, el jefe de departamento administrativo, el superintendente, etc., y ello se explica por cuanto dicho funcionario es la máxima autoridad administrativa, el director y jefe en la respectiva entidad.
Radicación número: 25000-23-24-000-2000-00664-01(13252)
Actor: COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA
Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA BANCARIA

FALLO


Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante contra la sentencia inhibitoria proferida por proferida por la -Subsección A- de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 14 de marzo de 2002, al declarar probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa.



ANTECEDENTES

Previo requerimiento de explicaciones, el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización expidió la Resolución N° 0151 del 26 de enero de 2000, mediante la cual le impuso a la COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S.A. una sanción pecuniaria por valor de $52.000.000, por violación a lo establecido en el numeral 2 del artículo 82 del E.O.S.F. y al artículo 2 del decreto 206 de l999, por defectos en el mínimo de solvencia requerido a los cortes fechados en 28 de febrero, marzo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30 y octubre 31 de 1999.


Contra el acto sancionatorio la entidad vigilada interpuso recurso de reposición, el cual fue desatado mediante la Resolución N° 0681 del 28 de abril de 2000, con confirmación del acto recurrido.

DEMANDA
Ante la jurisdicción la COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S.A., a través de apoderada judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetró la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 0151 del 26 de enero de 2000 y 0681 del 28 de abril de 2000, y a título de restablecimiento del derecho, disponer la cancelación de cualquier registro en relación con la multa impuesta y cualquier otra anotación que se pueda constituir en antecedente.
Como sustento jurídico de las pretensiones, citó violadas las siguientes normas y conforme a los cargos que se sintetizan así:
El artículo 29 de la Constitución Política, al desconocer las garantías que la norma otorga, por cuanto la sanción fue impuesta con posterioridad y a pesar de que la Superintendencia aprobara el “Programa de Adecuación a los Límites Legales de Inversión y a las Normas Legales sobre Patrimonio Técnico, Margen de Solvencia y Fondo de Garantías de la Compañía de Seguros Generales Aurora S.A. y de la Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.”, que dichas sociedades le presentaron y que consideró viable para corregir las deficiencias en dichas áreas y que se originaron, no en irregularidades, sino en las inversiones imbricadas de una compañía en las otras dos. El mencionado programa respecto al margen de solvencia y fondo de garantía requeridos por AURORA S.A. ya se había ejecutado exitosamente antes de imponerse la sanción. Censuró entonces, el hecho mismo de imponer la sanción no obstante haberse subsanado el defecto, y sin haberse ocasionado detrimento alguno al interés general, simplemente bajo el imperativo de sancionar siempre que exista una contravención.
Violación del numeral 2 del Artículo 82 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Explicó que en el acto acusado se señalaron respecto a los cortes fechados en 28 de febrero, marzo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30 y octubre 31 de 1999, defectos en el patrimonio requerido por ramos debido a que en todos los casos la suma que constituye el patrimonio técnico fue siempre inferior al mínimo requerido por el decreto 206 de l999, pero a su juicio de los cortes que allí se indicaron en el correspondiente a 31 de marzo de l999, hubo un error de cálculo de la Superintendencia al determinar el valor del patrimonio técnico de AURORA S.A. de acuerdo con la Circular 100 de 1995, cuyo procedimiento explicó. Agregó que en relación con los casos en los que se consideró que la entidad infringió los artículos 82 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 2 del decreto 206 de 1999, antes de imponer la sanción debió tenerse en cuenta el plan de ajuste antes mencionado.
Finalmente, citó violados por indebida interpretación los artículos 211, numeral 1, 325 numeral 1 y 326, numeral 1 del E.O.S.F., disposiciones a las que se refirió como atributivas de las facultades legales con las que cuenta la Superintendencia para afrontar el incumplimiento de alguna norma por parte de las vigiladas, correspondiéndole a aquélla determinar la pertinente, consultando el interés general que está llamado a preservar para “asegurar la confianza pública en el sistema financiero”.
Indicó que la actora desde hace varios cortes presentaba afectación del patrimonio técnico requerido, lo cual se explicaba por el descuento que debía efectuarse de la participación accionaria entre empresas de un mismo grupo, para el caso, de las aseguradoras y la capitalizadora, aunada a la problemática financiera de su accionista mayoritario (Pizano S.A.), cuyo manejo pasó a depender de los bancos y entidades financieras acreedoras, lo cual le impedía colocar los recursos frescos necesarios para cumplir tales requerimientos, explorándose diversas soluciones y adoptando aquélla que permitió que el proceso se realizara exitosamente y evitando que esta Compañía fuese otra intervenida por el Estado.
Reclamó en su favor los efectos legales sancionatorios del éxito de dicho plan, y aseveró no compartir que una vez perfeccionada la operación de salvamente y la compañía ajustada a los límites legales, cumpliendo el patrimonio requerido, se hubiese iniciado una cascada de sanciones, cuyo número y cuantía, pueden volverla a colocar en dificultades financieras, sin que sea cierto que la Superintendencia esté avocada a cada sancionar cada vez que nominalmente se pueda evidenciar la infracción a cualquier disposición legal, punto en el que destacó la función y finalidad de las penas, para aseverar que imponerlas en tales condiciones se torna en perjudicial y aparece como injusta y desestimulante, antes que retributiva y pedagógica.

CONTESTACION

A través de apoderada judicial, la Superintendencia Bancaria, presentó escrito de contestación a la demanda, mediante el cual se opuso a las pretensiones de la actora, a cuyo propósito planteó la excepción de “indebido agotamiento de la vía gubernativa”, y por consiguiente que se profiera fallo inhibitorio, la cual fundamentó en que no fue interpuesto el recurso de apelación contra el acto sancionatorio, sino únicamente el de reposición contra la resolución 0151 del 26 de enero de 2000.


Al efecto observó que con la entrada en vigencia del decreto 2489 del 15 de diciembre de l999, que modificó los artículos 327 y 329 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los Superintendentes Delegados son inferiores jerárquicos del Superintendente Bancario, por lo cual sus decisiones administrativas son susceptibles del recurso de apelación, como lo prevé el articulo 50 del CCA, recurso que es obligatorio de acuerdo con el 41 ib.. Se refirió a los artículos 9 del Código Civil y 58 del C.R.P.M., para destacar que la ley se presume conocida y por tanto, no es dable alegar su ignorancia para excusarse de su cumplimiento, máxime cuando en dicha resolución sancionatoria se le indicó la procedencia de los recursos de ley y en el acto de notificación, artículo 47 CCA se le señalaron como recursos el de reposición y el de apelación. .
En el aspecto de fondo, indicó la “no aducción de hechos en vía gubernativa”, toda vez que en el recurso no se planteó el supuesto yerro en el cálculo del patrimonio técnico de la demandante al 31 de marzo de 1999, por tanto no puede haber pronunciamiento sobre el mismo, punto sobre el que efectuó citas jurisprudenciales.
De otra parte, se opuso a la prosperidad de los cargos de fondo, respecto de los cuales indicó que la entidad no niega sino que por el contrario confiesa, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan, los defectos presentados en el patrimonio técnico en las respectivas fechas de corte. Se refirió a cada uno de los aspectos indicados en la demanda, destacó la presunción de legalidad de los actos acusados, así como el marco en el que la Superintendencia ejerce la facultad sancionatoria, e indicó que el hecho de que se hubiera ejecutado el programa de adecuación por parte de la vigilada, no enerva las consecuencias jurídicas de la trasgresión previa a las normas aplicables, ni convalida la infracción. De manera que, prosiguió, es obligación de las vigiladas mantener y acreditar permanentemente los niveles de solvencia requeridos, pues en caso contrario corresponde a la entidad de vigilancia la aplicación de la respectiva sanción.
Adujo que la implementación del Plan de ajuste corrobora la comisión de la infracción y por ende dicho Programa no exime de responsabilidad, y tan es así que lo que perseguía era garantizar la continuidad de la operación de la vigilada, quien incluso había quedado en causal de disolución, de suerte que el mencionado Plan buscaba precaver una medida de mayor gravedad como la intervención y no una “transacción” de la sanción a que se hizo acreedora por la violación a normas legales. Finalmente, negó que la entidad hubiese incurrido en error en el cálculo del patrimonio técnico a 31 de marzo de l999.

LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, mediante providencia del 14 de marzo de 2002, se inhibió de emitir fallo de mérito, al declarar probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa y con base en los siguientes argumentos:


Advirtió que para acceder a la jurisdicción de lo contencioso es indispensable agotar previamente la vía gubernativa, para lo cual, al tenor de los artículos 50 y 51 del CCA, contra las decisiones de la administración proceden los recursos de reposición, queja y apelación, facultativos los dos primeros y obligatorio el segundo.
Las decisiones acusadas en el asunto en examen fueron emitidas por el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización, quien según el decreto 2489 de l999, artículo 1, es inferior jerárquico del Superintendente Bancario, por lo que sus decisiones están sometidas a posterior revisión. Así, que “habiéndose presentado recurso de reposición y persistiendo el inconformismo con la decisión tomada por la administración, era procedente presentar el recurso de apelación, con el fin de agotar la vía gubernativa”.
Resaltó, que en acto de notificación se identificaron plenamente los recursos pertinentes.

APELACION

Inconforme la apoderada de la entidad demandante, interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la decisión de primer grado y en consecuencia “ordenar al Tribunal se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda”. Al efecto adujo que si bien es cierto a partir de la expedición del decreto 2489 de l999 corresponde al Superintendente Bancario nombrar y remover los funcionarios de la entidad, incluidos los Superintendentes Delegados, ello crea una jerarquía pero no significa que las decisiones de éstos puedan ser revocadas por el Superintendente Bancario, por cuanto el inciso 2 del artículo 50 del CCA, prevé que no habrá apelación contra las decisiones de los Superintendentes, expresión que a su juicio comprende también a los Delegados.


Aseveró que lo anterior obedece a que las funciones que ellos ejercen les han sido asignadas por delegación del Superintendente Bancario, figura jurídica que indica que la función ha sido asignada al Superintendente quien puede delegarla o no a un funcionario inferior , pero siempre existiendo la posibilidad de que la decisión sea reformada o revocada por el superior, pues nunca ha dejado de ser una función en cabeza suya.

En el caso específico, el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización, tomó la decisión contenida en la resolución 0151 de 2000, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1 del artículo 211 y 326 numeral 5 literal i del E.O.S.F.


El decreto 2489 de l999, invocado por el Tribunal modifica la estructura de la Superintendencia Bancaria, mas teniendo en cuenta su finalidad y jerarquía, no podía variar la regla que sobre recursos trae el Código Contencioso Administrativo. Además es función del congreso la expedición de los Códigos artículo 150-12. Concluyó que el hecho de crearse una jerarquía entre el Superintendente y los Delegados al ser nombrados por el primero, no significa que las funciones de éstos no sigan siendo asignadas por delegación.

ALEGATOS DE CONCLUSION

La apoderada de la parte demandada, insistió en la procedencia del medio exceptivo, para lo cual precisó que antes de la modificación introducida por el decreto 2489 de l999, los actos de los Delegados carecían de apelación por hallarse jerárquicamente al mismo nivel del Superintendente Bancario, como lo reconoció la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa,1 situación que cambió con la expedición de la nueva norma que introdujo un régimen diverso, que determinó la modificación de los artículos 1, 2, 327 y 329, numeral 1, literal a) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la asignación de la Dirección de la Superintendencia únicamente al Superintendente Bancario y la fijación a éste de la atribución de nombrar y remover a los Delegados.


Aseveró que el inciso 2 del numeral 2 del artículo 50 del CCA, no es aplicable pues su disposición se refiere a autoridades que constituyen la máxima jerarquía dentro de la entidad.
De otra parte, consideró que la recurrente incurrió en error de interpretación acerca de la naturaleza de las funciones y competencias que ejercen los Superintendentes Delegados, como es el caso del Delegado para Seguros y Capitalización, cuyas funciones aparecen en el articulo 328 sustituido por el 4 del decreto 2359 de l993, las que se ejercen no por delegación del Superintendente Bancario, sino que es una competencia otorgada por la norma legal. Finalmente, se refirió a la figura de la desconcentración, que complementó con citas jurisprudenciales.
La apoderada de la parte demandante, reiteró su criterio expuesto en el recurso de apelación y lo dicho a lo largo de la litis en torno al asunto de fondo.
El Ministerio Público no registró actuación en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Debe establecer la Sala, en primer lugar, si le asiste la razón a la apelante en su inconformidad con la procedencia del medio exceptivo de falta de agotamiento de la vía gubernativa, hallado próspero por el Tribunal. Con arreglo a sus resultas, se resolverá de fondo la litis.


El artículo 50 del CCA, prevé:
RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA—Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación

(.....)”.(destaca y subraya la Sala)

Respecto al alcance de la disposición, resulta pertinente recordar que los recursos previstos en el Código Contencioso Administrativo, persiguen que la administración pueda nuevamente analizar sus propias decisiones y corregir los errores en que se haya podido incurrir, bien por la misma autoridad que dictó el acto administrativo o sus funcionarios subalternos. Los recursos están contemplados a partir de la organización jerárquica imperante en la estructura general de la administración pública y así se determina la procedencia del recurso de reposición ante la misma autoridad o funcionario que emitió la providencia, y el de apelación o también conocido como jerárquico, cuando el funcionario está sometido a jerarquía, siendo este el fundamento de su institución, caso en el cual el recurso debe ser decidido por el superior administrativo de quien lo expidió. Así mismo, el recurso de queja, ante el superior jerárquico, para cuando sea rechazado el recurso de apelación.


Bajo la anterior premisa el Código prevé que no habrá recurso de apelación cuando la decisión que se va a controvertir, emana del ministro, el jefe de departamento administrativo, el superintendente, etc., y ello se explica por cuanto dicho funcionario es la máxima autoridad administrativa, el director y jefe en la respectiva entidad.
En el caso de las decisiones de los “superintendentes”, a que alude el artículo 50, el principio es el mismo de acuerdo con las normas de organización interna de la entidad, por lo que para determinar en cada caso concreto cómo se surte el control jerárquico debe establecerse la estructura y jerarquía imperante en la superintendencia de que se trate, vale decir, bancaria, de sociedades, de valores, de servicios públicos, etc.

Respecto a la Superintendencia Bancaria ciertamente, con la expedición de la nueva normatividad contenida en el decreto 2489 del 15 de diciembre de l999, 2 que modificó los artículos 327 y 329 del E.O.S.F. y con ello la estructura interna de la entidad, se estableció una superioridad jerárquica, entre el Superintendente Bancario y los Delegados.


En efecto, el Superintendente Bancario, es el jefe de dicho organismo y superior jerárquico de los Superintendentes Delegados; radica únicamente en cabeza suya la “Dirección” de la entidad, que se antes ejercía “conjuntamente con los Superintendentes Delegados”, cuyo nominador ya no es el “el Presidente de la República”, sino que la función le fue conferida al Superintendente Bancario.
De acuerdo con el numeral 2 del articulo 1 del citado decreto 2489 de l999:
“Artículo 327. Organización y funcionamiento de la Superintendencia Bancaria. Estructura Interna.

(...)


2.Dirección de la Superintendencia Bancaria. La Superintendencia Bancaria será dirigida por el Superintendente Bancario.”
Y de conformidad con el artículo 2 del citado Decreto el literal a) del numeral 1 del articulo 329 del Estatuto Orgánico de Sistema financiero quedará así:
“Artículo 329 Administración interna de la Superintendencia.

  1. Facultades administrativas del Superintendente Bancario.

a) Nombrar, remover, encargar, distribuir y conferir comisiones al exterior a los funcionarios de la entidad, incluidos los superintendentes delegados”.

Como se dejó consignado, el acto sancionatorio fue emitido por el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización, y siendo evidente que el citado funcionario depende jerárquicamente del Superintendente Bancario, como se desprende de las disposiciones transcritas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en virtud de la estructura interna de la Superintendencia Bancaria, considera entonces la Sala que dicho acto contenido en la resolución No. 0151 del 26 de enero de 2000, era pasible de los recursos de reposición y apelación.


La compañía demandante, oportunamente interpuso ante el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización, solamente el recurso de reposición contra el mencionado acto, “con el fin de que se revoque”, (fol. 234 c. 2 de a.) pero sin interponer, directamente o como subsidiario del de reposición, el recurso de apelación ante el Superintendente Bancario, con el propósito de que su superior jerárquico estudiara la decisión recurrida.Y es que como lo advirtió el Tribunal, en el acto de notificación personal al apoderado de la entidad, de la resolución sancionatoria y en atención a lo previsto en el articulo 473, la entidad indicó que “procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización y el de apelación ante el Superintendente Bancario, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presente notificación, en los términos del Código Contencioso Administrativo..”(se subraya). (fol. 25 c.ppal), por lo que resulta inexplicable el proceder de la entidad demandante, quien no obstante estar adecuadamente informada de la forma de ejercer sus derechos en la vía gubernativa, equivocadamente optó por hacerlo en forma incompleta, puesto que no interpuso el recurso de apelación, el que era indispensable para abrir vía jurisdiccional.
Resulta necesario aclarar que el recurso de apelación debió interponerse en forma simultánea y de modo subsidiario al de reposición, sin esperar a que se decidiera desfavorablemente el primero, puesto que cuando se ejercen los dos recursos, la interposición de la alzada no es sucédanea a los resultados del primero como lo dijo el Tribunal, quien se equivocó al sostener que “habiéndose presentado recurso de reposición y persistiendo el inconformismo con la decisión tomada por la administración, era procedente presentar el recurso de apelación, con el fin de agotar la vía gubernativa”.
De otra parte, contrario a lo aducido por la recurrente en el sentido de que las funciones del Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización siguen siendo ejercidas por delegación del Superintendente Bancario y por ello no son revisables por dicho funcionario a pesar de ser superior jerárquico de aquél, precisa la Sala que dicha posición, no tiene en cuenta la norma que precisamente otorga la competencia funcional, al mencionado funcionario, puesto que la función del Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización, entre otros, de imponer sanciones, deviene directamente del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, numeral 3, articulo 328, que determina el ámbito de las respectiva competencia funcional y no por delegación de su superior, el Superintendente Bancario, con lo cual es la misma ley quien atribuye dicha competencia en cabeza del citado funcionario.
En este orden de ideas el acto sancionatorio debió ser impugnado a través de los recursos previstos en el código contencioso administrativo, artículo 50, que indica el modo de surtir la vía gubernativa, y en aplicación de la regla general surge clara la procedencia del recurso de apelación para impugnar el acto sancionatorio, resolución No.0151 del 26 de enero de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización, funcionario que como quedó establecido es inferior jerárquico del Superintendente Bancario, sin que ello implique la modificación del régimen de la vía gubernativa regulado por el Código de la materia, siendo precisamente de los actos emitidos por este funcionario, vale decir, del Superintendente titular, no de los expedidos por los Delegados, de quienes se predica la regla de excepción de control jerárquico del numeral 2, a que alude la recurrente.
Como la interposición del recurso de apelación cuando sea procedente, es requisito indispensable para un debido agotamiento de la vía gubernativa, de conformidad con lo prescrito en el artículo 51 del C.C.A. es dable colegir, como lo hizo el Tribunal que la actora no agotó la vía gubernativa y sin ese agotamiento, que es un presupuesto previo de procedimiento para acudir ante la jurisdicción de lo de conformidad con el artículo 135 del C.C.A. no puede la jurisdicción emitir pronunciamiento de fondo acerca de la legalidad de los actos acusados, razón por la cual no hay lugar a revocar la decisión del Tribunal de inhibirse para conocer de fondo el presente negocio.
En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A



  1. CONFIRMASE la sentencia apelada.

2º. RECONÓCESE personería a la Dra. María del Rosario Mosquera Delgado de conformidad con el poder obrante al folio 150 del expediente.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y DEVUELVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CUMPLASE.


Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.


LIGIA LOPEZ DIAZ GERMAN AYALA MANTILLA

-Presidente-
MARIA INES ORTIZ BARBOSA JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE

RAUL GIRALDO LONDOÑO

-Secretario-


1 Cfr. Sentencia del 3 de octubre de l997, expediente No.8329, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.


2 El decreto 2489 fue publicado en el diario oficial No.43.819 del 17 de diciembre de l999.

3 “En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo”



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