Registro de la Nº 8/2009 Propiedad Intelectual



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Prórroga del horario de la sesión



Sr. Moscariello.- Por razones obvias, solicito la extensión horaria en medio de mi disertación.
Sr. Presidente (Olmos).- A pesar de que faltan 11 minutos para las 21, se va a votar la extensión horaria.
- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Olmos).- Queda prorrogado el horario de la sesión.

Continúa en el uso de la palabra el diputado Moscariello.


Sr. Moscariello.- Decía, señor presidente, que nosotros apostamos al aprovechamiento de los recursos de la Ciudad, para una finalidad particular e imprescindible para la sociedad. No afectamos patrimonialmente al Estado, sino que generamos recursos eficientes para alcanzar los objetivos que como gobierno perseguimos y que como sociedad necesitamos.

En ese sentido, no podemos ignorar y hacer oídos sordos a la crisis por la que estamos atravesando. Por lo tanto, la propuesta que hoy se presenta debe ser vista como un mecanismo genuino de recaudación en tiempo de crisis.

No podemos dejar de remarcar que la intención no está orientada –insisto– a lograr un negocio inmobiliario, ni mucho menos que pretendamos que los bienes de la Ciudad sean una fuente de enriquecimiento a favor de un grupo. Por el contrario, el énfasis está puesto en la necesidad, hoy más que nunca, de hacer uso de los recursos de la Ciudad de la manera más eficiente.

Todos sabemos que en la Ciudad hay recursos ociosos. Todos somos conscientes de la imposibilidad de conseguir financiamiento. Todos entendemos que no podemos afectar a nuestros vecinos con más o nuevos impuestos. Todos también sabemos las necesidades que demanda el ámbito educativo y que las demandas de la educación no entienden de tiempo ni de campañas electorales, si se tiene en cuenta que se trata de un elemento constitutivo y fundamental para toda sociedad que quiere desarrollarse y crecer de manera equitativa. En ese escenario, no hay recetas a seguir que aseguren un resultado óptimo. En esto comparto algunas de las opiniones que aquí se han vertido, pero hay soluciones para intentar llevar adelante.

Hoy apostamos a un Estado presente y fuerte, con capacidad de acción en el marco de un gobierno que tiene a la educación como una de sus prioridades. Por eso, vamos a insistir en la necesidad de llevar adelante este proyecto, para a partir de este instante comenzar el proceso de doble lectura que implica esta ley.

Por eso, queremos que la Cámara nos acompañe en esta necesidad de rezonificar la zona de Catalinas y de dotar al Estado de la posibilidad de la subasta pública de este predio.


Sr. Presidente (Olmos).- No es el único diputado que cambia el orden de la votación apretando el botón.

Tiene la palabra el diputado Di Stefano.


Sr. Di Stefano.- Señor presidente: en respuesta a un diputado preopinante, quiero aclarar que yo no dije que el inmueble estaba abandonado, sino que había caído en el abandono, lógicamente con relación a su potencial actual.

En segundo lugar, también en respuesta al mismo diputado preopinante, quiero decir que si estudió, le pido que profundice el estudio, porque la situación ha cambiado. Si una estación de servicio y dos estacionamientos, que ganan fortuna y pagan cánones irrisorios, son hoy lo más acabado de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, eso significa que queremos dos ciudades diferentes.

El Gobierno de la Ciudad realiza esfuerzos enormes para fortalecer el presupuesto con que cuenta, a fin de realizar todas las obras de infraestructura que son necesarias para revertir más de 15 años de abandono. Uno de los temas que nos preocupa es la educación, y es de público conocimiento lo que esta gestión ha invertido en esta materia.

Ahora, ante una nueva iniciativa del Ministerio de Educación por fortalecer el presupuesto, surgen –otra vez– voces que se oponen. Durante muchos años pasaron varias gestiones en las cuales estos predios obsoletos y desperdiciados –y aclaro nuevamente que me refiero a su potencial actual– pagaban cánones irrisorios; estos predios existieron sin que a ninguna gestión de gobierno pareciera importarle hacer algo al respecto. A esta gestión de gobierno sí le interesó y decidió hacer algo al respecto y propuso una renovación urbana integral para el sector. Y ahora que esto ocurre, los mismos a los que no les pareció importar en absoluto la situación de estos predios en el pasado, ahora se acuerdan de ellos.

Hoy día uno de los predios en cuestión reporta al Gobierno de la Ciudad tan sólo 11 mil pesos mensuales de alquiler; algo verdaderamente insostenible para los contribuyentes de nuestra ciudad, teniendo en cuenta las necesidades presupuestarias vigentes y los beneficios que perciben los locatarios por la explotación de dicho terreno.

Otro punto destacable es la transparencia del procedimiento, primero desafectando los bienes de dominio público y luego cumpliendo con el procedimiento de subasta pública previsto en la legislación vigente.

El cambio de normas de zonificación, al permitir este nuevo tipo de construcción, genera una plusvalía que será aprovechada para alcanzar mayores recursos, que luego impactará en el Gobierno de la Ciudad y no en particulares.

Además, esta iniciativa cumple con el doble propósito de generar recursos y apuesta a recuperar y renovar un área que hasta ahora se encontraba subutilizada, mejorando el tejido urbano.

Estamos convencidos de que encarar los problemas que fueron olvidados por años y por diferentes gestiones es el camino correcto para una ciudad mejor.
Sr. Presidente (Olmos).- Tiene la palabra la diputada Parada.
Sra. Parada.- Señor presidente: seré muy breve.

Después de la exposición del presidente de mi bloque, creo que están dadas todas las características técnicas y políticas para entender por qué este proyecto no puede ser votado afirmativamente.

Realmente, los discursos son floridos, y quedará en la historia este neomenemismo que vende las joyas de la abuela, que pone a la educación en la deuda pública, y después llora porque no se puede colocar la deuda; no es oposición por oposición misma: en este recinto les dijimos, también, que no iban a poder ubicar los bonos. Ahora nos dicen que debemos vender, rematar y regalar, porque hay otras cosas que se pueden hacer en esta ciudad.

La verdad es que no está nada bueno Buenos Aires, y va a estar mucho peor. Nos encontramos con que no hay planes de vivienda, pero ¡claro!, ¿a quién se le ocurre que este Gobierno puede pensar que en esos predios se pueden construir viviendas o generar trabajo en esta ciudad? Esto es impensado. Escuchar que ésta es la recuperación del espacio público, me parece hasta una burla. Si hoy es espacio público y estamos diciendo que se quiere recuperar, se puede recuperar de manos de los concesionarios. ¿Recuperar espacio público significa venderlo para que se hagan torres? ¿Van a ser del Estado? La verdad es que esto resulta inentendible.

Otra de las frases que se dijo es la siguiente: “Es una de las zonas más preciadas de la ciudad”. No cabe duda de ello. Por eso, decía que es impensado hacer viviendas sociales en ese lugar. Es algo que parecería absolutamente loco. Realmente, estoy viendo lo mismo que vi hace unos años atrás –exactamente hace 15 años– con lo que sucedía en este país a manos del ex presidente Menem, que nos decía, a cada venta y a cada paso, “esto es necesario”.

Estimo que de continuar este Gobierno, quedará en la Ciudad de Buenos Aires una banderita roja de remate, y “que el último apague la luz”.

Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Olmos).- Tiene la palabra el diputado Olivera.
Sr. Olivera.- Señor presidente: creo conveniente repasar brevemente qué es lo que estamos considerando.

En primer lugar, la desafectación del dominio público de tres inmuebles. En segundo lugar, la autorización para su venta y, en tercer término, la asignación de una normativa que permita construir 150 mil metros cuadrados, para decirlo en términos redondos.

El suelo es uno de los bienes escasos en esta ciudad. Y por esa razón, junto con otras características propias del suelo tan estudiadas en el ámbito urbanístico, se intenta protegerlo como un bien estratégico. Ahora bien: no todo el suelo de una ciudad necesariamente es un bien estratégico. La localización es lo que generalmente determina la importancia de un suelo respecto de otro. En el caso de nuestra ciudad, el Plan Urbano Ambiental ha puesto énfasis en la disponibilidad del suelo para intervenciones públicas, para equipamiento o para otros destinos. Por ejemplo, establece un banco de tierras. Por otro lado, también los estudios de impacto ambiental tienen que ver con esta característica tan peculiar del suelo en esta ciudad.

En el caso específico que nos ocupa, el proyecto Catalinas Norte proviene de los años ‘50, ’60, cuando se habían destinado estos tres inmuebles que se deciden enajenar aquí, para equipamiento público, en el sentido más amplio del término. Al revisar el expediente no hemos podido encontrar ninguna fundamentación suficientemente satisfactoria para desafectarlo del dominio público, para venderlo, ni tampoco para establecer una normativa que permita construir torres de hasta cincuenta pisos en una de las parcelas que se propone enajenar. No la hemos encontrado y tampoco hay, como se dijo aquí, un informe del Copua, es decir, de los miembros del Consejo del Plan Urbano Ambiental.

Esta razón nos obliga a ser muy prudentes en las decisiones sobre suelos, por ser un bien escaso y, a menudo, estratégico. En ese sentido, se invierte la carga de la prueba: quien quiera disponer de suelo en la ciudad debe acreditar las razones por las cuales esa decisión debe ser asumida. Y también, en este caso específico, se trata de una cuestión de oportunidad. No voy a abundar demasiado sobre este tema, porque ya lo han hecho varios diputados que me precedieron en el uso de la palabra; pero es un clásico de cualquier desarrollo inmobiliario o desarrollista inmobiliario comprar en épocas de crisis y vender en épocas de normalidad. Estamos frente a una crisis y nos cuesta imaginar con precisión cuál será la incidencia de esta crisis en una eventual recaudación. Es decir, en el precio que puede obtenerse por estos bienes.

Lo que sí sabemos es que la concurrencia o la cantidad de personas que pueden competir para la compra de estos bienes, teniendo en cuenta que se pueden construir torres de 50 pisos, es mucho menor que la que competiría si estuviéramos hablando de la construcción de un simple chalet en un barrio de la ciudad. Son muy pocas las empresas que pueden competir. Pero esto no es característico solamente de Buenos Aires, por supuesto.

Nosotros estamos planteando –para evitar los riesgos de descapitalización y los riesgos, que también entendemos son importantes, de una venta a un precio de crisis– la necesidad de asegurar que con el dinero que se recaude, se compren bienes inmuebles. De manera tal que no se produzca una descapitalización en términos de disponibilidad de tierras para la ciudad. Quizás, también podemos decir lo mismo, si lo medimos desde el punto de vista estrictamente patrimonial.

Venimos sosteniendo desde hace tiempo que hay que reemplazar un inmueble que se acredite que debe ser desafectado del dominio público, por otros inmuebles que la ciudad entienda pueden constituirse en una reserva estratégica de suelo para el futuro.

Se ha hablado también de las concesiones. Está claro, a esta altura –me parece que no tiene sentido abundar sobre ello– que es facultad –a esta altura, diría es obligación– del Jefe de Gobierno revocar alguna concesión si, como resulta del propio expediente, se ha tornado inicua. En el propio expediente que estamos tratando, se observa con nitidez que eso es perfectamente posible y que es facultad del Jefe de Gobierno.

Nosotros hemos diseñado algunas propuestas las que, lamentablemente, no han tenido previamente la posibilidad de ser debatidas y, eventualmente, aceptadas. Las propuestas, sucintamente expuestas, buscan, en primer lugar, asegurar que el destino del dinero recaudado por la venta de estos bienes inmuebles sea efectivamente la compra de inmuebles destinados a educación. Está claro que no hacemos una cuestión dogmática en el sentido de que no se pueden vender inmuebles de la ciudad; si se demuestra que es conveniente vender, por supuesto, perfectamente, puede hacerse.

Por eso hemos planteado la creación de una cuenta especial que se afecte a la compra de inmuebles para educación. Sabemos que hay muchísimas escuelas alquiladas en la ciudad. También podría utilizarse esta cuenta para la compra de inmuebles destinados a escuelas nuevas.

Hemos planteado también, dado que ésta es una ley de doble lectura, que, antes de la audiencia, se cumplimenten todos los recaudos que no han sido cumplimentados en el expediente. De forma tal que haya fundamentación explícita, concreta y contundente sobre las razones por las cuales se dispone la enajenación y las razones por las cuales se autoriza a construir hasta 50 pisos de altura.

Por esa razón hemos previsto y propuesto que la fundamentación técnica y urbanística de la desafectación del dominio público de los predios determinados por la presente ley, tiene que ser presentada 10 días antes de la audiencia respectiva.

Hemos previsto también que, en la misma fecha, tenga que presentarse la fundamentación del cambio normativo, para la construcción de edificaciones de hasta 50 pisos.

También hemos previsto que la fundamentación técnica y urbanística asegure que la mayor demanda de servicios públicos va a poder ser satisfecha, sea suficiente y responsablemente evacuada, previamente a la audiencia que se celebre.

También hemos previsto que tiene que haber, dado que vivimos épocas de crisis, una base para la subasta, que sea satisfactoria para los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y que, en caso de no cumplirse con estos recaudos, no pueda celebrarse la audiencia pública. Es decir, que la fecha de la audiencia pública quedaría supeditada al cumplimiento de estos recaudos.

Señor presidente: nosotros hacemos esta propuesta. Insisto: creemos que si hay inmuebles que fundadamente deben ser desafectados del dominio público, si hay razones para establecer normativas para construcciones de hasta 50 pisos, si hay razones para asegurar que la oferta de servicios públicos va a estar satisfecha, esto tiene que constar en el texto de la ley.

Por esto, señor presidente, si la mayoría acepta las condiciones que estamos proponiendo, que tienen como objetivo central evitar la descapitalización del patrimonio de la ciudad, y al mismo tiempo asegurar que esos fondos vayan a la educación, vamos a votar afirmativamente. Caso contrario, señor presidente, vamos a votar negativamente.

Dejamos estas propuestas a consideración de la mayoría. Lo hemos hecho individualmente, entendiendo que puede ser pertinente un debate más profundo, ya que hasta ahora no hemos obtenido satisfacción en cuanto al reclamo puntual de cambiar “inmueble que se desafecta” por “inmueble para educación”.
- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente Primero, diputado Diego Santilli.
Sr. Presidente (Santilli).- Tiene la palabra la diputada Walsh.
Sra. Walsh.- Pido la palabra.

Señor presidente: hace ya un largo rato, un diputado de la oposición decía que había que hacerse cargo de lo que se vota en este recinto.

Por mi parte, señor presidente, creo que eso es sumamente importante respecto de los dos proyectos que envió el Poder Ejecutivo, y que estamos considerando, porque se trata de una superficie de muchos metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, de una obra de envergadura y de algo que efectivamente –como ya lo han señalado algunos– carece de estudios adecuados sobre impacto ambiental. Lo que estamos discutiendo esta noche no es un proyecto de ley secundario, sino un proyecto de ley principal.

En verdad, en tiempos que ya son de campaña electoral para la renovación de la mitad de los diputados de la Legislatura, nos sorprende la reflexión acerca de quién le da los votos al macrismo esta noche para sacar este proyecto y convertirlo en ley. Esperamos que luego sea capaz de dar explicaciones a los votantes cuando hablamos de bloques de oposición política.

Señor presidente: por supuesto, hemos estudiado los proyectos a conciencia. Me voy a referir a los aspectos técnicos que discutimos y que motivan nuestro voto negativo. Lo cierto es que primero se impone una consideración de carácter político y otras observaciones. Todos sabemos que el oficialismo tiene veintiséis bancas, y que si esta noche llega a cuarenta votos es porque alguien se los da. Quien se los dé, perteneciendo a la expresión política que pertenezca, que aclare legítimamente, sobre todo en este recinto y en tiempos de campaña electoral, si es oficialismo u oposición. Sabido es que no se puede estar en los dos lados del mostrador.

No se puede estar –como algunos pretenden hacer– en los dos lados, y ni siquiera hacer un discurso para explicar lo que van a votar.

Sabemos, porque hemos visto las firmas del dictamen de la mayoría, que el Frente para la Victoria ha incluido sus firmas avalando el dictamen. De todas maneras, esta noche hacen falta cuarenta votos. Queremos saber cuál es el voto número cuarenta, quién es el legislador y en nombre de qué identidad política y de qué propuesta electoral ayuda al oficialismo a sancionar una ley que es absolutamente cuestionable. Porque la vamos a cuestionar, señor presidente.

Hemos esperado –como no lo hacemos en otras sesiones– hasta último momento para anotarnos en la lista de oradores porque resultaba significativo que bloques pequeños de esta Cámara, bloques de la oposición, estuvieran hablando al comienzo de la sesión y que bloques que no son tan pequeños, incluido el del Frente para la Victoria, no pudieran tomar el micrófono para explicar por qué acompañan este proyecto con su voto.

Me gustaría que prestáramos atención cuando llegue el momento de la votación, porque quisiera saber si el voto número cuarenta pertenece a un bloque que está haciendo campaña opositora y denunciando al macrismo por las leyes que aprobó en este recinto. En este recinto se aprueban leyes, pero hay quienes las acompañan y quienes las votamos en contra.

El Poder Ejecutivo nos envió dos proyectos: el 2454-J-08 y el 2874-J-08 para su tratamiento conjunto por esta Legislatura. En uso de las facultades otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispone la venta por subasta pública de tres inmuebles de enorme valor económico. Lamento que, como en otras sesiones de importancia, haya bancas vacías. ¿Cómo es posible que haya bancas vacías cuando discutimos proyectos de ley de esta naturaleza?

Se trata de la venta de tres inmuebles de gran valor económico propiedad de la Ciudad, con la justificación de aplicar el monto producido a obras a efectuarse durante el ejercicio 2009 en el área de infraestructura del Ministerio de Educación. En este caso, hablo del Expediente 2454.

Para dotar a esos terrenos del mayor valor inmobiliario y constructivo posible y despertar el interés de posibles oferentes, por medio del expediente 2874 se establecen normas especiales de zonificación, normas de uso, tipología edilicia, etcétera, que alteran las existentes, a tal punto de dejar establecidas las futuras alturas permitidas: mínimo 73 metros y máximo 110 para dos de las parcelas, y 150 metros para la restante, designada como LM-1, que sobrepasan largamente la de los edificios linderos.

Miro la banca vacía de la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano y sinceramente pienso que debería estar ocupando esa banca.

Todas estas modificaciones permitirían la construcción de 147 mil metros cuadrados en total, sin tener en cuenta la superficie estipulada para subsuelos, destinados a futuros estacionamientos; es decir, otros 21.500 metros cuadrados.

Fíjense, colegas, la importancia que tiene este proyecto como para encima dejar la banca vacía.

De la lectura del dictamen de minoría surgen, con un tratamiento minucioso, las principales falencias y desprolijidades de estos dos proyectos que tornan ocioso repetir cada uno de los tecnicismos allí contenidos. También compartimos los argumentos de la observación, que agrega lo suyo a la crítica de este proyecto, pero entendemos que el mejor destino que se puede proponer para los dos expedientes es el archivo.

Para fundar mi voto negativo, señor presidente, debo hacer algo de repaso de los aspectos que encontramos más cuestionables de esta mal disimulada megaoperación inmobiliaria, que creemos muy conveniente para los posibles inversores pero muy desfavorable para la Ciudad y sus vecinos.

En principio, no sabemos a qué programa de obras de infraestructura para la educación se destinarían los fondos a los que se refiere el proyecto. Algo importante, ¿verdad? No lo sabemos. Tampoco sabemos su monto, porque desconocemos la base definitiva a la cual saldrían en subasta los inmuebles, debido a que los técnicos del Banco Ciudad sólo han establecido un valor estimado basado en el valor teórico, considerando exclusivamente el cuadro de superficies edificables hipotéticas, libres de mejoras, de explotaciones comerciales existentes y de gravámenes, y ofreciendo títulos perfectos. Además, y a pesar de que la cifra total que se estima para las tres parcelas es de 261 millones de pesos, no conocemos las alternativas previas a una hipotética escrituración que tengan que ver con posibles montos que la Ciudad deba afrontar por compensaciones, perfeccionamiento de sus títulos, indemnizaciones a los concesionarios actuales de esos predios en virtud de contratos vigentes y otros conceptos, importes éstos que podrían afectar el monto definitivo.

Creo, señor presidente, que nadie podría sospechar que esta banca puede tener complicidad con un negociado de la última dictadura militar por el cual se paga un canon de 11 mil pesos por mes. No hemos sido cómplices de la dictadura militar; hemos sido víctimas de esa dictadura. Tampoco hemos gobernado, y no tenemos que explicar algo tan elemental –ya lo dijeron otros diputados–: que se pague un canon perverso no significa que, para resolver el problema, debamos tener una ley que, entendemos, no resuelve las cuestiones que hacen a las necesidades de los vecinos, pero sí satisface a los inversores. Nos parece que son intereses contrapuestos. En este caso, sin duda lo son.

En el punto c) del informe emanado de la Dirección General de Administración de Bienes y a pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se indica que el Banco Ciudad de Buenos Aires no pudo realizar una valuación –¿me escuchan, colegas?– sobre los bienes en cuestión “ya que las parcelas…” –cito textualmente– “…se encuentran restringidas en su uso y destino”, y se recomiendan los pasos de “actualización” del Código de Planeamiento Urbano, cosa que se pretende a través del Expediente 2874.

La valuación es precaria, solamente estimada y, por ende, poco confiable. No sabemos a qué precio deberían enajenarse estos bienes, que son de la comunidad. Enajenarlos, entonces, es inaceptable, señor presidente, aun teniendo en cuenta que el resto del proyecto no mereciera otras objeciones, que sí las merece.

A pesar de que la figura legal “subasta pública” se rige por expresas disposiciones jurídicas, tampoco sabemos cuáles serán, en este caso particular, las características del llamado. Por ejemplo, ¿se admitirán como oferentes a empresas de radicación transnacional? ¿Puede comprarse en comisión? ¿Cuáles van a ser los plazos de posesión, escrituración y pago? Son demasiadas las cosas que ignoramos, señor presidente, y no damos nuestro acompañamiento cuando todo sucede de este modo. Los cambios de la zonificación, tipología edilicia y cuadros de uso para estas parcelas en particular y para el resto de ese tejido urbano, en el caso de futuros edificios, parecen no cumplir con el Artículo 14 de la Ley 2930, Plan Urbano Ambiental recientemente sancionado; me gustaría, de veras, que la arquitecta Pedreira estuviera en su banca.

Como bien se hace notar en el dictamen de minoría, nadie nos puede asegurar que no hubiera sido mejor afectar estas parcelas, consideradas “innecesarias”, según palabras del Jefe de Gobierno, a espacios verdes o a otros destinos, ya que falta el estudio diagnóstico que esa misma ley establece.

Carecemos de estudios de impacto –esto es grave–, y como a todas luces el destino final de esa construcción será el de oficinas comerciales de empresas privadas, dada la intencionalidad del cambio de normativa propuesto, ¿alguien en este recinto puede informarnos cuál será la cantidad de personas que movilizarán esos edificios diariamente?

Nosotros hicimos un simple cálculo sobre la base de estándares nacionales e internacionales, que fijan aproximadamente 10 metros cuadrados por empleado y por puesto de trabajo en lo que se denominan “diseños modernos” para edificios de oficina.

Es más, en un artículo periodístico publicado en La Nación, sección Arquitectura, allá por mayo de 2006, se comenta la culminación y puesta en venta de algunos pisos de un edificio que se sitúa frente a la Plaza Roma, cercano a estas parcelas y en el mismo eje: Tucumán, entre Bouchard y Madero. En ese texto y en boca de la arquitecta María Alejandra Rabuffetti, se dice orgullosamente, por ejemplo, que Techint Construcciones, propietaria del inmueble, destinó 13 metros cuadrados a cada empleado agregando, según sus dichos, que la práctica habitual en la Argentina otorga a cada empleado sólo 8 metros cuadrados.

Entonces, resulta prudente considerar que, en 147 mil metros cuadrados, aún descontando las superficies de tránsito, ascensores, espacios comunes y sanitarios, podrían llegar a trabajar unas 10 mil personas que, sumadas a los empleados de los locales comerciales de los basamentos, guarderías y otros conceptos, más los visitantes obligados a esas oficinas, llegan a la bonita suma de unas 20 mil personas, que podrían transitar por día sólo en esas tres parcelas. ¿Sin impacto ambiental? ¿Sin estudio de ese impacto? ¿Cuál es el impacto sobre las redes de provisión de energía, cloacas, agua potable, sobre la capacidad de absorción de la precipitación pluvial? ¿Cuál es el impacto sobre el transporte público, sobre el tránsito vehicular, sumados a la contaminación visual? ¿Se han estudiado estos temas? Lo desconocemos pero, al menos, no están expresados en el proyecto ni en sus anexos.

Para ir finalizando, señor presidente, cabe recordar un párrafo extraído de una conferencia dictada en Buenos Aires, en 2006, por David Harvey, célebre geógrafo y urbanista, en el marco del segundo encuentro llamado “El pensamiento urbano”. Parece un hombre inteligente y, a mí, que no soy arquitecta, cuando lo leo, la verdad es que me convence. Dijo Harvey: “El Estado no retrocede en su intervención, como indicarían las propias tesis neoliberales que invocan sino que, por el contrario, se involucra profundamente para crear lo que llaman ‘un buen clima de negocios’. Si hay un conflicto entre el bienestar de la población y ese ‘buen clima de negocios’, se privilegia lo segundo; y si hay que afectar a un segmento de la población, se hace”. “Éste ha sido el espíritu de la gestión estatal en Nueva York”, concluyó el urbanista, y sus lamentables resultados se produjeron y se padecen hoy.

Esta banca no vota por destinos de estas características para la Ciudad de Buenos Aires. Esta banca, además, reclama a los bloques de la oposición responsabilidad política. Si acompañan, expliquen sus razones, ya que no será posible esconder bajo la alfombra que acompañaron y votaron este proyecto, al menos, porque los bloques que votamos en contra denunciaremos estos niveles de acompañamiento.

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