Reglamentacion de la ley 12. 569 de violencia familiar bonaerense Decreto 2875/2005 B. O. 30/1/2006



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Reglamentacion de la ley 12.569 de violencia familiar bonaerense

Decreto 2875/2005 - B.O. 30/1/2006

El 30 de enero de 2006 se publica en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires el Decreto 2875/2005 (Departamento de Desarrollo Humano), que aprueba la reglamentación de la ley 12.5691 de Violencia Familiar bonaerense, “cuyo texto como Anexo I pasa a formar parte integrante” del decreto. 2

Asimismo el art.4 del Anexo I in fine remite al “marco del Programa Provincial contra la violencia familiar que, como anexo B integra el presente Decreto reglamentario”, en el que luego de la exposición de sus fundamentos –de inestimable valor orientador-, se define un Plan de Trabajo para el período 2005-2007, las bases de la propuesta programática (los derechos humanos, la no discriminación, la integralidad y la desinstitucionalización y desjudicializacion de las victimas de las violencia familiar), el objetivo general, los objetivos específicos y las acciones a llevar a cabo en su consecución.

El art.18 remite al Anexo A, un modelo de formulario de denuncia de violencia familiar, “para completar en la mesa general de entradas, en letra imprenta.”

El conjunto constituido por la ley 12.569 y su decreto reglamentario con los tres anexos (I, A y B) es el resultado de un prolongado proceso que sintetiza esfuerzos y luchas de importantes sectores de la sociedad internacional, regional, nacional y provincial, en aras de una efectividad que se reclama desde distintos sectores.3

La aplicación del pensamiento estratégico, que parece orientar el Programa Provincial contra la violencia familiar (Anexo B), aporta avances sustantivos para el tratamiento de los problemas actuales de aplicación de la ley vigente, respondiendo a la “necesidad de emprender nuevos caminos que brinden respuestas integrales a una problemática que requiere inevitablemente de una combinación de estrategias jurídico-políticas de incidencia pública para lograr un abordaje eficaz que permita hacer efectivo el espíritu que originó esta norma, de prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar” 4.


Breve nota sobre la vía procesal de la ley 12.569
Si bien he de focalizar el análisis en el decreto 2875/2005, esbozaré previamente la vía procesal básica ofrecida por la ley de violencia familiar bonaerense 12.5695 (27 artículos), publicada el 2/1/2001, de la que se han reglamentado los arts. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19 y 20.

En el art.1 de la ley se define la violencia familiar como “toda acción, omisión, abuso, que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito”. La denuncia de violencia podrá efectuarse en forma verbal o escrita, sin exigirse patrocinio letrado para ello y ante la comisaría del domicilio o ante el tribunal de familia, menores, juzgado de paz y/o juzgado de primera instancia en lo civil y comercial (art.6). Recibida la denuncia por el tribunal o juzgado, con el fin de evitar la repetición de los actos de violencia y dentro de las 48 hs “desde el conocimiento del hecho” se deberá dictar alguna de las medidas previstas por el art.7 (exclusión del hogar del victimario, prohibición de acceso, fijación de perímetro o radio de exclusión, guarda provisoria, régimen de visitas, fijación provisoria de alimentos, entre otras), cuya duración dependerá de los antecedentes que obren en el expediente, pudiéndose disponer su prórroga cuando perduren situaciones de riesgo que así lo justifiquen (art.12). Asimismo dentro de las 48 hs desde que tuvo conocimiento de la denuncia, el Juez o Tribunal requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y/o psíquicos sufridos por la víctima, la situación del peligro y medio social y ambiental de la familia, salvo que se hubiese acompañado con la denuncia (art.8). Dictada la resolución y producidos los informes previstos en los art.8 y 9, se fijará una audiencia ante el juez en la que se instará a las partes o integrantes del grupo familiar a la realización de programas terapéuticos, cuya efectivización se deberán acreditar periódicamente (art.11). Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas al victimario se podrá ordenar la realización de trabajos comunitarios (art.14).


ANEXO I: Decreto reglamentario de la Ley 12.569

El decreto 2875/05 aprueba la Reglamentación de la ley 12.569, cuyo texto como Anexo I forma parte del decreto.

Se han reglamentado los artículos 4, 5, 6,7, 8, 11,17, 19, y 20 de la ley 12.569.

Artículo 4°·.- (Corresponde artículo 4º).

A los fines de brindar el debido asesoramiento, información y orientación sobre los alcances de la Ley 12.569, como asimismo de los recursos existentes tanto para la prevención como la atención de los supuestos que la misma contempla, se conforma la Red Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar.

Integran la Red Provincial:

a) El Ministerio de Desarrollo Humano y sus correspondientes Subsecretarías.


b) Los Servicios locales de Protección de Derechos previstos en la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño; teniendo presente para el caso, lo establecido en la Ley 13.163 y su decreto reglamentario del Fondo de Fortalecimiento de Políticas Sociales.
c) Los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, hospitales municipales y centros de salud.
d) Centros de Atención Jurídica Gratuita Comunitaria que dependen del Ministerio de Justicia.
e) Las Organizaciones no Gubernamentales de reconocida trayectoria en la atención de la violencia familiar y las redes locales y regionales que estos conforman.
f) Las comisarías de la Provincia en particular las comisarías de la mujer.


Red Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar:

En el art.4 se crea la Red Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, cuyo coordinación queda a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano -organismo de aplicación de la ley- a través de la Subsecretaría de Coordinación Operativa, en cuyo ambito se crea un Equipo Técnico Central cuyas funciones se detallan en el art.20 del decreto, todo ello en el marco del Programa Provincial que lo integra como Anexo B.

Se enumeran –con carácter enunciativo- como integrantes de la Red Provincial: El Ministerio de Desarrollo Humano y sus Subsecretarías, los Servicios Locales de Protección de Derechos previstos por la ley 13298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, municipales y centros de salud, los Centros de Atención Jurídica Gratuita dependientes del Ministerio de Justicia, las ONGs especializadas en la atención de la violencia familiar, las Comisarías provinciales especialmente las Comisarías de la mujer6, las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, y los Colegios y Asociaciones profesionales.

La función de la Red será el asesoramiento, información y orientación sobre los alcances de la ley 12.569 y sobre los recursos existentes para prevención y atención de los casos contemplados por la normativa especifica. Cabe destacar la relevancia de la red en la promoción de condiciones favorables para que se efectivice la denuncia por parte de las victimas de violencia; pues de estas articulaciones depende precisamente la sustentabilidad del sistema de protección.

Asimismo en el último párrafo del artículo se precisa que el Programa Provincial contra la violencia familiar que, como Anexo B integra el decreto reglamentario, constituye el marco de estas actuaciones. Lo significativo de este encuadre radica en la incorporación explícita de la perspectiva de género por parte del Programa y en las bases sobre las que se sustenta (los derechos humanos, la no discriminación, la integralidad y la desinstitucionalización y desjudicializacion de las víctimas de la violencia familiar).

En este orden, se observa que de acuerdo al art.4 inc.b los Servicios Locales de Protección de Derechos -previstos por la ley 13.2987 de Promoción y Protección de Integral de los Derechos del Niño- integran la Red Provincial. Sobre este punto es preciso aclarar que la ley 13.298 en la actualidad se halla suspendida cautelarmente8 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el contexto de un proceso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, mientras dure la suspensión rige la legislación anterior.

La reglamentación se refiere a los Servicios Locales de la ley 13298 en los arts.4 inc.b), 6 y 20 inc.b), en el primer caso como integrante de la Red Provincial de Prevención y Atención de la Violencia familiar, en el segundo caso para el seguimiento de los casos una vez que se haya efectuado y remitido al juez la denuncia por parte de la Comisaría, y en el tercer caso, a los fines de garantizar mecanismos de prevención, asistencia, promoción y protección o reestablecimiento de derechos en los casos en que se hallaren involucrados niños, niñas o adolescentes.

Por lo tanto me referiré brevemente al Sistema de Protección de la ley 13.298:

La ley 13.298, cuyo objeto es la promoción y protección integral de los derechos de los niños (art.1), crea para ello el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Niños (art.14 y ss.) , fija el procedimiento ante los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que integran dicho sistema, prevé la organización y procedimiento del Fuero del Niño y los principios generales del procedimiento ante el fuero, explicitando que la internación “será aplicada como medida de último recurso, por el tiempo más breve posible, y debidamente fundada”.

En el art.14 se detalla la configuración del Sistema: “El Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños es un conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños, así como establecer los medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Argentino. El Sistema funciona a través de acciones intersectoriales desarrolladas por entes del sector público, de carácter central o desconcentrado, y por entes del sector privado”. En el 2° párrafo del art.15 se establece que: “Las políticas de promoción y protección integral de derechos de todos los niños se implementarán mediante una concertación de acciones de la Provincia, los municipios y las organizaciones de atención a la niñez, tendientes a lograr la vigencia y el disfrute pleno de los derechos y garantías de los niños.” Concluye dicho artículo con una “invitación” a los municipios “a promover la desconcentración de las acciones de promoción, protección y restablecimiento de derechos en el ámbito municipal, con participación activa de las organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez”.

Finalmente, también el decreto nacional 235/96, reglamentario de la ley 24.417 de Protección contra la violencia familiar en su art.1 titulado “Centro de información y asesoramiento”, prevé una red de organismos que funcionarán, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, como centros de información y asesoramiento sobre violencia física y psíquica, con la finalidad de asesorar y orientar sobre los alcances de la ley y sobre los recursos disponibles para la prevención y la atención de los supuestos en ella contemplados.

Artículo 5°.- (Corresponde artículo 5°)
Denuncia- Asistencia Letrada gratuita- Acceso directo a la Justicia.
La denuncia establecida en el Art. 5° de la Ley deberá efectuarse dentro de un plazo que no podrá exceder las 72 horas hábiles de conocido el hecho, salvo que estuviese interviniendo en el caso algunos de los organismos previstos en artículo anterior y considerasen conveniente extender dicho plazo por igual término.

Para formular la denuncia no se requerirá Asistencia Letrada obligatoria. Sin perjuicio de ello, una vez instada la acción y de modo inmediato se garantizará a los pretensos accionantes, la debida asistencia jurídica de modo gratuito, ya sea a través de las Defensorías Oficiales o aquellos letrados que brindan atención comunitaria en algún organismo de la Red Provincial.



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