Reglamento de la ley de beneficio para la protección de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado



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REGLAMENTO DE LA LEY DE BENEFICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO


Materia: Derecho Administrativo Categoría: Reglamento

Origen: PODER EJECUTIVO (MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL) Estado:

Vigente

Naturaleza : Decreto Ejecutivo

Nº: 64

Fecha:28/5/99

D. Oficial: 99

Tomo: 343

Publicación DO: 28/05/1999

Reformas: (2) D. E. Nº 80, del 24 de Agosto de 2005, publicado en el D.O. 173, Tomo

368, del 20 de Septiembre de 2005.

Comentarios:

Contenido; DECRETO Nº 64.


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO:

I. Que conforme al Decreto Legislativo Nº 416 de fecha 13 de Diciembre de1992, publicado en el Diario Oficial Nº 9, Tomo 318, de fecha 14 de enero de 1993, se crea la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, vigente a partir del 23 de enero de 1993, en la que se reconoce la necesidad de contribuir al fortalecimiento de las condiciones para la incorporación a la vida productiva de los beneficiarios, como medio para alcanzar la rehabilitación de los mismos.


II. Que de conformidad con la letra "c" del Art. 10 de la Ley del Fondo, es atribución de la Junta Directiva, proponer al Presidente de la República, por medio del Ministro del Ramo, los proyectos de Reglamentos para su respectiva aprobación.
III. Que siendo la política de las prestaciones establecida en la Ley, la contribución a la rehabilitación de las personas lisiadas y discapacitadas; y los objetivos de la misma, establecer las prestaciones de las que son sujetos los beneficiarios y contribuir al establecimiento de condiciones para la vida productiva de éstos, es indispensable para su debida aplicación establecer su reglamento.
IV. Que para lograr la finalidad y objetivos que plantea la Ley es necesario emitir las disposiciones reglamentarias que desarrollan los principios legales antes citados.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, DECRETA el siguiente:
REGLAMENTO DE LA LEY DE BENEFICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO.
CAPÍTULO I
OBJETO Y ABREVIACIONES

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar las disposiciones contenidas en la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, con la finalidad de alcanzar los fines y objetivos de la misma en relación a la concesión de las prestaciones que les corresponden a sus beneficiarios.


Art. 2.- La denominación “Fondo”, “Institución” y las expresiones “Ley”, “El Comité” y “La Comisión”, que se usan en este reglamento se entenderán referidas por su orden al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, a la Ley de Beneficio para la Protección de los Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, al Comité de Gestión Financiera y a la Comisión Técnica Evaluadora. Cuando se haga referencia a los “beneficiarios” o “usuarios” se entenderán aquellas personas debidamente inscritas en el registro correspondiente. (2)


CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el Fondo contará con los organismos de decisión, ejecución, fiscalización y asesoría siguientes: (2)


a) Junta Directiva. (2)
b) Gerencia General. (2)
c) Comité de Gestión Financiera. (2)
d) Comisión Técnica Evaluadora. (2)
Art. 4.- La Junta Directiva estará integrada en la forma establecida en el Art. 5 de la Ley, y sus miembros durarán en sus funciones un período de dos años, pudiendo ser reelectos. (2)
El Presidente de la Junta Directiva será nombrado por el Presidente de la República; y los demás miembros serán designados o electos de la manera indicada en el Art. 5 de la Ley, lo cual debe hacerse a más tardar 30 días antes de vencido el plazo de nombramiento o elección o 30 días después de haber dejado el cargo por cualquier causa. (2)
Art. 5. DEROGADO. (2)

Art. 6.Para iniciar y cerrar las reuniones, si el Presidente de la Junta estuviere ausente o haya renunciado, los demás de entre sus miembros nombrarán a uno de ellos, únicamente para esos efectos.


Si alguno de los miembros cesa ante la institución que representa, la Junta Directiva por medio de la Gerencia solicitará a quien corresponda el nombramiento de quien lo sustituya.
INCISO DEROGADO. (2)
Art. 7. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez, al mes; las reuniones de carácter extraordinario se celebrarán cuantas veces sean necesario, a iniciativa de tres de sus miembros propietarios.
Art. 8.- La Junta Directiva, además de las atribuciones y deberes contemplados en el Art. 10 de la Ley, tendrá las siguientes: (2)
a) Aprobar las clasificaciones de discapacidades y las tablas de prestaciones adecuadas al tipo de beneficiarios del Fondo, elaboradas por la Comisión Técnica Evaluadora, incluyendo sus modificaciones; (2)
b) Aprobar la Memoria Anual de Labores que presente la Gerencia General; (2)
c) Acordar el aumento de las prestaciones económicas a los beneficiarios de acuerdo a lo establecido en la ley; (2)
d) Acordar la compra de los bienes esenciales y necesarios para el funcionamiento institucional, según la Ley de la Materia; (2)
e) Aprobar los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Jurídica Ad-hoc en relación a los beneficiarios; y ordenar su inscripción en el registro correspondiente, cuando fuere procedente, para la entrega de beneficios; (2)
f) Conceder o no permisos o autorizaciones al Gerente General para la realización de viajes por misión oficial y nombrar de entre el personal interinamente quien hará sus funciones para efectos de continuar la labor administrativa; (2)
g) Proporcionar al Comité de Gestión Financiera, a través de la Gerencia General, toda la información y documentación que necesite para el desempeño de sus funciones; (2)
h) Determinar el número de profesionales con que debe contar la Comisión Técnica Evaluadora, cuyo máximo será de cinco y las especialidades que deben tener dichos profesionales, así como nombrar a los miembros de dicha Comisión y darles posesión de sus cargos; (2)
i) Elaborar, a propuesta de la Comisión Técnica Evaluadora, una nómina de especialistas debidamente inscritos en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, para los fines previstos en las letras d) y j) del Art. 21 de la Ley; y, (2)

j) Fijar las dietas a los miembros del Comité de Gestión Financiera, conforme a las normas comprendidas en las Disposiciones Generales de Presupuestos. (2)




GERENCIA GENERAL
Art. 9. Corresponde al Gerente General la ejecución de los Acuerdos y el desarrollo de los Planes y Programas aprobados por la Junta Directiva; asimismo, el desarrollo de las funciones administrativas y financieras orientadas al cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley, y estará bajo su dependencia el personal de la institución.
Art. 10.- Son atribuciones y deberes del Gerente General, además de los contenidos en el art. 12 de la Ley, los siguientes: (2)
a) Representar a la institución en aquellas misiones que le fueren encomendadas por la Junta Directiva; (2)
b) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva conforme a lo establecido en el Art. 11 de la Ley; (2)
c) Preparar dictámenes, proyectos u otros documentos que sean necesarios para que la Junta Directiva pueda tomar decisiones; (2)
d) Asistir a las reuniones del Comité de Gestión Financiera con voz, pero sin voto; (2)
e) Ser órgano de enlace entre la Junta Directiva y el Comité de Gestión Financiera; (2)
f) Informar al Comité de Gestión Financiera las resoluciones que tome la Junta

Directiva; (2)


g) Llevar el registro de los beneficiarios inscritos en el Fondo; y, (2)
h) Los demás que emanen de la legislación aplicable, este Reglamento o Acuerdos de la Junta Directiva. (2)
Art. 11. Si por cualquier circunstancia el Gerente General temporalmente no pueda ejercer sus funciones como tal, la Junta Directiva deberá nombrar de inmediato de entre el personal del Fondo la persona que deba sustituirlo en forma interina y por el tiempo que aquel estuviere ausente.
En caso de destitución, renuncia o muerte del Gerente, la Junta Directiva deberá nombrar a la persona que desempeñará el cargo en forma permanente. Dicho nombramiento deberá hacerse en el término de los treinta días subsiguientes a la ausencia del primero, previo Concurso Público.
Art. 12. DEROGADO (2). Art. 13. DEROGADO (2).

Art. 14. DEROGADO (2). Art. 15. DEROGADO (2).



Art. 16. DEROGADO (2).


COMITÉ DE GESTIÓN FINANCIERA (2)

Art. 17.- El Comité de Gestión Financiera, además de las funciones asignadas por el Art. 15 de la Ley, tendrá las siguientes: (2)


a) Asesorar a la Junta Directiva sobre la adquisición y enajenación de valores en lo relativo a la inversión de los excedentes de las reservas técnicas; (2)
b) Asesorar a la Junta Directiva sobre la constitución de los fideicomisos, especialmente sobre el monto de cada fideicomiso, Banco fiduciario, instrucciones que deban darse, redacción de documentos licitación y contratación y demás condiciones necesarias para que fideicomiso exista; y, (2)
c) Transcribir a la Junta Directiva, a través de la Gerencia General, los acuerdos y resoluciones que emita. (2)
Art. 18. .- La organización y el funcionamiento del Comité de Gestión Financiera serán desarrollados en un reglamento interno especial que aprobará la Junta Directiva del Fondo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 10 letra “l” de la Ley. (2)
Para ejercer sus atribuciones y cumplir con sus deberes, el Comité de Gestión Financiera tendrá derecho a conocer toda la información que se maneje en el Fondo, relacionada con el cumplimiento de sus funciones. (2)
Art. 19.- El Comité de Gestión Financiera estará integrado por: (2)
a) Un miembro designado por el Presidente de la República, quien será su

Presidente; (2)


b) El Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador o su delegado; (2)
c) Un representante de la Banca Privada conforme a lo establecido por el Art. 49 de la

Ley, nombrado por la Asociación Bancaria Salvadoreña, ABANSA; (2)


d) Un representante propietario y un suplente nombrados por las asociaciones de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado, de la FAES; y, (2)
e) Un representante propietario y un suplente nombrados por las asociaciones de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado, del FMLN. (2)

Los representantes de las asociaciones de lisiados y discapacitados a que se refieren las letras d) y e), deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de treinta años, con grado académico universitario y acreditar experiencia manifiesta de por lo menos tres años en trabajos iguales o similares a las actividades que desarrolla el Comité. (2)


Art. 20.- El Comité de Gestión Financiera elegirá entre sus miembros un Secretario. (2) Art. 21.- DEROGADO (2)

Art. 22.- El Comité de Gestión Financiera deberá presentar a la Junta Directiva, con la debida antelación al vencimiento del año, el cálculo de la disponibilidad para inversiones en el período siguiente. (2)


Art. 23. DEROGADO (2)
Art. 24.- El Secretario del Comité de Gestión Financiera transcribirá a la Junta Directiva los acuerdos y resoluciones que requieran ese trámite, a través de la Gerencia General. (2)
Art. 25.- Los cargos en el Comité de Gestión Financiera son incompatibles con cualquier cargo en la Junta Directiva del Fondo y en la administración del mismo. (2)
Art. 26.- Los miembros del Comité de Gestión Financiera percibirán dietas únicamente por las sesiones ordinarias que realice. (2)
Art. 27.- La Junta Directiva determinará el número de profesionales que deberán integrar la Comisión Técnica Evaluadora, así como las especialidades que deben tener dichos profesionales. (2)
Determinado lo anterior, la Junta Directiva nombrará a los profesionales que deban integrar la Comisión Técnica Evaluadora. (2)
La organización y funcionamiento de la Comisión Técnica Evaluadora serán desarrollados en un reglamento interno especial, el cual será aprobado por la Junta Directiva del Fondo, de conformidad a lo establecido en el Art. 10, letra “l” de la Ley. (2)
Art. 27-A.- La Comisión Técnica Evaluadora, además de las funciones contempladas en el Art. 21 de la Ley, tendrá la de proponer a la Junta Directiva del Fondo los médicos especialistas debidamente inscritos en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, para que dicha Junta elabore la nómina a que se refiere el Art. 19, inciso segundo de la Ley. (2)
Art. 27-B.- La Comisión Técnica Evaluadora sancionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y tomará resolución con el voto de la mayoría de sus integrantes. (2)
Cuando no se trate de tomar resolución, sino de impulsar algún trámite o indicar un tratamiento, cualquiera de los miembros de la Comisión Técnica Evaluadora podrá efectuar u ordenar el trámite o indicar el tratamiento. (2)
CAPÍTULO III
TRÁMITE PARA OBTENER LA CALIDAD DE LISIADO Y DISCAPACITADO

Art. 28. Se establece como requisito inicial para tramitar los beneficios de la Ley, que el solicitante esté inscrito en el Censo Nacional de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia Directa del Conflicto Armado, o se hayan registrado durante la fase de diagnóstico realizada por el Fondo.


Se entiende que el censo o diagnóstico mencionados equivalen a la solicitud para que se considere como potencial beneficiario del Fondo. Igualmente para los familiares del combatiente fallecido, se requiere que el causante esté censado para tramitar su beneficio.
También se considera como requisito para tramitar los beneficios de la Ley, la inscripción en el plazo concedido por el Art. 19 del Decreto Legislativo No. 698, de fecha 19 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo No. 353, del 20 del mismo mes y año; reformado por el Art. 4 del Decreto Legislativo No. 752, de fecha 21 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 57, tomo 354, del 22 de marzo del mismo año. (2)
No obstante lo expresado en los incisos anteriores, tendrán derecho a solicitar en todo tiempo su inscripción como beneficiarios en el registro correspondiente, quienes presenten discapacidades con posterioridad a los plazos establecidos en la Ley, cuando el origen de las mismas sea una lesión producida a consecuencia directa del conflicto armado y siempre que no hayan sido atendidos previamente por el Fondo. (2)
Art. 29. Tendrá derecho a tramitar su inscripción como beneficiario, el lisiado y discapacitado que compruebe, que su lesión ocurrió entre el 1 de enero de 1979 y el 16 de enero de 1992; sin embargo, aquel solicitante que posteriormente a este período compruebe que su lesión se produjo a causa de mina terrestre u otros artefactos explosivos, que después de la finalización del conflicto hayan quedado enterrados, ocultos, escondidos o recubiertos, igualmente tendrá derecho a pedir los beneficios de la Ley.
Son beneficiarios de esta Ley, las personas que resultaron lisiadas y discapacitadas a consecuencia del conflicto armado, y los familiares que dependían económicamente del combatiente fallecido, en el entendido que el fallecimiento sucedió dentro del período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 16 de enero de 1992.
Art. 29-A.- Para gozar de los beneficios de la Ley, los solicitantes deberán presentar los documentos que a continuación se detallan: (2)
a) Si el solicitante hubiere pertenecido al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional: carnet de desmovilizado extendido por ONUSAL durante la época de finalización del conflicto armado. (2)
La falta del documento anterior podrá ser sustituida por una declaración jurada rendida ante un funcionario del Fondo, la cual perderá su valor probatorio si lo expresado en ella no fuere coincidente con la información que se recabe; o por

cualquier otro documento que el Fondo considere pertinente y legalmente admisible. (2)


b) Si el solicitante hubiere pertenecido a la Fuerza Armada de El Salvador: (2)
1. Constancia de altas y bajas emitidas por la autoridad competente de la

Fuerza Armada de El Salvador; (2)


2. Constancia de lesión expedida por el Hospital Militar o cualquier otra

Institución de la Fuerza Armada. (2)


c) Si el solicitante fuere civil: constancia médica del hospital donde fue atendido. (2)

Art. 30. El Fondo realizará, antes que la Comisión precise la naturaleza, tipos de lesiones y discapacidades presentadas por los solicitantes:


a) Una fase de levantamiento de información clínica de los solicitantes, cuando proceda.
b) Una depuración de los diagnósticos realizados.
c) Una segmentación de la población, según tipología de lesión en discapacitados totales y parciales.
La Comisión, antes de dar la calificación global de la discapacidad del solicitante o beneficiario, procederá a su examen físico y delegará en médicos especialistas, que formen parte de la nómina elaborada por la Junta Directiva del Fondo, la práctica de los exámenes médicos, de acuerdo con las secuelas de las lesiones que hubiere encontrado; así mismo, delegará la práctica de los exámenes de laboratorio, de gabinete y de cualquier otro tipo al solicitante o beneficiario y requerirá a éste para que concurra donde sea pertinente. Los médicos especialistas, antes de dictaminar, podrán requerir la práctica de cualquiera de los exámenes antes mencionados. (2)
Asimismo, la Comisión investigará y constatará la situación socioeconómica, educativa, profesional y familiar del solicitante o beneficiario; información que servirá para establecer los daños en su organismo y los mecanismos individuales a seguir para su rehabilitación física y elaborar, así como para su reinserción social y productiva. (2)
Para efectuar esta investigación, la Comisión se puede auxiliar de personal especialmente contratado para tal efecto. (2)
Art. 31.- La Comisión, con base en los dictámenes de los médicos especialistas delegados para la práctica de los exámenes, y del resultado de los exámenes de laboratorio y de otro tipo, establecerá técnicamente el grado de discapacidad global de los beneficiarios; asimismo investigará y constatará la situación socioeconómica, educativa, profesional y familiar de los mismos. (2)
La resolución que emita la Comisión debe comprender: (2)

a) el grado de discapacidad global del solicitante; (2)


b) el pronóstico de los daños en su organismo; (2)
c) los mecanismos individuales a seguir para la rehabilitación física y laboral; y, (2)
d) los mecanismos individuales a seguir para su reinserción social y productiva. (2)
En caso de nueva solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Fondo, si dicha solicitud fuere procedente, la Comisión entregará su resolución a la Gerencia General para que realice la inscripción del solicitante en el registro correspondiente y haga efectivas las recomendaciones para la rehabilitación médica y laboral del beneficiario. (2)
Lo establecido en este artículo será aplicable a los excombatientes del FMLN y de la Fuerza

Armada, así como a los civiles que hayan sido víctimas del conflicto armado. (2)


Art. 32.- Para los beneficiarios inscritos de conformidad a la Ley, el derecho a la prestación será efectivo a partir de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, para los discapacitados que resulten con dictamen de discapacidad total; y, a partir de enero de mil novecientos noventa y cinco, para los discapacitados que resulten con dictamen de discapacidad parcial. (2)
Para los beneficiarios inscritos de conformidad a los Decretos Legislativos No. 698, de fecha

19 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo No. 353, del 20 del mismo mes y año y No. 752, de fecha 21 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 57, Tomo No. 354, del 22 de marzo del mismo año, el derecho a la prestación será efectivo a partir del mes en que la Comisión emita la calificación global de la discapacidad del solicitante. (2)


En los casos contemplados en este artículo, el derecho se extenderá hasta que el solicitante falleciere. (2)
Art. 33.- Para determinar el grado de discapacidad global, la Comisión utilizará los dictámenes de los médicos especialistas, los resultados de los exámenes de laboratorio, de gabinete y de otro tipo y las clasificaciones de discapacidad aprobadas por la Junta Directiva del Fondo. (2)
Art. 34.- Los solicitantes tendrán derecho a interponer recurso de revisión ante la Comisión, de las resoluciones emitidas por ésta donde efectúe la calificación global de la discapacidad del solicitante, cuando el fundamento de la resolución impugnada sean los dictámenes emitidos por los especialistas. En este caso, la Comisión, antes de resolver en el recurso de revisión, deberá delegar en otros especialistas la emisión de nuevos dictámenes. (2)
Art. 35. Si la Comisión, en el proceso de identificación del solicitante, no tuviere los suficientes elementos de juicio que le permitan concluir de la calidad de lisiado a consecuencia directa del conflicto armado, le solicitará las pruebas necesarias, las cuales agregará al expediente; y recomendará se realicen las investigaciones jurídicas y de campo necesarias.

La Comisión establecerá el término para presentar las pruebas y los medios de comprobación que puedan establecer la vinculación directa del solicitante con el conflicto. Este término no podrá ser mayor de sesenta días hábiles.


El Fondo debe verificar la documentación que presenten los solicitantes y las circunstancias que lo vinculan como beneficiario, de acuerdo a lo establecido en este Reglamento.
Los errores de derecho, a saber, errores en cuanto al fundamento legal que aparecieren en las solicitudes o demás actuaciones de los solicitantes o beneficiarios del Fondo, deberán ser corregidos de oficio por el Fondo, toda vez que la corrección tenga respaldo instrumental suficiente y pueda sustentarse ante cualquier organismo contralor. (2)
Está prohibido al Fondo corregir omisiones o errores que cometan los solicitantes, cuando tales omisiones o errores tengan relación con los hechos. (2)

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