República de Colombia Corte Suprema de Justicia xtradición 33744



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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia
xtradición 33744

SILVIO MONTAÑO VERGARA




Proceso n.º 33744

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 206


Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil diez (2010).




VISTOS
Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por el defensor de SILVIO MONTAÑO VERGARA, contra la providencia que negó las pruebas solicitadas dentro de este trámite.

ANTECEDENTES
1. A través de Nota Verbal No. 0010 de 5 de enero de 2010, el Gobierno de los Estados Unidos de América por medio de su embajada en esta ciudad solicitó al de Colombia por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fines de extradición la detención provisional del ciudadano colombiano SILVIO MONTAÑO VERGARA, por ser requerido en ese país para comparecer a juicio por los delitos federales de narcóticos, y lavado de dinero, según acusación CR-09-0193-RSM, emitida el 11 de junio de 2009 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington y en el Distrito de Columbia.
2. Abierto el trámite a dicha petición por el Ministerio del Interior y de Justicia, el Fiscal General de la Nación mediante resolución de 6 de enero de 2010 decretó la captura de MONTAÑO VERGARA con ese fin, la que se hizo efectiva el 7 de enero siguiente en la ciudad de Cali por agentes adscritos al Departamento de Seguridad DAS.
3. El 5 de marzo de 2010, a través de Nota Verbal 0444 de 4 de marzo del mismo año, el Gobierno de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición, incorporando aquella documentación pertinente, traducida y legalizada acorde con lo normado por el Código de Procedimiento Penal.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de oficio DAJI.E.0555 de 5 de marzo posterior, conceptuó que por no existir convenio aplicable al caso es lo procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano, remitiéndose a continuación por parte del Ministerio del Interior y de Justicia mediante oficio No. OFI10-7454-DVJ-0300 de 8 de marzo de 2010 la documentación presentada por el gobierno requirente, con miras a que la Corte proceda a adelantar la actuación destinada a rendir concepto.
4. Abierto el trámite por esta Sala, el defensor del reclamado solicitó la práctica de pruebas, todas las cuales fueron denegadas mediante auto del pasado 26 de mayo, en el cual se sustentó la negativa en que además de no guardar relación con los tópicos que se deben afrontar en el concepto, las mismas hacen mención es a la legalidad del soporte probatorio presentado, así como también la acreditación que los hechos por los cuales ha sido solicitado MONTAÑO VERGARA sucedieron en Colombia, aspectos en conjunto que no son en esta sede donde se deben aducir.
5. Contra la anterior decisión fue interpuesto recurso de reposición y en subsidio apelación por el apoderado del requerido en extradición.

DEL RECURSO
1. El libelista ataca la providencia mentada por cuanto estima que las pruebas solicitadas son de gran relevancia, pues con ellas se busca probar que el hecho punible no existió y por lo tanto la petición no procede.
2. Indica que le corresponde a la Sala decidir sobre su práctica toda vez que, es el momento procesal y juez natural de su representado, su negativa constituye una abierta violación al derecho de defensa, al debido proceso consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, así como también al artículo 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
3. Con fundamento en las normas citadas interpone subsidiariamente el recurso de apelación por cuanto:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…” y
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”

Insiste en que procede el recurso de alzada por cuanto la decisión es de trascendencia en el proceso, y además la finalidad es “que la Sala Penal caiga en cuenta que no puede existir procesos ni procedimientos penales de única instancia…”


Exige a la Corte que considere los antecedentes sobre temas similares que ha tratado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Herrera Ulloa contra Costa Rica y Barreto Leiva contra Venezuela, al igual que los precedentes constitucionales con miras a respetar los derechos humanos de su defendido.

CONSIDERACIONES
La Sala reiteradamente ha sostenido que el recurso de reposición tiene como finalidad permitir al funcionario corregir los errores de orden fáctico o jurídico en que hubiere podido incurrir en la decisión impugnada, otorgándole la posibilidad de reexaminar la situación que con ella se resuelve y, si hubiere lugar, proceder a revocarla, reformarla, aclararla o adicionarla en los aspectos en los cuales la inconformidad encuentre verificación, por lo que es indispensable que la parte que acude a dicho medio de censura, presente los motivos de disenso en la oportunidad predicha por la ley, exponiendo las razones de hecho y de derecho que funden su pedimento.
En este asunto, el recurrente rehúsa el cumplimiento de dicha obligación, pues a cambio de señalar la existencia de los posibles errores en los cuales hubiere podido incurrir la Corte al negar las pruebas solicitadas oportunamente y de indicar los argumentos que impusieran la necesidad de corregirlos, en realidad dedica el discurso del escenario de la impugnación a la insistencia de la práctica de las pruebas pues su negativa atenta contra los derechos fundamentales de su protegido así como también con las disposiciones que al respecto a emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional.
Entonces, atendiendo que la extradición es un instrumento de colaboración entre las naciones en la lucha contra el crimen organizado y a la naturaleza mixta del trámite, la participación en este de la Corte no tiene carácter jurisdiccional, de modo que le está prohibido comprobar si los hechos imputados ocurrieron, en que circunstancias y si verdaderamente son típicos, antijurídicos y culpables, si el solicitado es responsable, aspectos que no tienen ninguna relación con el objeto del concepto y cuyo escenario natural para ser reivindicados por la defensa es en el proceso penal base de la solicitud.
Es cierto como lo advierte el recurrente, que uno de los fines del Estado a través de sus servidores es hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución, entre otros el debido proceso artículo 29, pero se insiste en el trámite de extradición no compete materializar a la Corte sino al Gobierno Nacional atendiendo para el efecto las conveniencias nacionales, ya que dentro del debido proceso también opera la legalidad del trámite, debiendo la Sala exclusivamente rendir concepto sobre la presencia o no de los aspectos señalados en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, de suerte que las únicas peticiones probatorias que legalmente puede aducir son las enderezadas a demostrar o degradar cualquiera de ellos.
Al ordenar la práctica de las solicitadas por cualquiera de los sujetos procesales intervinientes en el presente trámite, la Sala no solo desbordaría su competencia sino que quebrantaría las formas legales previstas, que está obligada a respetar.
En este orden de ideas, se insiste fueron estos los motivos que llevaron a declarar impertinentes las pruebas demandadas, pues aducían hechos ajenos al concepto los cuales únicamente atañan resolver a las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América, o al Gobierno Nacional.
De otra parte se tiene que la decisión atacada no atenta contra la Constitución Política ni mucho menos contra los principios rectores y garantías procesales que trata el Código de Procedimiento Penal como lo expone la defensa, pues siendo el Gobierno de los Estados Unidos quien está juzgando a SILVIO MONTAÑO VERGARA es ante este a donde se puede reclamar los derechos presuntamente conculcados y no en el trámite ante esta Colegiatura que por disposición legal está obligada a verificar formalmente la presencia de los elementos del concepto.
Ahora bien, frente a la petición de conceder el recurso de apelación de conformidad con las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos – artículo 8º, debe tenerse de presente la reiterada posición de la Sala en casos similares al sometido hoy a estudio así:
...más allá de lo razonado o acertado que pueda resultar el discurso defensivo el problema no se circunscribe a la aplicabilidad o no de esos instrumentos normativos, sino a la competencia que tendría la Sala para referirse a una materia que no se le defiere por el ordenamiento, pues aunque es cierto que a la Corte concierne también la promoción y protección de los derechos fundamentales, “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades”, así como la defensa del orden constitucional y asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado, no menos lo es que tal imperativo sólo puede ejercerlo dentro del principio de legalidad y desde luego dentro del exclusivo ámbito de sus facultades constitucionales y legales habida cuenta que su responsabilidad se deriva no sólo de la infracción a la Carta o a la ley sino también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, por ello impreciso resulta el supuesto del recurrente a partir del cual sustenta su impugnación según el cual la Sala no se halla restringida, pues lo cierto es que de lege lata su intervención en estos asuntos sí se limita a una etapa en que simplemente emite un concepto y que éste sólo puede rendirse en frente de los precisos temas que la ley le indica”.
En ese orden, concerniendo a la Corte en el trámite de extradición tan solo un concepto -no una decisión- en las específicas materias que el régimen normativo le señala, vedado le resulta desbordar dicho marco para abrogarse una competencia que no le corresponde so pretexto de la aplicabilidad de un precepto aún por encima de la estructura del Estado y de la división de poderes…” 1.
Así las cosas la Corte no puede desbordar sus atribuciones dando aplicación a preceptos extraños al ordenamiento jurídico establecido y mucho menos conceder recursos ajenos a su competencia dada su condición de única instancia en la presente actuación.
En consecuencia, no asistiendo entonces ninguna razón al recurrente para que la Sala modifique el sentido de la decisión impugnada, la mantendrá incólume.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
NO REPONER el auto por medio del cual negó la práctica de pruebas solicitadas por el defensor del requerido en extradición SILVIO MONTAÑO VERGARA, y negar el recurso de apelación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.



Notifíquese y cúmplase

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria


1 Corte Suprema de Justicia 24807 de 23 de mayo de 2006



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